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La izquierda no es solución a desgracia nacional por falta de visión para articular una propuesta viable.

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Por Elba García

La izquierda es un fiasco y cuya principal falencia es que se comporta como si tuviera más intereses que los partidos tradicionales y esa conducta imposibilita que se unifique, lo cual también es atribuible a su falta de capacidad para interpretar correctamente la sociedad dominicana.

Han sido ingentes los esfuerzos de los pequeños partidos de la izquierda nacional, cuyas diferencias entre si son sobre cosas de poca trascendencia, para unirse, pero esa conducta explica su limitada capacidad para darle una lectura correcta a la crisis nacional.

Mientras los partidos nacionales, los cuales operan más como un negocio que como una instancia interesada en la solución de los problemas nacionales, están sumergidos en el peor de los descréditos, los de la izquierda se pierden en detalles de muy poca importancia y no hay forma de que puedan crear vocación de poder.

Podría decirse que la izquierda es más difícil unirla que a la derecha, pese a que los últimos se mueven por lo negocios que hacen a la sombra del Estado, quienes tienen una concepción politiquera e inexplicablemente ha demostrado ser mucho mas inteligente que la primera.

En el ámbito nacional, es decir del territorio dominicano, la izquierda carece de un peso especifico en el escenario político-electoral, pero que casi igual pasa con la derecha que ha perdido totalmente su credibilidad por los altos niveles de corrupción que promueven.

Pero en el terreno internacional, aunque difiere mucho de lo nacional, la izquierda cae en el descredito porque los que ocupan la presidencia de la República en una diversidad de naciones buscan perpetuarse en el poder de una forma que los propios seguidores de esta corriente rechazan.

Ejemplos de este fenómeno los constituyen los gobiernos de Nicolás Maduro en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua y lo que intentó, pero que no logró, Evo morales en Bolivia, cuya ambición ha puesto en tela de juicio  la inteligencia de estos lideres por su ambición desmedida de poder.

Tal vez como nunca antes, la izquierda tiene la oportunidad de casarse con la gloria, pero el síndrome de la división que le afecta hace prácticamente imposible que pueda aprovechar la circunstancia política que se presenta en el país.

La conducta de la izquierda la ha sumergido en un descredito igual o peor que el que padece la derecha, aunque las razones son totalmente diferentes, ya que la primera es porque tiene una vocación de hacer corrupción que no hay forma de corregirla y la segunda la incapacidad le ha generado una miopía que impide que pueda caminar.

Sin ningún temor de equivocación en  la izquierda dominicana hay tanta o más ambición de poder que en la derecha, pese a que al final de la jornada se conforman con cualquier migaja a través de alianzas con los que están en una posición diametralmente opuesta, la cual regularmente se queda entre algunos de sus dirigentes.

Otra razón que ha sembrado la cultura de la división y del chisme en la izquierda dominicana son los fondos que  provienen del contribuyente a través de la Junta Central Electoral (JCE), los cuales se han convertido en una manzana de la discordia, ya que las organizaciones reconocidas de esta corriente no son transparentes en el manejo de los mismos, pero atacan a todo el que se dedica a enriquecerse a la sombre del patrimonio público.

La cuestión es que la República Dominicana en la actual circunstancia está totalmente desamparada, porque tanto uno como el otro, es decir, la derecha y la izquierda, no constituyen una garantía de cambios para el país.

La JCE acaba de informar que alrededor de 103 organizaciones buscan personalidad jurídica, pero prácticamente todos ellos depositan firmas inventadas o sacadas de cualquier listado sin estar autorizados por el votante, ya que su único interés es lograr su reconocimiento para manejar ese dinero público sin que nadie sepa hacia dónde va.

Todo este panorama es una razón más que suficiente para que el país se prepare para construir una propuesta que deseche toda la basura que hoy inunda todos los escenarios y que de cualquier forma que se mire es un mal que representa un gran peligro de disolución de la nación.

La Licenciada Elba Rosa García Hernández es abogada, comunicadora y activista social dominicana, con base en Santiago de los Caballeros. Es cofundadora de la firma legal "La Ley & Usted" y ejerce como litigante especialista en derecho civil, inmobiliario, penal y electoral y además se desempaña como jefa de información del periódico digital larepublicaonline.com, quien además es egresada de Derecho, Mercadeo y Secretario Ejecutivo de las universidades Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y Abierta para Adultos (UAPA). Cuenta con formación en derecho inmobiliario, periodismo digital y marketing. Litiga casos complejos y se desempeña como consultora legal para diversas empresas corporativas. Es reconocida por su participación como panelista y comunicadora en plataformas digitales, donde analiza temas de relevancia jurídica, política y derechos humanos. Ha sido reconocida por su liderazgo y servicio social en la República Dominicana.

