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Usuarios del Metro y Teleférico serán vigilados por inteligencia militar.

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Santo Domingo, RD.-El Ministerio de Defensa tendrá a su cargo la ampliación del sistema de video de vigilancia mediante monitorios en tiempo real de todo el movimiento del Metro y del Teleférico, según un acuerdo firmado entre el órgano castrense y la Oficina para el Reordenamiento del Transporte.

Mediante el convenio firmado el pasado 30 de octubre por el ministro de Defensa, teniente general Rubén Paulino Sem, y el director de la OPRET, ingeniero Manuel Antonio Saleta García, se establece que el objetivo es facilitar “la interconexión del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras e Inteligencia (C4I) del MIDE, a los Sistemas de Manejo de Videos de la OPRET, para monitoreo en tiempo real, en las diferentes líneas del Metro y Teleférico”. Agrega que la OPRET suministrará los accesos necesarios al MIDE, que permita la conexión a los Sistemas, para el monitoreo en tiempo real de las diferentes líneas del Metro y Teleférico de Santo Domingo.

Los accesos permitidos al MIDE se corresponden con las áreas de “entradas, pasillos, andenes, ascensores, puente atirantado, pasillos de las galerías comerciales y otras áreas públicas de libre tránsito al usuario”.

El acuerdo establece que el MIDE tendrá que resguardar la confidencialidad de las grabaciones realizadas, de conformidad con la Constitución y las leyes relacionadas a la imagen y dignidad de las personas, tanto en la grabación, difusión y uso de las imágenes obtenidas.

Especifica que cuando el MIDE quiera “grabar cualquier evento o incidencia, la misma debe ser solicitada de manera formal a la autoridad competente de la OPRET” y agrega que cualquier difusión y uso de las imágenes obtenidas por el MIDE, “deberán ser autorizadas por la autoridad competente, conforme las disposiciones de nuestra legislación vigente”.

Dispone que las actividades programadas por la OPRET que pudiesen confundir o alterar la normal visualización realizada por el MIDE, como son fumigaciones, simulacros, entre otros, serán previamente comunicadas por la OPRET.  

“En caso de que el MIDE visualice actividades que les parezcan anormales, deberá llamar para fines de alerta al Puesto de Mando Central (PCC) de la OPRET, vía telefónica o comunicarse por cualquier vía disponible”, establece el convenio entre las partes. Para que el MIDE pueda visualizar las “cámaras internas de los trenes”, tendrán que obtener una autorización expresa de la OPRET, previo requerimiento de los militares.

Para concretar los términos del acuerdo, las partes decidieron formar “una comisión mixta integrada por representantes de OPRET y el MIDE para el seguimiento y complimiento de lo pactado”.

El pasado 16 de noviembre, el senador por Florida, Marco Rubio, denunció que República Dominicana forma parte del “estado de vigilancia” de China por el uso de cámaras que estarían destinadas a labores de inteligencia. “Así es como China difunde su estado de vigilancia y recopila datos en países de todo el mundo. Esto ahora incluye al gobierno dominicano, que recibió este equipo de vigilancia por parte de los chinos”, dijo Rubio.

El gobierno reaccionó diciendo que está ampliando el sistema de cámaras de vigilancia con equipos adquiridos “con total transparencia”, de varios proveedores.

 

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Senado ratifica varios nombramientos diplomáticos extraordinarios y plenipotenciarios

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Santo Domingo. – El Senado de la República ratificó este lunes tres nombramientos diplomáticos, entre ellos, el de la señora Joan Margarita Cedano García de Madera, como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria en el Reino de Bélgica.

También, fue ratificado el nombramiento diplomático de Jorge Gerardo Neftalí Marte Báez, como embajador extraordinario y plenipotenciario en la República Argentina; así como el nombramiento de Víctor Valdemar Suarez Díaz, como embajador ante la Santa Sede. Estas iniciativas fueron remitidas por el Poder Ejecutivo.

El Pleno del Senado aprobó en primera lectura el proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo, a través del ministerio de Hacienda, a la emisión y colocación de valores de deuda pública por hasta un monto de trescientos cincuenta mil novecientos noventa millones trescientos noventa mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$350,990,390,000.00), o su equivalente en moneda extranjera, conforme lo dispuesto en la ley núm. 80-24 del Presupuesto General del Estado para el año 2025, iniciativa propuesta del Poder Ejecutivo.

El pleno, además, sancionó en segunda lectura el proyecto de ley que declara la provincia Peravia «Provincia Ecoturística», iniciativa presentada por el senador Julito Fulcar Encarnación.

Esta iniciativa legislativa tiene por objeto declarar la provincia Peravia como provincia Ecoturística, con la finalidad de impulsar y fomentar el uso racional y sostenible de los recursos naturales, el turismo ecológico y las manifestaciones culturales.

En los trabajos extraordinarios de este lunes, los senadores aprobaron en primera lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de José Valverde, el play de béisbol de Paso Cibao, ubicado en la carretera Hato Mayor-El Seibo, una propuesta del senador Cristóbal Venerado Castillo.

