Opinión
La impunidad se está imponiendo desde un Estado controlado por Abinader, EEUU, PRM y multimillonarios
La Procuradora independiente está cercada y la sociedad está obligada a romper el cerco.
Por Narciso Isa Conde
La sociedad dominicana comienza a inquietarse por la lentitud que se observa y los obstáculos que se les interponen, mutilan y bloquean el reclamado proceso en favor del fin de la impunidad de los delitos de Estado cometidos por conspicuos personeros de la partidocracia tradicional de todos los colores, cúpulas empresariales y altas jerarquías policiales y militares.
El accionar de la Procuradora Miriam Germán -de cuya integridad moral y compromiso con la justicia y la acción contra la impunidad sin preferencias nadie duda- luce cercada y obstruida por los agentes y factores que sostienen en gran escala el régimen de impunidad..
Y mientras tanto, el Presidente Abinader y no pocos representantes y portavoces del Estado -junto a poderosos medios de propaganda que les sirven- insisten en vender la idea de que, a partir del pasado 16 de agosto del 2020, en este país existe una “justicia independiente”.
Menos aun puede probarse la vigencia de un Poder Judicial (o sistema de tribunales) independiente, dado que el cuadro general en sus diversos escalones o instancias.es todavía peor que en las fiscalías.
En realidad, la actual correlación de fuerzas y la actitud del gobierno y las instituciones del Estado favorecen mucho a poco la continuidad en múltiples vertientes del régimen de impunidad histórica y también la venalidad judicial frente a la nueva corrupción en la nueva Administración de Estado y en su relación con la corruptela del gran capital privado y de los viejos y nuevos aliados del nuevo régimen.
El caso es digno de ser tenido en cuenta como experiencia a nivel continental aleccionadora.
El RESTO DEL ESTADO NO APORTA A LA INVESTIGACIÓN y AL ACCIONAR CONTRA LA IMPUNIDAD REINANTE
Los archivos del Palacio Nacional, de los Ministerios y entidades gubernamentales, del Congreso, Cuerpos Castrenses y Policía, DNI, DNCD, Alcaldías, Consejo Antidroga, Servicio Exterior, Empresas de Servicios Públicos, Organismos Fiscalizadores, Recaudadores y Financieros, Medios de Comunicación, Corporaciones, Bancos y Empresas Estatales, Autónomas del Estado o Mixtas…cuentan con valiosos y voluminosos fardos de pruebas e informaciones útiles para estructurar expedientes criminales y meter presos a un conjunto de empresarios privados y de funcionarios (civiles y militares); evidencias y pruebas que nunca llegan a la Procuraduría, ni a las fiscalías y tribunales de la República.
Esa cuestionable conducta depende en gran medida del Poder Ejecutivo y los dirigentes de los organismos electos, que no aportan nada sustancial, o contribuyen muy poco al accionar judicial contra la impunidad; históricamente limitado y usado por los gobiernos de turno como arma política contra adversarios electorales.
Ni hablar de cómo las grandes corporaciones privadas escamotean al Estado las informaciones sobre fraudes, evasiones y estafas multimillonarias.
Acontece, además, que ni el Presidente ni el Congreso le asignan a la Procuraduría un presupuesto que le permita crear estructuras y equipos para abortar tantos casos atascados; mientras esos poderes del Estado disfrutan de elevadas asignaciones que se derrochan en escandalosos privilegios, prácticas de nepotismo, empleos súper-numerarios y entidades disfuncionales.
El Presidente Abinader solo ha favorecido parcial y limitadamente investigaciones y procesos contra una parte de la corrupción danilista, mientras dilata la que concierne a su plana mayor; protege descaradamente a Leonel y sus alcancías mayores, a los jefes y ex jefes militares-policiales asesinos y ladrones, a las mafias empresariales privada y a los protagonistas y beneficiarios de la corrupción balaguerista, perredeista, hipolitista, perremeista, a partiditos, ONGs y Fundaciones sanguijuelas; y, para colmo, obvia los grandes delitos ambientales y contratos-estafas de las corporaciones mineras, turísticas y agropecuarias, mientras pregona en grande una transparencia y una vocación anticorrupción altamente deficitaria.
