Santo Domingo, RD.-El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó este lunes que la variación mensual del índice de precios al consumidor (IPC) continúa moderándose por segundo mes consecutivo, al registrar 0.29 % en el mes de septiembre, luego del 0.21 % del mes de agosto, ambas variaciones por debajo del umbral de 0.33 % consistente con una inflación anualizada en el centro del rango meta de 4 % ± 1 %.Economía
La inflación del mes de septiembre fue de 0.29 %, según Banco Central
Santo Domingo, RD.-El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó este lunes que la variación mensual del índice de precios al consumidor (IPC) continúa moderándose por segundo mes consecutivo, al registrar 0.29 % en el mes de septiembre, luego del 0.21 % del mes de agosto, ambas variaciones por debajo del umbral de 0.33 % consistente con una inflación anualizada en el centro del rango meta de 4 % ± 1 %.El órgano rector de la política monetaria estableció que con este resultado, la inflación acumulada de enero-septiembre de 2022 se ubicó 6.01 %, mientras que, la inflación interanual, medida desde septiembre 2021 a septiembre 2022, continúa con su trayectoria descendente al situarse en 8.63 % en septiembre, para una reducción de 100 puntos básicos con respecto al pico de 9.64 % registrado en abril del presente año.
Destacó en su informe que el comportamiento reciente de la inflación, asociado a la implementación de medidas de política monetaria adoptadas de manera oportuna y prudente, permite proyectar que la misma estaría convergiendo al rango meta de 4 % ± 1 %.
Agregó que la tendencia a la baja que ha registrado la inflación interanual refleja la efectividad que han tenido los subsidios implementados por el Gobierno a los combustibles, la pausa a los ajustes de la tarifa eléctrica, así como las iniciativas para mitigar el impacto de los altos costos de los insumos de la producción agropecuaria, lo que ha permitido que la inflación del grupo alimentos no fuese mayor; mientras, las ayudas monetarias focalizadas han contribuido a que la población más vulnerable haya podido transitar de una mejor manera por este periodo de alza en los precios a escala global.
También, subrayó que la evolución positiva y el dinamismo de las actividades generadoras de divisas (turismo, exportaciones, remesas e inversión extranjera directa), ha favorecido la estabilidad relativa del tipo de cambio, lo que ha compensado parcialmente el impacto del componente importado sobre los precios.
En cuanto a la inflación subyacente, el BCRD explica que la misma fue de 0.51 % en el mes de septiembre de 2022. En términos interanuales bajó de 7.12 % en agosto a 7.04 % en septiembre 2022.
Cabe destacar, que este indicador aísla el comportamiento de ciertos alimentos con gran variabilidad en sus precios, así como los combustibles, servicios con precios regulados como la tarifa eléctrica, el transporte y las bebidas alcohólicas y el tabaco, con el objetivo de extraer señales más claras para la conducción de la política monetaria.
Subrayó que el comportamiento de la inflación en el ámbito doméstico, al igual que en el resto de las economías del mundo, ha sido afectado por factores externos que han sido más persistentes de lo previsto.
No obstante, recientemente se ha registrado una moderación en los precios internacionales de los insumos como el petróleo y los alimentos, que se utilizan como materia prima para la producción local, combinado con menores precios de los contenedores luego del incremento sustancial registrado en el periodo de la pandemia del covid-19..
La inflación continúa influenciada por los efectos de segunda vuelta de estos componentes externos y por presiones de demanda interna, en la medida que se mantiene el impulso de la actividad económica.
A pesar de esta moderación reciente en las presiones inflacionarias, la inflación se encuentra en niveles elevados a nivel mundial, por lo que la mayoría de los bancos centrales continúan implementado medidas monetarias restrictivas con aumentos secuenciales en sus tasas de política monetaria, a fin de contribuir a la convergencia de la inflación hacia los objetivos establecidos en los respectivos esquemas de política monetaria de cada país.
