Opinión
La impunidad se está imponiendo desde un Estado controlado por Abinader, EEUU, PRM y multimillonarios
La Procuradora independiente está cercada y la sociedad está obligada a romper el cerco.
Por Narciso Isa Conde
La sociedad dominicana comienza a inquietarse por la lentitud que se observa y los obstáculos que se les interponen, mutilan y bloquean el reclamado proceso en favor del fin de la impunidad de los delitos de Estado cometidos por conspicuos personeros de la partidocracia tradicional de todos los colores, cúpulas empresariales y altas jerarquías policiales y militares.
El accionar de la Procuradora Miriam Germán -de cuya integridad moral y compromiso con la justicia y la acción contra la impunidad sin preferencias nadie duda- luce cercada y obstruida por los agentes y factores que sostienen en gran escala el régimen de impunidad..
Y mientras tanto, el Presidente Abinader y no pocos representantes y portavoces del Estado -junto a poderosos medios de propaganda que les sirven- insisten en vender la idea de que, a partir del pasado 16 de agosto del 2020, en este país existe una “justicia independiente”.
Menos aun puede probarse la vigencia de un Poder Judicial (o sistema de tribunales) independiente, dado que el cuadro general en sus diversos escalones o instancias.es todavía peor que en las fiscalías.
En realidad, la actual correlación de fuerzas y la actitud del gobierno y las instituciones del Estado favorecen mucho a poco la continuidad en múltiples vertientes del régimen de impunidad histórica y también la venalidad judicial frente a la nueva corrupción en la nueva Administración de Estado y en su relación con la corruptela del gran capital privado y de los viejos y nuevos aliados del nuevo régimen.
El caso es digno de ser tenido en cuenta como experiencia a nivel continental aleccionadora.
El RESTO DEL ESTADO NO APORTA A LA INVESTIGACIÓN y AL ACCIONAR CONTRA LA IMPUNIDAD REINANTE
Los archivos del Palacio Nacional, de los Ministerios y entidades gubernamentales, del Congreso, Cuerpos Castrenses y Policía, DNI, DNCD, Alcaldías, Consejo Antidroga, Servicio Exterior, Empresas de Servicios Públicos, Organismos Fiscalizadores, Recaudadores y Financieros, Medios de Comunicación, Corporaciones, Bancos y Empresas Estatales, Autónomas del Estado o Mixtas…cuentan con valiosos y voluminosos fardos de pruebas e informaciones útiles para estructurar expedientes criminales y meter presos a un conjunto de empresarios privados y de funcionarios (civiles y militares); evidencias y pruebas que nunca llegan a la Procuraduría, ni a las fiscalías y tribunales de la República.
Esa cuestionable conducta depende en gran medida del Poder Ejecutivo y los dirigentes de los organismos electos, que no aportan nada sustancial, o contribuyen muy poco al accionar judicial contra la impunidad; históricamente limitado y usado por los gobiernos de turno como arma política contra adversarios electorales.
Ni hablar de cómo las grandes corporaciones privadas escamotean al Estado las informaciones sobre fraudes, evasiones y estafas multimillonarias.
Acontece, además, que ni el Presidente ni el Congreso le asignan a la Procuraduría un presupuesto que le permita crear estructuras y equipos para abortar tantos casos atascados; mientras esos poderes del Estado disfrutan de elevadas asignaciones que se derrochan en escandalosos privilegios, prácticas de nepotismo, empleos súper-numerarios y entidades disfuncionales.
El Presidente Abinader solo ha favorecido parcial y limitadamente investigaciones y procesos contra una parte de la corrupción danilista, mientras dilata la que concierne a su plana mayor; protege descaradamente a Leonel y sus alcancías mayores, a los jefes y ex jefes militares-policiales asesinos y ladrones, a las mafias empresariales privada y a los protagonistas y beneficiarios de la corrupción balaguerista, perredeista, hipolitista, perremeista, a partiditos, ONGs y Fundaciones sanguijuelas; y, para colmo, obvia los grandes delitos ambientales y contratos-estafas de las corporaciones mineras, turísticas y agropecuarias, mientras pregona en grande una transparencia y una vocación anticorrupción altamente deficitaria.
En la agenda del Presidente Abinader y de su gobierno no ha entrado la compra fraudulenta de las acciones de Baninter en Antena Latina y Antena 21 (me refiero al caso Bonetti-Fantasma, con dossier de pruebas incluidas, depositado en la Procuraduría por nosotros/as).