Minuto de silencio

Los senadores honraron la memoria de Benjamín Paiewonsky Batlle, diseñador y primer director del Jardín Botánico Nacional; y del destacado acordeonista y compositor de merengue típico dominicano, Rafaelito Román.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, convocó a sus pares a sesión ordinaria para el miércoles 11 del presente mes a la 10:00 de la mañana.

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Jueza acoge el retiro de 12 querellas contra Ángel Lockward del caso Calamar

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Santo Domingo, R.D.-La jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Lidia Altagracia Ramírez, acogió este lunes el retiro de doce querellas presentadas en contra de Ángel Lockward, uno de los señalado en el presunto caso de corrupción Calamar.

Los abogados Patricio Amador, Alexander Navarro, José Elías Cuevas, Nicasio López, David Bautista, Marino Elseviyf, entre otros, revelaron al cierre de la audiencia de hoy en la cual retiraron las querellas porque alegadamente Lockward actuó con apego al interés de sus clientes y no encontraron faltas en sus procesos.

Lockward está acusado por el Ministerio Público de pertenecer al caso Calamar y de financiar la campaña política del PLD en los años 2019 y 2020.

Según el expediente del Ministerio Público, el abogado colocó bienes en el mercado financiero, comprometiendo su responsabilidad penal y la de su firma de abogados Ángel Lockward & asociados S.R.L.

El jurista, Julio César, representante de Manuel Reyes y Eligio Reyes, dos querellantes, subrayó que Lockward logró el «milagro» de que gente pobre desposeída de sus propiedades por 75 años en el Aeropuerto Internacional de las Americas (Aila) cobraran al fin sus terrenos.

Los doctores  Patricio y Martin Mañón pidieron al presidente Luis  Abinader que pague a Eladia Reyes y a Herminio Mercedes su propiedad en el AILA, a quienes una sentencia  definitiva del 2020 ordenó al Ministerio de Hacienda pagarles en 2021, y esto no se ha ejecutado.

El Ministerio de Hacienda ha colocado el pago a estos señores para el año 2026 «cuando estén muertos porque son nonagenarios enfermos y muy pobres», refirió el togado Amador.

Asimismo, el jurista Alexander Navarro al ponderar el trabajo de Lockward como abogado declaró que han sometido a Mérido Torres, exdirector de Titulación, a quien imputa una alegada representación defectuosa, pues apenas logró valorar a 3,000 pesos el metro de tierra en el AILA en donde Lockward obtuvo en cinco sentencias un valor de 7,625 pesos el metro.

José Cuevas Jiménez, representante legal de varios querellantes, pidió al Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) como había prometido- que levante las oposiciones a sus clientes para que los terrenos puedan pasar al Estado.

La jueza también acogió dos desistimientos del jurista José Bidó a favor de José Ramón Peralta.

El proceso fue aplazado para el 13 de enero de 2025.

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¿Qué hará RD en la audiencia de la Corte Internacional de Justicia en La Haya?

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Santo Domingo, R.D.-La República Dominicana participará este martes por primera vez, en una audiencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), principal órgano judicial de las Naciones Unidas, con sede en el Palacio de la Paz, La Haya, Países Bajos.

Esta corte es la encargada de decidir las controversias jurídicas entre Estados, pero también emite opiniones consultivas sobre cuestiones que pueden someterle órganos o instituciones especializadas de la ONU. Sobre este último punto tratará la audiencia de mañana, «la solicitud de opinión consultiva sobre las obligaciones de los estados en materia de cambio climático».

Para el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), la participación del país ante este órgano judicial es histórica y marca un hito significativo en el compromiso del Estado dominicano con el derecho internacional y la promoción de la justicia en el ámbito global. De hecho, de los seis países que tendrán participaciones orales, República Dominicana será uno, siendo el segundo orador de la audiencia.

Esta solicitud fue emitida por la Asamblea General de la ONU mediante la resolución 77/276 de fecha 29 de marzo de 2023 y de conformidad a lo indicado en el artículo 96 de la Carta de las Naciones Unidas y el artículo 65 del Estatuto de la CIJ.

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La delegación dominicana estará encabezada por Boni Guerrero Canto, director jurídico del Mirex; Alejandra Torres-Camprubí, en su condición de asesora jurídica externa; y Julio José Rojas Báez, quien también es vicepresidente del Comité Jurídico Interamericano de la Organización de los Estados Americanos (OEA); acompañados por Juan Durán, embajador dominicano ante el Reino de los Países Bajos.

«República Dominicana está altamente preocupada por el nivel extremo de urgencia y gravedad que representa la emergencia climática, especialmente en su condición de miembro del grupo de Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID) de las Naciones Unidas, junto con otros 38 Estados y 39 Miembros Asociados. El Gobierno dominicano reafirma su compromiso con el multilateralismo y la cooperación internacional, alentando y apoyando firmemente todos los esfuerzos encaminados a mejorar el cumplimiento y la eficacia del régimen internacional sobre el cambio climático», significó la Cancillería dominicana a través de una nota de prensa.

Los demás países que tendrán participaciones orales son: Portugal, Rumania, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Santa Lucía.

Estas consultas se realizan del 2 al 13 de diciembre de 2024 en el Palacio de la Paz, en sesiones que encabezará el presidente de la Corte, Nawaf Salam.

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