En la agenda del Presidente Abinader y de su gobierno no ha entrado la compra fraudulenta de las acciones de Baninter en Antena Latina y Antena 21 (me refiero al caso Bonetti-Fantasma, con dossier de pruebas incluidas, depositado en la Procuraduría por nosotros/as).
Tampoco la estafa de la AES y los Vicini a FONPER, el contrato leonino de Sansouci con los Vicini, el Contrato Estafa con Barrick Gold, el pasivo ambiental de Falcondo, el escándalo de COGENTRIX-González Bunster; el Grupo Martí, Arturo Santana y las mafias del gas propano y los combustibles.
Ni los financiamientos electorales de ODEBRECHT, ni la estafa colosal de Punta Catalina y sus consorciados INGENIERO ESTRELLA y ACERO ESTRELLA.
En su agenda no están incluida la operación fraudulenta de los Súper-Tucanos de Leonel y sus jefes militares, las fortunas procedentes de narco-corrupción y la narco-política (debidamente denunciadas por Tiro al Blanco y que incluye financiamiento electoral al PRM) y todo el contenido del ARCHIVO ABIERTO DE MARCHA VERDE.
Pero tampoco estos casos forman parte de la agenda activa o actuante de una Procuraduría atiborrada de casos, limitada de medios y cercada y obstruida por el resto del Estado, incluidos no pocos componentes del sistema judicial que la adversan.
Ni están en ninguna agenda estatal numerosos casos que bien puede inscribirse en la fase inicial de la nueva corrupción impune, correspondiente a los siete primero meses Gobierno y al Estado bajo la conducción del Presidente Abinader-PRM y aliados, los mega-millonarios de la oligarquía capitalista tradicional y la lumpen burguesía de nuevo tipo, tales como:
– La promoción presidencial gratuita a los carros eléctricos de la TESLA.
– La complicidad del Administrador del Banco de Reserva en la estafa de los Súper-Tucanos.
– La protección a los grandes empresarios mencionados más arriba que han estafado al Estado.
– El tráfico de influencia que implica designar a Lisandro Macarrulla, del Grupo Vicini, como responsable de la Comisión de Venta de Activos del Estado y miembro del Consejo encargado de instrumentar las APPs.
– El nombramiento de Jorge Mera como Ministro, al tiempo que fungir como defensor legal de Ángel Remigio Gonzales (El Fantasma), principal beneficiario del fraude de Antena Latina.
– El escándalo de la compra sobrevaluadas de Tabletas a la Novia de Villa de Andy Dahuajre y otras operaciones similares del Ministerio de Educación.
– Las viejas y nuevas ejecuciones extrajudiciales de la PN, y los robos que les han permitido a sus jefes amasar fortunas.
– El contrato ecocida con la Belfond y Acero/Acero en el Bahoruco Oriental-Barahona.
Pienso que cambiando los nombres de los casos y personajes, situaciones similares se repiten en no pocas de las llamadas democracias representativas y regímenes de derecha de Nuestra América.
URGE REACCIONAR
Urge romper el cerco y salir del estancamiento.
No debemos permitir pasivamente que la Procuradora Miriam Germán, patrimonio moral de la Nación y conquista puntual del movimiento anti-impunidad, sea tratada de esa manera.
No debemos permitir que continúe está delicada situación sin ser denunciada en todas sus vertientes.
Ella, además, tiene bagaje para contribuir a romper el cerco y pasar a la ofensiva.
Hay que sacudirse del conformismo que implica aceptar complacientemente que la acción anticorrupción y anti-impunidad tengan miras tan cortas y limitadas como la de atacar solo una parte de la corrupción danilista.