Variación por grupos
El análisis del comportamiento del IPC general arroja que los grupos que más aportaron a la inflación del mes de septiembre de 2022 fueron Alimentos y Bebidas No Alcohólicas al variar 0.37 %, Bienes y Servicios Diversos (0.84 %), Educación (2.85%), Restaurantes y Hoteles (0.50 %), Vivienda (0.26 %) y Muebles y Artículos para el Hogar (0.56 %).
La variación negativa de 0.41 % observada en el grupo Transporte contribuyó a la moderada inflación del mes de septiembre de 2022.
La variación de 0.37 % en el índice de precios del grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas se explica, principalmente, por las alzas de precios observadas en los plátanos verdes (2.08 %), yuca (2.99 %), cebollas (3.98 %), guandules verdes (4.62 %), limones agrios (14.15 %), carne de cerdo (1.05 %), piña (5.83 %), yautía (7.41 %), arroz (0.27 %), agua purificada (0.54 %), leche líquida (0.85 %), batatas (6.04 %) y refrescos (0.65 %), mientras que otros bienes alimenticios registraron disminuciones de precios tales como aguacates (-15.91 %), pollo fresco (-0.83 %), ajo (-6.67 %) y naranjas (-8.20 %).
El IPC del grupo Bienes y Servicios Diversos creció 0.84 % en septiembre de 2022, fundamentalmente por los aumentos de precios de los servicios y bienes de cuidado personal, al subir 0.91 % y 1.02 %, respectivamente.
En cuanto al índice de precios del grupo Transporte, el mismo evidencia una disminución de 0.41 % en el mes de septiembre de 2022, debido principalmente a las bajas de precios de los pasajes aéreos (-16.59 %) y los automóviles (-0.97 %). En sentido contrario, aporta el aumento del servicio de reparación de vehículos (1.08 %).
Es importante destacar que las medidas implementadas por el Poder Ejecutivo, al disponer el subsidio a los combustibles domésticos, inciden en gran medida en el comportamiento este grupo reduciendo el impacto del mismo en la variación del IPC general.
Con respecto al aumento de 2.85 % del índice de precios del grupo Educación, éste se explica por los aumentos de los colegios privados y de algunas matrículas de la enseñanza universitaria, que de manera estacional se registran en el mes de septiembre.
En este sentido, la tarifa de la enseñanza primaria varió 5.11 %, la secundaria 4.63 % y la preescolar 5.63 %, en tanto que la enseñanza universitaria, aumentó 1.00 %. Otros componentes del gasto escolar que reflejaron variaciones positivas de precios fueron cuadernos (1.57 %) y el transporte escolar (1.64 %).
El incremento de 0.50 % del IPC del grupo Restaurantes y Hoteles responde, principalmente, al aumento de los precios de los servicios de comidas preparadas fuera del hogar como plato del día (0.51 %), servicio de víveres con acompañamiento (0.57 %), servicio de pollo (0.34 %), pizza (0.73 %) y empanadas (0.80 %).El índice de precios del grupo Vivienda creció 0.26 %, producto del incremento en los servicios de alquiler de vivienda (0.36 %), los gastos comunes en copropiedad (3.28 %) y pinturas (0.49 %). En tanto que la variación de 0.56 % en el IPC del grupo Muebles y Artículos para el Hogar obedece en gran medida a las alzas de los bienes y servicios para conservación del hogar (0.84 %).
Inflación de bienes transables y no transables
El informe indicó que el IPC de los bienes transables, aquellos que pueden exportarse e importarse libres de restricciones, varió 0.18 % en septiembre 2022, mientras que el índice de precios de los bienes y servicios no transables, es decir, los que por su naturaleza sólo pueden comercializarse dentro de la economía que los produce o están sujetos a medidas que limitan las importaciones de estos, varió 0.41 %.
