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La Ilegalidad Campea por doquier en Gobierno del PRM con aumentos de sueldos y otras acciones al margen de ley.

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Los funcionarios del Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), encabezado por Luis Abinader, recurren a las mismas  maniobras de los que ocuparon posiciones públicas en la administración de Danilo Medina y Leonel Fernández, quienes tenían una agenda muy personal que se fundamentaba en favorecerse a ellos mismos, a sus familiares y allegados.

Estos irrespetos a la norma  han traído consigo que se evada cumplir con la Ley 200-04 de libre acceso a la información pública para que no quede al descubierto la conducta de los que eran muy críticos de las pasadas autoridades, pero que ahora hacen prácticamente lo mismo.

Todo esta conducta del funcionario público de ahora, del PRM, ha implicado además que se produzcan una serie de aumentos en los precios de los servicios y artículos de la dieta diaria  que si bien tienen que ver con un fenómeno que tiene una explicación internacional, la situación no libera de culpa a las autoridades nacionales.

De acuerdo a publicaciones recientes, entre finales de 2021 y durante ese mes de julio, los dominicanos han recibido al menos cuatro aumentos en las tarifas de la energía eléctrica, tras la Superindentencia de Electricidad (SIE) anunciar el desmonte gradual del subsidio en un periodo de tiempo que coincide con un imparable aumento en la nomina de la referida entidad.

Este fenómeno, que parece obedecer a los planes reeleccionistas puestos en marcha por el presidente Luis Abinader, cuyo principal callo en el zapato tiene que ver con la no incorporación  a  la base del PRM al tren gubernamental, lo cual podría dificultar su triunfo electoral en el 2024, descalabra de alguna manera los recursos públicos.

Según los reportes con que cuenta este periódico y publicaciones del principal diario del país, el Listín Diario, los más de 500 empleados fijos distribuidos en las distintas sucursales, iniciaron  unos aumentos en sus salarios a partir de septiembre y en noviembre del mismo año 2021 las alzas de los sueldos en este sector se volvieron indetenibles..

Como una muestra de lo ocurre debe decirse que Rafael Aníbal Velazco Espaillat se inició como principal funcionario de la SIE el 20 de agosto de 2020 con un salario de 596 mil  con 546 pesos para auto producirse un aumento hasta llegar en los actuales momentos a  751 mil doscientos  pesos.

Igual ocurrió con la persona que  funge de presidente del consejo administrativo de la referida entidad, quien tuvo un aumento de sueldo que violenta la ley que regula que estos funcionarios incluso ganen más que el propio presidente de la República.

Otros aumentos en este sector son los que corresponden al pago que se les hace a los miembros del Consejo de Administración, quienes ahora tienen una compensación de 115 mil pesos mensuales.

Los primeros funcionarios pasaron de RD$ 446,412 a RD$ 488,822 y posteriormente a 562,145 pesos, lo cual deja claro que en realidad se da un proyecto de gobierno que consiste en satisfacer las apetencias personales de los que son escogidos para ir a la administración pública.

Los referidos funcionarios públicos devengan salarios que están por encima del que recibe el presidente de la República, Luis Abinader, el cual no supera los  450,000 pesos, cuya conducta viola  la Ley 105-13 sobre regulación salarial dominicana.

Ningún funcionario, siempre de acuerdo con el artículo 5 de la referida normativa,   podrá tener un salario superior  al del titular o titulares de los poderes del Estado, de los órganos y entes de origen constitucional, de los entes y órganos dependientes o vinculados al Poder Ejecutivo para la que labora.

De igual modo, la ley establece que  ningún servidor público recibirá  un sueldo  superior  al que perciba el cargo inmediatamente superior”.

Por su parte, la Constitución de la República, artículo 140, habla claro sobre la  regulación de los aumentos de sueldos cuando manda  que “ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos, establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino es para un período posterior al que fueron electos o designados.

 La inobservancia de esta disposición será sancionada de conformidad con la ley”.