Frente al cerco y las obstrucciones, la mejor defensa es diversificar el ataque con los medios disponibles, poniendo de relieve otras vertientes de la corrupción.
Hay casos e iniciativas no activadas sobre las que la Procuraduría dispone de testimonios, datos y pruebas que permiten abrir nuevos procesos o ampliar y profundizar una parte de los ya instrumentados, tales como mostrar las sobrevaluaciones de las obras de Odebrecht y sus financiamientos o sobornos electorales, activar en sí mismo el caso de las Plantas Eléctricas de Punta Catalina (mostrando el involucramiento del ex-presidente Danilo Medina con Odebrecht y develando los Codi-Nombres sobornados); descubrir todo el fraude de los Súper-Tucanos de la Embraer brasileña, con las evidencias que implican al ex-presidente Leonel Fernández Fernández; y desnudar las estafas de Antena Latina, FONPER-EGE HAINA-EGE ITABO, los fraudes de las mafias del gas propano y de los combustibles, y otros casos que tocan directamente a otras mafias políticas, empresariales y militares.
Esas iniciativas -junto a la investigación, emplazamiento y sanción de la nueva corrupción- cambiarían el cuadro y situaría a la defensiva a quienes, encabezados por el propio Presidente Abinader, pretenden imponer la lógica de los corruptos favoritos impunes.
La propia Procuradora General de la República necesita ya dar pasos más contundentes y generar debates de más profundidad, que no dejen espacio a las dudas respecto a su inconmovible independencia respecto al Gobierno y a los diversos componentes de la delincuencia de Estado y empresarial.
Esto es sumamente necesario para contrarrestar el plan que persigue debilitar su bien ganado prestigio y sembrar desconfianza en su gestión, lo que también requiere emplazar a otros poderes e instancias del Estado a cumplir con su deber, detener sus obstrucciones y abandonar sus negativas a potenciar acusaciones y cargos penales contra una gran parte importante de los protagonistas y beneficiarios de la gran corrupción y delitos conexos.
Hay que atreverse hacer lo que parece imposible, actitud capaz de generar apoyos que posibiliten cambiar la correlación de fuerzas y calentar las calles y plazas de la Nación.
La dignidad y la verdad pueden mover montañas y contrarrestar y estremecer un sistema constitucionalmente diseñado e instalado para prolongar indefinidamente, obstruir y debilitar la acción de justicia que afectaría a sectores poderosos.
Por Narciso Isa Conde
«Como pueblo estamos sufriendo un aumento vertiginoso de precios del petróleo y derivados…combustibles refinados, gas, agroquímicos.»
La guerra desatada por EEUU e Israel contra Irán tiende a agravar en grande la crisis energética hasta convertirla en crisis económica y social mundial con tendencia a una gran depresión
Abinader, lacayo al fin, se comprometió con la agresión a Venezuela y apostó a EEUU y a Israel contra Irán, pelándose el billete vasallo.
Igual aconteció con toda la partidocracia y la plutocracia dominante en este país, colocada al servicio de EEUU y del facineroso trumpismo dominante; al margen de los cambios mundiales en gestación: BRICS, Sur Global, China, Rusia y nuevo orden mundial multipolar.
Como pueblo estamos sufriendo un aumento vertiginoso de precios del petróleo y derivados…combustibles refinados, gas, agroquímicos…
Estamos ante una cadena inflacionaria en la producción, servicios y distribución: alzas de alimentos, bebidas, agua, ropa, viviendas, transporte, salud, educación…
La guerra global infinita, como respuesta imperialista a su decadencia, ha encontrado en Irán el pantano mayor y el revés que precipita la tendencia a su caída.
Los hay beneficiarios de las guerras, aunque las pierdan: el Complejo militar industrial, el sistema financiero, las industrias armamentistas, los consorcios petroleros, mineros y micro-electrónicos, y las elites capitalistas dominantes.
