Opinión
La Izquierda Revolucionaria analiza el 2013 de Danilo
Por Narciso Isa Conde
En interés de tomarme un descansito, pero sobre todo por el valor de este documento colectivo, he decidido darlo a conocer a través de esta columna semanal. Espero sirva para edificar a nuestra sociedad de lo que acontece, planteado desde una óptica no complaciente, mas bien incomoda para el poder establecido.
Una campana, la otra o una de las otras, que al finalizar el año repica de manera distinta a las ubicadas en el Palacio Nacional y en el campanario morado, coincidiendo posiblemente con una buena parte del descontento acumulado.
Balance 2013: gobierno PLD-Danilo empantanado en medio de un sistema en crisis
Al concluir el 2013 la gestión estatal y de Gobierno del PLD y el presidente Medina se encuentra entrampada en medio de la profundización de la crisis del modelo capitalista neoliberal, de la continuidad de la corrupción institucional, del sistema de impunidad que la protege y de las estructuras político-sociales negadoras de derechos democráticos, soberanía y justicia social imperantes en el país.
Examinemos resultados fundamentales:
- El despliegue del paquetazo tributario y el manejo del sistema eléctrico y de los combustibles como negocio privado y presa de la voracidad fiscal, han incrementado significativamente el precio de la canasta familiar y de los servicios básicos, empobreciendo al pueblo trabajador y a los sectores medios, y enriqueciendo a la gran burguesía local y transnacional.
- La dinámica destructiva y las amenazas contra la vida en esta isla que representan las concesiones mineras han proseguido su ominoso curso. Salvo un incremento muy limitado de los ingresos públicos en el caso de Barrick Gold, resultado de una fuerte demanda popular, todo sigue igual; incluida la grave amenaza de depredación de Loma Miranda por Falcondo Xstrata Nickel, no conjurada definitivamente por el Estado.
- La impunidad de la gran corrupción peledeísta y de los gobiernos anteriores (balaguerista, perredeísta y grupos satélites) continúa vigente, reforzándose la protección estatal a los responsables y beneficiarios (civiles y militares) de los grandes delitos de Estado, incluidos casos escandalosos como los de Leonel Fernández, Félix Bautista, Diandino Peña, Euclides Gutiérrez, Felucho Jiménez, Luis Manuel Bonetti y otros.
- Conspicuos narco-generales y empresarios mafiosos involucrados en actos dolosos han sido protegidos por un blindaje institucional inmoral; mientras igual acontece con las estafas cometidas por corporaciones privadas como EGE-Haina, Ege-Itabo, Barrick Gold, Grupo Bonetti, Grupo Vicini, Odebrech, Grupo Estrella, Sun Land, Aerodom y otras.
- Los jefes militares y policiales siguen exhibiendo su proclividad al despotismo, la represión, los abusos, las torturas y los asesinatos con un descaro realmente ofensivo, sin que ninguna autoridad civil ose meterle el pico a sus delitos y arbitrariedades. La impunidad de los que le antecedieron, en casos como los de Enrique Pérez y Pérez, Milo Jiménez Salvador Púberes Montás, Ramiro Matos, Rojas Tabar, Reyes Bencosme y otros ha contribuido a darle licencia a sus desafuero.
- El llamado plan de seguridad ciudadana, conducido por esa oficialidad, han sido un gran fracaso. La delincuencia común ha seguido creciendo al compás del auge y la impunidad de la delincuencia de Estado.
- Los graves déficits fiscales y cuasi fiscales -que producto de la prevaricación siguen erosionando la economía del país y especialmente importante programas sociales y obras prioritarias- están siendo compensados con el incremento irresponsable del endeudamiento público externo e interno, que ya en septiembre de este año según el propio Banco Central representaba casi el 45% del PBI (27,109.8) millones de dólares (hay estudios que dan cifrasmayores), y comprometiendo una parte significativa del presupuesto nacional en pago de servicios y amortizaciones.