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Multinacionales de telecomunicaciones incurren en fraude a través de recargas telefónicas y estafan millones de dominicanos.

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En la República Dominicana existe una situación que merece una investigación profunda y una respuesta contundente de las autoridades en torno a la rapidez con que se consume el dinero de las recargas telefónicas de miles de ciudadanos que dependen del sistema prepago para comunicarse.

El gigantesco fraude plantea serias interrogantes sobre la transparencia de las tarifas, la protección de los consumidores y la responsabilidad de las empresas que prestan los servicios de telecomunicaciones, pero muy particularmente de cuál es en esta materia la responsabilidad del Estado.

Una persona compra una recarga de cien pesos, realiza una primera llamada y descubre que una parte considerable de su dinero ha desaparecido, ya que cuando intenta comunicarse nuevamente se encuentra con que ya no dispone de balance suficiente.

La irregular situación deja la interrogante inevitable: ¿cómo es posible que cien pesos se consuman con tanta rapidez y que el usuario, muchas veces, no comprenda exactamente por qué?, cuyo fraude toma mayor relevancia cuando se observa la dimensión del mercado y que el mismo alcanza a cerca de nueve millones de usuarios.

Según estadísticas correspondientes al cierre de 2025, recogidas en el Anuario de Estadísticas Económicas de la Oficina Nacional de Estadística, la República Dominicana contaba con aproximadamente 8.3 millones de líneas móviles bajo la modalidad prepago, equivalentes al 75.5 % del total.

Aunque estas cifras representan líneas y no necesariamente personas diferentes, muestran la extraordinaria dimensión social del problema, sobre todo porque en algún momento las telecomunicaciones fue el renglón preponderante del producto interno bruto del país.

La modalidad de prepago es utilizada por trabajadores, estudiantes, comerciantes, agricultores, amas de casa y ciudadanos que necesitan controlar diariamente sus gastos y que para muchos hogares dominicanos cien pesos no es una cantidad insignificante, la cual forma parte del presupuesto destinado a necesidades esenciales.

 

Y cuando ese dinero se consume sin una explicación comprensible, surge una legítima preocupación sobre la justicia de las condiciones comerciales, amén de que son también victimas de otros fraudes que les crea una situación difícil para su sobrevivencia.

Entonces, en el proceso queda la incógnita de a dónde va el dinero sustraído, sobre todo que cuando se suma la cantidad de usuarios se habla de un robo que supera los miles de millones de pesos dominicanos.

Naturalmente, habría que tomar en cuenta uno de los aspectos menos conocidos por los consumidores, que es la carga tributaria que afecta los servicios telefónicos, lo cual de ninguna manera justifica lo que ocurre.

El Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CREES, ha advertido que estos servicios soportan tres gravámenes, el ITBIS del 18 %, el Impuesto Selectivo al Consumo del 10 % y la Contribución al Desarrollo de las Telecomunicaciones del 2 %, por lo que una recarga de cien pesos habría que agregarle los impuestos sobre el consumo telefónico.

Sin embargo, es importante aclarar que estos porcentajes no necesariamente equivalen a descuentos separados y directos sobre cada recarga, pues su aplicación depende de la base imponible y de la estructura del precio, ya que los impuestos no explican por sí solos todos los casos de consumo acelerado.

En este caso también debe examinarse las tarifas por minuto, los servicios de datos móviles, las renovaciones automáticas, los paquetes contratados y los posibles cargos adicionales, lo cual constituye una cuestión fundamental.

Además, frente a la situación creada habría que preguntarse ¿recibe realmente el consumidor información suficientemente clara para comprender cuánto le cuesta cada llamada y por qué disminuye su balance?

Porque una cosa es cobrar por un servicio efectivamente prestado y otra muy distinta es aplicar cargos incorrectos, no autorizados o insuficientemente informados y esta diferencia resulta esencial para determinar si estamos frente a una práctica comercial legítima o ante posibles violaciones de los derechos del consumidor.

El tema tiene un impacto social que afecta principalmente a los más vulnerables y las consecuencias al respecto del fenómeno trasciende las relaciones comerciales.

Una madre que necesita comunicarse con sus hijos, un trabajador que busca empleo o un agricultor que debe coordinar la venta de sus productos pueden quedar incomunicados cuando se agota inesperadamente una recarga, ya que la telefonía móvil no se trata de un lujo, sino de una herramienta indispensable de integración económica y social.

