Análisis Noticiosos
La imposición del padrón abierto agravaría la crisis del sistema político: Análisis de Juan Bolívar Díaz
Si el sector que ahora hegemoniza el PLD impone el padrón universal abierto en la elección de las candidaturas de los partidos, frustraría los esfuerzos de años por una legislación de consenso y generaría mayor desconfianza y confrontación política
Para establecer la obligatoriedad del padrón universal abierto en la elección de las candidaturas de los partidos, el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) tendría que pasar por encima de una parte de su misma estructura, ignorar la posición de 24 partidos reconocidos, de la Junta Central Electoral y de entidades sociales.
La experiencia universal indica que la democracia interna de los partidos se puede garantizar con diversos sistemas de elección de candidaturas y dirigentes, por lo que no se justificaría una imposición que ya fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, y que generaría un agravamiento de la crisis político-institucional de la nación.
Reenvío al 2 de Octubre
El tema se ha tornado tan conflictivo que divide al mismo PLD, cuyo Comité Político de 35 miembros no pudo dirimirlo en la reunión convocada al efecto para el pasado sábado 16, que se extendió por 7 horas, excesivas para lo aprobado, y terminó reenviándolo para el lunes 2 de octubre, acentuando la convicción sobre su improcedencia cuando el secretario general del partido, Reinaldo Pared, lo calificó como “controvertido”.
El portal oficial del PLD, informa que acordaron respaldar que eleven la cuota de las mujeres al 40 por ciento de los cargos directivos y las candidaturas legislativas y al 50 de las municipales, mantener en 2 por ciento de los votantes en la última elección para el reconocimiento de nuevos partidos y reducirlo al 1 en segunda instancia. También ratificaron la inequitativa distribución del financiamiento estatal con 80 por ciento para los que saquen más del 5 por ciento del sufragio y el 20 a los demás en partes iguales, aunque diversos partidos y sectores sociales han propuesto 70-30 y más escalones de equidad, para que no reciban igual un partido que obtenga 50 o el 5 por ciento, ni tanta diferencia del 5 al 4 por ciento, o del 2 al menos del 1 por ciento, como ahora.
Otro acuerdo en el Comité Político fue adelantar la precampaña electoral al período mayo-agosto antes de las elecciones, lo que extendería a 5 meses las campañas electorales municipales que deben celebrarse el tercer domingo de febrero, y a 9 meses las presidenciales y congresuales del tercer domingo de mayo. Así el PLD contradice la demanda de achicar los períodos de campaña para reducir sus costos. La comisión bicameral que discute el proyecto de ley había consensuado que las primarias fueran entre agosto y octubre.
24 partidos contra 2
No hay explicación racional para que los seguidores del presidente Danilo Medina pretendan imponer la obligatoriedad de las primarias con padrón universal abierto contra una parte del PLD y casi todo el sistema político y las instituciones sociales que más se ocupan de la institucionalidad democrática, como Participación Ciudadana, Fundación Institucionalidad y Justicia y Fundación Prensa y Derecho, que han manifestado su rechazo ante la Comisión Bicameral que estudia el proyecto y que ha pretendido lograr consenso.
Al comienzo de esta semana, los partidos de oposición que han venido formulando reclamos de reformas político-electorales tras los comicios del año pasado, recurrieron de nuevo ante la Junta Central Electoral para expresar su oposición radical a que les impongan el padrón universal abierto en la elección de sus candidatos, advirtiendo que de ser aprobado por el congreso bajo dominio del PLD, recurrirían en demanda para que la ley sea declarada inconstitucional.
En el grupo figuran los partidos de oposición de mayor votación en los últimos comicios, como el Revolucionario Moderno, el Revolucionario Social Cristiano y la Alianza País. También el Quisqueyano Demócrata, Frente Amplio, Fuerza Nacional Progresista, Opción Democrática, Partido Humanista Dominicano y Alianza por la Democracia.
El PRD con padrón abierto
La mayoría de los partidos del Foro Permanente fueron aliados del PLD en las elecciones del 2016, pero no se han sumado al esfuerzo por imponer el padrón abierto. El aliado que sí lo ha hecho es el Partido Revolucionario Dominicano, contradiciendo opiniones anteriores de su presidente Miguel Vargas Maldonado, actual canciller del gobierno de Medina.
Cuando Vargas Maldonado fue vencido 53.4 a 46.6 por ciento por el expresidente Hipólito Mejía en la primaria del PRD efectuada el 6 de marzo del 2011 para la candidatura presidencial del año siguiente, adujo que fue el resultado de “la votación de entre 200 y 400 mil peledeístas y reformistas”, que según él preferían como candidato a su contrincante, aunque los votos válidos computados fueron sólo 967 mil 900. Y tanto él como Mejía aseguraban contar con un millón de seguidores.
