Opinión
La Izquierda Revolucionaria analiza el 2013 de Danilo
Por Narciso Isa Conde
En interés de tomarme un descansito, pero sobre todo por el valor de este documento colectivo, he decidido darlo a conocer a través de esta columna semanal. Espero sirva para edificar a nuestra sociedad de lo que acontece, planteado desde una óptica no complaciente, mas bien incomoda para el poder establecido.
Una campana, la otra o una de las otras, que al finalizar el año repica de manera distinta a las ubicadas en el Palacio Nacional y en el campanario morado, coincidiendo posiblemente con una buena parte del descontento acumulado.
Balance 2013: gobierno PLD-Danilo empantanado en medio de un sistema en crisis
Al concluir el 2013 la gestión estatal y de Gobierno del PLD y el presidente Medina se encuentra entrampada en medio de la profundización de la crisis del modelo capitalista neoliberal, de la continuidad de la corrupción institucional, del sistema de impunidad que la protege y de las estructuras político-sociales negadoras de derechos democráticos, soberanía y justicia social imperantes en el país.
Examinemos resultados fundamentales:
- El despliegue del paquetazo tributario y el manejo del sistema eléctrico y de los combustibles como negocio privado y presa de la voracidad fiscal, han incrementado significativamente el precio de la canasta familiar y de los servicios básicos, empobreciendo al pueblo trabajador y a los sectores medios, y enriqueciendo a la gran burguesía local y transnacional.
- La dinámica destructiva y las amenazas contra la vida en esta isla que representan las concesiones mineras han proseguido su ominoso curso. Salvo un incremento muy limitado de los ingresos públicos en el caso de Barrick Gold, resultado de una fuerte demanda popular, todo sigue igual; incluida la grave amenaza de depredación de Loma Miranda por Falcondo Xstrata Nickel, no conjurada definitivamente por el Estado.
- La impunidad de la gran corrupción peledeísta y de los gobiernos anteriores (balaguerista, perredeísta y grupos satélites) continúa vigente, reforzándose la protección estatal a los responsables y beneficiarios (civiles y militares) de los grandes delitos de Estado, incluidos casos escandalosos como los de Leonel Fernández, Félix Bautista, Diandino Peña, Euclides Gutiérrez, Felucho Jiménez, Luis Manuel Bonetti y otros.
- Conspicuos narco-generales y empresarios mafiosos involucrados en actos dolosos han sido protegidos por un blindaje institucional inmoral; mientras igual acontece con las estafas cometidas por corporaciones privadas como EGE-Haina, Ege-Itabo, Barrick Gold, Grupo Bonetti, Grupo Vicini, Odebrech, Grupo Estrella, Sun Land, Aerodom y otras.
- Los jefes militares y policiales siguen exhibiendo su proclividad al despotismo, la represión, los abusos, las torturas y los asesinatos con un descaro realmente ofensivo, sin que ninguna autoridad civil ose meterle el pico a sus delitos y arbitrariedades. La impunidad de los que le antecedieron, en casos como los de Enrique Pérez y Pérez, Milo Jiménez Salvador Púberes Montás, Ramiro Matos, Rojas Tabar, Reyes Bencosme y otros ha contribuido a darle licencia a sus desafuero.
- El llamado plan de seguridad ciudadana, conducido por esa oficialidad, han sido un gran fracaso. La delincuencia común ha seguido creciendo al compás del auge y la impunidad de la delincuencia de Estado.
- Los graves déficits fiscales y cuasi fiscales -que producto de la prevaricación siguen erosionando la economía del país y especialmente importante programas sociales y obras prioritarias- están siendo compensados con el incremento irresponsable del endeudamiento público externo e interno, que ya en septiembre de este año según el propio Banco Central representaba casi el 45% del PBI (27,109.8) millones de dólares (hay estudios que dan cifrasmayores), y comprometiendo una parte significativa del presupuesto nacional en pago de servicios y amortizaciones.
