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La Ilegalidad Campea por doquier en Gobierno del PRM con aumentos de sueldos y otras acciones al margen de ley.
Los funcionarios del Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), encabezado por Luis Abinader, recurren a las mismas maniobras de los que ocuparon posiciones públicas en la administración de Danilo Medina y Leonel Fernández, quienes tenían una agenda muy personal que se fundamentaba en favorecerse a ellos mismos, a sus familiares y allegados.
Estos irrespetos a la norma han traído consigo que se evada cumplir con la Ley 200-04 de libre acceso a la información pública para que no quede al descubierto la conducta de los que eran muy críticos de las pasadas autoridades, pero que ahora hacen prácticamente lo mismo.
Todo esta conducta del funcionario público de ahora, del PRM, ha implicado además que se produzcan una serie de aumentos en los precios de los servicios y artículos de la dieta diaria que si bien tienen que ver con un fenómeno que tiene una explicación internacional, la situación no libera de culpa a las autoridades nacionales.
De acuerdo a publicaciones recientes, entre finales de 2021 y durante ese mes de julio, los dominicanos han recibido al menos cuatro aumentos en las tarifas de la energía eléctrica, tras la Superindentencia de Electricidad (SIE) anunciar el desmonte gradual del subsidio en un periodo de tiempo que coincide con un imparable aumento en la nomina de la referida entidad.
Este fenómeno, que parece obedecer a los planes reeleccionistas puestos en marcha por el presidente Luis Abinader, cuyo principal callo en el zapato tiene que ver con la no incorporación a la base del PRM al tren gubernamental, lo cual podría dificultar su triunfo electoral en el 2024, descalabra de alguna manera los recursos públicos.
Según los reportes con que cuenta este periódico y publicaciones del principal diario del país, el Listín Diario, los más de 500 empleados fijos distribuidos en las distintas sucursales, iniciaron unos aumentos en sus salarios a partir de septiembre y en noviembre del mismo año 2021 las alzas de los sueldos en este sector se volvieron indetenibles..
Como una muestra de lo ocurre debe decirse que Rafael Aníbal Velazco Espaillat se inició como principal funcionario de la SIE el 20 de agosto de 2020 con un salario de 596 mil con 546 pesos para auto producirse un aumento hasta llegar en los actuales momentos a 751 mil doscientos pesos.
Igual ocurrió con la persona que funge de presidente del consejo administrativo de la referida entidad, quien tuvo un aumento de sueldo que violenta la ley que regula que estos funcionarios incluso ganen más que el propio presidente de la República.
Otros aumentos en este sector son los que corresponden al pago que se les hace a los miembros del Consejo de Administración, quienes ahora tienen una compensación de 115 mil pesos mensuales.
Los primeros funcionarios pasaron de RD$ 446,412 a RD$ 488,822 y posteriormente a 562,145 pesos, lo cual deja claro que en realidad se da un proyecto de gobierno que consiste en satisfacer las apetencias personales de los que son escogidos para ir a la administración pública.
Los referidos funcionarios públicos devengan salarios que están por encima del que recibe el presidente de la República, Luis Abinader, el cual no supera los 450,000 pesos, cuya conducta viola la Ley 105-13 sobre regulación salarial dominicana.
Ningún funcionario, siempre de acuerdo con el artículo 5 de la referida normativa, podrá tener un salario superior al del titular o titulares de los poderes del Estado, de los órganos y entes de origen constitucional, de los entes y órganos dependientes o vinculados al Poder Ejecutivo para la que labora.
De igual modo, la ley establece que ningún servidor público recibirá un sueldo superior al que perciba el cargo inmediatamente superior”.
Por su parte, la Constitución de la República, artículo 140, habla claro sobre la regulación de los aumentos de sueldos cuando manda que “ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos, establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino es para un período posterior al que fueron electos o designados.
La inobservancia de esta disposición será sancionada de conformidad con la ley”.
Todo esto explica cuál es el comportamiento frente a la ley de aquellos que durante la pasada campaña electoral hablaban de cambios en la administración pública y lo peor es que tampoco respetan lo que se considera un gran logro en lo que respecta a la transparencia en el manejo de los fondos públicos que tanto reclama la ciudadanía.
Las violaciones de la ley no se quedan en el campo salarial, sino que los funcionarios perremeístas han hecho trizas la Ley 200-04 de libre acceso a la información pública, lo cual representa un gran retroceso para la democracia dominicana.