Ese certamen es paradigmático de los que se oponen al padrón abierto en las primarias, porque fue el origen visible de la división del más antiguo partido de la historia nacional. Y el padrón utilizado no fue abierto por completo como se aboga ahora. Por tres elecciones seguidas, desde la que escogió precisamente a Vargas candidato presidencial para el 2008, el PRD utilizó el mismo “padrón semi-abierto”, resultado de cruzar el padrón universal de la JCE con el de los otros partidos mayoritarios, para excluir a los militantes de estos.
Pese a la diferencia de casi 7 puntos porcentuales (70 mil votos), Vargas nunca aceptó su derrota y se convirtió en un Caballo de Troya en la campaña electoral que finalmente perdió Mejía con 47 por ciento del sufragio.
Declarada inconstitucional
Una poderosa opositora a las primarias con padrón abierto obligatorio es la Junta Central Electoral, que sometió el proyecto de Ley de Partidos, el cual deja a cada agrupación la opción de decidir si lo hace con el padrón propio o el universal. El presidente de la JCE ha advertido de las complejidades que implicaría unas primarias con padrón abierto, simultáneas y organizadas y computadas por esa institución, y que tendría un costo económico similar a una elección nacional.
El doctor Julio César Castaños es coherente con la posición que sostuvo antes de presidir la JCE, pues fue precisamente la Fundación Derecho y Democracia, entonces bajo su presidencia, quien llevó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 286-04 del 15 de agosto del 2004 que estableció la elección de los candidatos de los partidos mediante el voto universal, y organizadas de forma simultánea por la JCE.
El 16 de marzo del 2005, tras ser debidamente apoderada del recurso de inconstitucionalidad, la Suprema Corte d e Justicia que presidía el doctor Jorge Subero Isa, con una pléyade de juristas sin militancia política, declaró la inconstitucionalidad de la ley. Uno de los motivos fue que no indicaba la fuente del financiamiento de esa votación universal. Ahora tampoco, y unos aspiran a que los pague por completo el Estado y otros a que una parte salga del actual financiamiento estatal a las organizaciones políticas. En cualquiera de los dos casos sería incrementar la carga del presupuesto nacional.
¿Deciden Danilo y Leonel?
Después de tantos años de búsqueda de consenso sobre la Ley de Partidos, sería frustratorio que sólo los intereses de Danilo Medina y Leonel Fernández decidieran un aspecto tan importante como imponer a todos los partidos un único método de elección de candidatos, cuando la votación con el padrón de militantes podría ser también un mecanismo democrático, razón por la cual el proyecto de ley en discusión establece que tiene que estar registrado en la JCE y actualizado cada año. El padrón abierto sólo rige en Argentina, Chile, Uruguay recientemente se estableció en Honduras.
La imposición abriría las puertas a conflictos internos, y aumentaría la suspicacia sobre tan pronunciado interés. La convocatoria al universo en un país de tanta tradición de trampas y fraudes electorales, permitiría la compra masiva de votos entre una masa que sin incentivos materiales no acudiría. Aun en las elecciones congresuales y municipales, cuando fueron separadas, no se pasó de la mitad de los convocados. Para el 2020 la mitad de los electores serían alrededor de 3 millones y medio, bien amplio para el tráfico de votos a favor de candidatos propios o de otros partidos.
Los opuestos a la elección de candidatos con padrón universal abierto no ocultan sus temores de que una imposición del PLD al respecto, promovida por el grupo que hegemoniza el poder, conlleve los riesgos de empleo del patrimonio público para incentivar votos, para imponer la reelección y motivar otra reforma constitucional, para favorecer a un emergente continuista o para favorecer que en otros partidos ganen los preferidos del poder. Aducen que el control del millón de pobres que tienen tarjetas de subsidios del Estado sería una fuente de perversión. La imposición agudizaría la confrontación y la crisis del sistema político nacional.-
Por José Cabral.
Nadie puede negar que la República Dominicana está en medio de la gran posibilidad de que pueda surgir un “outsider” en la política nacional, aunque el problema descansa en que no se ha articulado una propuesta que responda al nicho que se ha creado en esta dirección.
Prácticamente todas las encuestas colocan en un 54 ó 55 por ciento, aunque se piensa que es mucho mayor, las personas que no sienten ningún respeto ni vinculación con los partidos políticos, los cuales han llegado a un nivel de descrédito que nadie podía imaginarse.
Es tan grave el problema que esa realidad amenaza la democracia representativa, ya que en las últimas elecciones el país ha terminado con autoridades que no cuentan con la legitimidad necesaria para garantizar una buena gobernabilidad.
