Opinión
La Izquierda Revolucionaria analiza el 2013 de Danilo
Por Narciso Isa Conde
En interés de tomarme un descansito, pero sobre todo por el valor de este documento colectivo, he decidido darlo a conocer a través de esta columna semanal. Espero sirva para edificar a nuestra sociedad de lo que acontece, planteado desde una óptica no complaciente, mas bien incomoda para el poder establecido.
Una campana, la otra o una de las otras, que al finalizar el año repica de manera distinta a las ubicadas en el Palacio Nacional y en el campanario morado, coincidiendo posiblemente con una buena parte del descontento acumulado.
Balance 2013: gobierno PLD-Danilo empantanado en medio de un sistema en crisis
Al concluir el 2013 la gestión estatal y de Gobierno del PLD y el presidente Medina se encuentra entrampada en medio de la profundización de la crisis del modelo capitalista neoliberal, de la continuidad de la corrupción institucional, del sistema de impunidad que la protege y de las estructuras político-sociales negadoras de derechos democráticos, soberanía y justicia social imperantes en el país.
Examinemos resultados fundamentales:
- El despliegue del paquetazo tributario y el manejo del sistema eléctrico y de los combustibles como negocio privado y presa de la voracidad fiscal, han incrementado significativamente el precio de la canasta familiar y de los servicios básicos, empobreciendo al pueblo trabajador y a los sectores medios, y enriqueciendo a la gran burguesía local y transnacional.
- La dinámica destructiva y las amenazas contra la vida en esta isla que representan las concesiones mineras han proseguido su ominoso curso. Salvo un incremento muy limitado de los ingresos públicos en el caso de Barrick Gold, resultado de una fuerte demanda popular, todo sigue igual; incluida la grave amenaza de depredación de Loma Miranda por Falcondo Xstrata Nickel, no conjurada definitivamente por el Estado.
- La impunidad de la gran corrupción peledeísta y de los gobiernos anteriores (balaguerista, perredeísta y grupos satélites) continúa vigente, reforzándose la protección estatal a los responsables y beneficiarios (civiles y militares) de los grandes delitos de Estado, incluidos casos escandalosos como los de Leonel Fernández, Félix Bautista, Diandino Peña, Euclides Gutiérrez, Felucho Jiménez, Luis Manuel Bonetti y otros.
- Conspicuos narco-generales y empresarios mafiosos involucrados en actos dolosos han sido protegidos por un blindaje institucional inmoral; mientras igual acontece con las estafas cometidas por corporaciones privadas como EGE-Haina, Ege-Itabo, Barrick Gold, Grupo Bonetti, Grupo Vicini, Odebrech, Grupo Estrella, Sun Land, Aerodom y otras.
- Los jefes militares y policiales siguen exhibiendo su proclividad al despotismo, la represión, los abusos, las torturas y los asesinatos con un descaro realmente ofensivo, sin que ninguna autoridad civil ose meterle el pico a sus delitos y arbitrariedades. La impunidad de los que le antecedieron, en casos como los de Enrique Pérez y Pérez, Milo Jiménez Salvador Púberes Montás, Ramiro Matos, Rojas Tabar, Reyes Bencosme y otros ha contribuido a darle licencia a sus desafuero.
- El llamado plan de seguridad ciudadana, conducido por esa oficialidad, han sido un gran fracaso. La delincuencia común ha seguido creciendo al compás del auge y la impunidad de la delincuencia de Estado.
- Los graves déficits fiscales y cuasi fiscales -que producto de la prevaricación siguen erosionando la economía del país y especialmente importante programas sociales y obras prioritarias- están siendo compensados con el incremento irresponsable del endeudamiento público externo e interno, que ya en septiembre de este año según el propio Banco Central representaba casi el 45% del PBI (27,109.8) millones de dólares (hay estudios que dan cifrasmayores), y comprometiendo una parte significativa del presupuesto nacional en pago de servicios y amortizaciones.
- La herencia del 2013 en materia de déficit fiscal y endeudamiento es tan negativa que el presupuesto del 2014 contempla un déficit equivalente a 2.8% del PIB, generando un endeudamiento neto de casi US$1.8 mil millones. La suma de recursos provenientes principalmente de deuda pública para financiar los vencimientos de deuda y tapar el déficit financiero corriente del Gobierno Central ha venido creciendo en los últimos años, tanto en términos absolutos como en porcentaje del PIB. Endeudarse para pagar deudas es una dinámica que a futuro lo empeora todo.
