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Opinión

La impunidad se está imponiendo desde un Estado controlado por Abinader, EEUU, PRM y multimillonarios

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La Procuradora independiente está cercada y la sociedad está obligada a romper el cerco.

Por Narciso Isa Conde

La sociedad dominicana comienza a inquietarse por la lentitud que se observa y los obstáculos que se les interponen, mutilan y bloquean el reclamado proceso en favor del fin de la impunidad de los delitos de Estado cometidos por conspicuos personeros de la partidocracia tradicional de todos los colores, cúpulas empresariales y altas jerarquías policiales y militares.

El accionar de la Procuradora Miriam Germán -de cuya integridad moral y compromiso con la justicia y la acción contra la impunidad sin preferencias nadie duda- luce cercada y obstruida por los agentes y factores que sostienen en gran escala el régimen de impunidad..

Y mientras tanto, el Presidente Abinader y no pocos representantes y portavoces del Estado -junto a poderosos medios de propaganda que les sirven- insisten en vender la  idea de que, a partir del pasado 16 de agosto del 2020, en este país existe una “justicia independiente”.

 Sin embargo, la verdad es que, a nivel del sistema judicial, lo único independiente en el actual Estado dominicano es la Procuradora Miriam Germán junto a contados/as colaboradores/as. Ni siquiera puede hablarse de un Ministerio Público independiente, aunque puedan existir en su seno procuradores/as honestos/as y valientes. Pero esa no es la regla.

Menos aun puede probarse la vigencia de un Poder Judicial (o sistema de tribunales) independiente, dado que el cuadro general en sus diversos escalones o instancias.es todavía peor que en las fiscalías.

 En realidad, la  actual correlación de fuerzas y la actitud del gobierno y las instituciones del Estado favorecen mucho a poco la continuidad en múltiples vertientes del régimen de impunidad histórica y también la venalidad judicial frente a la nueva corrupción en la nueva Administración de Estado y en su relación con la corruptela del gran capital privado y de los  viejos  y nuevos aliados del nuevo régimen.

El caso es digno de ser tenido en cuenta como experiencia a nivel continental aleccionadora.

El RESTO DEL ESTADO NO APORTA  A LA INVESTIGACIÓN y AL ACCIONAR CONTRA LA IMPUNIDAD REINANTE

Los archivos del Palacio Nacional, de los Ministerios y entidades gubernamentales, del Congreso, Cuerpos Castrenses y Policía, DNI, DNCD, Alcaldías, Consejo Antidroga, Servicio Exterior, Empresas de Servicios Públicos, Organismos Fiscalizadores, Recaudadores y Financieros, Medios de Comunicación, Corporaciones, Bancos y Empresas Estatales, Autónomas del Estado o Mixtas…cuentan con valiosos y voluminosos fardos de pruebas e informaciones útiles para estructurar expedientes criminales y meter presos a un conjunto de empresarios privados y de funcionarios (civiles y militares); evidencias y pruebas que nunca llegan a la Procuraduría, ni a las fiscalías y tribunales de la República.

Esa cuestionable conducta depende en gran medida del Poder Ejecutivo y  los  dirigentes de los organismos electos, que no aportan nada sustancial, o contribuyen muy poco al accionar judicial contra la impunidad; históricamente limitado y usado por los gobiernos de turno como arma política contra adversarios electorales.

Ni hablar de cómo las grandes corporaciones privadas escamotean al Estado las informaciones sobre fraudes, evasiones y estafas  multimillonarias.

Acontece, además, que ni el Presidente ni el Congreso le asignan a la Procuraduría un presupuesto que le permita crear estructuras y equipos para abortar tantos casos atascados; mientras esos poderes del Estado disfrutan de elevadas asignaciones que se derrochan en escandalosos privilegios, prácticas de nepotismo, empleos súper-numerarios y entidades disfuncionales.

El Presidente Abinader solo ha favorecido parcial y limitadamente investigaciones y procesos contra una parte de la corrupción danilista, mientras dilata la que concierne a su plana mayor; protege descaradamente a Leonel y sus alcancías mayores, a los jefes y ex jefes militares-policiales asesinos y ladrones, a las mafias empresariales privada y a los protagonistas y beneficiarios de la corrupción balaguerista, perredeista, hipolitista, perremeista, a partiditos, ONGs y Fundaciones sanguijuelas; y, para colmo, obvia los grandes delitos ambientales y contratos-estafas de las corporaciones mineras, turísticas y agropecuarias, mientras pregona en grande una transparencia y una vocación anticorrupción altamente deficitaria.