En esta virtud, cuando los ciudadanos de menores ingresos terminan pagando proporcionalmente más por mantenerse comunicados, se profundizan las desigualdades y el problema también tiene una dimensión económica que merece atención, porque una pequeña cantidad cobrada indebidamente a cientos de miles de usuarios termina en un monto acumulado que representan muchos millones de pesos.

Todo esto, aunque no existe una comprobación de la irregularidad, pero es una forma que se estila regularmente cuando el Estado no tiene niveles importantes de institucionalidad, fiscalización y regulación por razones de colonización política, económica, social y cultural, lo cual merece una investigación lo suficientemente rigurosa para detener la comisión de un fraude que daña a la sociedad y a la democracia.

En una sociedad donde las telecomunicaciones resultan fundamentales para trabajar, estudiar y acceder a servicios, la transparencia no puede ser opcional, sino una regla del juego para los negocios nacionales y extranjeros.

La Ley General de Telecomunicaciones número 153-98 establece el marco regulatorio del sector y atribuye al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, INDOTEL, funciones de regulación y protección de los usuarios.

Además, el Reglamento de Derechos y Obligaciones reconoce el derecho de los clientes a recibir información gratuita sobre su saldo y vigencia, así como a presentar reclamaciones e incluso disponer que los saldos prepagados no consumidos sean reconocidos cuando el usuario efectúa una nueva recarga dentro de los noventa días posteriores al vencimiento de su vigencia.

Por consiguiente, el debate no debe limitarse a determinar cuánto cobran las compañías, sino que se hace necesario establecer cómo fiscaliza el organismo regulador los sistemas de facturación, los descuentos de balance y la información suministrada a los consumidores.

Sobre el tema abordado en este reportaje hay que preguntarse: ¿Se realizan auditorías técnicas independientes sobre los mecanismos de descuento? ¿Pueden los usuarios conocer, de manera sencilla, cuánto consumieron por llamadas, navegación y otros servicios? o si ¿Existe suficiente vigilancia para identificar posibles cobros duplicados, errores de tarificación o activaciones no autorizadas?

Estas son preguntas que requieren respuestas públicas, dado que las compañías de telecomunicaciones tienen la obligación de explicar sus estructuras tarifarias y demostrar que sus cargos corresponden a servicios prestados conforme a las condiciones contratadas.

Sin embargo, la explicación debe ser verificable, comprensible y accesible para cualquier ciudadano, sin que medie una investigación y medidas correctivas, porque ante la dimensión del mercado de prepago, resulta pertinente que el INDOTEL impulse una evaluación pública e independiente de los mecanismos de tarificación utilizados por las empresas.

Una investigación de esta naturaleza debería examinar las condiciones de las recargas, el costo real de las llamadas, los consumos de datos y los mecanismos de información al usuario, así como también debería determinar cobros injustificados y, en caso de comprobarse, establecer las responsabilidades correspondientes y ordenar las compensaciones que procedan conforme a la ley.

La protección del consumidor no puede reducirse a reconocer su derecho a reclamar, sino que debe incluir mecanismos efectivos para detectar y corregir irregularidades.

La Ley 358-05, sobre Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario, también establece obligaciones de respeto a las condiciones ofrecidas y contratadas y en consecuencia, las empresas no solo deben garantizar la calidad técnica de las comunicaciones, sino también la transparencia de las relaciones comerciales.

La República Dominicana no puede aspirar a convertirse en una sociedad digital moderna mientras persistan dudas razonables sobre la forma en que se consume el dinero de las recargas telefónicas, aunque no se trata de condenar anticipadamente a las compañías ni de afirmar que cada balance agotado constituye un fraude, pero la forma como ocurre el problema planteado deja dudas en torno a la transparencia de las empresas que ofrecen el servicio.

No se trata de condenar anticipadamente a las compañías ni de afirmar que cada balance agotado constituye un fraude, sino de algo mucho más importante, que es determinar si los consumidores están pagando exactamente por los servicios que reciben.

Cuando un ciudadano compra una recarga de cien pesos, tiene derecho a saber cuánto dinero representa realmente esa transacción, cuáles tarifas se le aplicarán y por qué se reduce su saldo, porque detrás de cada compra existe el esfuerzo económico de una persona y, muchas veces, el sacrificio de una familia.

La pregunta que las autoridades y las empresas deben responder es sencilla: ¿está suficientemente protegido el dinero de millones de dominicanos que utilizan servicios telefónicos prepagados?

Mientras esa interrogante no tenga una respuesta transparente, verificable y convincente, continuará abierta una discusión que involucra derechos económicos, responsabilidad empresarial y protección ciudadana.