- La herencia del 2013 en materia de déficit fiscal y endeudamiento es tan negativa que el presupuesto del 2014 contempla un déficit equivalente a 2.8% del PIB, generando un endeudamiento neto de casi US$1.8 mil millones. La suma de recursos provenientes principalmente de deuda pública para financiar los vencimientos de deuda y tapar el déficit financiero corriente del Gobierno Central ha venido creciendo en los últimos años, tanto en términos absolutos como en porcentaje del PIB. Endeudarse para pagar deudas es una dinámica que a futuro lo empeora todo.
- En el 2014 esa dinámica perversa podría consumir unos RD$189 mil millones equivalentes a US$4.2 mil millones y al 6.9% del PIB. Esto implica que del total de gasto, incluyendo el pago de la deuda, el 31% será financiado con recursos de deuda pública. En efecto, en 2014 unos RD$112 mil millones (US$2.5 mil millones) se utilizarán con ese fin, equivalentes al 59%. El reenganche de deuda es la nueva deuda para financiar el déficit financiero corriente que 2014 se proyecta en RD$77 mil millones (US$1.8 mil millones). Mientras que solo el pago de intereses sobre la deuda en el 2014 podría ascender a RD$71 mil millones (US$1.6 mil millones). Esto representa el 92% de la deuda adicional. En los dos últimos años ha estado por encima del 90%, lo cual da cuenta de una situación de insostenibilidad de la deuda pública
- La ejecución del 4% del PIB en educación, fruto de una gran presión popular, luce lenta, caótica, entrampada en improvisaciones y malas mañas, exhibiendo limitados logros en construcción de aulas y mínimos avances en la implantación de la tanda extendida, sin ningún cambio cualitativo.
- La cultura clientelista sigue impregnando la gestión del gobierno a favor de la partidocracia peledeísta y de sus grupos garrapatas, beneficiarios de privilegios, recursos públicos diversos, canonjías escandalosas y “botellas” de todo tipo.
- La seguridad social y el sistema nacional de salud siguen siendo gravemente erosionados por los grandes grupos financieros y las ARS y AFP privadas que controlan sus resortes fundamentales y se apropian de enormes recursos.
- La decisión de reformar el Código de Trabajo, por presión empresarial y con la participación de un sindicalismo sobornable, amenaza las limitadas conquistas laborales consignadas en ese instrumento legal; mientras la libertad sindical es aplastada sistemáticamente.
- Numerosos grupos de pequeños agricultores y de campesinos sin tierra de diferentes regiones desarrollaron acciones y jornadas de protestas demandando del Gobierno tierra para quien la trabaja, así como asistencia técnica e infraestructuras para la producción. Se expresa la tendencia a una mayor reconcentración de la tierra en manos de viejos y nuevos terratenientes que incursionan en proyectos turísticos, en plantaciones agroindustriales y otras actividades. Los funcionarios del Gobierno continúan repartiéndose y vendiendo para su provecho personal lo que queda de las tierras del CEA.
- La separación de poderes consagrada formalmente en las llamadas democracias representativas capitalistas y en la Constitución vigente, es un gran mito. El Comité Político del PLD, promotor de autoritarismos desenfrenados, racismo y prácticas delincuenciales en el manejo de la cosa pública, controla todas las instituciones estatales; avanzando aceleradamente hacia el control corporativo de los gremios profesionales, matrículas políticas y entidades socio-culturales, por la vía de la corruptela.
- El racismo anti-haitiano, luego de la sentencia del TC, se está convirtiendo en “razón de Estado” de corte nazista; asumiendo el Poder Ejecutivo su vergonzosa defensa en el plano nacional e internacional, acompañándola de una inviable e hipócrita promesa de “humanización”, que no ha logrado detener la pendiente de su desprestigio a escala mundial.
- De lugares donde el Presidente Medina fue recientemente a “brincar charcos” y ofrecer obras y recursos, llegan ya las quejas de los incumplimientos que degradan la política de imagen e impacto mediático que alimentan sus iniciales “burbujas” de popularidad.
