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La imposición del padrón abierto agravaría la crisis del sistema político: Análisis de Juan Bolívar Díaz

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Si el sector que ahora hegemoniza el PLD impone el padrón universal abierto en la elección de las candidaturas de los partidos, frustraría los esfuerzos de años por una legislación de consenso y generaría mayor desconfianza y confrontación política

Para establecer la obligatoriedad del padrón universal abierto en la elección de las candidaturas de los partidos, el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) tendría que pasar por encima de una parte de su misma estructura, ignorar la posición de 24 partidos reconocidos, de la Junta Central Electoral y de entidades sociales.

La experiencia universal indica que la democracia interna de los partidos se puede garantizar con diversos sistemas de elección de candidaturas y dirigentes, por lo que no se justificaría una imposición que ya fue declarada  inconstitucional  por la Suprema Corte de Justicia, y que generaría un agravamiento de la crisis político-institucional de la nación.

Reenvío al 2 de Octubre

El tema se ha tornado tan conflictivo que divide al mismo PLD, cuyo Comité Político de 35 miembros no pudo dirimirlo en la reunión convocada al efecto para el pasado sábado 16, que se extendió por 7 horas, excesivas para lo aprobado,  y terminó reenviándolo para el lunes 2 de octubre, acentuando la convicción sobre su improcedencia cuando el secretario general del partido, Reinaldo Pared, lo calificó como “controvertido”.

El portal oficial del PLD, informa que acordaron respaldar que eleven la cuota de las mujeres al 40 por ciento de los cargos directivos y las candidaturas legislativas  y al 50 de las municipales, mantener en 2 por ciento de los votantes en la última elección para el reconocimiento de nuevos partidos y reducirlo al 1 en segunda instancia. También ratificaron  la inequitativa distribución del financiamiento estatal con 80 por ciento para los que saquen más del 5  por ciento del sufragio y el 20 a los demás en partes iguales, aunque diversos partidos y sectores sociales han propuesto 70-30 y más escalones de equidad, para que no reciban igual un partido que obtenga 50 o el 5 por ciento, ni tanta diferencia del 5 al 4 por ciento, o del 2 al menos del 1 por ciento, como ahora.

Otro acuerdo en el Comité Político fue adelantar la precampaña electoral al período mayo-agosto antes de las elecciones, lo que extendería a 5 meses las campañas electorales  municipales que deben celebrarse el tercer domingo de febrero,  y a 9 meses las presidenciales y congresuales del tercer domingo de mayo. Así el PLD contradice la demanda de achicar los períodos de campaña para reducir sus costos. La comisión bicameral que discute el proyecto de ley había consensuado que las primarias fueran entre agosto y octubre.

24 partidos contra 2 

No hay explicación racional para que los seguidores del presidente Danilo Medina pretendan imponer la obligatoriedad de las primarias con padrón universal abierto contra  una parte del PLD y casi todo el sistema político y las instituciones sociales que más se ocupan de la institucionalidad democrática, como Participación Ciudadana, Fundación Institucionalidad y Justicia y Fundación Prensa y Derecho, que han manifestado su rechazo ante la Comisión Bicameral que estudia el proyecto y que ha pretendido lograr consenso.

Al comienzo de esta semana, los partidos de oposición que han venido formulando reclamos de reformas político-electorales tras los comicios del año pasado, recurrieron de nuevo ante la Junta Central Electoral para expresar su oposición radical a que les impongan el padrón universal abierto en la elección de sus candidatos, advirtiendo que de ser aprobado por el congreso bajo dominio del PLD, recurrirían en demanda para que la ley sea declarada  inconstitucional.

  En el grupo figuran los partidos de oposición de mayor votación en los últimos comicios, como el Revolucionario Moderno, el Revolucionario Social Cristiano y la Alianza País. También el Quisqueyano Demócrata, Frente Amplio, Fuerza Nacional Progresista, Opción Democrática, Partido Humanista Dominicano y Alianza por la Democracia.

Por otro lado el Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana, que agrupa a una veintena de partidos reconocidos, celebró un taller y luego formalizó sus conclusiones sobre el proyecto de Ley de Partidos, planteando “que las elecciones internas de los partidos deben ser realizadas con el padrón de miembros de cada organización”.