Porque en una sociedad de derechos, ningún consumidor debería perder su dinero sin saber exactamente por qué.

 

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Los partidos y el lucrativo negocio de la politica que daña la democracia representativa en la República Dominicana.

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La gran cantidad de partidos políticos pequeños, medianos y grandes y peor aún ante el hecho de que existen proyectos de creación de muchos más de éstos ante la Junta Central Electoral permite observar que el país está frente al montaje de un negocio para resolver problemas personales y grupales, pero no con el fin de mejorar la democracia.

En la República Dominicana se registra una proliferación de partidos políticos que plantea una interrogante de profundo interés nacional, la cual consiste en que ¿estamos frente al fortalecimiento del pluralismo democrático o ante la consolidación de estructuras cuya principal actividad consiste en montar un negocio con intereses personales a través de alianzas, candidaturas y espacios de poder?

La Constitución reconoce el derecho de asociación política y atribuye a los partidos una función esencial en la formación de la voluntad popular, porque su existencia jurídica no garantiza, por sí sola, una contribución efectiva al desarrollo democrático.

En una sociedad marcada por las desigualdades sociales, las deficiencias educativas, la inseguridad ciudadana, el desempleo y las limitaciones de los servicios públicos, cabe preguntarse cuánto aportan estas organizaciones a la búsqueda de soluciones.

La discusión no consiste en negar el derecho a fundar partidos, sino en examinar una contradicción, ya que mientras aumenta la cantidad de organizaciones políticas, persisten problemas nacionales que demandan propuestas serias, permanentes y verificables.

La proliferación de partidos es una realidad documentada, dado que según datos de la Junta Central Electoral recogidos en un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, la República Dominicana pasó de 16 organizaciones de este tipo en el año 2000 a 35 en abril de 2025.

Para octubre de 2026 se reportaban 34 partidos con personalidad juridica y numerosas organizaciones adicionales interesadas en obtener reconocimiento para participar en las elecciones de 2028, las cuales lucen estar más interesadas en el gran negocio de la política porque obtienen beneficios diversos, constituyéndose además en un patrimonio familiar.

Sin embargo, ya está establecido que la cantidad de partidos no necesariamente equivale a calidad democrática, pese a que una organización política debería constituirse alrededor de una visión de país, un programa de gobierno y una propuesta ideológica capaz de distinguirla de las demás, dado que los ciudadanos no consiguen identificar diferencias sustanciales entre numerosas organizaciones y entonces surge la pregunta obligada ¿ Qué sentido tiene y cuál es la justificación de la existencia de tantos partidos políticos en el país?

Prácticamente todos, incluidos los que tienen reales posibilidades de llegar al poder, observan una conducta que los identifica como maquinarias electorales sin el menor interés de plantear soluciones a la problemática nacional.

Esta realidad obliga a diferenciar entre el pluralismo auténtico, que enriquece la representación ciudadana, y la fragmentación partidaria, que puede dificultar la construcción de proyectos sólidos, lo que indica que los partidos políticos han pasado a ser un negocio de “vivos” que sólo procuran crear un proyecto para la sobrevivencia o para el enriquecimiento individual.

Una característica del sistema político dominicano es la importancia que tienen los pactos electorales entre organizaciones grandes y pequeñas, las cuales están marcadas por el interés pecuniario y el otorgamiento de un cargo público para sustraer parte del patrimonio nacional mediante la corrupción administrativa.

Durante las elecciones presidenciales de 2024, la Junta Central Electoral aprobó múltiples acuerdos de alianza mediante su Resolución número 19-2024, mediante la cual el Partido Revolucionario Moderno concurrió acompañado de numerosas organizaciones, pero igual ocurrió con la Fuerza del Pueblo, que también formalizó acuerdos con varios partidos.

Estas coaliciones no buscan contribuir a construir mayorías con el propósito de una mejor democracia, sino de participar en el reparto del botín público y beneficiarse de los recursos del Estado y de esa manera satisfacer apetencias personales.

En el proceso de alianzas se suscitan cuestionamientos porque las negociaciones parecen concentrarse más en candidaturas, posiciones administrativas y ventajas electorales que en compromisos programáticos, cuyo beneficio de la ciudadanía queda en un segundo plano.

En el contexto de esta realidad se formula la pregunta ¿Existen compromisos públicos para mejorar la educación, enfrentar la corrupción, fortalecer los hospitales o impulsar la productividad nacional?, cuya respuesta es definitivamente no, ya que su contenido real está fuera de los intereses de los ciudadanos.