Todo esto explica cuál es el comportamiento frente a la ley de aquellos que durante la pasada campaña electoral hablaban de cambios en la administración pública y lo peor es que tampoco respetan lo que se considera un gran logro en lo que respecta a  la transparencia en el manejo de los fondos públicos que tanto reclama la ciudadanía.

Las violaciones de la ley no se quedan en el campo salarial, sino que los funcionarios perremeístas han hecho trizas la Ley 200-04 de libre acceso a la información pública, lo cual representa un gran retroceso para la democracia dominicana.

Un ejemplo que es común en la administración pública de ahora es lo que ocurre en la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), donde no hay sentencia del Tribunal Constitucional que haga retroceder a su director general, Andrés Burgos, quien se niega a cumplir con varias jurisprudencias que prohíben el corte del agua potable por falta de pago en razón de que este preciado liquido está asociado a la salud de la gente y porque además se trata de un derecho humano.

Las violaciones a la ley llueven en el Gobierno del PRM y de Luis Abinader, ya que Edenorte está llena de empleados vinculados familiarmente con su director general, Andrés Cueto, donde tampoco hay transparencia en muchos de los asuntos que allí se manejan.

De manera, que en la próxima campaña electoral el PRM y sus funcionarios no podrán hablar de transparencia y mucho menos de respeto a la ley, dado que se manejan en el marco de un alto nivel de ilegalidad.

Otro ejemplo de esta irregular situación es que la gobernadora provincial, Rosa Santos, quien es la madre de un hermano de padre del presidente Abinader, tiene colocados en la administración pública a todos sus hijos con sueldos muy altos en violación, sino de la ley, de una conducta ética que ha  reclamado la sociedad a los funcionarios de la administración gubernamental

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En medio de groseras manipulaciones llegan vistas públicas sobre candidaturas independientes.

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Por Elba García

En medio de grandes equivocaciones y enfoques distorsionados sobre el neo-constitucionalismo, el cual se fundamenta en la interpretación de valores y de principios del derecho, la Comisión Especial de la Cámara de Diputados convocó para el próximo lunes 9 de junio vistas públicas para que los diferentes sectores de la vida nacional expongan sus consideraciones sobre un descabellado proyecto de ley que busca regular la referida figura jurídica.

Las vistas públicas tendrán lugar en el salón Hugo Tolentino Dipp de la Cámara de Diputados, las cuales se celebran después de un debate totalmente manipulado por los partidos políticos y algunas organizaciones de la sociedad civil que les sirven de soporte.

El vocero del Frente Pro-Candidaturas Independientes y director de este diario, doctor José Cabral Salcedo, ha subrayado que no se entiende cómo instituciones como la Fundación e Institucionalidad y Justicia (FINJUS), a través de su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños, y Participación Ciudadana (PC) sostienen que para implementar en el sistema electoral dominicana la referida figura jurídica hay que reformar la Constitución de la República, cuya posición, en opinión del FPCI, es una visión tradicional y equivocada de enfocar la sentencia del Tribunal Constitucional.

El especialista en derecho constitucional planteó que lo más grave del asunto es que estas organizaciones de la sociedad civil no explican de forma puntual por qué entienden que ante la decisión del TC debía producirse una reforma a la carta magna, porque parece una tesis que no tiene nada que ver con el constitucionalismo moderno.

El vocero del Frente Pro-Candidaturas Independientes (FPCI) expresó que ambas organizaciones de la sociedad civil, las cuales han hecho importantes aportes a la democracia nacional, deben ajustar sus planteamientos con el neo-constitucionalismo, el cual hoy está muy presente en el derecho comparado y en todos los sistemas jurídicos del planeta, lo cual de no hacerse representa un impedimento para que haya una lectura correcta de la sentencia TC/0788/24 del Tribunal Constitucional.

De acuerdo con Cabral Salcedo el neo-constitucionalismo prioriza los valores y principios constitucionales sobre la lectura literal de las normas y reglas, dado que, en lugar de una visión estricta y legalista de la constitución, se busca una interpretación más amplia que considere los ideales y objetivos fundamentales.