 En la agenda del Presidente Abinader y de su gobierno no ha entrado la compra fraudulenta de las acciones de Baninter en Antena Latina y Antena 21 (me refiero al caso Bonetti-Fantasma, con dossier de pruebas incluidas, depositado en la Procuraduría por nosotros/as).

Tampoco la estafa de la AES y los Vicini a FONPER, el contrato leonino de Sansouci con los Vicini, el Contrato Estafa con Barrick Gold, el pasivo ambiental de Falcondo, el escándalo de COGENTRIX-González Bunster; el Grupo Martí, Arturo Santana y las mafias del gas propano y los combustibles.

Ni los financiamientos electorales de ODEBRECHT, ni la estafa colosal de Punta Catalina y sus consorciados INGENIERO ESTRELLA y ACERO ESTRELLA.

En su agenda no están incluida la operación fraudulenta de los Súper-Tucanos de Leonel y sus jefes militares, las fortunas procedentes de narco-corrupción y la narco-política (debidamente denunciadas por Tiro al Blanco y que incluye financiamiento electoral al PRM) y todo el contenido del ARCHIVO ABIERTO DE MARCHA VERDE.

Pero tampoco estos casos forman parte de la agenda activa o actuante de una Procuraduría atiborrada de casos, limitada de medios y cercada y obstruida por el resto del Estado, incluidos no pocos componentes del sistema judicial que la adversan.

Ni están en ninguna agenda estatal numerosos casos  que  bien puede inscribirse en la fase  inicial de la nueva corrupción impune, correspondiente a los siete primero meses Gobierno y al Estado bajo la conducción del Presidente Abinader-PRM y aliados, los mega-millonarios de la oligarquía capitalista tradicional y la lumpen burguesía de nuevo tipo, tales como:

–          La promoción presidencial gratuita a los carros eléctricos de la TESLA.

–          La complicidad del Administrador del Banco de Reserva en la estafa de los Súper-Tucanos.

–          La protección a los grandes empresarios mencionados más arriba que han estafado al Estado.

–     El tráfico de influencia que implica designar a Lisandro Macarrulla, del Grupo Vicini, como responsable de la Comisión de Venta de Activos del Estado y miembro del Consejo encargado de instrumentar las APPs.

–          El nombramiento de Jorge Mera como Ministro, al tiempo que fungir como defensor legal de Ángel Remigio Gonzales (El Fantasma), principal beneficiario del fraude de Antena Latina.

–          El escándalo de la compra sobrevaluadas de Tabletas a la Novia de Villa de Andy Dahuajre y otras operaciones similares del Ministerio de Educación.

–          Las viejas y nuevas ejecuciones extrajudiciales de la PN, y los robos que les han permitido a sus jefes amasar fortunas.

–          El contrato ecocida con la Belfond y Acero/Acero en el Bahoruco Oriental-Barahona.

Pienso que cambiando los nombres de los casos y personajes, situaciones similares se repiten en no pocas de las  llamadas democracias representativas y regímenes de derecha de Nuestra América.

URGE REACCIONAR

Urge romper el cerco y salir del estancamiento.

No debemos permitir pasivamente que la Procuradora Miriam Germán, patrimonio moral de la Nación y conquista puntual del movimiento anti-impunidad, sea tratada de esa manera.

No debemos permitir que continúe está delicada situación sin ser denunciada en todas sus vertientes.

Ella, además, tiene bagaje para contribuir a romper el cerco y pasar a la ofensiva.

Hay que sacudirse del conformismo que implica aceptar complacientemente que la acción anticorrupción y anti-impunidad tengan miras tan cortas y limitadas como la de atacar solo una parte de la corrupción danilista.

Frente al cerco y las obstrucciones, la mejor defensa es diversificar el ataque con los medios disponibles, poniendo de relieve otras vertientes de la corrupción.