- La violencia de género en general, con su secuela de continuos y desgarradores femenicidios, crece en medio de la ausencia de políticas públicas eficaces para contrarrestar sus causas.
- Frente a estos resultados desastrosos de la gestión de Danilo Medina, que incluye la reafirmación de la entrega de nuestra soberanía política, económica y natural, como es el caso de las transnacionales mineras, el pueblo dominicano desarrolló grandes jornadas de lucha y demostró su capacidad de resistencia, como ocurrió los días 22 y 23 de octubre, cuando se verificaron la más variadas formas de protestas escenificadas por diferentes sectores sociales.
Este balance incontrovertible muestra cada vez más a este gobierno haciendo más de lo mismo, que aunque con un estilo diferente, se desluce y pierde impacto al paso de los meses.
En consecuencia, el 2014, que pinta peor por la acumulación de cargas, déficits y penurias, deberá ser un año en el que crezca la indignación de todos/as los/as afectados/as a consecuencia de estos pésimos resultados.
El reto de las fuerzas transformadoras es convertir la indignación creciente en movilización ascendente: nacionalización y protección del patrimonio natural, recuperación de lo privatizado, castigo a los corruptos y confiscación de los bienes robados, nueva institucionalidad democrática, sistemas públicos de salud, educación y transporte de calidad y accesibles al pueblo, combate a fondo de la cultura patriarcal, disolución de la PN y la DNCD y diseño de un programa de seguridad ciudadana con participación popular…
Es fundamental vencer la dispersión, articular y politizar las protestas con propuestas alternativas consistentes.
Y procede movilizar al pueblo en el sentido de la confrontación con el poder establecido, enfrentando con energía y en todos los escenarios a este Estado antidemocrático, corrompido y neoliberal, ahora bajo control del PLD, los grupos empresariales afines y sus aliados políticos; cerrándole a la vez los espacios de recuperación política a la seudo-oposición perredeísta, dividida y entrampada, siempre presta a hacer cosas semejantes a las implementadas por el PLD y el PRSC.
Abriéndole, en fin, las compuertas a una gran confluencia anti-neoliberal y antiimperialista. Impulsando concomitantemente una alternativa que asuma el reclamo de que se vayan todos los que han gobernado, que se establezca un sistema electoral libre y participativo y se impulse la convocatoria de una Constituyente Popular y Soberana, que inicie el proceso hacia una democracia política, social, económica, participativa y cultural.Por la Izquierda Revolucionaria-IR:
Frente Popular Aniana Vargas-FEPAV, Rafael Jiménez Abad/Movimiento Caamañista-MC, Narciso Isa Conde/Movimiento Popular Dominicano-MPD, Brígido Peguero/Fuerza Popular Duartiana FPD, Albania Alvarado- /Movimiento Restaurador Socialista-MRS, Catalino Archivald/Liga Socialista de los Trabajadores/Congreso/Unitario de Revolucionarios y Revolucionarias (LST-CURR), José Aracena/.
INDEPENDIENTES: Ángel Landis Mercedes, Juan Pablo, Felipe Lora, Kirsy Mota, Papito Rafael Jiménez Pérez, Milciades Geraldo, Milagros Hungría…
23-12-2013 Santo Domingo, RD.
Nota: Cifras tomadas de:
Página Abierta.- Foro de artículos de opinión de los técnicos del Banco Central de la República Dominicana.-¿Cuál es el verdadero nivel de deuda pública de la República Dominicana? Departamento Internacional BC.
El presupuesto de 2014 y la situación fiscal de República Dominicana en 2013.- Movimiento Justicia Fiscal1 26 de noviembre de 2013.