El abogado constitucionalista recordó que el neo-constitucionalismo, que en el país se aplica desde la Constitución del 2010, no resiste el análisis que se hace a partir del concepto tradicionalista del derecho constitucional, ya que se centra en las reglas escritas más que en los principios como guías interpretativas.

Cabral Salcedo sostuvo que con el neo-constitucionalismo se produce una comprensión más amplia de la Constitución, a partir principalmente de los valores y principios fundamentales, lo cual explica el error de lo planteado por ambas organizaciones de la sociedad civil.

Expresó que la PC y FINJUS deben hacer una interpretación más flexible de la constitución, en lugar de una lectura literal de sus disposiciones, ya que el neo-constitucionalismo desplaza el enfoque tradicional que se centraba en la aplicación rigurosa de la ley para que sea una lectura más amplia y contextualizada en el constitucionalismo moderno.

En la sentencia del TC se ha hecho una interpretación del derecho, valor y principio de elegir y ser elegido, el cual tiene necesariamente que ser a partir del ciudadano o lo que es lo mismo de la persona física, la cual tiene personalidad jurídica desde que nace hasta que muere, lo que es encontrado en el espíritu de la Constitución y en una serie de sus articulados como el 2, el 22, el 2008 y el 272, que habla del referendo aprobatorio.

Tanto es así que el método que se aplica en el neo-constitucionalismo es el de la ponderación cuando hay un conflicto entre principios, que permite que el juez haga uso de la discrecionalidad para resolver casos complejos.

Observó que tanto Participación Ciudadana (PC) como la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) entienden que las normas y las reglas están por encima de los valores y los principios, lo que los coloca en una perspectiva equivocada si se ve desde el neo-constitucionalismo, ya que ambas entidades están ancladas en artículos como el 216 y otros que hacen referencia a los partidos políticos.

Reiteró que el actor principal en el neo-constitucionalismo es el ciudadano, que no es otro que la misma persona física que tiene personalidad jurídica desde que nace hasta que muere, pero que la democracia representativa, la cual en este modelo es algo del pasado en una serie de aspectos,  de alguna manera estableció el mecanismo para la elección de los  funcionarios públicos, como los legisladores y el presidente de la República, entre otros, cuya  representación no implica abandonar y no respetar los derechos fundamentales que son inherentes al ser humano.

Advirtió que enarbolar el criterio de ambas organizaciones, que sin dudas han hecho grandes aportes a la democracia nacional, hace más daño que bien para la mejoría del sistema político nacional, el cual por su profunda descomposición pone en peligro todo el orden institucional del país.

El doctor José Cabral Salcedo llamó a PC y la FINJUS a revisar sus posiciones para que las ajusten a la corriente que prevalece en esta época en el derecho comparado, dado que por su carácter internacional impacta el derecho interno, a los fines de que no represente una negación de la corriente del neo-constitucionalismo, que es la bandera en la actualidad de los derechos fundamentales.

Explicó que el neo-constitucionalismo se focaliza en la justicia, la igualdad, la dignidad de la persona y los derechos como pilares fundamentales de la Constitución, la cual ocupa la supremacía que guía la interpretación de todas las demás normas legales.

Con el planteamiento de los que se oponen a las candidaturas independientes demuestran que no entienden que el espíritu de la sentencia del TC se fundamenta en cumplir con una serie de principios del derecho como son el de legalidad, finalidad, legitimidad y proporcionalidad, porque los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 restringen el derecho y principio de participación y en cuya decisión también el alto tribunal partió del contexto de razones políticas y sociales.

El Frente Pro-Candidaturas Independientes (FPCI) está conformado por una serie de profesionales e intelectuales, entre los que se encuentran el doctor José Cabral Salcedo, doctor Alberto Fiallo Billini, autor de la acción directa de inconstitucionalidad; doctor José Dunker Lamber, doctor Isaías Ramos, doctor Sixto Ureña, doctor Jensy Cid, doctora Ilianni Berrido García, licenciado Miguel Valoy, licenciado Rommel Santos, licenciada Elba García Hernández, ingeniero Guillermo Caram, licenciado Rafael Céspedes Morillo y el señor Edgar Paniagua Miguel.