Los cruelmente castigados por las guerras, la destrucción, las muertes y la carestía, están a la vista: pueblos y países oprimidos no
La propuesta del pacto nacional del lacayo Abinader incluye a culpables y no culpables; a responsables y no responsables de genocidios, destrucciones, penurias, carestía, inflación generalizada e incremento brutal de las desigualdades sociales.
· ¿CUÁL TRANSFORMACIÓN FISCAL?
De nuevo se habla de reforma fiscal para imponer una contra-reforma o una reforma tributaria regresiva en el marco de un pacto en que gobierno, estado y elites capitalistas ejercen el poder contra el pueblo trabajador.
Nos quieren cargar la inflación de las guerras que ellos han respaldado, plegándose a EEUU e Israel, renunciando a una política de paz o guardando silencio cómplice frente a la prepotencia criminal del neofascismo imperialista.
Se proponen aumentar impuestos al consumo, mantener los impuestos a los combustibles, prolongar los privilegios, evasiones y exenciones; y obligar al pueblo a pagar combustibles, medicamentos, alimentos, servicios de salud y educación y transporte. muchos más caros, apenas pellizcando a los tutumpotes.
Esto es inaceptable.
Los movimientos sociales y las izquierdas transformadoras no tienen que pactar nada con este gobierno, este Estado y la clase que los usurpa, sino arrancarle a las elites capitalistas y a la partidocracia lo que se roban todos los días.
Una transformación fiscal progresiva obliga a modificar y ampliar las fuentes de ingresos del Estado para cubrir gastos y financiar inversiones públicas, planes sociales, políticas de bienestar colectivo, servicios públicos, mejorar la producción nacional, recuperar soberanía, adquirir insumos y equipos vinculados a la investigación y realizar inversiones relacionadas con las ciencias, tecnologías de punta y humanidades.
En consecuencia, implica aumentar los ingresos del estado, revisar y reformar el gasto público, redefinir prioridades, eliminar y/o recortar exenciones y exoneraciones, erradicar dispendios y detener derroches; suprimir prebendas, privilegios, gastos suntuarios y corruptelas…
En ese tipo de transformación es fundamental, por tanto, definir y precisar el propósito general de la misma.
Con esos fines, en estas condiciones de desigualdades y abismos sociales dramáticos, de empobrecimiento material y espiritual creciente, en una sociedad con volúmenes enormes de personas en la miseria y elites burguesas opulentas, es imprescindible adoptar medidas que garanticen mejorías significativas en las condiciones y calidad de vida del pueblo de a pie; así como igualdad salarial y de ingresos por trabajos similares de hombres y mujeres, y en todas las edades de la fuerza humana laboral disponible.
En caso contrario, no será una reforma progresiva, sino regresiva o más bien, contra-reforma.
Pero, además, a esto emplaza:
1.-La enorme degradación ambiental, las carencias y déficits brutales en educación, en alimentación y bajos salarios,
2.-El alto desempleo, el enorme subempleo, la dramática marginalidad económica-social, y los graves problemas de salud, seguridad social y seguridad ciudadana…
3.- El altísimo déficit de viviendas, agua y electricidad, con un estado delincuente, la dependencia galopante y significativos déficits en la producción nacional y la balanza comercial.
La REFORMA FISCAL para ser una transformación del sistema fiscal que beneficie a los pobres, debe centrarse en mejorar las condiciones de vida del pueblo empobrecido, con un plan preciso que toque todos esos capítulos interrelacionados.
Con esas grandes metas pendientes, las verdaderas reformas no pueden ser «equitativas» o «equilibradas» en cuanto a su impacto sobre ricos y pobres, como mañosamente se pregona.
No debe serlo, ni en el orden de los ingresos ni de los gastos.
Las transformaciones deben parcializarse; esto es, destinarse a favorecer a los pobres y a enfrentar los males acumulados.