- La herencia del 2013 en materia de déficit fiscal y endeudamiento es tan negativa que el presupuesto del 2014 contempla un déficit equivalente a 2.8% del PIB, generando un endeudamiento neto de casi US$1.8 mil millones. La suma de recursos provenientes principalmente de deuda pública para financiar los vencimientos de deuda y tapar el déficit financiero corriente del Gobierno Central ha venido creciendo en los últimos años, tanto en términos absolutos como en porcentaje del PIB. Endeudarse para pagar deudas es una dinámica que a futuro lo empeora todo.
- En el 2014 esa dinámica perversa podría consumir unos RD$189 mil millones equivalentes a US$4.2 mil millones y al 6.9% del PIB. Esto implica que del total de gasto, incluyendo el pago de la deuda, el 31% será financiado con recursos de deuda pública. En efecto, en 2014 unos RD$112 mil millones (US$2.5 mil millones) se utilizarán con ese fin, equivalentes al 59%. El reenganche de deuda es la nueva deuda para financiar el déficit financiero corriente que 2014 se proyecta en RD$77 mil millones (US$1.8 mil millones). Mientras que solo el pago de intereses sobre la deuda en el 2014 podría ascender a RD$71 mil millones (US$1.6 mil millones). Esto representa el 92% de la deuda adicional. En los dos últimos años ha estado por encima del 90%, lo cual da cuenta de una situación de insostenibilidad de la deuda pública
- La ejecución del 4% del PIB en educación, fruto de una gran presión popular, luce lenta, caótica, entrampada en improvisaciones y malas mañas, exhibiendo limitados logros en construcción de aulas y mínimos avances en la implantación de la tanda extendida, sin ningún cambio cualitativo.
- La cultura clientelista sigue impregnando la gestión del gobierno a favor de la partidocracia peledeísta y de sus grupos garrapatas, beneficiarios de privilegios, recursos públicos diversos, canonjías escandalosas y “botellas” de todo tipo.
- La seguridad social y el sistema nacional de salud siguen siendo gravemente erosionados por los grandes grupos financieros y las ARS y AFP privadas que controlan sus resortes fundamentales y se apropian de enormes recursos.
- La decisión de reformar el Código de Trabajo, por presión empresarial y con la participación de un sindicalismo sobornable, amenaza las limitadas conquistas laborales consignadas en ese instrumento legal; mientras la libertad sindical es aplastada sistemáticamente.
- Numerosos grupos de pequeños agricultores y de campesinos sin tierra de diferentes regiones desarrollaron acciones y jornadas de protestas demandando del Gobierno tierra para quien la trabaja, así como asistencia técnica e infraestructuras para la producción. Se expresa la tendencia a una mayor reconcentración de la tierra en manos de viejos y nuevos terratenientes que incursionan en proyectos turísticos, en plantaciones agroindustriales y otras actividades. Los funcionarios del Gobierno continúan repartiéndose y vendiendo para su provecho personal lo que queda de las tierras del CEA.
- La separación de poderes consagrada formalmente en las llamadas democracias representativas capitalistas y en la Constitución vigente, es un gran mito. El Comité Político del PLD, promotor de autoritarismos desenfrenados, racismo y prácticas delincuenciales en el manejo de la cosa pública, controla todas las instituciones estatales; avanzando aceleradamente hacia el control corporativo de los gremios profesionales, matrículas políticas y entidades socio-culturales, por la vía de la corruptela.
- El racismo anti-haitiano, luego de la sentencia del TC, se está convirtiendo en “razón de Estado” de corte nazista; asumiendo el Poder Ejecutivo su vergonzosa defensa en el plano nacional e internacional, acompañándola de una inviable e hipócrita promesa de “humanización”, que no ha logrado detener la pendiente de su desprestigio a escala mundial.
- De lugares donde el Presidente Medina fue recientemente a “brincar charcos” y ofrecer obras y recursos, llegan ya las quejas de los incumplimientos que degradan la política de imagen e impacto mediático que alimentan sus iniciales “burbujas” de popularidad.
- La violencia de género en general, con su secuela de continuos y desgarradores femenicidios, crece en medio de la ausencia de políticas públicas eficaces para contrarrestar sus causas.