El PRD con padrón abierto

La mayoría de los partidos del Foro Permanente fueron aliados del PLD en las elecciones del 2016, pero no se han sumado al esfuerzo por imponer el padrón abierto. El aliado que sí lo ha hecho es el Partido Revolucionario Dominicano, contradiciendo opiniones anteriores de su presidente Miguel Vargas Maldonado, actual canciller del gobierno de Medina.

Cuando Vargas Maldonado fue vencido 53.4 a 46.6 por ciento por el expresidente Hipólito Mejía en la primaria del PRD efectuada el 6 de marzo del 2011 para la candidatura presidencial del año siguiente, adujo que fue el resultado de “la votación de entre 200 y 400 mil peledeístas y reformistas”, que según él preferían como candidato a su contrincante, aunque los votos válidos computados fueron sólo 967 mil 900. Y tanto él como Mejía aseguraban contar con un millón de seguidores.

  Ese certamen es paradigmático de los que se oponen al padrón abierto en las primarias, porque fue el origen visible de la división del más antiguo partido de la historia nacional. Y el padrón utilizado no fue abierto por completo como se aboga ahora. Por tres elecciones seguidas, desde la que escogió precisamente a Vargas candidato presidencial para el 2008, el PRD utilizó el mismo “padrón semi-abierto”, resultado de cruzar el padrón universal de la JCE con el de los otros partidos mayoritarios, para excluir a los militantes de estos. 

Pese a la diferencia de casi 7 puntos porcentuales (70 mil votos), Vargas nunca aceptó su derrota y se convirtió en un Caballo de Troya en la campaña electoral que finalmente perdió Mejía con 47 por ciento del sufragio.

Declarada inconstitucional

Una poderosa opositora a las primarias con padrón abierto obligatorio es la Junta Central Electoral, que sometió el proyecto de Ley de Partidos, el cual deja a cada agrupación la opción de decidir si lo hace con el padrón propio o el universal. El presidente de la JCE ha advertido de las complejidades que implicaría unas primarias con padrón abierto, simultáneas y organizadas y computadas por esa institución, y que tendría un costo económico similar a una elección nacional.

El doctor Julio César Castaños es coherente con la posición que sostuvo antes de presidir la JCE, pues fue precisamente la Fundación Derecho y Democracia, entonces bajo su presidencia, quien llevó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 286-04 del 15 de agosto del 2004 que estableció la elección de los candidatos de los partidos mediante el voto universal, y organizadas de forma simultánea por la JCE.

El 16 de marzo del 2005, tras ser debidamente apoderada del recurso de inconstitucionalidad, la Suprema Corte d e Justicia que presidía el doctor Jorge Subero Isa, con una pléyade de juristas sin militancia política, declaró la inconstitucionalidad de la ley. Uno de los motivos fue que no indicaba la fuente del financiamiento de esa votación universal. Ahora tampoco, y unos aspiran a que los pague por completo el Estado y otros a que una parte salga del actual financiamiento estatal a las organizaciones políticas. En cualquiera de los dos casos sería incrementar la carga del presupuesto nacional.        

¿Deciden Danilo y Leonel?

Después de tantos años de búsqueda de consenso sobre la Ley de Partidos, sería frustratorio que sólo los intereses de Danilo Medina y Leonel Fernández decidieran un aspecto tan importante como imponer a todos los partidos un único método de elección de candidatos, cuando la votación con el padrón de militantes podría ser también un mecanismo democrático, razón por la cual el proyecto de ley en discusión establece que tiene que estar registrado en la JCE y actualizado cada año. El padrón abierto sólo rige en Argentina, Chile, Uruguay  recientemente se estableció en Honduras.

La imposición abriría las puertas a conflictos internos, y aumentaría la suspicacia sobre tan pronunciado interés. La convocatoria al universo en un país de tanta tradición de trampas y fraudes electorales, permitiría la compra masiva de votos entre una masa que sin incentivos materiales no acudiría. Aun en las elecciones congresuales y municipales, cuando fueron separadas, no se pasó de la mitad de los convocados. Para el 2020 la mitad de los electores serían alrededor de 3 millones y medio, bien amplio para el tráfico de votos a favor de candidatos propios o de otros partidos.