Alejarse de ser instrumentos de los ricos y muy ricos.
Necesitan ser inclinadas a revertir un orden tributario basado en impuestos al consumo, que penaliza sobre todo y en gran medida a la pobrecía y a sectores de las capas medias.
Requieren reducir gastos corrientes no prioritarios y aumentar las inversiones productivas.
Deben, al menos, quitarle algo significativo a los que poseen riquezas escandalosas y a la vez reciben ganancias insultantes, para redistribuir esos bienes y esos dineros a beneficio de los que menos tienen,
Eso requiere aumentar escalonadamente, a niveles muy superiores a los actuales, los impuestos a la renta; gravar las grandes fortunas, ponerles fuertes impuestos a propiedades mega-millonarias, al consumo lujoso, y a la usura (bancos); y, además, recuperar sumariamente las enormes riquezas robadas al estado y al patrimonio público y natural del país.
Los cambios deben dirigirse a captar los recursos y reducir gastos asignados, o indebida e injustamente apropiados, actualmente destinados a beneficiar unilateralmente a la clase dominante, sectores opulentos, parasitarios y corruptos…para entonces destinarlos a satisfacer necesidades imperiosas de PUEBLO TRABAJADOR.
Ingresos y gastos mal orientados, guardan ahora una fuerte relación con un presupuesto actualmente insuficiente, deficitario, con una ridícula asignación en gasto de capital y un abultado gasto corriente, sensiblemente menguado, en más de un 30 %, por el pago de los servicios de la deuda pública. Algo que es preciso reformar y superar.
Entiendo inaceptable que, en nombre de una reforma fiscal y de la necesidad de aumentar los ingresos y racionalizar el gasto, sean afectados los/as de abajo y los/as del medio.
El sentido de justicia debe primar ante a un cuadro de crecimiento económico brutalmente desigual y bárbaramente injusto en su distribución, en la apropiación y disfrute de las riquezas producidas, y las penurias impuestas a las mayorías populares despojadas de toda fortuna.
La ley del embudo debe comenzarse a desmontar sin vacilaciones
Por Isaías Ramos
Mientras el Gobierno y el ministro de Turismo celebran nuevos récords de visitantes y presentan el turismo como prueba del éxito nacional, el país real sigue haciéndose una pregunta más dura: si todo va tan bien, ¿por qué tanta gente vive cada vez peor? Solo en el primer trimestre de 2026, el Gobierno informó la llegada de 3.71 millones de visitantes. Pero el costo promedio de la canasta básica familiar a febrero de 2026 fue de RD$48,476.88, mientras el salario mínimo más alto del sector privado no sectorizado rondaba los RD$30,000 y el de una microempresa apenas RD$16,993.20. Ese contraste no es una anécdota estadística. Es la radiografía de un modelo que produce vitrinas de éxito mientras deja a una gran parte del pueblo atrapada en la lógica de la sobrevivencia.
No se discute que turismo y zonas francas generen actividad. Lo que se discute es otra cosa: que, pese a sus récords de visitantes, exportaciones y divisas, el país no logra convertir suficientemente ese dinamismo en prosperidad amplia, salarios dignos y movilidad social real. En el turismo hotelero, el salario mínimo subió a RD$19,320 desde junio de 2025 y alcanzó RD$21,840 en junio de 2026. En zonas francas, el aumento aprobado fue de 25% en dos tramos. Pero aun con esos ajustes, esos ingresos siguen muy lejos del costo promedio de la canasta básica familiar. El problema, entonces, no es solo cuánto crecen esos sectores, sino cuán poco de ese crecimiento se traduce en dignidad material para quienes los sostienen con su trabajo.
El propio informe internacional reseñado por Diario Libre admite que la República Dominicana tiene crecimiento, sí, pero concentrado. Advierte que, sin reformas en profundidad financiera, formalización de nuevas empresas, capacidad de innovación y reducción de exclusiones sociales, el país puede quedar atrapado en un nivel medio de prosperidad. Es decir, el problema no es la ausencia de crecimiento; el problema es que ese crecimiento no baja con suficiente fuerza al cuerpo social. Lo que hoy se vende como éxito muchas veces no pasa de ser una fotografía parcial del país.
