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Análisis Noticiosos

La inmunidad como instrumento de impunidad

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En la República Dominicana hay todo un debate en torno a la violación que ha cometido un diputado perredeísta en perjuicio de una joven de 14 anos de edad.

La discusión ha sido generada por la decisión de la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reinoso, de poner en acción la fuerza pública para apresar en plena sesión de la Cámara de Diputados al legislador  Papo Fernández, quien ya recibió una condena de la Suprema Corte de Justicia, tribunal competente para conocer estos casos como la establece la Constitución.

Lo sorprendente de la decisión del ministerio público es el nivel de desconocimiento de nuestra Carta Magna por parte de la fiscalía, ya que todo profesional del derecho y más si ocupa una posición pública es saber que la constitución es muy clara con el asunto de la inmunidad parlamentaria.

Jamás la fiscal del Distrito Nacional debió enviar las fuerzas públicas para el apresamiento del  legislar en virtud de que la autoridad competente incurrió en una violación flagrante de la ley sustantiva de la Nación.

En todo caso debió gestionar su apresamiento cuando el diputado Fernández abandonara el hemiciclo, a fin de proceder en función de lo que establece la Constitución.

La decisión de Berenice Reinoso debe ser presentar su renuncia como fiscal del Distrito Nacional, porque ha demostrado que no tiene la capacidad para ocupar tan importante posición.

No obstante, la ignorancia de la procurada fiscal no debe  ser un motivo para encubrir a un violador como el diputado Fernández, quien incluso ya es  convicto de la justicia dominicana, pero debe ser a través de la Cámara de Diputados que se le de curso a su condena.

La inmunidad parlamentaria no debe ser una figura para encubrir delincuentes, violadores de niños y ladrones vulgares,

La duda que se tenía quedó despejada con la decisión de los diputados de retirarle la inmunidad al legislador supuestamente responsable de la violación de una menor,  quien de inmediato se presentó a la fiscalía del Distrito Nacional, pero sorprendió lo reñida de la votación en el hemiciclo cameral, mientras los abogados del acusado han solicitado una inversión de la condena, es decir, que sean los primeros seis meses  en libertad  condicional y los otros seis restantes  de reclusión. Esta solicitud sienta un precedente en lo que respecta a la variación del contenido de una sentencia en beneficio del convicto.

Lo preocupante es que hay  precedentes con alrededor de doce  diputados que han cometido el mismo crimen y no ha pasado nada, es decir que han sido protegidos  por sus colegas de la Cámara de Diputados.

Es otro pecado más que se agrega a una Cámara de Diputados que nos tiene acostumbrados a los escándalos, a las cosas mal hechas  y a legislar para su propio beneficio en contra de que lo estipula la Constitución de la República.

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Análisis Noticiosos

La falta de conciencia social.

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Por José Cabral

Los estudios de los fenómenos sociales ocurridos en la sociedad dominicana indican con toda claridad que adoleció del desarrollo de la fuerza productiva, lo que, naturalmente, genera una falta de conciencia social.

Este el fundamento de los que muchos sostienen, incluido yo, de que el sector empresarial amuela cuchillos para su propia garganta, porque no representa un foco de presión para que las cosas se hagan con el propósito de preservar sus intereses.

Pero es que esa conducta se deriva del hecho de que los que se suponen que deben procurar fortalecer el Estado mediante el combate de todas las distorsiones que sufre el sistema, lo que hacen es sumarse a las acciones que le quitan legalidad y legitimidad.

Yo he dicho y lo reitero en este artículo que el sector empresarial se ha sumado a la cadena de complicidad que comienza en el Palacio Nacional, entra a los medios de comunicación social y luego se convierta en un cometa, porque nadie sabe dónde termina, ya que todo el que se hace llamar inversionista no busca otra cosa que mediante una vocación mafiosa acumular fortunas sobre la base de la sombra del Estado.

Lo que pasa, según entiendo, es que ellos como son parte de lo que en sociología política se le llama clase social entre sí, les importa poco la desnaturalización del rol del Estado, aunque al final de la jornada sean los principales afectados porque son los que más tienen que perder frente a una revolución social.

El problema tiene una grave complejidad, ya que al no existir una clase social para sí, consciente de su papel, difícilmente tengan la iniciativa de exigir controles, como por ejemplo, del gasto público, sobre todo si el sector empresarial se suma en  complicidad a la corrupción que se promueve o es auspiciada por el sector oficial.

De manera, que resulta un problema con raíces muy profundos que solucionarlo resulta bastante difícil, porque además no se entiende la explicación del fenómeno.

En países pobres y con bajos niveles de institucionalidad, como el dominicano, el llamado empresario se suma a la fiesta de la corrupción, lo que constituye una razón para crear disgusto social y las condiciones para que se produzca una explosión social.

El llamado empresario dominicano, tanto el colocado en la pequeña, mediana o grandes empresas persigue más que seguridad jurídica y paz social y la  satisfacción de necesidades sociales,  que se le incorpore al contrabando, que se le entregue propiedades públicas y ser favorecidos por todas las travesuras del que tiene el control del Estado.

