Análisis Noticiosos
La inequidad de los salarios
Por Juan Bolívar Díaz
En las últimas semanas ha cobrado nuevos impulsos la vieja demanda nacional de revisar las escalas salariales que mantienen una enorme inequidad, que deviene en iniquidad, en la distribución del ingreso manifiesta en los salarios que percibe el 43 por ciento de los empleados formales dominicanos, de los cuales el 80 por ciento no alcanza el costo promedio de la canasta familiar, estimado en 21 mil 905 pesos, ni sobrepasan el límite de la pobreza estimado en 21 mil 493 pesos.
La inequidad es mayor en el sector público, donde el 45 por ciento de los 575 mil empleados estatales percibe el sueldo mínimo de 5 mil 117 pesos, lo mismo que el 82 por ciento de los pensionados del Estado sometidos a la indigencia, obligados al pluriempleo y empujados al picoteo y peores formas de degradación humana y corrupción.
El presidente Danilo Medina se ha inscrito relevantemente entre quienes estiman que el salario debe ser elevado, aunque su ministro de Industria y Comercio resaltó esta semana las “favorables condiciones” del salario nacional para la inversión extranjera. El mandatario ha llegado a proclamar que nadie puede vivir con 10 mil pesos mensuales, suma que duplica el mínimo estatal. El gobernador del Banco Central, legisladores y funcionarios se han sumado a los pronunciamientos en pro de la equidad salarial.
En el Estado la situación llega a extremos de iniquidad, ya que hay un enorme desorden, con funcionarios con sueldos y pensiones equivalentes hasta a 200 salarios mínimos. En los organismos autónomos y descentralizados son centenares los que ganan más que el Presidente de la República.
En el sector privado la inequidad es también grave. El economista Luis Vargas, un consultor del sector público y del privado, sostiene que de cada 100 pesos que produce el trabajo sólo 25 van a los empleados y 75 quedan en manos de los empleadores, cuando en el año 2000 las proporciones eran inversas. Desde luego, habrá que establecer la proporción que se abona a unos costos de producción agravados por la ineficiencia y precio de la electricidad y los impuestos a los combustibles, para sólo citar dos factores.
Como era de esperarse, estos pronunciamientos han incentivado a las centrales sindicales, las cuales esta semana emplazaron al director general de salarios a convocar el Comité Nacional de Salarios para revisar las escalas salariales, con una solicitud de incremento del 30 por ciento.
No hay dudas que el salario requiere una significativa revaloración, que supere la reposición de la inflación anual para que alguna vez se traduzca en mejoría de las condiciones de vida de los asalariados, pero no sólo en el sector privado sino también en el público.
Esa justicia pendiente obliga a una revisión profunda y conduce inexorablemente al pacto fiscal que dispuso la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y que enarboló el presidente Medina en su discurso inaugural. Será fundamental para determinar de dónde saldrán los recursos para la justicia salarial del Estado y cómo se amortiguará el costo para una buena proporción de las empresas.
Puede resultar peligroso que la demagogia alimente expectativas más allá de las razonables, sin abocarse a discutir cómo financiar una mejor distribución del ingreso. Es obvio que el salario mínimo estatal debe llevarse siquiera a los 7 mil pesos que propone el Ministerio de Administración Pública en el proyecto de reglamento de la Ley de Salarios del Sector Estatal, en manos del Poder Ejecutivo desde comienzos del año.
La cuestión es más urgente ahora que está en elaboración el proyecto de ley de presupuesto para el próximo año. Si es puro aguaje, deberán afrontarse las consecuencias de aquí a los primeros meses del 2015.
Por José Cabral
No es por accidente que los hechos más violentos y repugnantes del territorio nacional tienen lugar en la ciudad de Santiago, segunda en importancia del país.
Y no es para menos, porque aparte del crecimiento exponencial de la población en Santiago, también se producen una serie de hechos que marcan un curso preocupante de la llamada “Ciudad Corazón”.
El asunto, según puedo observar, es que Santiago no sólo ocupa un lugar primordial en crímenes y sicariatos, sino que la violencia generalizada parece apropiarse de la que otrora fuera un lugar atractivo para vivir en familia.
Pero ése no es sólo el problema, sino que Santiago es lo que muy bien se puede definir como una ciudad colapsada, donde no existen autoridades o si existen no están en capacidad de imponer el orden y el respeto entre las personas.
Sin embargo, lo peor y más doloroso es que los servicios públicos no es que son un desastre, sino que no existen, que son cosas del pasado.
Un aceptable servicio de agua potable ya ha pasado a ser una aspiración que no hay forma de que se logre y peor aún el de energía eléctrica.
Los propios funcionarios del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) dicen que esta institución está quebrada y luce con pocas posibilidades de sobrevivir.
Los hogares y negocios de Santiago reciben agua potable una vez cada 20 días y sólo por una media hora, lo que provoca que los baños de viviendas y empresas estén llenos de bacterias.
Eso sí, las facturas siempre hay que pagarlas, porque de no ser así no habría forma de cumplir con la gran cantidad de vagos colocados en empleos en la administración pública.
Es decir, que el ciudadano no tiene derecho para reclamar un buen servicio de agua potable, pero si no paga lo cortan, pese a que de cualquiera manera no recibe nada cambio.