La transparencia de los acuerdos resulta fundamental para distinguir una alianza basada en propuestas de otra orientada principalmente a obtener beneficios políticos, porque una coalición puede ser legítima desde el punto de vista electoral y, al mismo tiempo, necesitar una explicación más convincente sobre su utilidad para el interés colectivo.

Este panorama descripto más arriba deja claro que el objetivo de los que conforman un partido político es el financiamiento público y los incentivos económicos que se derivan de la actividad, cuya nobleza desapareció hace décadas, lo cual crea un preocupante descrédito en la democracia nacional.

Desde hace tiempo que ha surgido una discusión sobre el financiamiento estatal de los partidos políticos, ya que el mismo sirve más que nada para enriquecer a los actores del sistema que a un verdadero fortalecimiento de la democracia.

Durante el año electoral 2024, las contribuciones públicas a las organizaciones políticas ascendieron a aproximadamente cinco mil cuarenta y un millones de pesos, conforme al informe de la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos, pero los mismos son distribuidos de forma desigual y sin que exista rendición de cuentas.

Estos fondos representan recursos públicos destinados a contribuir al funcionamiento del sistema democrático, no concebidos como patrimonio particular de los dirigentes, aunque los resultados hasta el momento confirman esta distorsión, ya que incluso en el país hay familias que viven y se enriquecen de un pequeño partido, sin que esta aberración le importa a alguien.

La Ley número 33-18 establece finalidades específicas para esos recursos, incluyendo actividades administrativas, apoyo electoral y capacitación política, pero la realidad es que el problema de fondo trasciende su legalidad, porque es innegable que el dinero entregado por el Estado a los partidos políticos termina en los bolsillos de algunos de sus dirigentes.

La pregunta fundamental es si la sociedad recibe resultados institucionales proporcionales a la inversión que realiza en el sostenimiento de estas organizaciones y cuántas desarrollan programas contínuos de formación política o presentan estudios técnicos sobre el déficit educativo, el endeudamiento publico, la contaminación ambiental o el desarrollo municipal?

Pero, además, ¿Cuántas rinden cuentas con suficiente claridad sobre la utilización de sus recursos? y en qué medida el financiamiento estatal puede proteger el pluralismo y reducir la dependencia de intereses privados, cuya fiscalización requiere transparencia y mecanismos que permitan evaluar sus resultados.

El debate sobre este tema adquiere mayor profundidad cuando se examina la representación ciudadana o su cuota de poder y de igual modo la relación entre los partidos minoritarios y las estructuras gubernamentales, aunque ello no tiene una gran significación por la vocación que prevalece en estas entidades y el fin que los mueve a hacer alianzas cuyo objetivo es buscar nombramientos y la distribución de posiciones estatales.

De manera, que, aunque toda participación en el gobierno regularmente constituye una práctica indebida, pese a que el problema aparece cuando los compromisos políticos no se traducen en programas verificables y transparentes.

La investigadora Marisol Guzmán, en declaraciones publicadas por Diario Libre en 2024, advirtió que la multiplicación de partidos no garantiza una democracia de mayor calidad, especialmente cuando prácticamente todas las organizaciones dependen de alianzas temporales y carecen de bases sociales sólidas.

Desde esta perspectiva, el desafío dominicano no consiste únicamente en determinar cuántos partidos deben existir, sino en establecer qué funciones cumplen y a quiénes representan verdaderamente.

Una democracia necesita organizaciones capaces de canalizar las preocupaciones ciudadanas, ejercer una oposición responsable y participar en la construcción de políticas públicas, ya que cuando la negociación electoral desplaza permanentemente la discusión de los problemas colectivos, se corre el riesgo de convertir la competencia política en una actividad desconectada de las necesidades sociales.

Todo esto tiene un costo democrático que se traduce en la fragmentación y en consecuencia la República Dominicana necesita fortalecer la calidad de su sistema de partidos sin restringir injustificadamente el derecho de participación política, porque al contrario la misma debe estimularse para la mejoría de la democracia.

Sin embargo, para lograrlo resulta necesario profundizar la fiscalización del financiamiento, promover la democracia interna, transparentar los pactos electorales y exigir mayor claridad en las propuestas programáticas, así como construir una ciudadanía que evalúe a las organizaciones más allá de sus símbolos, dirigentes y discursos de campaña.

Es importante que se tenga presente que el verdadero aporte de un partido no debería medirse exclusivamente por su capacidad para negociar alianzas o conseguir posiciones de poder, sino por su importancia democrática a partir de examinar su capacidad para representar intereses legítimos, promover soluciones y contribuir al financiamiento institucional del país.