- En el 2014 esa dinámica perversa podría consumir unos RD$189 mil millones equivalentes a US$4.2 mil millones y al 6.9% del PIB. Esto implica que del total de gasto, incluyendo el pago de la deuda, el 31% será financiado con recursos de deuda pública. En efecto, en 2014 unos RD$112 mil millones (US$2.5 mil millones) se utilizarán con ese fin, equivalentes al 59%. El reenganche de deuda es la nueva deuda para financiar el déficit financiero corriente que 2014 se proyecta en RD$77 mil millones (US$1.8 mil millones). Mientras que solo el pago de intereses sobre la deuda en el 2014 podría ascender a RD$71 mil millones (US$1.6 mil millones). Esto representa el 92% de la deuda adicional. En los dos últimos años ha estado por encima del 90%, lo cual da cuenta de una situación de insostenibilidad de la deuda pública
- La ejecución del 4% del PIB en educación, fruto de una gran presión popular, luce lenta, caótica, entrampada en improvisaciones y malas mañas, exhibiendo limitados logros en construcción de aulas y mínimos avances en la implantación de la tanda extendida, sin ningún cambio cualitativo.
- La cultura clientelista sigue impregnando la gestión del gobierno a favor de la partidocracia peledeísta y de sus grupos garrapatas, beneficiarios de privilegios, recursos públicos diversos, canonjías escandalosas y “botellas” de todo tipo.
- La seguridad social y el sistema nacional de salud siguen siendo gravemente erosionados por los grandes grupos financieros y las ARS y AFP privadas que controlan sus resortes fundamentales y se apropian de enormes recursos.
- La decisión de reformar el Código de Trabajo, por presión empresarial y con la participación de un sindicalismo sobornable, amenaza las limitadas conquistas laborales consignadas en ese instrumento legal; mientras la libertad sindical es aplastada sistemáticamente.
- Numerosos grupos de pequeños agricultores y de campesinos sin tierra de diferentes regiones desarrollaron acciones y jornadas de protestas demandando del Gobierno tierra para quien la trabaja, así como asistencia técnica e infraestructuras para la producción. Se expresa la tendencia a una mayor reconcentración de la tierra en manos de viejos y nuevos terratenientes que incursionan en proyectos turísticos, en plantaciones agroindustriales y otras actividades. Los funcionarios del Gobierno continúan repartiéndose y vendiendo para su provecho personal lo que queda de las tierras del CEA.
- La separación de poderes consagrada formalmente en las llamadas democracias representativas capitalistas y en la Constitución vigente, es un gran mito. El Comité Político del PLD, promotor de autoritarismos desenfrenados, racismo y prácticas delincuenciales en el manejo de la cosa pública, controla todas las instituciones estatales; avanzando aceleradamente hacia el control corporativo de los gremios profesionales, matrículas políticas y entidades socio-culturales, por la vía de la corruptela.
- El racismo anti-haitiano, luego de la sentencia del TC, se está convirtiendo en “razón de Estado” de corte nazista; asumiendo el Poder Ejecutivo su vergonzosa defensa en el plano nacional e internacional, acompañándola de una inviable e hipócrita promesa de “humanización”, que no ha logrado detener la pendiente de su desprestigio a escala mundial.
- De lugares donde el Presidente Medina fue recientemente a “brincar charcos” y ofrecer obras y recursos, llegan ya las quejas de los incumplimientos que degradan la política de imagen e impacto mediático que alimentan sus iniciales “burbujas” de popularidad.
- La violencia de género en general, con su secuela de continuos y desgarradores femenicidios, crece en medio de la ausencia de políticas públicas eficaces para contrarrestar sus causas.
- Frente a estos resultados desastrosos de la gestión de Danilo Medina, que incluye la reafirmación de la entrega de nuestra soberanía política, económica y natural, como es el caso de las transnacionales mineras, el pueblo dominicano desarrolló grandes jornadas de lucha y demostró su capacidad de resistencia, como ocurrió los días 22 y 23 de octubre, cuando se verificaron la más variadas formas de protestas escenificadas por diferentes sectores sociales.