Por ROMMEL SANTOS DIAZ
Cuando se haya remitido a la CPI una situación en virtud del artículo 13 y el Fiscal haya determinado que existen fundamentos razonables para comenzar una investigación, o el Fiscal inicie una investigación en virtud de los artículos 13 y 15, éste lo notificará a todos los Estados Partes y a aquellos Estados que, teniendo en cuenta la información disponible, ejercerán normalmente la jurisdicción sobre los crímenes de que se trate. El Fiscal podrá hacer la notificación a esos Estados con carácter confidencial y, cuando lo considere necesario a fin de proteger personas , impedir la destrucción de pruebas o impedir la fuga de personas,, podrá limitar el alcance de la información proporcionada a los Estados.
Dentro del mes siguiente a la recepción de dicha notificación, el Estado podrá informar a la CPI que esta llevando a cabo o ha llevado a cabo una investigación en relación con sus nacionales u otras personas bajo su jurisdicción respecto de actos criminales que puedan constituir crímenes contemplados en el artículo 5 del Estatuto de Roma y a los que se refiera la información proporcionada en la notificación a los Estados.
A petición de dicho Estado, el Fiscal se inhibirá de su competencia a favor del Estado en relación con la investigación sobre las personas antes mencionadas, a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida, a petición del Fiscal, autorizar la investigación.
El Fiscal podrá volver a examinar la cuestión de la inhibición de su competencia al cabo de seis meses a partir de la fecha de la inhibición o cuando se haya producido un cambio significativo de circunstancias en vista de que el Estado no está dispuesto a llevar a cabo la investigación o no puede realmente hacerlo.
El Estado de que se trate o el Fiscal podrán apelar ante la Sala de Apelaciones de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con el artículo 82. La apelación podrá sustanciarse en forma sumaria.
Cuando el Fiscal se haya inhibido de su competencia en relación con la investigación con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2, podrá pedir al Estado de que se trate que le informe periódicamente de la marcha de sus investigaciones y del juicio ulterior. Los Estados Partes responderán a esas peticiones sin dilaciones indebidas.
El Fiscal podrá, hasta que la Sala de Cuestiones Preliminares haya emitido su decisión, o en cualquier momento si se hubiere inhibido de su competencia en virtud de este artículo, pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares, con carácter excepcional, que le autorice a llevar adelante las indagaciones que estime necesarias cuando exista una oportunidad única de obtener pruebas importantes o exista un riesgo significativo de que esas pruebas no estén disponibles ulteriormente.
Finalmente, el Estado que haya apelado una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares en virtud del artículo 18 podrá impugnar la admisibilidad de un asunto en virtud del artículo 19, haciendo valer hechos nuevos importantes o un cambio significativo de las circunstancias.
Por Isaías Ramos
Un país no fracasa porque le falten recursos. Fracasa cuando sus instituciones dejan de servir al ciudadano y comienzan a servir a los privilegios. Fracasa cuando la Constitución promete dignidad, bienestar y justicia social, pero la práctica política reparte exenciones, contratos, subsidios mal diseñados, deuda y cargas tributarias sobre los mismos hombros de siempre.
La República Dominicana no necesita escoger entre Estado y mercado. Nuestra Constitución consagra un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación de poderes. También garantiza la libre empresa y la propiedad privada; pero ordena proteger la competencia libre y leal, evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante, y reconoce que la propiedad tiene una función social. Mercado, sí; empresa, sí; propiedad, sí; pero nunca por encima de la dignidad del ciudadano.
Los países que se desarrollan no subsidian la ineficiencia: financian productividad. Usan crédito, incentivos y subsidios para crear empleo formal, innovación, exportaciones, infraestructura, energía eficiente y salarios dignos. Los países capturados hacen lo contrario: convierten el subsidio en dependencia, la exención en renta privada, el contrato en premio político y la deuda en hipoteca contra el pueblo.
La deuda pública consolidada ya no permite eufemismos. A abril de 2026, alcanzó US$82,790.8 millones, equivalente al 61.4 % del PIB: US$66,408.5 millones del Sector Público No Financiero y US$16,382.2 millones del Banco Central. Esa cifra compromete ingresos futuros y estrecha el margen para salud, educación, seguridad, vivienda, agua, transporte y energía.