Tampoco la estafa de la AES y los Vicini a FONPER, el contrato leonino de Sansouci con los Vicini, el Contrato Estafa con Barrick Gold, el pasivo ambiental de Falcondo, el escándalo de COGENTRIX-González Bunster; el Grupo Martí, Arturo Santana y las mafias del gas propano y los combustibles.
Ni los financiamientos electorales de ODEBRECHT, ni la estafa colosal de Punta Catalina y sus consorciados INGENIERO ESTRELLA y ACERO ESTRELLA.
En su agenda no están incluida la operación fraudulenta de los Súper-Tucanos de Leonel y sus jefes militares, las fortunas procedentes de narco-corrupción y la narco-política (debidamente denunciadas por Tiro al Blanco y que incluye financiamiento electoral al PRM) y todo el contenido del ARCHIVO ABIERTO DE MARCHA VERDE.
Pero tampoco estos casos forman parte de la agenda activa o actuante de una Procuraduría atiborrada de casos, limitada de medios y cercada y obstruida por el resto del Estado, incluidos no pocos componentes del sistema judicial que la adversan.
Ni están en ninguna agenda estatal numerosos casos que bien puede inscribirse en la fase inicial de la nueva corrupción impune, correspondiente a los siete primero meses Gobierno y al Estado bajo la conducción del Presidente Abinader-PRM y aliados, los mega-millonarios de la oligarquía capitalista tradicional y la lumpen burguesía de nuevo tipo, tales como:
– La promoción presidencial gratuita a los carros eléctricos de la TESLA.
– La complicidad del Administrador del Banco de Reserva en la estafa de los Súper-Tucanos.
– La protección a los grandes empresarios mencionados más arriba que han estafado al Estado.
– El tráfico de influencia que implica designar a Lisandro Macarrulla, del Grupo Vicini, como responsable de la Comisión de Venta de Activos del Estado y miembro del Consejo encargado de instrumentar las APPs.
– El nombramiento de Jorge Mera como Ministro, al tiempo que fungir como defensor legal de Ángel Remigio Gonzales (El Fantasma), principal beneficiario del fraude de Antena Latina.
– El escándalo de la compra sobrevaluadas de Tabletas a la Novia de Villa de Andy Dahuajre y otras operaciones similares del Ministerio de Educación.
– Las viejas y nuevas ejecuciones extrajudiciales de la PN, y los robos que les han permitido a sus jefes amasar fortunas.
– El contrato ecocida con la Belfond y Acero/Acero en el Bahoruco Oriental-Barahona.
Pienso que cambiando los nombres de los casos y personajes, situaciones similares se repiten en no pocas de las llamadas democracias representativas y regímenes de derecha de Nuestra América.
URGE REACCIONAR
Urge romper el cerco y salir del estancamiento.
No debemos permitir pasivamente que la Procuradora Miriam Germán, patrimonio moral de la Nación y conquista puntual del movimiento anti-impunidad, sea tratada de esa manera.
No debemos permitir que continúe está delicada situación sin ser denunciada en todas sus vertientes.
Ella, además, tiene bagaje para contribuir a romper el cerco y pasar a la ofensiva.
Hay que sacudirse del conformismo que implica aceptar complacientemente que la acción anticorrupción y anti-impunidad tengan miras tan cortas y limitadas como la de atacar solo una parte de la corrupción danilista.
Frente al cerco y las obstrucciones, la mejor defensa es diversificar el ataque con los medios disponibles, poniendo de relieve otras vertientes de la corrupción.
Hay casos e iniciativas no activadas sobre las que la Procuraduría dispone de testimonios, datos y pruebas que permiten abrir nuevos procesos o ampliar y profundizar una parte de los ya instrumentados, tales como mostrar las sobrevaluaciones de las obras de Odebrecht y sus financiamientos o sobornos electorales, activar en sí mismo el caso de las Plantas Eléctricas de Punta Catalina (mostrando el involucramiento del ex-presidente Danilo Medina con Odebrecht y develando los Codi-Nombres sobornados); descubrir todo el fraude de los Súper-Tucanos de la Embraer brasileña, con las evidencias que implican al ex-presidente Leonel Fernández Fernández; y desnudar las estafas de Antena Latina, FONPER-EGE HAINA-EGE ITABO, los fraudes de las mafias del gas propano y de los combustibles, y otros casos que tocan directamente a otras mafias políticas, empresariales y militares.
Esas iniciativas -junto a la investigación, emplazamiento y sanción de la nueva corrupción- cambiarían el cuadro y situaría a la defensiva a quienes, encabezados por el propio Presidente Abinader, pretenden imponer la lógica de los corruptos favoritos impunes.
