Editorial
La Impunidad también Impacta los Recursos Naturales
Las amenazas que se ciernen sobre el país son realmente muy peligrosas, porque no sólo la nación está endeudada hasta más no poder, sino que también los recursos naturales, principalmente los acuíferos, podrían desaparecer por la impunidad prevaleciente en la República Dominicana.
Hay que repetir hasta el cansancio que el país carece de la planificación que garantice una vida más digna para la gente, pero la cultura de la improvisación, de la corrupción y de la impunidad provoca que las autoridades no midan las consecuencias de su irresponsabilidad.
El río Yaque del Norte es, sin lugar a dudas, el principal recurso acuífero del país, pero desde hace años languidece ante la mirada indiferente de las autoridades nacionales como consecuencia de una tolerancia que espanta con los que contaminan sus aguas.
Acaba de publicarse que para el próximo año 2020 el Yaque del Norte no va estar en capacidad de satisfacer la demanda de agua que suple en la actualidad, ya que el río agoniza al borde de la muerte como consecuencia de que no ha habido reglas del juego para aquellos empresarios que depositan desechos sólidos en su cauce.
A este situación hay que agregar el hecho de por razones socio-económicas el río también sufre, porque son incontables la cantidad de familias que se han asentados en la rivera del otrora yaque dormilón.
Pero el Yaque del Norte es probablemente la amenaza mas visible de la crisis que podría venir sobre el país por la escasez de agua que podría padecer la sociedad dominicana, porque el preciado liquido no sólo tiene valor para un fresco baño y para cocer los alimentos, sino además para el riego de cosechas en todo el territorio nacional, lo que afectaría la garantía alimentaria de los dominicanos
Los cinturones de miseria que rodean el Yaque del Norte han sido parte de la irresponsabilidad del Gobierno que no encara los problemas nacionales con la seriedad que demanda la circunstancia.
Es como si se volvieran locos, porque este país sin agua habría que largarse no se sabe para dónde, pero el Gobierno no hace conciencia de la gravedad del problema, como si se tratara de un sombis.
Óigalo bien, los técnicos sobre asuntos medios ambientales advierten que el río Yaque del Norte no podrá satisfacer la demanda de agua en el año 2020, es decir, el año entrante, pero la voz de alarma pasa realmente inadvertida y es manejada las autoridades competentes como si nada ocurriera.
Lo que pasa es que al Gobierno no le interesa enfrentar los problemas que padece la sociedad dominicana, sino involucrarse cada día más en una rebatiña politiquera para tener el control del Estado y repartirse descaradamente el patrimonio público.
El ciudadano dominicano tiene que hacer conciencia que sin agua no hay vida y elimina la posibilidad de tomarse un baso del preciado líquido en un país donde aumenta cada día la temperatura también como resultado de la ineptitud de las autoridades para enfrentar el grave flagelo de la deforestación y de la circulación de vehículos que expelen grandes dosis de dióxidos de carbono con efecto invernadero que hacen invivible el territorio nacional.
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.