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El nuevo papado de León X1V podría significar la llegada de grandes cambios con acciones dentro y fuera de la Iglesia Católica.

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Por Elba García

La focalización en pequeñas cosas vistas al margen de las perspectivas de las inmensas agendas  tradicionales del Vaticano, es posible la experimentación de un profundo cambio con resultados medibles en poco tiempo.  Sin abandonar su misión evangelizadora e incluso fortaleciéndola con tareas pequeñas, pero contundentes, el papado de Robert Francis Prevost reúne las condiciones para desarrollar asuntos que impactarían de manera muy particular a determinados países y regiones.

Parece de un gran valor el hecho del puente emocional del nuevo papa, León X1V, con los Estados Unidos de América, donde nació y creció, y Latinoamérica, lugar donde ha desarrollado una buena parte de su sacerdocio e incluso por vínculos familiares que lo unen a la zona.

Independiente de la agenda ante los conflictos bélicos y humanos que se producen en lugares muy concretos del mundo, como el Medio Oriente y Ucrania, el papa León X1V tiene en sus manos un arma muy poderosa como es conocer de primera mano al católico latinoamericano a través de Perú y República Dominicana.

Entre las agendas pequeñas, pero de una extraordinaria trascendencia, está la crisis ético-moral de estos pueblos, donde los valores han sido sustituidos por anti valores, lo cual se convierte en una retranca para que avancen hacia un estadio de progreso, bonanza y dignidad humana.

Este propósito permitiría generar toda una corriente que, sin apartarse de la prédica del evangelio, que es una parte consustancial de la Iglesia Católica, desarrolle campañas amplias y consistentes con la creación de las herramientas necesarias para producir cambios importantes en contra de una conducta que destruye la esencia latinoamericanista.

Ese trabajo con asuntos que parecen pequeños, porque además difieren de los grandes temas que involucran los intereses de grandes potencias como los Estados Unidos de América, donde el nuevo papa tiene vínculos indisolubles.

Esta forma de manejar su papado dejaría resultados tangibles en países muy concretos, los cuales pueden ser logrables a través de un trabajo conjunto con una serie de Estados de Latinoaméricana, que tienen profundos problemas de eficacia e incluso hasta de tipo cultural para emprender una gran campaña para restablecer valores a partir de cada realidad particular.

Este estilo que se permite sugerir este periódico persigue que el nuevo papa tenga una focalización muy concreta y específica para generar soluciones tangibles en un tiempo relativamente corto y que el Vaticano de esa manera se convierta en un gran protagonista de grandes cambios a partir de cosas que parecen pequeñas.

En estas tareas el papa debe partir de la devoción cristiana sin importar la iglesia en que se congrega el creyente y de esa forma convertir este tipo de batalla, que se fundamentaría en cuestiones pequeñas, por ser muy particulares, de alguna nación especifica de la tierra.

Este plan ayudaría probablemente a detener el acentuado proceso de sustitución de valores humanos, cívicos y democráticos, lo cual se traduce en un daño irreparable a la vida en sociedad a partir de la solidaridad, la reciprocidad y la hermandad.

Esta sugerencia de este diario persigue detener lo que parece ser la peor tragedia que vive la razón humana, cuyas metas sólo están marcadas y definidas sobre la base del interés pecuniario, sin importar el aspecto humano de la vida.

El recién fallecido papa Francisco habló mucho sobre el poder decisivo del capitalismo en la vida de los pueblos, lo cual no es que sea del todo negativo, pero que lo avasallante de la corriente hace que todo se traduzca en la búsqueda de riquezas sin importar cualquier otra cosa.

Por lo que se ve, lo planteado en este trabajo periodístico escapa a la posibilidad de las iglesias locales, pero además porque la fuerza del papa trasciende cualquier otra influencia, incluso el hiperpresidencialismo que prevalece en las naciones pobres del tercer mundo.