Un ejemplo que es común en la administración pública de ahora es lo que ocurre en la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), donde no hay sentencia del Tribunal Constitucional que haga retroceder a su director general, Andrés Burgos, quien se niega a cumplir con varias jurisprudencias que prohíben el corte del agua potable por falta de pago en razón de que este preciado liquido está asociado a la salud de la gente y porque además se trata de un derecho humano.
Las violaciones a la ley llueven en el Gobierno del PRM y de Luis Abinader, ya que Edenorte está llena de empleados vinculados familiarmente con su director general, Andrés Cueto, donde tampoco hay transparencia en muchos de los asuntos que allí se manejan.
De manera, que en la próxima campaña electoral el PRM y sus funcionarios no podrán hablar de transparencia y mucho menos de respeto a la ley, dado que se manejan en el marco de un alto nivel de ilegalidad.
Otro ejemplo de esta irregular situación es que la gobernadora provincial, Rosa Santos, quien es la madre de un hermano de padre del presidente Abinader, tiene colocados en la administración pública a todos sus hijos con sueldos muy altos en violación, sino de la ley, de una conducta ética que ha reclamado la sociedad a los funcionarios de la administración gubernamental
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Simbolismos que envuelven muerte de chofer de camion recolector de basura entrañan que el Estado no es viable y fallido.
Por José Cabral
La incursión violenta para quitarle la vida a un ciudadano en el entorno del Palacio de Justicia de Santiago revela el poco respeto que tiene el Estado dominicano frente a la ciudadanía.
La mala reputación de fiscales, policías y jueces, cuyos protagonistas no merecen la más mínima confianza para combatir problemas como la delincuencia y la violencia social generalizada que impacta a la sociedad dominicana, queda al descubierto con el presente caso.
Uno de los escenarios en el que se observa un total irrespeto por la autoridad es el tránsito, pero ello es el resultado de que la Policía más que a imponer la ley se ha dedicado a cobrar un peaje a todo aquel que viola norma sobre la materia.
Pero peor ocurre con los fiscalizadores de tránsito, los cuales son parte del Ministerio Público, quienes llegan al colmo de obstaculizar muchas veces hasta la presentación de una querella por parte de familiares de quien ha sido una víctima mortal de un accidente entre vehículos de motor, no sólo por negligencia e incapacidad, sino por intervenir algún soborno.
No deja espacio para las dudas de que el tránsito vehicular es el que acumula una mayor cantidad de tensiones y conflictos sociales, porque ciudadanos de diferentes procedencias, cuyas formaciones son muy disímiles e impactados por problemas familiares, de negocios y de otros tipos, van diariamente a las calles del país y si no hay una autoridad con la competencia y la responsabilidad necesarias entonces viene la violencia y la muerte.
En este contexto se inscribe el ataque violento en contra del chofer del camión recolector de basura de Santiago, pero el caso tiene otras aristas que revelan hasta dónde el Estado dominicano ha perdido totalmente su credibilidad, ya que el hecho se produce dentro del perímetro del Palacio de Justicia de Santiago, donde ejercen sus funciones los principales actores del sistema de aplicación la ley.
El acontecimiento trágico es propio de las naciones con una gran debilidad institucional, ya que difícilmente se produzca en un país donde el Estado juega mínimamente su papel, porque el que se inclina por este tipo de acciones ilegales cuando llega frente a los símbolos de la justicia o del poder público contiene sus impulsos porque de lo contrario tiene que acogerse a su fuerte régimen de consecuencias.
Sin embargo, en el caso de la República Dominicana hay una serie de escenarios que son una antesala de la violencia y la muerte, entre los que se pueden mencionar, el tránsito, pero además los préstamos informales, los cuales generalmente están avalados por un título auténtico falso o que no llena las formalidades de ley, pero que muchas veces terminan en una vía de ejecución al margen de la norma sobre la materia.
Otro escenario, aunque son muchos más, son las viviendas que se crean a través de las Leyes 5038 y la 108-05, cuyos condóminos viven lo que muy bien se puede llamar como un verdadero drama, en los que extraños toman el control de los mismos y se apropian del dinero que proviene de las reparaciones menores y mayores, así como del mantenimiento, quienes se apoyan en la violencia y el no respeto de derechos fundamentales como es el de la propiedad inmobiliaria.
Pero la lista de las razones de la violencia social que todavía no ha detonado totalmente es muy amplia, porque en lo que respecta a este fenómeno hay que incluir las instituciones sin fines de lucro, cuyo lugar protagónico lo tienen las cooperativas de ahorros y préstamos, las cuales han captado grandes recursos económicos, pero que también están impactadas por la ilegalidad y en consecuencia por la violencia.