Inflación por áreas geográficas
En cuanto al análisis de los índices de precios por regiones geográficas muestra que el IPC de la región Ozama, que comprende el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo varió 0.31 %, la región Norte 0.25 % y las regiones este y sur 0.38 % y 0.26 %, respectivamente.
La variación ligeramente mayor registrada en el IPC de la región este se explica, básicamente, por la menor incidencia en esta área geográfica del grupo Transporte que en el referido mes presentó una disminución de precios.
Inflación por quintiles
El BCRD explicó que el comportamiento del IPC por estratos socioeconómicos revela que los quintiles de menores ingresos registraron variaciones de 0.37 % el quintil 1; 0.40 % el quintil 2 y 0.38 % el quintil 3, repercutiendo en este comportamiento las alzas en los índices de precios de los grupos Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, Bienes y Servicios Diversos y Educación.
En cuanto a los quintiles de mayores ingresos (4 y 5), estos registraron tasas de inflación de 0.30 % y 0.15 %, respectivamente, producto de que la variación negativa del IPC del grupo Transporte, compensó parcialmente el crecimiento de los índices de precios de los grupos Educación, Bienes y Servicios Diversos y Vivienda
Santo Domingo, R.D.-El Poder Ejecutivo aprovechó la reformulación del Presupuesto 2026 para redistribuir recursos entre instituciones, solicitar autorización para contratar hasta US$4,354.5 millones en préstamos e introducir cambios que amplían su capacidad de maniobra durante la ejecución del gasto público.
La propuesta de reformulación del Presupuesto General del Estado para 2026, sometida por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, redistribuye miles de millones de pesos entre instituciones, incluyendo una reducción de 2,000 millones de pesos al Ministerio de Educación. Además, incorpora la autorización para contratar 23 operaciones de crédito público por 4,354.5 millones de pesos y otorga al Ejecutivo nuevas facultades para realizar ajustes presupuestarios.
El proyecto modifica la Ley 99-25, que aprobó el presupuesto vigente, con el argumento de que el desempeño de las recaudaciones permite aumentar en 40,978.3 millones de pesos tanto los ingresos como las apropiaciones de gasto. Como ambos conceptos crecen en la misma proporción, el déficit fiscal previsto para 2026 permanece sin cambios en RD$280,575.2 millones.
- Sin embargo, uno de los aspectos de mayor alcance es la reincorporación del artículo 71 de la Ley 99-25, mediante el cual se autoriza al Ministerio de Hacienda y Economía a concertar 23 operaciones de crédito con organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, la CAF, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y otras entidades financieras internacionales.
Las operaciones abarcan proyectos de agua potable y saneamiento, ampliación del Metro y el Monorriel de Santo Domingo, redes de transmisión eléctrica, modernización de centrales hidroeléctricas, infraestructura vial, sistemas de riego, desarrollo territorial, resiliencia climática y reforma del sistema penitenciario. En conjunto representan un monto de 4,354.5 millones de dólares.
El texto no establece las condiciones financieras específicas de esas operaciones. En todos los casos dispone que serán contratadas a una «tasa de interés y comisiones compatibles con las vigentes en el mercado para la República Dominicana», sin detallar tasas, plazos, períodos de gracia ni el costo financiero estimado de cada préstamo.
Reducen fondos a Educación
La reformulación también reorganiza el gasto entre instituciones públicas. Entre las reducciones figura una disminución de 2,000 millones de pesos para el Ministerio de Educación, y montos menores para el de Turismo y Energía y Minas.
En sentido contrario, aumentan las asignaciones para la Presidencia de la República, Interior y Policía, Salud Pública, Obras Públicas, Agricultura, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Hacienda y Economía y la Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional.
Además del nuevo paquete de endeudamiento, el proyecto incorpora disposiciones que amplían la capacidad de actuación del Poder Ejecutivo durante la ejecución presupuestaria.
El artículo 10 autoriza al Ejecutivo a efectuar las adecuaciones presupuestarias necesarias para la aplicación de la ley y realizar los ajustes derivados de la ejecución del presupuesto conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica de Presupuesto.