- Frente a estos resultados desastrosos de la gestión de Danilo Medina, que incluye la reafirmación de la entrega de nuestra soberanía política, económica y natural, como es el caso de las transnacionales mineras, el pueblo dominicano desarrolló grandes jornadas de lucha y demostró su capacidad de resistencia, como ocurrió los días 22 y 23 de octubre, cuando se verificaron la más variadas formas de protestas escenificadas por diferentes sectores sociales.
Este balance incontrovertible muestra cada vez más a este gobierno haciendo más de lo mismo, que aunque con un estilo diferente, se desluce y pierde impacto al paso de los meses.
En consecuencia, el 2014, que pinta peor por la acumulación de cargas, déficits y penurias, deberá ser un año en el que crezca la indignación de todos/as los/as afectados/as a consecuencia de estos pésimos resultados.
El reto de las fuerzas transformadoras es convertir la indignación creciente en movilización ascendente: nacionalización y protección del patrimonio natural, recuperación de lo privatizado, castigo a los corruptos y confiscación de los bienes robados, nueva institucionalidad democrática, sistemas públicos de salud, educación y transporte de calidad y accesibles al pueblo, combate a fondo de la cultura patriarcal, disolución de la PN y la DNCD y diseño de un programa de seguridad ciudadana con participación popular…
Es fundamental vencer la dispersión, articular y politizar las protestas con propuestas alternativas consistentes.
Y procede movilizar al pueblo en el sentido de la confrontación con el poder establecido, enfrentando con energía y en todos los escenarios a este Estado antidemocrático, corrompido y neoliberal, ahora bajo control del PLD, los grupos empresariales afines y sus aliados políticos; cerrándole a la vez los espacios de recuperación política a la seudo-oposición perredeísta, dividida y entrampada, siempre presta a hacer cosas semejantes a las implementadas por el PLD y el PRSC.
Abriéndole, en fin, las compuertas a una gran confluencia anti-neoliberal y antiimperialista. Impulsando concomitantemente una alternativa que asuma el reclamo de que se vayan todos los que han gobernado, que se establezca un sistema electoral libre y participativo y se impulse la convocatoria de una Constituyente Popular y Soberana, que inicie el proceso hacia una democracia política, social, económica, participativa y cultural.Por la Izquierda Revolucionaria-IR:
Frente Popular Aniana Vargas-FEPAV, Rafael Jiménez Abad/Movimiento Caamañista-MC, Narciso Isa Conde/Movimiento Popular Dominicano-MPD, Brígido Peguero/Fuerza Popular Duartiana FPD, Albania Alvarado- /Movimiento Restaurador Socialista-MRS, Catalino Archivald/Liga Socialista de los Trabajadores/Congreso/Unitario de Revolucionarios y Revolucionarias (LST-CURR), José Aracena/.
INDEPENDIENTES: Ángel Landis Mercedes, Juan Pablo, Felipe Lora, Kirsy Mota, Papito Rafael Jiménez Pérez, Milciades Geraldo, Milagros Hungría…
23-12-2013 Santo Domingo, RD.
Nota: Cifras tomadas de:
Página Abierta.- Foro de artículos de opinión de los técnicos del Banco Central de la República Dominicana.-¿Cuál es el verdadero nivel de deuda pública de la República Dominicana? Departamento Internacional BC.
El presupuesto de 2014 y la situación fiscal de República Dominicana en 2013.- Movimiento Justicia Fiscal1 26 de noviembre de 2013.
Por Rommel Santos Diaz
A fin de garantizar el desarrollo de sus actividades, determinados funcionarios estatales gozan de una prerrogativa por medio de la cual no puede ser sometido a un proceso penal si previamente el Congreso, u otra instancia no otorga su autorización.
La inmunidad, como lo ha señalado la doctrina, es una institución que fue establecida con un objetivo concreto, cual es el de poner freno a las intenciones políticas de interrumpir el normal desarrollo de las actividades de una importante autoridad pública.