La muerte del chofer del camión recolector de basura permite medir la credibilidad del Estado y en el que el ciudadano no está seguro en ninguno de sus entornos y cuya situación justifica la visión de que el dominicano es uno totalmente colapsado, no viable.
La lectura dada a ese hecho que tiene una enorme cantidad de simbolismos e interpretaciones que no distancian al Estado dominicano del haitiano, donde las bandas armadas son las que tienen el control de las calles y no sienten ningun tipo de respeto por las entidades públicas, sobre todo de las que tienen la responsabilidad de imponer el orden y el respeto a la ley como la Policia Nacional, el Ministerio Público y el sistema de justicia.
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Irresponsabilidades fiscal, policial y judicial son causas determinantes de la violencia social que azota a la sociedad dominicana.
Por Elba García
La ola de violencia social tiene que ver con la irresponsabilidad por omisión de los órganos que tienen la misión de combatirla, los cuales no hacen caso a situaciones en las que se puede advertir que terminarían en una desgracia. La ola de violencia por conflictos sociales, que son manejados irresponsablemente por el Ministerio Público, la Policía Nacional y los tribunales del sistema de justicia, cuyo desenlace en Santiago ha dejado como resultado un chofer de un camión recolector de basura muerto, tiene como estímulo la dejadez, la negligencia y la incapacidad de fiscales, policías y jueces
Desde hace algún tiempo se observa un aumento preocupante de los actos de violencia por conflictos sociales, entre cuyos resultados está la muerte del chofer de un camión recolector de basura, identificado como Deivi Carlos Abreu Quezada, de 40 años de edad, quien recibió heridas punsantes de arma blanca propinadas por un grupo de motoristas que lo alcanzaron dentro del Palacio de Justicia de Santiago.
Los conflictos sociales, muchos de los cuales tienen que ver con problemas de tránsito y los que se producen en el entorno de los condominios, ya que este tipo de vivienda comunitaria son una fuente permanente de tensiones y de graves violaciones a la ley.
La muerte de Abreu Quezada es sólo una muestra de la increpación social que genera la violencia que regularmente termina con confrontaciones trágicas, pero que los órganos que deben afrontar la situación se hacen de la vista gorda.
El caso del chofer del vehículo recolector de basura, que intentó pedir ayuda en un cuartel de la Policía Nacional y nadie le hizo caso, por lo que se vio obligado a seguir su marcha mientras sus asesinos lo perseguían hasta herirlo para perder la vida.
Otros conflictos que podrían terminar con la via de hecho, hacer justicia con sus propias manos por la defiencia del sistema legal y generar muertes son aquellos que se producen en los condominios de viviendas y comerciales, sobre todo porque la fiscalía maneja estos asuntos desde una perspectiva que nunca se ve el carácter criminal y penal de los casos.
El problema de la violencia toma mayor impulso cuando la autoridad competente no cumple con su rol y los que se inclinan por este tipo de conducta no reciben una respuesta que detenga sus acciones que lesionan la paz y armonía sociales.
En los actuales momentos los conflictos que provienen del tránsito vehicular, los condominios. y muchos otros de diferntes variedad, que son los que revisten mayor peligro, dado que los mismos son vistos y manejados incorrectamente por los fiscales, la Policía Nacional y los tribunsales competentes.
Sin bien en las calles del país hay una serie de conductores desaprensivos y violentos, lo mismo puede decirse de los lugares donde operan los complejos habitacionales que se rigen por las leyes 5038 y 108-05, cuyos residentes son estafados mediante los gastos menores y mayores, así como con el dinero que se paga por concepto de mantenimiento.
Sin embargo, la ilegalidad también tiene el alcance de personas que se atribuyen una calidad que no tienen, pero que se insertan en este tipo de complejo habitacional y asumen roles que no les corresponden, lo que motiva conflictos que podrían terminar en una desgracia con pérdidas de vidas humanas, todo ello frente la indiferencia y el mal manejo de los fiscales ordinarios y especializados del sistema.
El hecho de la muerte del chofer del camión recolector de basura parece constituir un llamado a las autoridades para que asumen su papel para parar una ola de violencia que tiene perfiles muy preocupantes en razón de que provienen de conflictos sociales que pueden ser resueltos con una intervención más responsable e idónea de los órganos creados por el Estado para ese propósito.