Los opuestos a la elección de candidatos con padrón universal abierto no ocultan sus temores de que una imposición del PLD al respecto, promovida por el grupo que hegemoniza el poder, conlleve los riesgos de empleo del patrimonio público para incentivar votos, para imponer la reelección y motivar otra reforma constitucional, para favorecer a un emergente continuista o para favorecer que en otros partidos ganen los preferidos del poder. Aducen que el control del millón de pobres que tienen tarjetas de subsidios del Estado sería una fuente de perversión. La imposición agudizaría la confrontación y la crisis del sistema político nacional.-

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Análisis Noticiosos

Los desastres son inevitables; las tragedias, no

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En México, la alerta de las inundaciones recientes llegó “cuando la ola ya estaba encima”, según dijo un testigo. En Haití, el huracán ‘Melissa’ no llegó, pero fue el país del Caribe donde más muertes dejó el potente ciclón. Los desastres se vuelven catástrofes por sistemas que se omiten y presupuestos que se desvían

Podemos hablar del paso de los huracanes y tormentas como si fueran una serie de números y nombres que desfilan: Erin, Gabrielle, Humberto, Imelda, Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand, Jerry, Karen, Lorenzo y Melissa. El último de esta temporada 2025 en el Atlántico, Melissa, dejó al 77% de Jamaica sin electricidad, al menos 28 muertos, más de 25.000 personas en refugios de emergencia; a Haití con 40 fallecidos, decenas de desaparecidos y más de 160 viviendas inundadas; a Cuba con 735.000 personas evacuadas.

Y pensamos en esas personas —las afortunadas— que siguen con vida, pero que perdieron sus hogares y que no tienen dinero para reconstruirlas; que con el tiempo terminarán por reconstruir(se) hasta que el paso de un futuro huracán les vuelva a atravesar por la mitad.

Empezamos, entonces, a asimilar mejor el concepto de “injusticia climática” cuando desciframos estas cifras en el periódico y vemos los encabezados que compiten en grandilocuencia: “el más devastador”, “el más fuerte”, “el más destructivo”. Atravesados como rayo por la palabra cambio climático.

Es más difícil pensar en conceptos y cifras cuando estos se viven en carne propia. Es, también, más difícil tomar distancia de estas tragedias para preguntarse qué convirtió estos desastres en catástrofes humanitarias, crisis de salud pública y económicas. ¿Qué tuvo que acontecer para que esto sucediera?

Quisiera hablar de desastres en un sentido más amplio. En México, hace tan solo unas semanas, lluvias torrenciales en cinco estados provocaron la muerte de al menos 70 personas y otras 70 más siguen desaparecidas. Se estima, también, que hay más de 100.000 viviendas afectadas. Cuando nos preguntamos qué pasó, los sobrevivientes hablan: “La alerta llegó cuando la ola ya estaba encima”.

Y entonces, empezamos a entender el tipo de cosas que tienen que acontecer para que lo inevitable suceda.

En su momento, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo que no se escatimaría en recursos para atender a víctimas y que este año se aprobaron 19.000 millones de pesos mexicanos (unos 1.200 millones de dólares) para la atención de desastres.

Pero la atención no es lo mismo que la prevención. Como no es lo mismo salvar vidas que resarcir daños y enterrar muertos.

Cuando vemos los masivos recortes presupuestales a los sistemas de alerta temprana en México, en beneficio al tren Maya, a PEMEX, entre otros, entendemos por qué, el sistema mexicano de protección civil, que fue único e innovador a nivel global en su momento, sea tan insuficiente hoy en día. Se explica mejor el desmoronamiento de la comunicación de riesgos, la ausencia de convenios de colaboración con las telefonías para que alerten a las poblaciones vulnerables y los fondos de Prevención de Desastres desarticulados.

Este es el tipo de cosas que hacen que lo inevitable suceda.

En junio de este año, la ONU lanzó las alertas en Haití: el 96% de la población estaba en riesgos por desastres y, sin embargo, no existía el financiamiento necesario para activar sistemas de prevención ni material de emergencia post-desastre. Hacía tan solo unos meses, la ONU había decretado que el gobierno no tenía la capacidad de proteger a su población en su entrada a la época más difícil del año, la presente y temible temporada de huracanes. La ONU pedía 908 millones de dólares para apoyar a Haití, a mediados de junio tan solo había logrado reunir el 8%.

Este es el tipo de cosas que hacen que lo inevitable suceda.