De acuerdo al Estatuto de Roma, esta prerrogativa de los altos funcionarios no constituye un impedimento para que pueda juzgarse a estas personas. Así lo establece el Art. 27 del Estatuto de Roma.
El artículo 27 del Estatuto de Roma establece que el mismo será aplicable por igual a todos sin distinción alguna basada en el cargo oficial.
En particular el cargo oficial, el cargo oficial de una persona, sea Jefe de Estado o de Gobierno , miembro de un gobierno, en ningún caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena.
Las inmunidades y las normas de procedimiento especiales que conlleven el cargo oficial de una persona, con arreglo al derecho interno o al derecho internacional, no obstan para que la Corte Penal Internacional ejerza su competencia sobre ella.
La prerrogativa de la inmunidad se encuentra prevista en algunos casos en las normas constitucionales o en las leyes. En este último caso, cualquier posible contradicción con el Estatuto de Roma puede solucionarse con la reforma de la legislación respectiva.
Sin embargo, cuando la inmunidad se encuentra prevista en la constitución el asunto se complica, ya que por su naturaleza , es una norma que exige para su modificación un proceso más rígido.
Dr. Isaías Ramos
Durante casi treinta años, la República Dominicana ha recibido una advertencia tras otra sobre la calidad de su educación y la formación de sus ciudadanos.
Han cambiado gobiernos, programas, funcionarios y discursos.
Lo que demasiado poco ha cambiado son los resultados.
Cada vez que llega una nueva evaluación repetimos el mismo ritual: alarma, titulares, explicaciones, promesas. Después pasa la noticia y continuamos.
Así llevamos demasiado tiempo.
La Ley General de Educación 66-97 definió con extraordinaria claridad el ciudadano que debía formar la escuela dominicana.
Su artículo 5 ordena formar personas libres, críticas y creativas; ciudadanos amantes de su familia y de su patria, conscientes de sus deberes, derechos y libertades, con profundo sentido de responsabilidad y respeto a la dignidad humana. También manda fortalecer la identidad nacional y educar en valores morales y éticos, solidaridad, trabajo productivo y servicio comunitario.
Desde 2010, la Constitución reforzó ese mandato: formación social y cívica, enseñanza constitucional, valores patrios y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes.
El mandato nunca faltó.
Después llegaron las advertencias.
El Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, PISA, ha mostrado reiteradamente graves dificultades de nuestros jóvenes para comprender, razonar y aplicar conocimientos en lectura, matemáticas y ciencias.
El Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana, ICCS, reveló profundas debilidades en conocimientos y competencias cívicas.
Nuestras propias Pruebas Nacionales también han mostrado desempeños modestos al concluir la secundaria.
Y la Encuesta de Cultura Democrática volvió a encender alarmas sobre dimensiones esenciales de nuestra cultura ciudadana.
No fueron hechos aislados.
Fueron advertencias acumuladas durante años.
Es justo reconocer avances. Entre PISA 2018 y 2022 el país mejoró significativamente en matemáticas, lectura y ciencias. Pero en 2025 esos avances no continuaron: los resultados fueron estadísticamente similares a los de 2022.
Después de mejorar, nos estancamos.
Y ahí surge la pregunta que la nación merece responder:
¿cómo es posible que, después de tantos diagnósticos, no hayamos tenido la voluntad política, la determinación institucional y la continuidad necesarias para implementar plenamente los fines educativos que nosotros mismos convertimos en ley y mandato constitucional?
No faltaron normas.
No faltaron pruebas.
No faltaron diagnósticos.
Faltaron voluntad política, determinación institucional y continuidad para convertir la educación y la formación ciudadana en una verdadera causa nacional.
Y eso tiene un costo humano.
Ya no hablamos solamente de porcentajes y rankings.
Hablamos de casi dos generaciones de dominicanos que atravesaron el sistema mientras sabíamos que no estábamos formando las competencias académicas y ciudadanas que necesitaban para dirigir sus vidas y, algún día, conducir la República.
¿Quién responde por ellos?