Y esa parcialidad se hace todavía más evidente cuando se mira a las micro, pequeñas y medianas empresas. Mientras se sostienen sectores privilegiados, las mipymes —la base más extensa de la economía real— siguen cargando con financiamiento caro, presión fiscal, baja protección y servicios públicos precarios, a pesar de que generan alrededor de 61.6% del empleo nacional. En un país serio, esa realidad bastaría para reordenar prioridades. Aquí, en cambio, se siguen privilegiando sectores ya favorecidos mientras a la base productiva se le exige resistencia.
El problema no es que el turismo o las zonas francas no aporten. El problema es que el modelo ha tolerado que el territorio nacional, la infraestructura pública, la mano de obra y los privilegios fiscales sirvan para generar riqueza sin que una porción suficiente de ese valor se quede transformando la vida material de la mayoría. Aunque parte del consumo hotelero se suple desde el agro dominicano, el régimen de incentivos no está estructurado alrededor de un compromiso suficientemente exigente, transparente y verificable de compras locales, proveedores nacionales y valor agregado interno. Y, sin embargo, el Estado deja de recaudar miles de millones de pesos cada año en gasto tributario para sostener esos sectores. La pregunta ya no es si generan actividad. La pregunta es si generan, en proporción a los privilegios que reciben, bienestar amplio, encadenamientos productivos y movilidad social.
La contradicción se vuelve todavía más dura cuando se observan las prioridades del poder. El presidente ha sometido un préstamo de US$400 millones para agua potable y saneamiento en Punta Cana-Bávaro, uno de los polos más favorecidos por el modelo turístico. Nadie discute la importancia de proteger acuíferos ni de ampliar el saneamiento. Lo que sí debe discutirse es por qué un Estado que sigue pidiendo sacrificios fiscales a la nación concentra un esfuerzo de esa magnitud en una de las zonas más rentables del país, mientras amplias franjas de la población continúan padeciendo servicios hídricos inseguros o poco confiables. Eso no es solo una decisión técnica. Es una definición de prioridad nacional.
Lo más delicado de este modelo no es solo su concentración económica, sino su efecto moral. Se le pide paciencia al pueblo mientras se celebran récords. Se le pide sacrificio a la mayoría mientras una parte del país convierte el crecimiento en blindaje. Se le pide fe en el futuro a quien todavía no puede resolver el presente. Y así se consolida una economía donde los beneficios se concentran arriba mientras la sobrevivencia cotidiana se normaliza abajo. Cuando la mesa de la familia dominicana sigue siendo el lugar donde se siente el encarecimiento de todo, los titulares de éxito pierden legitimidad moral ante la vida real del pueblo.
En el Foro y Frente Cívico y Social consideramos inaceptable seguir enrostrándole al pueblo tanto “éxito” mientras una parte tan amplia de la población continúa viviendo en penurias. La República Dominicana no necesita más propaganda del éxito. Necesita una revisión profunda del modelo. Necesita salarios que se acerquen a la vida real, un compromiso medible de encadenamiento de turismo y zonas francas con la producción nacional, una revisión severa de los privilegios fiscales que no acrediten retorno social suficiente, más apoyo efectivo a las mipymes y al agro, y una política económica que deje de confundir récords sectoriales con prosperidad nacional.
Porque cuando un país crece y el pueblo no respira, el problema ya no es de comunicación. Es de dirección nacional.