Pero frente a esa realidad la pregunta que todo el mundo se hace es si valdría la pena que en el país se produzca el fenómeno del “outsider” como que ya ha pasado en muchas naciones latinoamericanos e incluso en los Estados Unidos de América.
El último caso de este tipo se ha producido en Colombia, donde un abogado penalista, un depravado, defensor de narcotraficantes, de evasores de impuestos y de los paramilitares ha quedado en primer lugar en las elecciones presidenciales.
A Abelardo de la Espriella, un ultraderechista, sin ningún mérito, pero sin venir de las estructuras tradicionales del partidarismo político, se ha colocado en la puerta de la presidencia de Colombia, con un discurso agresivo y con una visión de cuestionamiento del derecho internacional que lo acerca al actual jefe de Estado de los Estados Unidos, Donald Trump, quien incluso ya lo ha apoyado.
El asunto es que este tipo de “outsider” no es saludable para que ningún país del mundo, porque representa un antivalor, un enemigo del derecho internacional y además un depravado que no respeta absolutamente nada ni a nadie.
Entonces, si la República Dominicana se viera en ese espejo estaría en un escenario que significa un evidente retroceso al bienestar que se supone debe garantizar todo aquel que se opone a la partidocracia, que nadie puede negar que en todas estas naciones ha implicado una gran desgracia para los pueblos.
Por esta razón es que creo que, si en la República Dominicana se crean las condiciones, como ya parece que ocurre, para desplazar del poder a los partidos políticos, tiene que ser para bien, no para mal, ya que debe ser un “outsider” que cuente con un plan programático y estratégico a corte, mediano y largo plazo para poder lograr las transformaciones que demanda la sociedad.
Naturalmente, la preocupación de que el problema del país no sólo descansa en el funcionario público, el cual procede de los partidos políticos, instancias totalmente corrompidas y enemigas del progreso nacional, sino también en la visión y actitud distorsionada del ciudadano como resultado del neoliberalismo salvaje introducido en el país por Leonel Fernández.
Tal vez ahí esté la explicación de que una opción con una visión colectiva, no individual, no haya podido consolidarse en el país, ya que articular este tipo de propuesta implica, según lo que se ve, romper con lo que luce ser una utopía por la forma en que el neoliberalismo se ha apropiado de la mente y el sentir de la gente.
Pero si Dios quiere y en razón de que las condiciones están dadas para que en el país surja un “outsider”, ojalá sea para bien y no para mal, contrario a como se observa que se produce en Colombia y en otros países latinoamericanos.
El “outsider” dominicano tiene que ser para romper con la vieja política, a los fines de acabar con la corrupción y los principales males que aquejan a la sociedad en asuntos tan fundamentales para tener crecimiento y desarrollo nacionales como el empleo, la institucionalidad, la seguridad pública y ciudadana y en otros aspectos que durante décadas han representado una retranca para la nación.
Por José Cabral.
Los jueces y juezas son considerados emperadores que tienen el privilegio de juzgar la conducta de los demás, pero nunca la de ellos, convirtiéndose muchas veces en los funcionarios públicos que violan más que cualquier otro agente del Estado los derechos de las personas.
La explicación del abuso de poder desde la condición de juez, jueza o fiscal consiste en que somos una nación donde la democracia existe más de apariencia que de realidad y que ello obedece a la herencia patriarcal, machista, caudillista y de amiguismo que genera mucha tolerancia con el que infringe la ley desde la sombrilla del Estado, cuya visión descansa en la herencia histórico-cultural anti-democrática.
La República Dominicana ha pretendido desarrollar una democracia en la que prevalezca el principio de legalidad, juridicidad y de igualdad, pero este propósito ha resultado ser una utopía porque los tiempos de dictaduras tienen un fuerte peso en la vida nacional.
En el Estado democrático los derechos no están por encima de los deberes, ambos van de la mano, pero en los países con escaso nivel de desarrollo la gente piensa que no tiene que cumplir con sus obligaciones y que los derechos son absolutos.
Hace muy pocos días que los actores del sistema de justicia se lanzaron a un paro de labores en demandas de mejores condiciones salariales y de trabajo en sentido general, lo que nadie le regatea porque la realidad es que las mismas son deprimentes, aunque ello no justifica la forma en que muchos tribunales se manejan en los casos que les llegan.
Todo el mundo sabe o por lo menos constitucionalmente está establecido que los jueces son garantes fundamentales de la justicia y la paz social, ya que su principal papel es administrar justicia mediante la solución de conflictos de manera imparcial, aunque este concepto luce ser una utopía.