¿Dónde está el gran programa nacional para recuperar y fortalecer a quienes ya salieron de las aulas con brechas académicas y cívicas que el propio sistema había identificado?
En 2025, el Consejo Nacional de Educación aprobó la Ordenanza 02-2025 para incorporar explícitamente la Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana. Hoy vuelve a discutirse legislativamente la obligatoriedad de esa formación.
Bienvenidas sean esas iniciativas.
Pero debemos hacernos una pregunta más profunda:
¿cuántas veces tendremos que escribir la misma obligación antes de convertirla en conducta?
Porque el verdadero problema dominicano no parece ser la ausencia de normas, sino la distancia entre lo que proclamamos y lo que cumplimos.
Ahí la calle compite contra el aula.
Le enseñamos al niño a respetar la ley, pero observa que violarla puede no tener consecuencias.
Le hablamos de mérito mientras contempla favoritismo.
Le exigimos puntualidad mientras normalizamos la impuntualidad.
Le hablamos de responsabilidad mientras ve autoridades incumplir sus propias reglas.
Y debemos comprender algo esencial:
cada autoridad también educa.
Cuando quien ejerce poder incumple una norma sin consecuencias, está impartiendo una clase de educación cívica en sentido contrario.
Por eso no necesitamos simplemente otra asignatura.
Necesitamos una Revolución Cívica que abarque escuela, familia, iglesias, comunidad, empresa y Estado; que alcance también a quienes ya dejaron las aulas; que convierta el cumplimiento en hábito, el mérito en estímulo, el buen ejemplo en norma y la responsabilidad en valor nacional.
No se trata de buscar culpables eternos.
Se trata de asumir una responsabilidad histórica y corregir el rumbo.
Porque ninguna Constitución puede proteger una República cuyos ciudadanos aprenden a ignorarla.
Casi dos generaciones han atravesado ya este proceso.
Y serán esas mismas generaciones las que, tarde o temprano, recibirán la conducción del país.
Todavía estamos a tiempo de cambiar la enseñanza.
Pero el tiempo no es infinito.
La pregunta que debemos responder como nación es ésta:
¿seguiremos administrando el deterioro, o tendremos finalmente el carácter, la voluntad, la determinación y la fidelidad a nuestra Constitución necesarios para formar ciudadanos capaces de construir, respetar y defender la República que prometimos ser?
Por Oscar López Reyes
Demetrio, Higinio y Marcelo, exfuncionarios estatales imbuidos de un hinchado poder político, no prestaron oídos del precavido refrán: “A chica boca, chica sopa” y, cual volcán, cada uno por su lado se arrojó -como si tuvieran en misiones espaciales en diferentes temporadas y universos cósmicos- a hostigar y a perseguir a un periodista respetuoso y cumplidor. La maledicencia, agazapada en villanías, les hizo olvidar que para participar en foros había que tener los bozos limpios.
Ninguno de los tres judicializables estuvo en la mirilla del tranquilo Gael Otero, a quien jamás dejaron de incordiarlo inmisericordemente, sin motivo aparente. Empero, sin este reportero/articulista buscarlos, en sus manos se posaron -como si fueran enviados por un molesto extraterrestre- datos incriminatorios sobre sus acosadores, que lo dejaron perplejo. ¿Cuál fue su reacción?
Los hechos y personajes a ser descritos son reales, ocurridos en Santo Domingo, República Dominicana, en años recientes, aunque sus protagonistas pudieran llamarse Piernavieja (abogado), Pieldelobo (administrador de empresas) y Viejobueno (ingeniero). Sus verdaderos patronímicos son Demetrio Gabilondo, Higinio Quintana y Marcelo Mosquera, el trío diabólico que, visiblemente con el sistema límbico y el tronco encefálico dislocados, asediaron y se pusieron a la caza de Gael, como si fuera un ladrón. ”El cazador cazado”, ¡qué ironía!