En el contexto de los intereses y la proliferación de los partidos políticos en la República Dominicana, se abre un debate sobre el aporte a la democracia de los organizaciones grandes, medianas y pequeñas, cuyo pluralismo no tiene ningún valor democrático ni progreso en esta materia.

Entonces, el desafío está en determinar si las organizaciones cumplen su función constitucional de contribuir a la formación de la voluntad popular o si algunas han reducido su actividad a conservar reconocimiento electoral y negociar espacios de influencia.

La investigadora Marisol Guzmán, en declaraciones publicadas por Diario Libre en 2024, advirtió que la multiplicación de partidos no garantiza una democracia de mayor calidad, especialmente cuando prácticamente todas las organizaciones dependen de alianzas temporales y carecen de bases sociales sólidas. no necesita únicamente partidos que participen en elecciones, sino organizaciones que rindan cuentas, representen a la ciudadanía y presenten soluciones concretas a los problemas nacionales.

Y queda una interrogante que merece una discusión pública profunda: ¿Cuántos de los partidos existentes tienen verdaderos proyectos de nación y cuántos concentran sus esfuerzos en negociar su permanencia dentro del sistema político?

La respuesta surge de los hechos, de la transparencia institucional y de la evaluación ciudadana, porque la democracia se fortalece no solamente con más opciones electorales, sino con una representación política responsable y comprometida con el bienestar colectivo.

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El descrédito de la democracia representantiva en America Latina es producto de la conducta de los partidos políticos.

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La democracia representativa en América Latina atraviesa una de sus contradicciones más preocupantes, entre cuyas consecuencias está la disminución de la participación ciudadana en los procesos electorales, lo que lesiona el valor del sistema y el aumento de la desconfianza hacia los partidos políticos, los representantes electos y las instituciones encargadas de garantizar el ejercicio del poder.

Esta situación plantea una interrogante fundamental: ¿puede mantenerse una democracia representativa cuando los ciudadanos dejan de confiar en quienes tienen la responsabilidad de representarlos?

La respuesta exige comprender que la democracia no se sostiene únicamente mediante elecciones periódicas, ya que su legitimidad depende también de la transparencia, la rendición de cuentas, el respeto al Estado de derecho, la separación de poderes y, sobre todo, de la correspondencia entre la voluntad popular y la conducta de los gobernantes.

En América Latina, el deterioro de esa relación constituye una amenaza para la estabilidad institucional, la gobernabilidad y la propia supervivencia del sistema democrático.

La democracia representativa descansa sobre un principio esencial, el cual consiste en que la soberanía pertenece al pueblo, que delega temporalmente el ejercicio del poder en representantes elegidos mediante el sufragio.

Sin embargo, esa delegación no constituye una autorización ilimitada para gobernar al margen de los intereses colectivos, por lo que cuando los representantes incumplen sus compromisos, utilizan las instituciones para obtener beneficios particulares o se distancian de las necesidades ciudadanas, surge una fractura entre gobernantes y gobernados.

Los datos regionales de la encuesta Latino barómetro del 2024 permite dimensionar este fenómeno, porque la misma establecen que un 52 % de los ciudadanos apoya la democracia como sistema de gobierno, pero baja a apenas a un 17 % la confianza en los partidos políticos y desciende a un 33 % los que están satisfechos con el funcionamiento de la democracia y sube a un 42 los que consideran que este sistema de gobierno puede funcionar sin las organizaciones partidarias.

Estas cifras revelan una distinción fundamental: el ciudadano puede creer en la democracia como ideal político y, simultáneamente, desconfiar profundamente de quienes la administran, aunque ello no representa un rechazo absoluto a este sistema de gobierno, sino una manifestación de inconformidad con su funcionamiento y con el comportamiento de sus principales autores.

Existe, sin lugar a dudas, la responsabilidad de  los partidos políticos en  el debilitamiento democrático, porque pese a  que son instituciones consideradas por algunos como esenciales en la democracia representativa, cuya función consiste en organizar la participación ciudadana, canalizar las demandas sociales, formar dirigentes  y presentar propuestas, la misma no ha sido satisfecha en razón de estas organizaciones se han convertido en instrumentos de corrupción y distorsión de los valores democráticos y éticos.

Ello así, porque determinados comportamientos partidarios han contribuido al deterioro de su legitimidad, como el fenómeno del clientelismo, que consiste en utilizar empleos, recursos y beneficios públicos como mecanismo para obtener respaldo electoral, pero peor aún se trata de la poca transparencia y la corrupción en el manejo del patrimonio del Estado.