Por eso pienso que Santiago en vez de “Ciudad Corazón” debería bautizarse como la “Ciudad Colapsada”, donde vivir es un suplicio y donde la violencia se apropia de ella cada día como resultado de la gran deuda social con sus munícipes y las tensiones e insatisfacciones generadas por quienes tienen la responsabilidad de llevarla a otro sitial.
Por José Cabral
Los estudios de los fenómenos sociales ocurridos en la sociedad dominicana indican con toda claridad que adoleció del desarrollo de la fuerza productiva, lo que, naturalmente, genera una falta de conciencia social.
Este el fundamento de los que muchos sostienen, incluido yo, de que el sector empresarial amuela cuchillos para su propia garganta, porque no representa un foco de presión para que las cosas se hagan con el propósito de preservar sus intereses.
Pero es que esa conducta se deriva del hecho de que los que se suponen que deben procurar fortalecer el Estado mediante el combate de todas las distorsiones que sufre el sistema, lo que hacen es sumarse a las acciones que le quitan legalidad y legitimidad.
Yo he dicho y lo reitero en este artículo que el sector empresarial se ha sumado a la cadena de complicidad que comienza en el Palacio Nacional, entra a los medios de comunicación social y luego se convierta en un cometa, porque nadie sabe dónde termina, ya que todo el que se hace llamar inversionista no busca otra cosa que mediante una vocación mafiosa acumular fortunas sobre la base de la sombra del Estado.
Lo que pasa, según entiendo, es que ellos como son parte de lo que en sociología política se le llama clase social entre sí, les importa poco la desnaturalización del rol del Estado, aunque al final de la jornada sean los principales afectados porque son los que más tienen que perder frente a una revolución social.
El problema tiene una grave complejidad, ya que al no existir una clase social para sí, consciente de su papel, difícilmente tengan la iniciativa de exigir controles, como por ejemplo, del gasto público, sobre todo si el sector empresarial se suma en complicidad a la corrupción que se promueve o es auspiciada por el sector oficial.
De manera, que resulta un problema con raíces muy profundos que solucionarlo resulta bastante difícil, porque además no se entiende la explicación del fenómeno.
En países pobres y con bajos niveles de institucionalidad, como el dominicano, el llamado empresario se suma a la fiesta de la corrupción, lo que constituye una razón para crear disgusto social y las condiciones para que se produzca una explosión social.
El llamado empresario dominicano, tanto el colocado en la pequeña, mediana o grandes empresas persigue más que seguridad jurídica y paz social y la satisfacción de necesidades sociales, que se le incorpore al contrabando, que se le entregue propiedades públicas y ser favorecidos por todas las travesuras del que tiene el control del Estado.
Sin embargo, la pregunta que me hago es si ciertamente en el país existe alguna propuesta para institucionalizar la nación, al margen del amor por el dinero y las cosas materiales, no importa su procedencia, pues penosamente tengo que decir que ese es un sueño utópico por el momento.
Sigo pensando que sólo un Estado que promueva valores más que antivalores podría ser la panacea a un mal integral que no permite que la gente haga una reflexión profunda y realista y actúe de modo diferente frente a un fenómeno que puede llevar al abismo a la sociedad dominicana.
Por José Cabral
Observo con mucha preocupación el afán desmedido del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por mantenerse en el poder cuando su obra de gobierno es tan pobre que no es comparable con ningún otro por malo que haya sido.
Lo digo por lo que veo que ocurre en Santiago y en todo el territorio nacional, donde el deterioro de los servicios públicos es tan preocupante que cualquiera se larga del país para no volver jamás.
No hay prácticamente servicio de agua potable, ni siquiera para descargar los baños de las casas y los negocios, lo que llena de bacterias los hogares y se propagan las enfermedades, sobre todo las infecto-contagiosas.
El servicio de energía eléctrica no puede ser peor, cuya distribuidora del Norte, EDENORTE y las demás Edes, se la pasan en confabulación con PROTECOM estafando a los usuarios con facturaciones falsas, inventadas y con medidores “arreglados” para buscar cubrir sus déficits con el engaño al ciudadano.
Ahora también se agrega que la recogida de basura en el municipio de Santiago es prácticamente nula, entonces, repito la pregunta, para qué el PRM quiere preservar el poder.
El gran problema de este partido es que no entiende de planificación ni de programar una gestión pública a corto, mediano y largo plazo.
No es que los demás partidos del sistema no tengan la misma visión y comportamiento, pero pienso que lo que ocurre con el PRM ya llega al colmo de la incapacidad para dirigir el país.
El sufrimiento de los dominicanos por la irresponsabilidad de los que van al Estado, principalmente a resolver sus problemas personales, no parece tener fin, ya que aquellos que ya pasaron por la administración pública tienen ojos para ver la irresponsabilidad y la vocación por la corrupción de los que ostentan hoy el poder, pero al final de cuentas todo se trata de una doble moral.
Sin embargo, creo que lo del PRM ya no tiene madre, para utilizar una expresión muy popular de la República Dominicana, por lo que cuando llegue al final de su gobierno es muy poco lo que va a quedar.
En conclusión, el PRM es una verdadera desgracia nacional, máxime porque ahora los dominicanos no tienen derechos ni para disfrutar de un buen servicio de agua potable y energía eléctrica, pero la incapacidad abarca todo lo demás, porque se trata de una deficiencia integral, general.
¡Qué desastre!.