En México, como en muchos otros países, la memoria sobre lugares a riesgo se fue gradualmente borrando y la legislación se hizo esquiva: los territorios inundables se volvieron habitables y se convenció a las poblaciones vulnerables de que eran seguros. Se omitieron, también, las estrategias de prevención y adaptación.

Y el problema, después, fue que “la alerta llegó cuando la ola ya estaba encima”.

En Haití, el huracán Melissa no llegó. Pero en las últimas décadas, el país fue paulatinamente acabando con sus bosques y zonas húmedas que permitían las infiltraciones al subsuelo, limitando las inundaciones; transformó sus árboles en energía para electricidad y debilitó los territorios que eran barrera a los deslizamientos de terreno. El huracán Melissa no llegó, pero Haití, que tenía ya a 230.000 haitianos en refugios improvisados, sufrió las consecuencias más mortíferas de la región tras su paso.

Las dinámicas territoriales de las últimas décadas y la degradación de los ecosistemas son ese tipo de cosas que tienen que suceder para que lo inevitable acontezca.

Y así, los desastres se vuelven catástrofes por procesos que se construyen, sistemas que se omiten, presupuestos que se desvían, personas cuyas vidas se juzgan poco importantes. Los escenarios son conocidos, las tragedias son previsibles, pero por falta de capacidad, se vuelven imposibles de evitar.

Estos desastres y tragedias ocurren a tan solo una semana de que se lleve a cabo la COP30, el evento climático más importante a nivel global, en donde se decidirá, entre otros temas, las inversiones que tienen que ser destinadas a la adaptación, la ayuda que recibirán los países más vulnerables a los riesgos climáticos y el rol de esos estados insulares que, a pesar de no ser responsables del cambio climático, terminan siendo los más afectados.

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Al menos 64 muertos y decenas de detenidos en una megaoperación contra el crimen organizado en Río de Janeiro

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El gobernador afirma que “es una guerra que nada tiene que ver con la seguridad urbana” y pide ayuda a las Fuerzas Armadas

Sao Paulo.- Río de Janeiro vive este martes una jornada de caos colosal e intensos tiroteos por una operación policial contra el crimen organizado que ya es la más letal de la historia de la ciudad brasileña. Al menos 64 personas han muerto (incluidos cuatro agentes) y 81 han sido detenidas, según datos oficiales. El despliegue de 2.500 policías en esta megaoperación, que se ha centrado inicialmente en dos grandes barriadas cariocas de favelas, pretende frenar la expansión territorial del Comando Vermelho, el segundo grupo más poderoso del crimen organizado en el país sudamericano. El gobernador del Estado de Río, Claudio Castro, se ha quejado de que “Río está sola en esta guerra”, ha criticado la falta de apoyo del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y ha pedido ayuda a las Fuerzas Armadas.

Río de Janeiro, turística, antigua capital y el hogar de seis millones de vecinos, es simultáneamente una ciudad muy desigual y acostumbrada a la violencia, pero las dosis desplegadas este martes resultan extraordinarias incluso para los locales. El descomunal despliegue policial ha sido respondido con intensos tiroteos por los hombres del Comando Vermelho, que incluso han lanzado granadas desde drones sobre los agentes. Horas después, el grupo criminal ha desplegado a sus miembros, que han cortado avenidas y calles con barricadas por toda la ciudad y por la zona metropolitana.

Las autoridades han elevado el nivel de alerta en Río ciudad y los noticiarios se han llenado de imágenes de avenidas cortadas con autobuses, coches quemados y decenas de hombres sin camiseta a los que los agentes se llevan detenidos. La policía se ha incautado de al menos 75 fusiles.

El baño de sangre en Río se ha producido a las puertas de que Brasil acoja a partir de la semana que viene la cumbre mundial del cambio climático, la COP30, que se celebrará en Belém, en la Amazonia, a más de 3.000 kilómetros de distancia. El presidente Lula será el anfitrión de una cumbre los días 6 y 7.

El principal objetivo de la operación policial es el jefe del Comando Vermelho en una barriada carioca llamada Complexo da Penha, el capo Edgar Alves de Andrade, apodado Doca. Los agentes, que tenían un centenar de órdenes de arresto, también buscan a decenas de sus lugartenientes.