Estas prácticas sustituyen el ejercicio libre de la ciudadanía por relaciones de dependencia y debilita la igualdad de oportunidades y estimula la corrupción y la impunidad, ya que regularmente los dirigentes políticos utilizan sus posiciones públicas para enriquecerse, favorecer intereses privados o proteger a determinados grupos, lo que erosiona la confianza en la política

El problema se agrava cuando las instituciones responsables de investigar y sancionar estas conductas carecen de independencia o eficacia, además de la ausencia de democracia interna en los partidos políticos, los cuales concentran sus decisiones en pequeños grupos de dirigentes, restringen la competencia interna o imponen candidaturas que contradicen los valores democráticos que dicen defender.

De manera, que no resulta coherente exigir democracia en el Estado mientras se reproducen prácticas autoritarias dentro de las organizaciones políticas, así como el incumplimiento de las promesas electorales, produciéndose una distancia entre el discurso de campaña y las actuaciones gubernamentales, lo que genera frustración, desconfianza y desinterés ciudadano.

Cuando las propuestas electorales se convierten exclusivamente en instrumentos para conquistar el poder, la representación pierde su contenido ético, agregándose el transfuguismo y el oportunismo político, lo que trae cambio de afiliación partidaria motivada principalmente por ventajas personales, cargos o beneficios que debilitan la coherencia ideológica y la confianza del electorado.

No debe confundirse, sin embargo, el oportunismo con el derecho legítimo de una persona a modificar sus convicciones políticas, aunque otra cosa es la utilización del patrimonio del Estado al considerar el riesgo de que un partido gobernante considera las instituciones públicas como extensiones de su propia organización.

En tales circunstancias, puede debilitarse la frontera entre los intereses del Estado y los del partido que ejerce el gobierno, cuyos principales riesgos es el surgimiento de liderazgos autoritarios en el marco de la democracia representativa.

El descrédito de los partidos tradicionales puede favorecer la aparición de dirigentes que prometen solucionar los problemas nacionales mediante la concentración del poder y el debilitamiento de los controles institucionales, lo cual puede generar la deslegitimación de los procesos electorales

Cuando los ciudadanos consideran que todos los partidos responden a los mismos intereses, puede aumentar la abstención, el voto de protesta y el cuestionamiento de la utilidad de las elecciones, como ocurre en la actualidad  en la República Dominicana, donde los tres  partidos mayoritarios o  principales son considerados como un partido único con  la única diferencia del color que los distingue y los nombres de sus dirigentes, aunque con igual comportamiento cuando de política pública se trata.

El fenómeno debilita el Estado de derecho, porque subordina la justicia a su comportamiento, así como a los órganos de fiscalización y otras instituciones, lo que pone en peligro la separación de poderes y la igualdad ante la ley, trayendo consigo la apatía y la exclusión política

La pérdida de confianza puede alejar a jóvenes, profesionales y sectores sociales de la participación institucional, reduciendo la renovación del liderazgo político, así como la polarización y la intolerancia.

Cuando los partidos sustituyen el debate de ideas por ataques personales, desinformación y confrontaciones permanentes, deterioran la convivencia democrática y la posibilidad de alcanzar acuerdos nacionales.

Estos riesgos no son meramente hipotéticos, ya que el informe regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 2026 identifica la crisis de los partidos, la desigualdad, la desinformación, el crimen organizado y la polarización como factores que presionan a las democracias latinoamericanas.

Una de las mayores amenazas contemporáneas consiste en reducir la democracia al simple acto de votar cada cuatro, cinco o seis años.

Desde esta visión limitada, un gobierno podría considerar que haber ganado unas elecciones le concede legitimidad suficiente para ejercer el poder sin controles efectivos, pero la legitimidad electoral no elimina las obligaciones constitucionales.

Una mayoría obtenida en las urnas no autoriza a vulnerar los derechos fundamentales, perseguir a la oposición, restringir las libertades públicas ni debilitar la independencia judicial, porque la democracia exige tanto el respeto a la voluntad mayoritaria como la protección de las minorías.

Desde esta perspectiva es indispensable diferenciar dos dimensiones, las cuales tienen que ver con la legitimidad de origen, que se obtiene mediante elecciones libres, competitivas y transparentes y la legitimidad de ejercicio, que se obtiene a través de una gestión pública sometida a la Constitución, la legalidad, la transparencia y la responsabilidad institucional.

Un gobierno puede haber llegado legítimamente al poder y, posteriormente, comprometerla mediante actuaciones antidemocráticas y contrarias al orden constitucional.

La República Dominicana no está aislada de los desafíos que afectan a la representación política regional, cuya falta de legitimidad de los funcionarios electos en los últimos procesos electorales así lo explica por la baja participación electoral, lo que plantea un problema con un profundo contenido democrático.