Sin embargo, la pregunta que me hago es si ciertamente en el país existe alguna propuesta para institucionalizar la nación, al margen del amor por el dinero y las cosas materiales, no importa su procedencia, pues penosamente tengo que decir que ese es un sueño utópico por el momento.

Sigo pensando que sólo un Estado que promueva valores más que antivalores podría ser la panacea a un mal integral que no permite que la gente haga una reflexión profunda y realista y actúe de modo diferente frente a un fenómeno que puede llevar al abismo a la sociedad dominicana.

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Análisis Noticiosos

El afán por el poder.

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Por José Cabral

Observo con mucha preocupación el afán desmedido del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por mantenerse en el poder cuando su obra de gobierno es tan pobre que no es comparable con ningún otro por malo que haya sido.

Lo digo por lo que veo que ocurre en Santiago y en todo el territorio nacional, donde el deterioro de los servicios públicos es tan preocupante que cualquiera se larga del país para no volver jamás.

No hay prácticamente servicio de agua potable, ni siquiera para descargar los baños de las casas y los negocios, lo que llena de bacterias los hogares y se propagan las enfermedades, sobre todo las infecto-contagiosas.

El servicio de energía eléctrica no puede ser peor, cuya distribuidora del Norte, EDENORTE y las demás Edes, se la pasan en confabulación con PROTECOM estafando a los usuarios con facturaciones falsas, inventadas y con medidores “arreglados” para buscar cubrir sus déficits con el engaño al ciudadano.

Ahora también se agrega que la recogida de basura en el municipio de Santiago es prácticamente nula, entonces, repito la pregunta, para qué el PRM quiere preservar el poder.

El gran problema de este partido es que no entiende de planificación ni de programar una gestión pública a corto, mediano y largo plazo.

No es que los demás partidos del sistema no tengan la misma visión y comportamiento, pero pienso que lo que ocurre con el PRM ya llega al colmo de la incapacidad para dirigir el país.

El sufrimiento de los dominicanos por la irresponsabilidad de los que van al Estado, principalmente a resolver sus problemas personales, no parece tener fin, ya que aquellos que ya pasaron por la administración pública tienen ojos para ver la irresponsabilidad y la vocación por la corrupción de los que ostentan hoy el poder, pero al final de cuentas todo se trata de una doble moral.

Sin embargo, creo que lo del PRM ya no tiene madre, para utilizar una expresión muy popular de la República Dominicana, por lo que cuando llegue al final de su gobierno es muy poco lo que va a quedar.

En conclusión, el PRM es una verdadera desgracia nacional, máxime porque ahora los dominicanos no tienen derechos ni para disfrutar de un buen servicio de agua potable y energía eléctrica, pero la incapacidad abarca todo lo demás, porque se trata de una deficiencia integral, general.

¡Qué desastre!.

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Análisis Noticiosos

El poder ciega la razón.

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Por José Cabral

Estuvo profundamente convencido de que el presidente Luis Abinader observaría la Ley 13-26 que persigue anular una jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes.

Sin embargo, me equivoqué porque Abinader escogió la vía de la promulgación de lo que muy bien se puede calificar como un adefesio jurídico.

Pero hay otro elemento que me provoca muchas dudas y me refiero a cuál ha sido el papel jugado en este caso por el expresidente de la Suprema Corte de Justicia y quien ahora funge como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa.

La pregunta surge porque después de la promulgación sigue la publicación en la gaceta oficial de la nueva ley que pone en tela de juicio todo el sistema legal e institucional del país y precisamente ese último paso recae sobre Subero Isa.

Entonces, se impone preguntarse que si independientemente de que Subero Isa no haya compartido la sentencia TC/0788/24 y que incluso se oponga a las candidaturas independientes, tiene acaso otra opción que no sea respetar la jurisprudencia sentada en esta materia por la alta corte, sobre todo por tratarse de un jurisconsulto que nadie pone en tela de juicio su gran formación jurídica.

Considero que Subero Isa si por alguna razón tiene que cumplir con la decisión tomada por Abinader, la cual parece ser parte de un plan del PRM, entonces lo menos que puede ocurrir es que presente su renuncia de la posición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo.

Cualquier decisión que no se corresponda con respetar lo que ha sido su trayectoria como hombre de ley, coloca a Subero Isa en una contradicción que impacta muy negativamente el respeto que se ha ganado en el entorno de la justicia dominicana.

Subero Isa es uno de los mejores presidentes de la Suprema Corte de Justicia que ha tenido el país, pero no luce como razonable que juegue algún papel para atacar una jurisprudencia que cumple con todos los requerimientos del derecho constitucional moderno o del neo-constitucionalismo.

Todavía me asalta la duda si Subero Isa se ha sumado a un plan que en todo caso debe ser político para poner en cuestionamiento el proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana, cuyos fines es preservar y promover los derechos fundamentales.

La verdad que me gustaría saber a ciencia cierta cuál es la posición de Subero Isa frente a la torpeza cometida por Luis Abinader, sin que haya una razón lógica que la explique.

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