Ya a primera hora de la mañana, las autoridades habían anunciado que los tiroteos entre agentes y criminales obligaron a suspender las clases en 45 colegios y a desviar 12 líneas de autobús. Por la tarde, el CV había logrado cortar el tráfico en al menos una quincena de puntos de la ciudad, incluida la avenida Brasil, una de las principales arterias viarias. “Es un escenario de guerra”, le ha contado la profesora Suellen Gomes al diario Estadão desde el Complexo do Alemão. Según ella, los tiros empezaron al amanecer y nadie fue al colegio. “Ninguna escuela de esta zona abre cuando hay operación”, explica.

Para atrapar a los jefes del negocio, a los contables que les ayudan a blanquear sus ganancias y a los soldados de a pie que con los que mantienen el control absoluto sobre barriadas completas donde dictan la ley, las autoridades han movilizado un despliegue enorme. A los 2.500 agentes de la policía militar y la civil involucrados, se han sumado una treintena de vehículos blindados, dos helicópteros, drones policiales y una docena de vehículos de demolición.

El gobernador Castro, bolsonarista, se ha quejado de que las Fuerzas Armadas rechazaron tres veces sus peticiones para que le enviaran blindados de apoyo. Ha pedido ayuda a los militares con el argumento de que esta “es una guerra que nada tiene que ver con la seguridad urbana” sino que está alimentada “por las armas del narcotráfico internacional”.

El secretario de Seguridad Pública Victor Santos, ha destacado que toda la operación se diseñó y se realiza con apoyo del Gobierno federal. Santos ha lamentado el caos para los vecinos y los heridos, pero ha recalcado que esta acción “era necesaria, estaba planificada, se basa en inteligencia y va a continuar”.

El epicentro de la megaoperación son dos enormes conjuntos de favelas donde viven casi 300.000 personas, el Complexo da Penha y el Complexo do Alemão. El primero es, según la fiscalía de combate a las familias criminales de Río, un centro neurálgico de las actividades del Comando Vermelho. El Complexo da Penha, dice una nota del Grupo Especial de Combate al Crimen Organizado (Gaeco), “es un punto estratégico para el flujo de drogas y armas, gracias a que está en las proximidades de varias autopistas, y se ha convertido en una de las principales bases del proyecto expansionista del grupo criminal”.

Uno de cada cuatro brasileños, es decir, 50 millones de personas, viven en barrios dominados por el crimen organizado, según un reciente estudio de la Universidad de Cambridge. El Comando Vermelho, el PCC u otros grupos armados, imponen su ley a sus vecinos y, en ocasiones, impide la acción de las autoridades. Los vecinos directamente afectados, que suelen ser pobres, negros y periféricos, se encuentran atrapados entre dos fuegos, abandonados por las autoridades, blanco fácil y presa de las balas perdidas, además de sometidos a extorsión.

En los últimos tiempos los delincuentes han descubierto las bondades del trabajo en remoto. Un fiscal del Estado amazónico de Rondonia explicaba recientemente en el diario O Globo que los jefes de las franquicias del Comando Vermelho por otros estados, sobre todo los fronterizos con otros países, se están refugiando en Río de Janeiro, que hasta este martes eran la principal guarida del grupo. “Se dieron cuenta de que el jefe ya no necesitaba estar en su estado natal. Podía estar protegido en Río y tomar decisiones por videollamada”, explicaba al diario carioca Anderson Batista de Oliveira, jefe del Gaeco en Rondonia. “El capo está en un lugar de difícil acceso para la policía, y la organización protege así a sus principales activos”, añadía.

Hasta ahora la operación más letal de Río era la de la favela de Jacarezinho, en el centro, donde en 2021 murieron 27 personas. La policía de Brasil es considerada una de las que más mata y más muere del mundo. En torno a un 10% de las muertes violentas suelen ser obra de uniformados. La de Río, tanto de la ciudad como del Estado, ha destacado durante años a nivel nacional por su alto. La creciente incorporación de cámaras en los uniformes ha contribuido a reducir las muertes en enfrentamientos a tiros con criminales.

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La lucha por atrapar a Brother Wang, el capo chino del fentanilo

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México.-La historia de Zhi Dong Zhang se parece más a la de un agente doble durante la Guerra Fría que a la de un capo chino del fentanilo. Acusado de mover miles de kilos de droga y de blanquear millones de dólares a través de una organización criminal con tentáculos en medio mundo, Zhi Dong fue detenido en otoño del año pasado en Ciudad de México. Es un objetivo prioritario para Estados Unidos y todo parecía listo para su inminente extradición. Pero este verano escapó y dio comienzo una peripecia por varios países en un desesperado intento por esquivar la justicia estadounidense.