Primero. Demetrio: en el examen de tesis de grado, un miembro del jurado al estudiante de periodismo Gael le asignó 98 y otro 95, que ponderaron la metodología en el abordaje, la capacidad investigativa y el pensamiento crítico. El tercer juez docente, Demetrio, emitió su veredicto sin consultar a sus dos colegas: un 40. Cuando el ya graduado aspiró a ser maestro, en un examen le colocó un 0 y en el año que presentó un proyecto para crear una unidad académica en la universidad estatal, lo boicoteó, a la clara. Posteriormente, este abogado lo importunaba en reuniones de las lides gremiales. ¿Y por qué…?, se preguntaba Gael.
Sorpresa: Un domingo en la mañana, mientras Gael chequeaba su agenda en la redacción del periódico Hoy, su director Virgilio Alcántara le entregó un documento que había recibido, con acusaciones comprometedoras contra Demetrio. Le instruyó enfáticamente para que profundizara en la investigación. Si no inquirí estos papeles, si este caballero me ha pisoteado insistentemente -reflexionó Gael- y ahora tengo esta encomienda del director del matutino, por qué no hacer mi trabajo y focalizar el tema con superficialidad.
La indagatoria duró más de una semana, y los hallazgos encontrados fueron demoledores. Escribió tres amplios reportajes y el director del rotativo los publicó en tres primeras páginas. El escándalo no pudo ser más vergonzoso, en el pico de la gravedad. El consejo directivo de la institución donde laboraba el jurista sesionó de emergencia, con el documento original y los reportajes en la mesa. La cancelación de Demetrio fue inevitable. ¡Vaya!
Marcelo: En los años 2018-19, a Gael pretendió trazarle pautas, sin ser su jefe; humillarlo e imponérsele, sin razón, en el organismo gubernamental en la cual ambos ofrecían sus servicios profesionales. Narcisista indecoroso y arrogante, Marcelo escudriñaba fallas en el accionar de Gael, para reportarlo ante la máxima autoridad. Cuando este difundía algún texto periodístico, lo separaba, subrayaba puntos específicos y lo llevaba al mando superior, su amigo de muchos años, con recomendaciones despiadadas. Jamás aceptó conciliación, aun comprobándose que incurría en irrefutables conflictos de intereses.
Asombro: Un colega y amigo del periodista Gael sintió estupor al enterarse del drama –a través de un tercero- y decidió rastrear las andanzas de Marcelo en la administración pública, así como sus actuales relaciones y comportamiento. Descubrió que como director administrativo-financiero hacía negocios con otras instituciones públicas. Siendo así, la única alternativa de la alta gerencia fue su despido. ¡Qué pena! ¿Acaso funge ahora con las mismas funciones en otra dependencia estatal?
Higinio: Después que, con el tráfico de influencia política, truculentamente este ingeniero se enriqueció con la adjudicación de contratos a sobreprecios –y con desvíos de fondos públicos desde un organismo público hacia una corporación en la cual era un testaferro- fuera del gobierno –¡Qué viva Odebrecht!- se dedica actualmente a querer socavar las imágenes de personas honradas, desde un digital en el cual se proclama, sin asearse los colmillos, “comunicador”. ¡Qué tupé!
Espanto: El legajo de documentos acumulados por indignados de organizaciones de interés social sirvió para instrumentar un expediente, depositado en la Procuraduría General de la República para que se añadiera a otro más grande divulgado públicamente, vinculada a la gestión 2012-1016. En una cama supercómoda, el imputado Higinio languidece, dando sus últimos suspiros, y pocos saben que fue por su doble osadía: sustraer, usurpar como “comunicador” y atacar para aparentar… ¡Desvergonzado!, ¿sí o no?
Demetrio, Higinio y Marcelo vituperaban a Gael sin conocer sus facultades divinas: cada vez que este emprendía un proyecto y otros hacían lo mismo, avanzaba con tanta prontitud que los paños y lienzos de sus competidores eran tirados en barrancos. Idénticamente, meses después de que un elocuente lo encaraba con alevosía, ese alevoso moría súbitamente, como aconteció con dos de los tres judicializables. El otro de similar estirpe quedó entrampado en la peor hoguera, porque sufre más que Juana de Arco.
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El autor: periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.
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13 de septiembre de 2026