La propia Procuradora General de la República necesita ya dar pasos más contundentes y generar debates de más profundidad, que no dejen espacio a las dudas respecto a su inconmovible independencia respecto al Gobierno y a los diversos componentes de la delincuencia de Estado y empresarial.
Esto es sumamente necesario para contrarrestar el plan que persigue debilitar su bien ganado prestigio y sembrar desconfianza en su gestión, lo que también requiere emplazar a otros poderes e instancias del Estado a cumplir con su deber, detener sus obstrucciones y abandonar sus negativas a potenciar acusaciones y cargos penales contra una gran parte importante de los protagonistas y beneficiarios de la gran corrupción y delitos conexos.
Hay que atreverse hacer lo que parece imposible, actitud capaz de generar apoyos que posibiliten cambiar la correlación de fuerzas y calentar las calles y plazas de la Nación.
La dignidad y la verdad pueden mover montañas y contrarrestar y estremecer un sistema constitucionalmente diseñado e instalado para prolongar indefinidamente, obstruir y debilitar la acción de justicia que afectaría a sectores poderosos.
Por Oscar López Reyes
Desde la declaratoria de independencia de Inglaterra por 13 colonias enclavadas en la costa Este de América del Norte, el 4 de julio de 1776, Estados Unidos ha experimentado una expansión imparable, vasta y mamut, cobijada en su aventajada ubicación entre los océanos Atlántico y Pacífico, sus crecidos recursos naturales (tierras fértiles, carbón, hierro y petróleo), el ingenio y acometividad industrial de una élite, las guerras y el saqueo de bienes extraterritoriales.
Los aportes de la principal superpotencia a la economía, la educación, la salud, la cultura y la ciencia a través de la investigación, son apreciables. Pongamos de relieve diez de los fundamentales, a propósito de la conmemoración del 250 aniversario de su independencia:
1.- ECONOMÍA Y FINANZAS. Descuella con el Producto Interno Bruto (PIB) más voluminoso del globo terráqueo, que supera los 32 billones de dólares y que acumula más del 25% del patrimonio planetario. Se empinó como la primera economía del universo, inspirada en el modelo de libre mercado, amparada en su riqueza natural, el grueso mercado de consumo interno, sus incesantes transformaciones tecnológicas y su moneda robusta (el dólar), que le otorgan un poder bancario internacional. Por esos atributos cuenta con Wall Street, el centro financiero de más operaciones globales.
2.- NOVEDADES TECNOLÓGICAS. Estados Unidos asienta las más influyentes corporaciones tecnológicas, que van desde la informática, la biotecnología, la farmacéutica, la industria espacial, la ciberseguridad y la inteligencia artificial, que avasallan el panorama informático/digital universal, como Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon, Meta Platforms (Facebook, Instagram y WhatsApp), Broadcom, Tesla, Oracle e Intel.
3.- EDUCACIÓN UNIVERSITARIA. Estados Unidos lidera los rankings mundiales de los centros universitarios, principalmente por su excelencia educativa y su impacto en la investigación y producción científica, como Princeton, Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), Harvard, Stanford, Yale y Columbia.
4.- INFLUENCIA SOCIO-CULTURAL. La ascendencia transnacional de Estados Unidos ha sido protagónica, particularmente por la exportación y difusión de la industria cultural y el entretenimiento, como la música, el consumo mediático y el cine (Hollywood), históricamente taquillero y hegemónico en la producción audiovisual y las plataformas digitales.
5.- ASCENDENCIA DEPORTIVA. Las becas universitarias, la calidad de las infraestructuras físicas, la comercialización y la estratégica operatividad de las ligas profesionales estadounidenses, con la contratación de calificados talentos nacionales e internacionales, han colocado las competencias deportivas nacionales en un alto peldaño, con sustanciales beneficios monetarios y un impacto internacional. Por esa causativa, Estados Unidos ha trascendido en los juegos olímpicos y las grandes ligas profesionales de béisbol (MLB), el baloncesto (NBA), el fútbol (NFL) y el fútbol americano (MLB).
6.- INVESTIGACIÓN E INVENCIONES. En Estados Unidos inventaron la iluminación eléctrica, el telégrafo, teléfono, el avión, la penicilina a escala industrial, la vacuna contra el polio, la anestesia, el trasplante de órganos, el láser, el descenso de nave espacial a la Luna, el primer satélite de comunicación, el sistema de pronóstico meteorológico satelital, el primer transbordador espacial, la computadora personal, el microprocesador, la robótica, la Internet y la Web, el proyecto de Genoma Humano, el GPS, la tecnología de células madre, etc., por cuya labor de investigación y desarrollo está en el primer lugar en cantidad de premios Nobel.