Hay casos e iniciativas no activadas sobre las que la Procuraduría dispone de testimonios, datos y pruebas que permiten abrir nuevos procesos o ampliar y profundizar una parte de los ya instrumentados, tales como mostrar las sobrevaluaciones de las obras de Odebrecht y sus financiamientos o sobornos electorales, activar en sí mismo el caso de las Plantas Eléctricas de Punta Catalina (mostrando el involucramiento del ex-presidente  Danilo Medina con Odebrecht y develando los Codi-Nombres sobornados); descubrir todo el fraude de los Súper-Tucanos de la Embraer brasileña, con las evidencias que implican al ex-presidente Leonel Fernández Fernández; y desnudar las estafas de Antena Latina, FONPER-EGE HAINA-EGE ITABO, los fraudes de las mafias del gas propano y de los combustibles, y otros casos que tocan directamente a otras mafias políticas, empresariales y militares.

Esas iniciativas -junto a la investigación, emplazamiento y sanción de la nueva corrupción- cambiarían el cuadro y situaría a la defensiva a  quienes, encabezados por el propio Presidente Abinader, pretenden imponer la lógica de los corruptos favoritos impunes.

La propia Procuradora General de la República necesita ya dar pasos más contundentes y generar debates de más profundidad, que no dejen espacio a las dudas respecto a su inconmovible independencia respecto al Gobierno y a los diversos componentes de la delincuencia de Estado y empresarial.

Esto es sumamente necesario para contrarrestar el plan que persigue debilitar su bien ganado prestigio y sembrar desconfianza en su gestión, lo que también requiere emplazar a otros poderes e instancias del Estado a cumplir con su deber, detener sus  obstrucciones y abandonar sus negativas a potenciar acusaciones y cargos penales contra  una gran parte importante de los protagonistas y beneficiarios de la gran corrupción y delitos conexos.

Hay que atreverse hacer lo que parece imposible, actitud capaz de generar apoyos que posibiliten cambiar la correlación de fuerzas y calentar las calles y plazas de la Nación.

La dignidad y la verdad pueden mover montañas y contrarrestar y estremecer un sistema constitucionalmente diseñado e instalado para prolongar indefinidamente, obstruir y debilitar la acción de justicia que afectaría a sectores poderosos.

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Opinión

Masacre en el Masacre

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Por Narciso Isa Conde

Duramente maltratados por cínicos continuadores de ese escarnio, aferrados como lapas al poder y al dinero.

El Masacre se pasa a pié.

Hubo una vez masacre en el Masacre: 1937,

¿Más cambios?
¿Más cambios?
…masacre por simplemente cruzarlo a pié.

A pié y descalzo,

Dos Minutos: ¿De qué hablará Abinader?
Dos Minutos: ¿De qué hablará Abinader?
…con estampa africana y mochilas cargadas de pobreza y sufrimientos coloniales.

Negros, negras, negritos y negritas, empobrecidos, a pie…

Infantes nutridos de tierra y lombrices…

Mujeres barrigonas y no por obra y gracia del espíritu santo,

…acosadas, arrestadas, deportadas,

…abandonados.

No han cesado desde entonces la masacre por cruzar el Masacre…

…gota a gota a gota de sangre y de dolor.

¡Cuánto dolor y por tanto tiempo!

¡Cuántas lágrimas amargas por cruzar el Masacre a pié!

No se detiene el calvario de esclavos y esclavas libertas.

Siguen sometidos/as al cruel aprecio y desprecio de la esclavitud del capital y el coloniaje “modernizado”.

No cesa el nuevo e infernal apartheid.

Continúan obligados a ser propiedad ilegalizada.

Seres humanos apropiados y perseguidos a la vez.

Duramente maltratados por cínicos continuadores de ese escarnio, aferrados como lapas al poder y al dinero.

¡Todavía!

85 años después.

¡Racismo a granel!

Cuidado, cuidado…

¡Mucho cuidado!

Que andan sueltos y ajitos de odios, vestidos de patriotas!

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Opinión

La coherencia diplomática

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Por Miguel Guerrero

La anunciada y pendiente decisión del presidente Luis Abinader de trasladar la sede de la embajada dominicana a Jerusalén, donde funcionó desde su instalación hasta 1980, sería una medida coherente con la diplomacia que la nación ha mantenido desde el final de la Segunda Guerra Mundial y en particular con la nación hebrea.

Desde la creación del estado judío, en virtud de una resolución adoptada por Naciones Unidas en 1947, las naciones que votaron a favor de ella instalaron su sede en la capital histórica israelí. La resolución fue adoptada en noviembre de 1947en un esfuerzo de la comunidad internacional para solucionar el creciente conflicto entre árabes y judíos en la zona de Palestina, con la aprobación a favor de crear allí dos estados, un judío y otro árabe palestino.