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La colegiación profesional otro fiasco nacional como parte de todo el desastre que afecta a la sociedad dominicana.
Por Elba García
Los colegios profesionales, que nacen en el mundo desde años muy remotos, se han convertido en otro gran fracaso en la República Dominicana, tal vez porque son el resultado de una cultura anárquica, caracterizada por la improvisación y el poco respeto por la institucionalidad.
Frente a este cuadro, el cual está explicado por un asunto profundamente cultural, puede decirse que esta figura jurídica representa un gran fracaso para los profesionales académicos que cifraron sus esperanzas en que los colegios serian una vía de solución de sus grandes problemas de seguridad social y ético-moral.
Pero en realidad los mismos son parte de un sueño que parece que no se concreta, ya que por lo que se ve no hay uno solo de los colegios profesionales que opere en función de la ley que lo crea, sobre todo por ser entes mediante los cuales el Estado se desplaza para que los profesionales del sector de que se trate se auto-regulen y al propio sean un soporte de la precaria institucionalidad que caracteriza al país.
Los colegios profesionales que proyectan mayor fortaleza en el país no es verdad que así sea, ya que los mismos son controlados por grupos que operan a lo interno de ellos, a los fines de satisfacer intereses particulares y no de la profesión que representan.
Los colegios profesionales, los cuales tuvieron un mayor proceso de constitución en la década de los ochenta, pese a que su nacimiento data de los 40 e incluso de la tiranía trujillista, son una expresión de lo que de manera integral constituyen los países que cuentan con un Estado no viable.
Entre los surgidos en el año 1983 están el Colegio de Abogados y el de periodistas, aunque éste último se desnaturalizó y en los actuales momentos no pasa de ser una asociación creada mediante una ley especial que está más en el contexto del derecho privado que del público, cuyo nivel de regulación es prácticamente nulo, aunque igual ocurre con los que tienen la facultad de hacerlo.
Hay otros colegios como el de Ingenieros y Agrimensores (CODIA) que data de la que se podría definirse como la tercera etapa de la creación de este tipo de organización en el país, pero prácticamente ninguno de ellos ha podido cumplir con el rol ético que está llamado a jugar este modelo de entidad que cuenta con poder público para regular la profesión.
Este tipo de institución ha corrido la misma suerte de aquellas impactadas por el fenómeno como el grupismo que se ha apropiado de ellas para desnaturalizarlas y no dejarlas cumplir con su rol, muchas veces por la politización que impacta negativamente a toda la sociedad dominicana.
E incluso el propio legislador ha cometido serios errores al momento de aprobar las leyes para la creación de cada uno de los colegios profesionales, ya que, por ejemplo, el de médico parece ser un hibrido de una organización gremial y las particularidades que tienen este tipo entidad, que rompe con los principios de igualdad y de razonabilidad que han sido muy trabajado en el proceso de constitucionalización del derecho en el país tras la entrada en el 2010 del neo-constitucionalismo.
Hay otros colegios que en las leyes que los crean el legislador se preocupó de establecer literalmente que no tienen carácter gremial, lo cual impacta de forma positiva el principio de igualdad y de razonabilidad, pese a que de ninguna manera se cumple con el mandato de la ley, máxime en lo que respecta al rol ético de este tipo de modelo institucional.
La cuestión es que el aspecto más importante de los colegios profesionales, como es el ético, porque impacta positivamente a la sociedad, es muy poco el aporte de esta figura jurídica, la cual debe velar de que los egresados universitarios exhiban una conducta acorde con ese valor en el ejercicio de la profesión para beneficio de la sociedad.
Los colegios profesionales son parte de un problema nacional que está muy ligado a la cultura nacional, la cual parte de la improvisación y el poco respeto de la ley y de la conducta ética de todos los ciudadanos para conformar una mejor sociedad.
Uno de los mejores ejemplos en este campo es el Colegio Dominicano de Notarios, cuyos miembros, que son oficiales con fe pública, con el aval del Estado, porque son nombrados por la Suprema Corte de Justicia, emiten una serie de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de la Ley 140-15, Orgánica de la entidad, pero se conocen muy pocas las sanciones impuestas en contra de los que distorsionan sus funciones y ponen en peligro la seguridad jurídica.
Igual ocurre con los abogados, los médicos, los ingenieros y muchos otros profesionales colegiados, pero que todo es parte de un fenómeno general que explica la esencia de una sociedad no viable y carente de un régimen de consecuencia.