7.- CONSERVACIÓN AMBIENTAL GLOBAL Ha sido pionero en la conservación ambiental, con el desarrollo del Parque Nacional Yellowstone, en 1872; la Ley de Aire Limpio (Clean Air Act de 1970), la reducción de la contaminación industrial y más de 30 logros en esta área.
8.- PRODUCCIÓN ENERGÉTICA. Activó, desde 1869, la producción comercial del petróleo, la innovación en el transporte, el tren intercontinental, el descubrimiento de crudo en Pensilvania; la segunda revolución industrial, el desarrollo de plantas de energía nuclear y la reserva de gran cantidad de petróleo y gas natural.
9.- REFORMAS SOCIALES Y POLÍTICAS. Desde su proclamación como República independiente, en Estados Unidos han sido impulsadas transformaciones internas esenciales, como la abolición de la esclavitud, el establecimiento de derechos civiles, como el sufragio para las minorías; el sistema federal con división de poderes, las libertades individuales frente al poder central y los programas de seguridad social Medicare, Medicaid y alimentos para auxiliar a personas de bajos ingresos.
10.- ACOGIDA DE EMIGRANTES. Atracción y recepción de millones de emigrantes, que son recursos humanos para la producción empresarial y estatal y que, a la vez, oportunidades de trabajo para la sostenibilidad financiera y el envío de remesas a sus países de origen.
En pocas palabras, los inventos, emprendimientos y productividad con el sello “Made in the U.S.A.”, desde antes de la Revolución Industrial y en la Era Digital, han salvado millones de vidas y coadyuvado con la transformación de la economía global y los quehaceres cotidianos. Han mecanizado y automatizado transiciones y modificaciones en las interacciones humanas, los procesos sociales y económicos, en hábitos de consumo y la cultura, en transacciones monetarias, en el accionar laboral, leyes y otras normas, así como en estructuras societarias.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y comentarista de medios escritos, televisivos y digitales.
Por Isaías Ramos
Ningún pueblo despierta una mañana descubriendo que perdió su libertad.
La historia nunca comienza por el final.
Primero cambia el lenguaje. Después cambian las leyes. Más tarde se desplazan los límites del poder. Y solo al final una sociedad comprende cuánto costó haber permanecido indiferente.
Esta semana comienza la aplicación del nuevo Código Penal dominicano. Para muchos, el debate terminó con su promulgación. En realidad, apenas comienza.
Un Código Penal no se mide únicamente por los delitos que incorpora ni por la severidad de sus penas. Su verdadero examen consiste en responder una pregunta esencial:
¿Permanece plenamente subordinado a la Constitución?
El poder de castigar es la facultad más intensa del Estado. Permite investigar, acusar, imponer medidas de coerción y privar de libertad. Precisamente por eso necesita límites más claros, no márgenes más amplios.
Toda ley penal debió ser examinada con el máximo rigor constitucional antes de que el primer ciudadano padeciera sus efectos. Aunque una disposición sea declarada inconstitucional posteriormente, ninguna sentencia devuelve íntegramente el tiempo, la honra o la libertad ya perdidos.
La experiencia comparada deja advertencias que ninguna democracia prudente debería ignorar.
En Cuba, figuras como el desacato han sido cuestionadas por brindar protección penal reforzada a las autoridades y restringir la crítica al poder. En Nicaragua, organismos internacionales han objetado la utilización de delitos relacionados con el orden público y la seguridad nacional frente a manifestaciones y expresiones ciudadanas. En Venezuela, el debilitamiento de los controles institucionales estuvo acompañado por una reducción del espacio para la expresión, la protesta y la vigilancia ciudadana.
Los contextos fueron diferentes. Pero la advertencia terminó siendo la misma:
Las libertades rara vez desaparecen de un solo golpe.
Las restricciones se acumulan. Se justifican. Se normalizan. Se aceptan.
Y cuando una sociedad comprende sus consecuencias, recuperar los derechos perdidos resulta mucho más difícil que haberlos protegido a tiempo.
Si aquellos pueblos hubieran podido mirar décadas hacia el futuro y contemplar familias divididas, millones obligados a abandonar la tierra que amaban y millones más sobreviviendo entre restricciones, miedo, precariedad y opresión, ¿qué no habrían hecho para defender cada espacio de libertad mientras todavía estaban a tiempo?