Y aun así, el problema puede ser mayor. RDVial muestra la zona gris. En 2024, el fideicomiso registró recaudación de peajes por RD$9,065.7 millones, pagó intereses por RD$5,332.6 millones y cerró con RD$67,076.5 millones en deuda a largo plazo y bonos por pagar. Dicho sin maquillaje: un monto equivalente a casi el 59 % de lo recaudado en peajes terminó destinado al pago de intereses. Cuando los peajes del ciudadano financian principalmente el costo financiero de la deuda, ya no hablamos solo de infraestructura: hablamos de ingresos públicos futuros comprometidos para pagar obligaciones presentes.
La discusión constitucional es inevitable: si un fideicomiso administra patrimonio público, derechos de cobro públicos o flujos pagados por ciudadanos, su deuda y sus riesgos fiscales deben transparentarse. No basta decir que no está en el presupuesto ordinario. Si el pueblo paga, el pueblo tiene derecho a saber. En RDVial, los estados financieros identifican como activos intangibles los derechos recibidos del Estado dominicano sobre ingresos por cobro y recaudación de peajes.
Ahora se presenta la Ley 30-26 bajo el discurso de crecimiento, sostenibilidad fiscal y protección social. El Gobierno afirma que busca captar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales, sin modificar la tasa ni la base del ITBIS. Pero incluye el aumento del impuesto a cheques y transferencias electrónicas de 0.15 % a 0.2 % y diez dólares adicionales al impuesto sobre pasajes aéreos.
La pregunta no es solo quién firma el impuesto; es quién termina pagándolo. En mayo de 2026, la inflación interanual fue 5.35 %, con alimentos y bebidas no alcohólicas en 6.56 % y transporte en 7.47 %. En ese contexto, elevar costos financieros, operativos y de transporte puede trasladarse a precios, servicios y consumo. Tal vez no se llame impuesto a la canasta básica, pero cuando sube el costo de mover dinero, transportar personas y operar negocios, el consumidor termina pagando.
La contradicción se agrava al mirar las exenciones. Para 2026, el gasto tributario estimado asciende a RD$393,541.54 millones, equivalente al 4.54 % del PIB: casi ocho veces la meta máxima de la reforma. No todo gasto tributario es privilegio; algunas exenciones protegen bienes y servicios esenciales. Pero cuando una exención no demuestra retorno social, empleo digno, productividad, innovación, competencia o reducción de precios, deja de ser incentivo y se convierte en privilegio. Y cuando ese privilegio se financia con deuda e impuestos al pueblo, se vuelve ilegítimo, injusto e inmoral.
También se castiga a la diáspora. El aumento de diez dólares al pasaje aéreo golpea al dominicano ausente que viene a ver a su madre, invertir sus ahorros, enterrar a un familiar o traer a sus hijos para que no pierdan la patria. Esa misma diáspora envió US$5,170.1 millones en remesas entre enero y mayo de 2026. No es una caja registradora: es parte viva de la nación. No se puede celebrarla cuando envía remesas y castigarla cuando regresa.
En el Frente Cívico y Social entendemos que la República Dominicana necesita una reforma, sí; pero una reforma que empiece por el poder, no por el bolsillo del pueblo. Una reforma que audite exenciones, condicione incentivos, transparente fideicomisos, revise subsidios, reduzca deuda improductiva, transparente gastos e inversiones públicas y proteja a quienes sostienen la economía real: la clase media, los trabajadores, los productores, los emprendedores y la diáspora dominicana. Una reforma para que el crecimiento deje de ser estadística y se convierta en dignidad cotidiana. No estamos contra la empresa. Estamos contra el abuso. No estamos contra la riqueza. Estamos contra un Estado corporativo, clientelar y de privilegios.
Ya basta. Es tiempo de gobernar. Es tiempo de activar el orden constitucional.
Por Rosario Espinal
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población.