Este balance incontrovertible muestra cada vez más a este gobierno haciendo más de lo mismo, que aunque con un estilo diferente, se desluce y pierde impacto al paso de los meses.
En consecuencia, el 2014, que pinta peor por la acumulación de cargas, déficits y penurias, deberá ser un año en el que crezca la indignación de todos/as los/as afectados/as a consecuencia de estos pésimos resultados.
El reto de las fuerzas transformadoras es convertir la indignación creciente en movilización ascendente: nacionalización y protección del patrimonio natural, recuperación de lo privatizado, castigo a los corruptos y confiscación de los bienes robados, nueva institucionalidad democrática, sistemas públicos de salud, educación y transporte de calidad y accesibles al pueblo, combate a fondo de la cultura patriarcal, disolución de la PN y la DNCD y diseño de un programa de seguridad ciudadana con participación popular…
Es fundamental vencer la dispersión, articular y politizar las protestas con propuestas alternativas consistentes.
Y procede movilizar al pueblo en el sentido de la confrontación con el poder establecido, enfrentando con energía y en todos los escenarios a este Estado antidemocrático, corrompido y neoliberal, ahora bajo control del PLD, los grupos empresariales afines y sus aliados políticos; cerrándole a la vez los espacios de recuperación política a la seudo-oposición perredeísta, dividida y entrampada, siempre presta a hacer cosas semejantes a las implementadas por el PLD y el PRSC.
Abriéndole, en fin, las compuertas a una gran confluencia anti-neoliberal y antiimperialista. Impulsando concomitantemente una alternativa que asuma el reclamo de que se vayan todos los que han gobernado, que se establezca un sistema electoral libre y participativo y se impulse la convocatoria de una Constituyente Popular y Soberana, que inicie el proceso hacia una democracia política, social, económica, participativa y cultural.Por la Izquierda Revolucionaria-IR:
Frente Popular Aniana Vargas-FEPAV, Rafael Jiménez Abad/Movimiento Caamañista-MC, Narciso Isa Conde/Movimiento Popular Dominicano-MPD, Brígido Peguero/Fuerza Popular Duartiana FPD, Albania Alvarado- /Movimiento Restaurador Socialista-MRS, Catalino Archivald/Liga Socialista de los Trabajadores/Congreso/Unitario de Revolucionarios y Revolucionarias (LST-CURR), José Aracena/.
INDEPENDIENTES: Ángel Landis Mercedes, Juan Pablo, Felipe Lora, Kirsy Mota, Papito Rafael Jiménez Pérez, Milciades Geraldo, Milagros Hungría…
23-12-2013 Santo Domingo, RD.
Nota: Cifras tomadas de:
Página Abierta.- Foro de artículos de opinión de los técnicos del Banco Central de la República Dominicana.-¿Cuál es el verdadero nivel de deuda pública de la República Dominicana? Departamento Internacional BC.
El presupuesto de 2014 y la situación fiscal de República Dominicana en 2013.- Movimiento Justicia Fiscal1 26 de noviembre de 2013.
Por Rommel Santos Diaz
El Fiscal, después de evaluar la información de que disponga, iniciará una investigación a menos que determine que no existe fundamento razonable para proceder a ella con arreglo en cuenta las siguientes circunstancias:
- a)La información de que dispone constituye fundamento razonable para creer que se ha cometido o se está cometiendo un crimen de la competencia de la Corte Penal Internacional;
- b)La causa es o sería admisible de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma;
- c)Existen razones sustanciales para creer que, aun teniendo en cuenta la gravedad del crimen y los intereses de las víctimas, una investigación no redundaría en interés de la justicia.
El Fiscal, si determinare que no hay fundamento razonable para proceder a la investigación y la determinación se basará únicamente en lo señalado anteriormente, lo comunicará a la Sala de Cuestiones Preliminares.
Si, tras la investigación, el Fiscal llega a la conclusión de que no hay fundamento suficiente para el enjuiciamiento ya que:
- a)No existe una base suficiente de hecho o de derecho para pedir una orden de detención o de comparecencia de conformidad con el artículo 58 del Estatuto de Roma;
- b)La causa es inadmisible de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma ; o
- c)El enjuiciamiento no redundaría en interés de la justicia, teniendo en cuenta todas las circunstancias, entre ellas la gravedad del crimen, los intereses de las víctimas y la edad o enfermedad del presunto autor y su participación en el presunto crimen, notificará su conclusión motivada a la Sala de Cuestiones Preliminares y al Estado que haya remitido el asunto de conformidad con el artículo 14 del Estatuto o al Consejo de Seguridad si se trata de un caso previsto en el artículo 13 del Estatuto de Roma.