Los pueblos nunca lamentan haber defendido demasiado pronto su Constitución. Lo que lamentan es haber comprendido demasiado tarde cuánto valía.
Existe otra lección. Quienes hoy poseen poder político, económico, institucional o mediático suelen olvidar que las leyes que ayudan a aprobar o justificar no permanecerán eternamente bajo su control.
Los gobiernos cambian. Las mayorías cambian. Los jueces cambian. Los fiscales cambian.
Pero las leyes pueden sobrevivir a quienes las promovieron.
Una norma que hoy parece útil contra un adversario puede mañana aplicarse contra quien la celebró. El verdadero estadista no legisla pensando en el poder que posee, sino en la protección que cualquier ciudadano necesitará cuando ese poder cambie de manos.
En momentos de polarización cometemos un error peligroso: discutimos quién ocupa el poder y olvidamos cuánto poder debería tener cualquiera que gobierne.
Nos dejamos dividir por partidos, simpatías y antipatías. Mientras discutimos personas, dejamos de defender principios. Y cuando una sociedad deja de defender principios, el poder deja de encontrar límites.
Las constituciones no preguntan quién gobierna. Preguntan hasta dónde puede llegar cualquier gobernante.
Por eso el artículo 7 de nuestra Carta Magna define a la República Dominicana como un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad humana, los derechos fundamentales, la separación de poderes y la soberanía popular.
No es una frase ornamental. Es el mandato al que debe someterse toda ley, especialmente aquella que concede al Estado el poder de castigar.
La persistencia de cuestionamientos sobre el desacato, el ultraje, la protesta, la responsabilidad por actos de terceros y otros tipos de redacción amplia exige un escrutinio constitucional firme.
Desde el Frente Cívico y Social entendemos que todas las acciones directas de inconstitucionalidad relacionadas con esta ley deben ser conocidas con la mayor celeridad compatible con un examen riguroso e independiente.
No se pide al Tribunal Constitucional un resultado determinado, sino una respuesta dentro de un plazo razonable. Cuando normas penales vigentes pueden afectar derechos fundamentales, la celeridad deja de ser una cuestión procesal: se convierte en garantía de libertad, seguridad jurídica y paz institucional.
La demora también produce consecuencias constitucionales.
La Constitución no solo protege derechos. También protege la paz de la República.
Defender la Constitución nunca debilita la lucha contra el crimen. La legitima. Una democracia necesita un Derecho Penal firme frente a la delincuencia, la violencia y la corrupción, pero también frente a la arbitrariedad.
Seguridad y libertad no son enemigas. Ambas dependen del respeto irrestricto a la Constitución.
La historia ya nos habló. Ahora nos corresponde decidir si aprendemos de ella o esperamos a que sea demasiado tarde.
Porque cuando la Constitución deja de ser el límite del poder, el poder termina convirtiéndose en el límite de la libertad.
La historia todavía no ha escrito nuestro destino. Que nuestros hijos puedan decir, algún día, que esta fue la generación que decidió honrar su Constitución antes de descubrir cuánto costaba perderla.
Por Rommel Santos Diaz
De conformidad con el Estatuto de Roma el Estado de ejecución de la pena no pondrá en libertad al recluso antes de que haya cumplido la pena impuesta por la Corte Penal Internacional.
Solo la Corte Penal Internacional podrá decidir la reducción de la pena y se pronunciará al respecto después de escuchar al recluso.
Cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua, la Corte Penal Internacional examinará la pena para determinar si esta puede reducirse. El examen no se llevará a cabo antes de cumplidos esos plazos.
Al proceder al examen con arreglo al párrafo 3 del artículo 110 del Estatuto de Roma , la Corte Penal Internacional podrá reducir la pena si considera que concurren uno o más de los siguientes factores:
- a)Si el recluso ha manifestado desde el principio y de manera continua su voluntad de cooperar con la Corte Penal Internacional en sus investigaciones y enjuiciamientos;
- b)Si el recluso ha facilitado de manera espontánea la ejecución de las decisiones y órdenes de la Corte Penal Internacional en otros casos, en particular ayudando a esta en la localización de los bienes sobre los cuales recaigan las multas, las órdenes de decomiso o de reparación que puedan usarse en beneficio de las víctimas; o
- c)Otros factores indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena.
Finalmente, la Corte Penal Internacional, si en su examen inicial con arreglo al párrafo 3 del artículo 110 del Estatuto de Roma, determina que no procede reducir la pena, volverá a examinar la cuestión con la periodicidad y con arreglo a los criterios indicados en las Reglas de Procedimientos y Prueba.