Los primeros crearon el suyo, el 14 de mayo siguiente, tras la salida de las tropas británicas, el último poder colonial en la región. Los palestinos se negaron y con el respaldo de la Liga Árabe, financiada por los británicos y dirigida por un general inglés, y varios países vecinos árabes, intentaron abortar la creación de Israel agravando un conflicto que dura hasta hoy.

En las guerras formales posteriores, la de 1966, la del Iom Kippur, y en las llamadas intifadas, Israel ha logrado sobrevivir y crecer convirtiéndose en una potencia económica y científica regional a pesar de sus escasos recursos económicos, incomparables con las enormes posesiones petroleras de los estados árabes beligerantes que le rodean y le hostigan permanentemente.

Hoy todo parece estar cambiando y por lo menos varios estados árabes han establecido ya vínculos con Israel y varias naciones, incluyendo Estados Unidos han anunciado el trasladado de su sede a Jerusalén, las cuales la habían movido por presiones árabes después de la guerra del Iom Kippur. La decisión no cumplida todavía de Abinader es correcta y coherente con la diplomacia dominicana tras la Segunda Guerra mundial.

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Haití: tragedia allá y aquí

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Pensar racionalmente en cómo controlar efectivamente la migración indocumentada y qué hacer con tantos hijos de inmigrantes indocumentados que nacen y se crían aquí y nunca podrán ser dominicanos con derechos.

Se sabe bien que Haití experimenta un proceso de deterioro económico, político y social profundo y continuo. La culpabilidad va a una larga historia de explotación externa e interna que cada día importa menos, porque, aunque los problemas abundan en el mundo, en muchos países se han logrado avances, no retrocesos constantes como en Haití.

Allá no hay una economía ni un gobierno funcional, las condiciones de vida de la inmensa mayoría son espantosas, y, ante la falta de gobierno, las pandillas compiten violentamente por control del territorio.

Es entendible pues que la mayoría de los haitianos quiera emigrar. En la República Dominicana, donde las condiciones de vida son significativamente mejores, mucha gente también quiere emigrar.

Desde siempre, la República Dominicana ha promovido un sistema económico de superexplotación de la fuerza de trabajo.

El éxodo de dominicanos al exterior y a las ciudades dominicanas fue vaciando el campo y la mano de obra dominicana fue reemplazada por inmigrantes haitianos. Antes de 1980 era solo en el azúcar; luego en toda la agricultura. Hoy los inmigrantes haitianos cultivan la mayoría de los alimentos que consumimos y exportamos.

Lo mismo sucede con la construcción, un sector que busca mano de obra dispuesta a trabajar por bajos salarios, en horarios largos y de gran exposición al sol. El boom del sector construcción de los últimos 40 años se ha fundamentado en el uso de mano de obra haitiana.

Por más explotados que sean aquí, las condiciones de vida en Haití son tan deplorables, que prefieren venir. Y por más rechazados que los haitianos sean aquí, muchos empresarios dominicanos se han hecho adictos a esa mano de obra barata y sin derechos.

Así se fue gestando el desastre migratorio aquí.

La fórmula dominicana ha sido emplear los haitianos y siempre negarles derechos de residencia. El discurso de rechazo hacia esos inmigrantes es esencial para mantener ese sistema de explotación. Es una fórmula económica y política perversa, independientemente de cuán mal vivirían los haitianos en su país si estuvieran allá.

La Constitución de 2010 y la Sentencia del Tribunal Constitucional 168-13 establecieron en la legislación dominicana la imposibilidad de que los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en territorio dominicano a partir de 1929 sean dominicanos (la Ley 169-14 logró la excepción para un pequeño grupo que había recibido acta de nacimiento antes de 2010).

O sea que, en la República Dominicana, mientras la economía siga demandando mano de obra barata haitiana sin derechos, seguirá creciendo la cantidad de descendientes de inmigrantes haitianos indocumentados que han nacido aquí, pero nunca podrán tener derechos legales para vivir aquí.

Ni el muro ni las marchas resuelven eso, ni mucho menos el discurso seudo patriótico que ha servido siempre de soporte ideológico a la superexplotación de la fuerza laboral haitiana en la República Dominicana.

Quienes verdaderamente amen este país deberían pensar racionalmente en cómo controlar efectivamente la migración indocumentada y qué hacer con tantos hijos de inmigrantes indocumentados que nacen y se crían aquí y nunca podrán ser dominicanos con derechos.

Es tragedia de lado y lado

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