Las pequeñas agendas, por llamarles de algún modo, no implica necesariamente que el papa no pueda también articular otras con los grandes problemas que confronta el mundo de hoy, como el medioambiental, el de las guerras y de tipos raciales, así como de pobreza.

Sin embargo, esta propuesta puede traer consigo que las cosas aparentemente pequeñas sean tan valiosas que se conviertan en tan grandes como las que más que hoy azotan a la raza humana.

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Ofensiva contra derechos fundamentales es la más grande de todos los tiempos en EE.UU.

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Si por una cosa se caracteriza el gobierno que preside el republicano Donald Trump es por representar la más fuerte agresión en contra del constitucionalismo moderno, cuyas órdenes ejecutivas son emitidas sin ningún miramiento ni cuidado para no dañar  el Estado de Derecho en los Estados Unidos y el resto del mundo.

Lo extraño de lo que ocurre en la nación más poderosa de la tierra es que Trump, como todo un emperador, se ha burlado de la tradición de los Estados Unidos, ya que el Parlamento y hasta la Corte Suprema parecen haberse plegado a sus irracionalidades, la cual durante el pasado año otorgó al mandatario «amplia inmunidad», cuya medida fue criticada por colocar al jefe de Estado por encima de todo el mundo con lo que socava el principio de igualdad en que se fundamenta el Estado de derecho.

Expertos en asuntos jurídicos sostienen que «Decir que un presidente no puede ser procesado por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones es categóricamente incorrecto», dice a Richard Painter, jurista de la Universidad de Minnesota, Estados Unidos, que trabajó para la administración de George W. Bush.

Añade este experto que: «Creo que existe una preocupación muy real sobre la señal que envía el resultado de estos casos: que Donald Trump está por encima de la ley y de los delitos por los que cualquier otro ciudadano de los Estados Unidos habría pagado un precio». Subraya, por su parte, Costas Panagopoulos, politólogo de la Universidad del Noreste. Estados Unidos, dice: «No rinde cuentas y no paga realmente un precio».

Advierte que «la democracia no puede sobrevivir de esta manera». Según él, la forma más probable de cambiar el nuevo statu quo es «mediante una enmienda a la Constitución de Estados Unidos o persuadiendo a la Corte Suprema para que cambie de opinión al respecto».

Consideran estos especialistas que hay otra consideración no escrita que puede actuar como freno a los excesos presidenciales: su legado.

«Donald Trump es consciente (…) de que, si se recuerda por algo su primer mandato, será por cómo manejó la pandemia [de COVID-19], por el 6 de enero y por perder las elecciones de 2020″, dice el politólogo.

«Ninguna de esas cosas es muy positiva para Donald Trump. Es posible que quiera esforzarse al máximo para asegurarse de que se le recuerde en su segundo mandato por cosas que reflejen un aspecto más favorable», sostiene.

La pregunta que predomina en el campo internacional es con qué moral los Estados Unidos puede hablarles a los países que están bajo su influencia de respeto a la ley cuando las autoridades de la potencia del norte no creen en eso.

El problema más peligroso es que la democracia norteamericana ha pasado de buenas a primeras de un presidencialismo puro a un hiperpresidencialismo, donde el primer mandatario de la nación ha roto con el histórico «check and balance», conocido también como controles y equilibrios, que ha caracterizado a la nación del norte.

Ahora todo depende de las acciones de Trump sin tomar en cuenta las decisiones de los jueces en asuntos que están dentro de su competencia y lo peor de todo es que el asunto toma fuerza y que allí ya las cosas fuera de la ley se ven como normales.

Si el fenómeno Trump no impacta rápidamente de muy mala manera a las naciones que están bajo su control, ya sea por colonización política o económica, la razón podría estar en que ahora reina más el miedo a las sanciones en contra de los gobiernos, principalmente latinoamericanos, que la violación de derechos humanos y que se promueva la corrupción administrativa, pero no por otra causa.

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