La inexistencia del Estado en el país promueve negocios con mucha vocación mafiosa.

El sector de las telecomunicaciones es uno o tal vez el que más ha sido afectado por la politiquería que ha prevalecido en un Estado que es un verdadero desastre.

En la República Dominicana las frecuencias de radio y televisión  han sido otorgadas a partir de un criterio politiquero y que lesiona gravemente la democracia.

En el caso de las frecuencias de radio y televisión es la mejor explicación de como se maneja el tigueraje para repartirse el patrimonio nacional.

La propia ley deja muy claro que las frecuencias de radio y televisión siempre son propiedad del Estado, pero ese enunciado se parece mucho a la ley que regula la  creación de    las fundaciones y patronatos, que aunque no son supuestamente de nadie siempre hay una persona o una familia que hace con su patrimonio lo que les venga en gana.

El mejor ejemplo de ello son las universidades, las cuales obligatoriamente tienen que ser formadas por un patronato o fundación, pero las riquezas generadas por ellas, que son muchas, se  quedan en las carteras o las cuentas bancarios de sus fundadores.

Pues exactamente eso ocurre con las frecuencias de radio y de televisión, las cuales se quedan con ellas para toda la vida los beneficiarios de su operación, aunque se perjudique evidentemente a la democracia y en consecuencia a la sociedad.

Todo el mundo recuerda lo ocurrido en el país con la llamada unificación de las frecuencias de televisión, sólo para favorecer a determinados sectores de la vida nacional.

Pues ahora, como el Estado no sirve para regular ni fiscalizar nada, hasta la teleaudiencia toma un matiz mafioso, porque sencillamente el propietario de una compañía de servicios de televisión por cable puede distorsionar la imagen y el sonido de sus competencias para que la gente no pueda verlos.

Y eso es lo que ocurre exactamente con por ejemplo Color Visión y Telesistema, ambos líderes en audiencia a propósito de la pandemia del coronavirus.

Es decir, a ambos los sacan prácticamente del sistema de la operadora de cable Aster  para que la gente recurra a los medios propiedad del dueño de la compañía de telecomunicaciones.

Esa acción no es inocente ni casual porque detrás de la misma se esconden grandes intereses económicos, porque el dueño de Telemicro y también de Aster usa esos números para aumentar su facturación por concepto de publicidad.

Este país es definitivamente una gran vergüenza, porque en cualquier otro lugar este empresario de las telecomunicaciones ya estuviera por lo menos muy bien multado o preso en cualquier cárcel nacional.

Pero de ese susto no va a morir nadie, porque esa corporación de telecomunicaciones parece ser más pública que privada, dado que no se necesita mucha inteligencia para darse cuenta que ahí hay inversiones de muchos de los politiqueros que tienen el control del Estado desde hace dos décadas.