(segunda entrega)
Por Oscar López Reyes
Antes que Donald Trump, dos presidentes de Estados Unidos confrontaron ásperamente a la prensa, John F. Kennedy (1961-1963) y Richard Nixon (1969-1974): El primero sufrió un atentado fatídico y el segundo se vio compelido a renunciar como jefe de Estado. El tercero, Trump, más contestatario en el contrapunteo, si prosigue con su megalomanía e irreflexivo comportamiento, seguirá desencadenando más percances/heridas a los habitantes del globo terráqueo y por la turbulencia no fondeará la barca presidencial en buen puerto.
Trump, osado hasta el extremo, triunfó en las elecciones del 8 de noviembre de 2016 por la manipulación oculta del presidente ruso Vladimir Putin, y el 30 de octubre de 2025 escuchó con torcimiento la retórica de paz del presidente de China, Xi Jinping, en Corea del Sur: En son de concordia, este ha invitado a Trump a visitar próximamente a Zhongguo -la tierra de la muchacha o sirvienta- y luego Jinping estará en Estados Unidos. Contemplando las siete asombrosas maravillas contemporáneas de China, ¿cederá el presidente norteamericano en su beligerancia?
Desde su campaña electoral de 2016, Trump ha desbordado todos los límites frente a los medios de comunicación: Ha impedido el acceso de reporteros a actos y a la Casa Blanca, suspendió la estatal La Voz de América y la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales; ha demandado judicialmente a más de 30 periodistas y medios, y amenazado con suspender licencias de transmisión.
Y se solaza –con gesto teatral- endilgándolos como “enemigos del pueblo, que se inventan fuentes anónimas” y actúan ilegalmente, y a los periodistas los ha calificados como “Cerdita, silencio”, “izquierdistas”, “corruptos” difusores de “noticias falsas”, “imprudentes y maliciosos”, “deshonestos”, “desagradables”, “reporteros de baja calaña” y “escorias humanas”.
“¿Saben por qué lo hago?”, se preguntó. Y contestó: “Lo hago para desacreditarlos y menospreciarlos a todos, para que cuando escriban historias negativas sobre mí, nadie les crea”.
Aparte de las eventuales recomendaciones de Jinping y Putin, un trío de amigos de confianza o familiares de Trump tendrá que pedirle un encuentro íntimo, que comience con una sesión de meditación yoga para la relajación -repitiendo con los ojos cerrados por media hora- un mantra que le tranquilice la mente. ¿Aceptará?
Esos tres atrevidos deberán fungir como consejeros y razonarle -que interprete diáfanamente que se trata de un mensaje de ayuda- que sus disposiciones están impactando perjudicial/dañinamente a los mercados y la economía política global, y en particular a Estados Unidos, que conducían a un holocausto nuclear; que está perdiendo la batalla en la opinión pública y que su desafiante postura de no tener miedo, el establishment y el primer ministro de Israel, el genocida de Gaza Benjamín Netanyahu, lo han colocado peligrosamente en el filo de la navaja.
Además de los medios de comunicación, Trump no deja pasar el tren para pactar marchs, encarar a los superpoderes globales, como China y Rusia; amenazar a distintos países y arreciar la crueldad contra el sufrido, digno y solidario pueblo de Cuba. Pero no se percata que respalda a numerosos presidentes absolutistas, por coincidencias estratégicas, y que se ha convertido en el presidente más anti-democrático en la historia estadounidense.
En su segundo mandato iniciado el 20 de enero de 2025, Trump ha realimentado la Doctrina Monroe de 1823, reetiquetada como la «Doctrina Donroe», en su visión de «la Gran América del Norte» y con una política exterior de «Escudo de las Américas», guarecida en la meta de supremacía universal de Estados Unidos.
No obstante haber proclamado que pondría fin a la participación de Estados Unidos en costosas y destructivas guerras extranjeras, ha llevado a cabo una ofensiva a gran escala contra jefes de Estado, detrás de concesiones para reforzar la presencia de su nación imperialista y limitar influencias externas en el hemisferio Occidental.
Resumamos en 10 puntos las más de 30 controversias y traspiés de Trump:
1.- Imposición unilateral de aranceles globales a importaciones, entre un 10 y un 100%.