Otro asunto que afecta a la democracia dominicana es sobre la calidad de la representación, el financiamiento de la política, la democracia interna partidaria y la efectividad de los mecanismos de fiscalización, pero sobre todo la falta de transparencia y la corrupción generalizada en la administración pública.

Desde el punto de vista jurídico, el artículo 2 de la Constitución dominicana establece que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emanan todos los poderes, mientras que el artículo 216 reconoce a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos como instrumentos fundamentales para el funcionamiento del sistema democrático, pero en los últimos años ha habido cambios de criterios a través de la jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional en esta materia.

Esto implica que los partidos no son propietarios de la soberanía popular, sino instrumentos constitucionales para facilitar su ejercicio, aunque ya no es la única vía, sino también la directa a través del mismo ciudadano, cuya referencia normativa para ambas opciones es la Ley 33-18

Asimismo, la Ley núm. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, regula aspectos esenciales de la competencia electoral dominicana.

Desde esta perspectiva, la discusión nacional debe superar la simple preocupación por quién gana las elecciones y concentrarse también en cómo los partidos seleccionan sus dirigentes, administran sus recursos, cumplen sus responsabilidades y respetan las instituciones.

La recuperación de la confianza ciudadana requiere transformaciones que no pueden limitarse a campañas publicitarias o promesas de renovación política, entre las que deben prevalecer democratizar los partidos políticos, garantizar procesos internos transparentes, participación efectiva de sus miembros y renovación de sus dirigentes.

De igual modo, fortalecer la transparencia del financiamiento político, establecer controles eficaces sobre el origen y destino de los recursos partidarios, así como combatir la corrupción y la impunidad, asegurar investigaciones independientes y sanciones conforme al debido proceso.

Asimismo, promover la formación política y ética, preparar liderazgos comprometidos con el servicio público y los principios constitucionales, fortalecer la independencia institucional: impedir que los órganos de control, justicia y fiscalización sean subordinados a intereses partidarios, ampliar la participación ciudadana, promover mecanismos de consulta, vigilancia social y rendición de cuentas entre procesos electorales.

En este contexto, recuperar la función programática de los partidos, exigir propuestas verificables y compromisos que puedan evaluarse durante el ejercicio del gobierno.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) confirmó en su estudio regional de confianza de 2025 que los partidos políticos se encuentran entre las instituciones menos confiables, con un promedio de confianza del 19 % en los países estudiados, cuyo resultado refuerza la necesidad de reformas institucionales y de representación.

La realidad es que los partidos políticos pueden perder credibilidad sin que la ciudadanía haya abandonado completamente su compromiso con los valores democráticos, pero cuando esa desconfianza se prolonga y las organizaciones políticas son incapaces de renovarse, el desprestigio partidario puede extenderse hacia las instituciones, las elecciones y la propia legitimidad del Estado.

En ese escenario surge un riesgo especialmente delicado, que una parte de la población comience a considerar preferible un gobierno autoritario que ofrezca resultados inmediatos, aunque para alcanzarlos restrinja libertades o debilite los controles constitucionales.

La eficacia gubernamental es importante, pero no puede presentarse como una justificación para sacrificar la institucionalidad democrática, por lo que el desafío latinoamericano no consiste únicamente en defender la existencia de elecciones, sino en garantizar que estas conduzcan a gobiernos responsables, instituciones independientes y una representación política auténtica.

La democracia representativa en América Latina enfrenta una amenaza que no proviene exclusivamente de fuerzas externas al sistema, sino de las conductas de quienes tienen la responsabilidad de preservarla.

La corrupción, el clientelismo, la concentración del poder, la falta de democracia interna, el oportunismo político y el incumplimiento sistemático de los compromisos electorales han contribuido a erosionar la confianza ciudadana.

Cuando los partidos abandonan su vocación de servicio y convierten la política en un instrumento de beneficios particulares, debilitan los fundamentos de la representación popular.

Sin embargo, la solución no consiste en eliminar los partidos políticos ni en sustituir la democracia por fórmulas autoritarias, sino en recuperar su función constitucional y reconstruir el vínculo entre los ciudadanos, sus representantes y las instituciones.

La democracia no comienza ni termina en las urnas, sino que se fortalece todos los días mediante el respeto a la Constitución, la responsabilidad de los gobernantes y la vigilancia permanente de la ciudadanía.

, sobre todo, es necesario comprender una verdad fundamental:

El mayor peligro para la democracia representativa no es solamente que los ciudadanos dejen de creer en los partidos políticos, sino que, como consecuencia de sus actuaciones, terminen perdiendo la fe en la democracia misma.

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