Fuentes oficiales mexicanas confirman a EL PAÍS que Brother Wang, uno de sus alias, se encuentra en Cuba, donde llegó con pasaporte falso tras ser rechazada su entrada en Rusia por lo mismo. México aguarda para que las autoridades cubanas concluyan su interrogatorio para recibirlo y, automáticamente, según las mismas fuentes, extraditarlo a Estados Unidos.

La decisión del juez fue criticada incluso por la presidenta, Claudia Sheinbaum. En plena negociación de un acuerdo de seguridad con EE UU, que tiene al fentanilo como enemigo público número uno, la mandataria salió a defender los avances de su Gobierno en el combate contra el crimen y cargó contra la decisión judicial. “El juez, sin ningún argumento, porque la Fiscalía estuvo peleando y dando todos los argumentos, le da prisión domiciliaria. No debería de haber tenido esa resolución por parte de un juez”. “¿Cómo es posible?”, insistió la mandataria, quien argumentó que su Gobierno ha estado insistiendo “en la corrupción del Poder Judicial”. El mismo juez de la capital que dio la polémica orden de mandar a Zhi Dong a arresto domiciliario hizo lo mismo con el exprocurador general, Jesús Murillo Karam, acusado de desaparición forzada y tortura en el caso Ayotzinapa.

La fuga del narco chino sucedió además en un momento especialmente delicado. Seis días antes, un tribunal federal de Georgia había emitido nuevos cargos contra Zhi Dong. En concreto, le acusan de lavar, solo entre los años 2020 y 2021, al menos 20 millones de dólares en Estados Unidos, a través de una compleja trama de más de 150 empresas fantasma y 170 cuentas bancarias.

Célula mexicana, célula china

El cerco sobre Zhi Dong se estrechó tras la detención reciente de uno de sus operadores, Ruipeng Li, al que le confiscaron cientos de documentos bancarios vinculados con Zhi Dong. Según la denuncia del tribunal de Georgia, a la que ha tenido acceso este diario, Li explicó a las autoridades estadounidenses cómo estaba organizado el negocio criminal. Por un lado, una célula mexicana se encargaba de recolectar el dinero de la venta de droga a los traficantes finales. Por otro, una célula china se dedicaba a recibir ese dinero negro y lavarlo a través de la red de empresas y cuentas bancarias.

La denuncia recoge un listado exhaustivo de los pagos por goteo que se realizan en distintas cuentas y en diferentes Estados: Georgia, California, Illinois, Nueva York, Michigan. Siempre por sumas que no superaban los 100.000 dólares y siempre en entidades solventes como Bank of América, JP Morgan o Wells Fargo. Según la denuncia, porque “esos bancos están acostumbrados a recibir altas sumas de dinero sin hacer demasiadas preguntas”. La mayoría de las transacciones eran a favor de la empresa Mnemosyne International Trading Inc, una de las compañías fachada vinculadas a Zhi Dong.

La investigación de la DEA incluye la intervención de llamadas y mensajes, así como seguimientos a las casas de seguridad donde resguardaban la droga. Zhi Dong utilizaba palabras clave para comunicarse con sus cómplices. “Coffee” significaba fentanilo. “Food”, cocaína. Los cálculos sobre la cantidad total de droga que la organización transportaba de México a EE UU ascienden a más de 1000 kilos de cocaína y casi 2.000 de fentanilo.

La denuncia judicial incluye también una descripción de Zhi Dong. Nacido en Pekín en 1987. Algo más de un metro setenta de estatura y unos 80 kilos. Pelo negro y ojos marrones. Alías: Brother Wang, El Chino, Tocayo, Pancho y Nelson Mandela. El enigmático capo chino usaba diferentes identidades y pasaportes falsos para moverse sin levantar sospechas entre América, Asía y Europa. Hasta su fuga de Ciudad de México y su intento de entrada en Rusia y posterior destino en Cuba. Las andanzas de Zhi Dong parece que esta vez están más cerca de acabar en una prisión estadounidense.

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