2.- Enfrentamiento con Cuba, Canadá, Panamá y su canal, Venezuela y su petróleo, Colombia, Brasil, China, la Unión Europea/OTAN, Rusia, Corea del Norte, México y su Golfo, Dinamarca y su Groenlandia, y Harvard y la primera universidad norteamericana.
3.- Apoyo al exterminador de la Franja de Gaza – Benjamín Netanyahu- y las guerras en Ucrania, Irán, El Líbano y otros territorios de Asia y África.
4.- Destrucción extrajudicial de embarcaciones sospechosas de transportar drogas en aguas del Caribe y el Pacífico, con un balance de 175 muertos.
5.- Intensa presión sobre el presidente de la independiente Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, a quien el gobernante amenazó con despedirlo si no reducía drásticamente la tasa de interés.
6.- Reveses por parte de jueces que han frenado disposiciones suyas, como la protección a periodistas y a medios de comunicación.
7.- Paralizaciones judiciales sobre repatriaciones.
8.- Purgas en jerarcas castrenses y destituciones del secretario de Seguridad Nacional, la Fiscal General, el asesor de Seguridad Nacional y otros miembros de su gabinete.
9.- Suspensión de visas a una larga lista de ciudadanos de 75 países.
10.- Insultos y choque con el papa León XIV.
Sin referencias metafóricas, estrategas políticos y militares han dado relevancia, en eventos y en textos, que cuando el líder de una instancia con facultad de mando -presidentes de la República, corporaciones privadas, organizaciones políticas, religiosas, sindicales y otras- se abren múltiples frentes simultáneamente manipulan una caja giratoria que pilotea hacia el desgaste de su liderazgo, su legitimidad y vulnerabilidad.
Psiquiatras y psicólogos puntualizan que cuando una persona está abrumada aparece el “efecto bloqueo” mental y lidiando con tantos frentes, un gobierno se vuelve reactivo y sobrevienen la desconfianza, la incertidumbre, los sometimientos judiciales, las presiones externas, los conflictos, la inestabilidad en los precios, la violencia y el colapso de la economía y la función presidencial.
Trump ha creado tensión en más de 30 rejas político/sociales y militares, que lo han colocado en la cuerda floja: inflación aupada por la guerra de Irán, conflictividad con otras organizaciones políticas y otras estructuras internas de gran influencia, con mandatarios y naciones; pierde la confianza a todos los niveles, desciende el número de turistas que viaja a Estados Unidos y baja su popularidad. La flecha apunta a que tendría su descarga (Arrow End o Arrow Pointing Left Then Down) en un impeachment o juicio político por «incapacidad moral o física» o «falta absoluta» en el Congreso, que llevaría a su vacancia presidencial o destitución.
Avizorando que su Partido Republicano perdería las elecciones de medio término programada para el martes 3 de noviembre de 2026, Trump ha advertido que pueden pasar “cosas malas”. En tanto, la Cámara de Representantes sancionó la Ley de Protección de la Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses (SAVE), que exigiría a las personas presentar una identificación y una prueba de ciudadanía para votar, mientras que el mandatario presiona para que acojan la legislación, que los demócratas afirman que privaría del derecho al voto a los electores elegibles.
Desconcertado (“¿Qué está pasando…?”) porque su índice de aprobación ciudadana está en el suelo, los informes indican que Trump contempla evitar la celebración de las elecciones de noviembre, en las cuales los republicanos podrían perder el control de la Cámara de Representantes y el Senado. ¿Aceptará el envalentonado los consejos de Putin, Jinping y el posible trío de amigos y familiares que acudiría en su auxilio?
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El autor: Expresidente Colegio de Periodistas y Asoc. Escuelas de Comunicación Social (AdecomRD), y presidente Asoc. Dom. Profesionales de Relaciones Públicas (Asodoprep).
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