Santo Domingo, R.D.-El negocio fiduciario ha ganado espacio en la economía dominicana durante la última década. Detrás de proyectos inmobiliarios, inversiones, garantías y otros esquemas de administración de bienes opera una actividad que, de acuerdo con cifras de la Superintendencia de Bancos (SB), ya concentra más de medio billón de pesos en activos administrados.
Los datos disponibles en el portal de la SB muestran que cinco entidades fiduciarias administraban, al cierre de las fechas de actualización correspondientes a junio y julio de 2026, activos por RD$537,702.76 millones. En conjunto también manejaban 1,105 fideicomisos y empleaban a 385 personas.
Las cifras evidencian el tamaño que ha alcanzado este segmento financiero, cuya función no consiste en recibir depósitos o conceder préstamos, sino en administrar bienes y derechos que otras personas o empresas les confían mediante contratos de fideicomiso.
De acuerdo con la información de la Superintendencia de Bancos, Fiduciaria Reservas administra activos por RD$318,004.73 millones, equivalentes al 59.14% del mercado medido por activos administrados. La entidad reportaba 285 fideicomisos y una plantilla de 141 empleados.
Fiduciaria Popular ocupa el segundo lugar por activos administrados, con RD$100,699.88 millones, una participación de mercado por activo administrado de 18.73%; una participación de mercado por fideicomisos de 39.19%, 433 fideicomisos y 68 colaboradores.
Le sigue Fiduciaria La Nacional, con RD$64,257.70 millones bajo administración, una participación de mercado por activo administrado de 11.95%; participación de mercado por fideicomisos de 20.54%, además de 227 fideicomisos y 104 empleados.
Fiduciaria BHD registra activos administrados por RD$38,437.25 millones, equivalentes al 7.15% del mercado, junto con 108 fideicomisos y 54 empleados.
En tanto, FiduAPAP administra RD$16,303.20 millones, con una participación de 3.03%, además de 52 fideicomisos y una plantilla de 18 personas.
Mientras la distribución por activos presenta diferencias importantes entre las entidades, la participación cambia cuando el indicador observado es la cantidad de fideicomisos administrados. En ese caso, Fiduciaria Popular concentraba el 39.19% de los fideicomisos reportados por estas entidades, seguida por Fiduciaria Reservas con 25.79%, Fiduciaria La Nacional con 20.54%, Fiduciaria BHD con 9.77% y FiduAPAP con 4.71%.
Más que administrar dinero
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) define el fideicomiso como un acto jurídico mediante el cual una o varias personas entregan bienes o derechos a una entidad fiduciaria para crear un patrimonio separado que será administrado por esa entidad en beneficio de otra persona o incluso del propio fideicomitente.
Ese patrimonio separado es uno de los elementos centrales de esta figura. Los bienes transferidos al fideicomiso no pasan a formar parte del patrimonio propio de la fiduciaria, sino que permanecen independientes y deben administrarse exclusivamente conforme a las condiciones establecidas en el contrato.
La DGII explica que el fideicomiso no posee personalidad jurídica, aunque sí tiene la condición de contribuyente.
También señala que puede constituirse para cualquier propósito permitido por la ley, contiene bienes de cualquier naturaleza, se formaliza por escrito ante notario y dispone de un régimen de publicidad registral que permite hacerlo oponible frente a terceros.
En ese esquema, la fiduciaria asume la administración de los bienes, pero no adquiere la propiedad para fines propios ni puede utilizarlos en beneficio de sus administradores.
La legislación también establece obligaciones específicas para las fiduciarias. Entre ellas figuran mantener separados los bienes administrados de su propio patrimonio y del resto de los fideicomisos que gestionan, rendir cuentas al fideicomitente o al beneficiario cuando corresponda, administrar los bienes con prudencia, diligencia y cuidado, disponer de ellos únicamente conforme a lo establecido en el contrato y transferirlos a quien corresponda una vez se cumplan las condiciones pactadas.