La reciente posibilidad de una candidatura presidencial de Santiago Matías (Alofoke) ha generado debates, entusiasmo y preocupación en diversos sectores de la sociedad dominicana. Más allá de las simpatías o rechazos que pueda despertar su figura, el fenómeno merece un análisis más profundo, pues no se trata únicamente de una persona, sino de un síntoma de una transformación política que se viene gestando desde hace años.
El historiador británico Eric Hobsbawm, en el capítulo «La caída del liberalismo» de su obra Historia del siglo XX (1998), explicó cómo los períodos de crisis de representación y pérdida de confianza en las instituciones tradicionales crean espacios para el surgimiento de nuevos liderazgos capaces de canalizar el descontento social. Aunque la República Dominicana actual está muy lejos de las dramáticas circunstancias de la Europa de entreguerras, existen elementos que invitan a la reflexión.
Los partidos políticos dominicanos continúan siendo las principales estructuras de acceso al poder, pero enfrentan un progresivo deterioro de su capacidad para representar las aspiraciones de la ciudadanía. Como señala el sociólogo Bernardo Matías, la principal característica de la crisis política dominicana es la creciente desconexión entre los partidos y la sociedad. La militancia ideológica ha sido sustituida por el pragmatismo electoral, el clientelismo y la búsqueda de beneficios individuales.
Esta realidad ha provocado que amplios sectores de la población, especialmente los jóvenes, perciban a los partidos tradicionales como organizaciones alejadas de sus preocupaciones cotidianas. El aumento de la abstención electoral y la disminución de la identificación partidaria son señales evidentes de este fenómeno.
Es precisamente en ese escenario donde emerge la figura de Alofoke. Su fortaleza no proviene de una estructura política tradicional ni de una larga trayectoria partidaria. Su principal capital es una comunidad digital construida durante años a través de las redes sociales y los medios de comunicación alternativos. En una época en que la comunicación política se desarrolla cada vez más en plataformas digitales, su capacidad de influencia constituye una ventaja que pocos actores políticos poseen.
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población. Tampoco es casual que su propuesta surja en un contexto donde más de la mitad de los ciudadanos no manifiestan simpatía por ninguna organización política.
Sin embargo, la historia demuestra que la popularidad mediática por sí sola no garantiza el éxito político. Gobernar un país requiere mucho más que influencia comunicacional. Exige propuestas concretas, equipos técnicos, capacidad institucional y una visión clara sobre los desafíos nacionales. La verdadera prueba para cualquier outsider político consiste en transformar el apoyo emocional de sus seguidores en un proyecto de gobierno viable.
De cara a las elecciones de 2028, la República Dominicana podría enfrentar uno de los procesos electorales más interesantes de las últimas décadas. Si los partidos tradicionales no logran renovar sus liderazgos, fortalecer sus vínculos con la sociedad y ofrecer respuestas efectivas a las demandas ciudadanas, es probable que continúen surgiendo figuras ajenas al sistema político convencional.
La lección que ofrece Hobsbawm es clara: cuando las instituciones dejan de representar eficazmente a la sociedad, aparecen nuevos actores dispuestos a ocupar ese espacio. La pregunta no es si Alofoke puede convertirse en presidente, sino qué condiciones sociales y políticas han hecho posible que una candidatura como la suya sea considerada seriamente por una parte importante de la población.
El desafío para la democracia dominicana no consiste en impedir la aparición de nuevos liderazgos, sino en fortalecer las instituciones para que la competencia política se base en propuestas, programas y soluciones reales a los problemas nacionales. De lo contrario, la crisis de representación seguirá profundizándose y los ciudadanos continuarán buscando alternativas fuera de los canales tradicionales de la política.
Bibliografía
Hobsbawm, E. J. (1998). Historia del siglo XX (J. Faci, J. Ainaud y C. Castells, trads.). Buenos Aires, Argentina: Crítica.
Matías, B. (2020, 23 de junio). La crisis de los partidos en República Dominicana. Acento. La crisis de los partidos en República Dominicana
Jovine Rijo, F. A. (2026, 22 de junio). ¿Alofoke, presidente? Listín Diario. ¿Alofoke, presidente?