Los jueces se supone que actúan como puente mediador entre las leyes y los ciudadanos, asegurando la equidad, el respeto a las garantías constitucionales y la estabilidad del Estado de Derecho, ya que en la sociedad contemporánea el ejercicio de la judicatura abarca funciones esenciales que van más allá de simplemente aplicar la ley escrita, sobre todo en una época en que el derecho ha entrado en un profundo proceso de constitucionalización.
Sin embargo, cuando el sistema de justicia no cumple con su rol, entonces llega la distorsión que tiene que ver con la vía de hecho, dado que éste tiene la misión teórica de darle a cada ciudadano lo que le corresponde, a los fines de evitar hacer justicia con sus propias manos y para garantizar una convivencia ordenada.
La justicia también debe velar porque prevalezca el principio de legalidad y de juridicidad para el control del poder, ya que representa un contrapeso vital al supervisar que los actos de los otros órganos del Estado se ajusten a la Constitución y al bien común, pero todo ello requiere, además, que los jueces, juezas y demás actores de la judicatura nacional también ajusten sus actuaciones a los deberes que les impone la ley sustantiva de la nación y las normas por las que se rige el Poder Judicial.
Análisis Noticiosos
Es imperdonable que Subero Isa haya mal asesorado al presidente de la República.
Por José Cabral
Cuando el Congreso Nacional aprobó en violación de la Constitución la promulgada Ley 13-26 que persigue anular las candidaturas independientes, muchos confiamos en la amplia formación y la vocación democrática del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien ahora se desempeña como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.
Siempre pensé que lo mínimo que podía sugerirle Subero Isa a Luis Abinader era no promulgar esa pretendida ley y en su lugar recomendar observarla por constituir una violación muy grave a la Constitución de la República y a una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que el jefe de Estado prometió cumplir cuando se juramentó en el cargo.
Pero aun después de la promulgación en una conversación con el promotor de la acción directa de inconstitucionalidad en contra de los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23, Alberto Fiallo, éste decía que parece que Subero Isa no había jugado ningún papel en semejante agravio a la democracia y al proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana.
E incluso planteó el amigo Fiallo que Subero Isa no había tenido ninguna participación en semejante disparate jurídico, porque se veía que se trataba de un asunto manejado políticamente desde el Partido Revolucionario Moderno (PRM), lo cual parece lógico en razón de que fue algo manejado por los cuadros más importantes de la organización oficial.
Sin embargo, luego de ver la recomendación al presidente Abinader de Subero Isa en su condición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo de que no se meta en lo referente al conflicto entre los jueces, juezas y demás personal del Consejo del Poder Judicial, todo indica que de igual modo debió haberlo hecho con la promulgación de la Ley 13—26.
No hay ninguna razón de que Subero Isa no haya intervenido en la decisión del presidente en lo que respecta a la promulgación de la Ley 13-26, máxime cuando el consultor jurídico ya había hecho pública su posición en contra de las candidaturas independientes.
De ser así, Subero Isa ha incurrido en su peor error como hombre público y jurista de una larga trayectoria, porque se trata de una acción antijurídica y que de alguna manera desmiente la creencia que nos hemos creado muchos de que este expresidente de la Suprema Corte de Justicia es un profesional del derecho lo suficientemente acabado y formado para el mejor de los consejos.
Si esta hipótesis es cierta entonces estaríamos ante un gran fiasco, porque no sé si Subero Isa sabe que con lo que podría ser esa asesoría a un hombre como el presidente Abinader, quien no tiene la menor idea de asuntos constitucionales, lo ha sumergido en una grave violación al derecho interno y externo, lo cual perdurará para toda la historia del país.
Sería imperdonable que Subero Isa no entienda la importancia que tiene en la democracia nacional el proceso de constitucionalización del derecho que se inicia en el país con la Constitución del 2010 y de la que se deriva la referida figura jurídica y que tampoco digiera el fenómeno que tiene que ver con la defensa y preservación de los derechos fundamentales en la sociedad dominicana, ya que la decisión de Abinader busca arruinar y eliminar el derecho, valores y principios de legalidad, proporcionalidad, pro participación y de dignidad humana.
No es que Subero Isa no tiene el derecho de estar en contra de lo que considere, pero de igual modo se entiende que es totalmente inaceptable que él se ponga en contra de una jurisprudencia que tiene el sustento del mandato de la Constitución.
Considero que la figura de Subero Isa se degrada y queda muy mal parada cuando entra en el juego de la politiquería al recomendar, si fue que así ocurrió, la promulgación de la Ley 13-26, que en buen derecho no es más que un contrasentido jurídico y que no puede tener otro destino que su nulidad.