La Ilegalidad Campea por doquier en Gobierno del PRM con aumentos de sueldos y otras acciones al margen de ley.

Los funcionarios del Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), encabezado por Luis Abinader, recurren a las mismas  maniobras de los que ocuparon posiciones públicas en la administración de Danilo Medina y Leonel Fernández, quienes tenían una agenda muy personal que se fundamentaba en favorecerse a ellos mismos, a sus familiares y allegados.

Estos irrespetos a la norma  han traído consigo que se evada cumplir con la Ley 200-04 de libre acceso a la información pública para que no quede al descubierto la conducta de los que eran muy críticos de las pasadas autoridades, pero que ahora hacen prácticamente lo mismo.

Todo esta conducta del funcionario público de ahora, del PRM, ha implicado además que se produzcan una serie de aumentos en los precios de los servicios y artículos de la dieta diaria  que si bien tienen que ver con un fenómeno que tiene una explicación internacional, la situación no libera de culpa a las autoridades nacionales.

De acuerdo a publicaciones recientes, entre finales de 2021 y durante ese mes de julio, los dominicanos han recibido al menos cuatro aumentos en las tarifas de la energía eléctrica, tras la Superindentencia de Electricidad (SIE) anunciar el desmonte gradual del subsidio en un periodo de tiempo que coincide con un imparable aumento en la nomina de la referida entidad.

Este fenómeno, que parece obedecer a los planes reeleccionistas puestos en marcha por el presidente Luis Abinader, cuyo principal callo en el zapato tiene que ver con la no incorporación  a  la base del PRM al tren gubernamental, lo cual podría dificultar su triunfo electoral en el 2024, descalabra de alguna manera los recursos públicos.

Según los reportes con que cuenta este periódico y publicaciones del principal diario del país, el Listín Diario, los más de 500 empleados fijos distribuidos en las distintas sucursales, iniciaron  unos aumentos en sus salarios a partir de septiembre y en noviembre del mismo año 2021 las alzas de los sueldos en este sector se volvieron indetenibles..

Como una muestra de lo ocurre debe decirse que Rafael Aníbal Velazco Espaillat se inició como principal funcionario de la SIE el 20 de agosto de 2020 con un salario de 596 mil  con 546 pesos para auto producirse un aumento hasta llegar en los actuales momentos a  751 mil doscientos  pesos.

Igual ocurrió con la persona que  funge de presidente del consejo administrativo de la referida entidad, quien tuvo un aumento de sueldo que violenta la ley que regula que estos funcionarios incluso ganen más que el propio presidente de la República.

Otros aumentos en este sector son los que corresponden al pago que se les hace a los miembros del Consejo de Administración, quienes ahora tienen una compensación de 115 mil pesos mensuales.

Los primeros funcionarios pasaron de RD$ 446,412 a RD$ 488,822 y posteriormente a 562,145 pesos, lo cual deja claro que en realidad se da un proyecto de gobierno que consiste en satisfacer las apetencias personales de los que son escogidos para ir a la administración pública.

Los referidos funcionarios públicos devengan salarios que están por encima del que recibe el presidente de la República, Luis Abinader, el cual no supera los  450,000 pesos, cuya conducta viola  la Ley 105-13 sobre regulación salarial dominicana.

Ningún funcionario, siempre de acuerdo con el artículo 5 de la referida normativa,   podrá tener un salario superior  al del titular o titulares de los poderes del Estado, de los órganos y entes de origen constitucional, de los entes y órganos dependientes o vinculados al Poder Ejecutivo para la que labora.

De igual modo, la ley establece que  ningún servidor público recibirá  un sueldo  superior  al que perciba el cargo inmediatamente superior”.

Por su parte, la Constitución de la República, artículo 140, habla claro sobre la  regulación de los aumentos de sueldos cuando manda  que “ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos, establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino es para un período posterior al que fueron electos o designados.

 La inobservancia de esta disposición será sancionada de conformidad con la ley”.

Todo esto explica cuál es el comportamiento frente a la ley de aquellos que durante la pasada campaña electoral hablaban de cambios en la administración pública y lo peor es que tampoco respetan lo que se considera un gran logro en lo que respecta a  la transparencia en el manejo de los fondos públicos que tanto reclama la ciudadanía.

Las violaciones de la ley no se quedan en el campo salarial, sino que los funcionarios perremeístas han hecho trizas la Ley 200-04 de libre acceso a la información pública, lo cual representa un gran retroceso para la democracia dominicana.

Un ejemplo que es común en la administración pública de ahora es lo que ocurre en la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), donde no hay sentencia del Tribunal Constitucional que haga retroceder a su director general, Andrés Burgos, quien se niega a cumplir con varias jurisprudencias que prohíben el corte del agua potable por falta de pago en razón de que este preciado liquido está asociado a la salud de la gente y porque además se trata de un derecho humano.

Las violaciones a la ley llueven en el Gobierno del PRM y de Luis Abinader, ya que Edenorte está llena de empleados vinculados familiarmente con su director general, Andrés Cueto, donde tampoco hay transparencia en muchos de los asuntos que allí se manejan.

De manera, que en la próxima campaña electoral el PRM y sus funcionarios no podrán hablar de transparencia y mucho menos de respeto a la ley, dado que se manejan en el marco de un alto nivel de ilegalidad.

Otro ejemplo de esta irregular situación es que la gobernadora provincial, Rosa Santos, quien es la madre de un hermano de padre del presidente Abinader, tiene colocados en la administración pública a todos sus hijos con sueldos muy altos en violación, sino de la ley, de una conducta ética que ha  reclamado la sociedad a los funcionarios de la administración gubernamental