Igualmente, las fiduciarias deben defender los bienes que administran, no pueden garantizar resultados o rendimientos de las inversiones, tampoco delegar sus funciones, apropiarse de los bienes fideicomitidos ni realizar actos en beneficio de sus propios administradores. Estas obligaciones buscan preservar la independencia del patrimonio administrado y garantizar que los recursos entregados por los fideicomitentes sean utilizados únicamente para los fines previstos en el contrato de fideicomiso.
La Ley 189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso contempla distintos tipos de fideicomisos.
Entre ellos se encuentran los fideicomisos de planificación sucesoral, utilizados para organizar la transmisión del patrimonio; los fideicomisos de inversión y los fideicomisos de inversión y desarrollo inmobiliario.
Lo que sí se puede hacer bajo la sombrilla de la ley
La normativa también permite crear otros tipos de fideicomisos, siempre que su objeto no contradiga las disposiciones legales vigentes.
En todos los casos participan al menos tres figuras principales. El fideicomitente, que aporta los bienes o derechos; la fiduciaria, encargada de administrarlos; y el beneficiario o fideicomisario, quien recibe los beneficios derivados del patrimonio fideicomitido o los bienes al finalizar el contrato, según las condiciones acordadas.
De acuerdo con lo explicado por la DGII, las personas jurídicas constituidas exclusivamente para fungir como fiduciarias deben registrarse e informar el inicio de sus operaciones. Asimismo, la legislación permite que bancos múltiples, asociaciones de ahorros y préstamos y otras entidades de intermediación financiera autorizadas por la Junta Monetaria puedan ejercer funciones fiduciarias.
Santo Domingo, R.D.-El Banco Popular Dominicano encabeza el crédito a las a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) del país, y se mantuvo como la entidad de intermediación financiera con el mayor saldo de créditos destinados a este sector.
La entidad cuenta con una cartera de RD$157,310 millones al cierre de abril de 2026, según el más reciente informe del Sistema de Información del Mercado Bancario Dominicano (SIMBAD) de la Superintendencia de Bancos (SB).
Este volumen de financiamiento a las mipymes representaba para ese momento el 40.8% de la cartera comercial total del Banco Popular. La cartera para el segmento mipyme en particular registró, además, un crecimiento interanual de 4.1% y contabilizó 59,600 créditos al período referido.
Estos resultados reflejan el respaldo sostenido del Banco Popular a las mipymes dominicanas y su rol como aliado financiero de un sector fundamental para la actividad productiva, la generación de empleos y el crecimiento económico nacional.
Según el informe “Financiamiento a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas” de la SB, las mipymes aportan un valor agregado equivalente al 32% del producto interno bruto (PIB) y generan alrededor de 3.05 millones de puestos de trabajo, equivalentes al 61.6% del empleo total. Asimismo, representan el 98.5% de las empresas inscritas en el Registro Nacional de Contribuyentes, de acuerdo con datos de 2024 citados en el reporte. “Reafirmamos nuestro compromiso de continuar acompañando a las micro, pequeñas y medianas empresas dominicanas, apoyando sus proyectos, sus necesidades financieras y sus planes de crecimiento. Como aliados financieros de las mipymes, en el Banco Popular fortalecemos su capacidad de contribuir al desarrollo de una economía más dinámica, competitiva y sostenible”, afirmó Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Banco Popular.
Referencia geográfica
Popular impulsa el crecimiento de mipymes
El Banco Popular informó que continúa apoyando a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) mediante soluciones financieras orientadas a cubrir sus necesidades de operación e inversión, fortaleciendo su competitividad y crecimiento.
Según la Superintendencia de Bancos, la entidad registró una tasa de interés acumulada de 11.7 % para este segmento a abril de 2026, una de las más bajas del sistema, con un índice de morosidad de 1.3 %.