Por otro lado, a petición del Estado que haya remitido el asunto con arreglo al artículo 14 del Estatuto de Roma o del Consejo de Seguridad de conformidad con el artículo 13, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá examinar la decisión del Fiscal de no proceder a la investigación de conformidad con este mismo artículo y pedir al Fiscal que reconsidere esa decisión.
Además la Sala de Cuestiones Preliminares podrá, de oficio, revisar una decisión del Fiscal de no proceder a la investigación si dicha decisión se basará únicamente en el párrafo 1 c) o 2 c) del artículo 13 del Estatuto de Roma. En este caso, la decisión del Fiscal únicamente surtirá efecto si es confirmada por la Sala de Cuestiones Preliminares.
Finalmente, el Fiscal podrá reconsiderar en cualquier momento su decisión de iniciar una investigación o enjuiciamiento sobre la base de nuevos hechos o nuevas informaciones.
Por Isaías Ramos
Mil doscientos millones de pesos para señalización turística. A la vez, se denuncian escuelas de jornada extendida con carencias de agua, baños, aulas, comedores y espacios adecuados.
No son partidas presupuestarias jurídicamente intercambiables. Pero sí revelan algo más profundo: qué problemas reciben recursos y urgencia del Estado, y cuáles continúan esperando.
La pregunta es inevitable:
¿Para quién está funcionando nuestro crecimiento?
La República Dominicana ha crecido. Negarlo sería absurdo. Han aumentado el turismo, la inversión extranjera, las exportaciones y el PIB. Pero durante más de tres décadas hemos confundido crecimiento con desarrollo, como si una cifra macroeconómica pudiera sustituir el bienestar de una familia.
Nuestra Constitución establece otra jerarquía. El artículo 8 dispone que la función esencial del Estado es proteger los derechos de la persona, respetar su dignidad y procurar su desarrollo dentro de un marco de justicia social y bienestar general. El artículo 217 ordena orientar el régimen económico hacia el desarrollo humano.
La Constitución no coloca al ciudadano al servicio de la economía. Coloca la economía al servicio del ciudadano.
El crecimiento es un medio, no el fin de la República. Podemos exhibir excelentes indicadores mientras demasiados dominicanos compran agua, pagan de su bolsillo educación y salud y viven en comunidades donde el progreso parece pasar de largo.
El modelo ha consolidado rasgos de rentismo, extractivismo y exclusión. Extraemos minerales, pero también obtenemos rentas del agua, las costas, el suelo y el paisaje. Facilitamos inversiones, concedemos incentivos y construimos infraestructura pública. Eso puede ser legítimo y necesario. La pregunta es qué recibe la nación a cambio.
Las playas muestran esa contradicción con claridad. El artículo 15 de la Constitución las reconoce como bienes de dominio público y de libre acceso. Sin embargo, en distintos lugares el ciudadano encuentra dificultades para acceder a costas rodeadas por proyectos que monetizan aquello que pertenece a todos.
La empresa construyó el hotel.
Pero no construyó el mar.
No creó la playa.
No produjo el paisaje.
Cuando un bien natural colectivo se convierte de hecho en atributo de exclusividad comercial, debemos preguntar quién captura la renta, quién asume los costos y qué pierde la nación.
El turismo no es enemigo del país. La empresa privada tampoco. Necesitamos inversión que genere empleos dignos, fortalezca proveedores nacionales, contribuya fiscalmente, transfiera conocimientos, respete el medioambiente y deje comunidades más prósperas.
No queremos menos crecimiento. Queremos crecimiento que produzca desarrollo.
No queremos menos inversión. Queremos inversión que fortalezca a la nación que la hace posible.
No todo incremento del PIB equivale a mayor bienestar ni necesariamente a mayor riqueza nacional neta. Si al crecer agotamos acuíferos, degradamos costas, acumulamos pasivos ambientales o convertimos privilegios temporales en derechos permanentes, podemos contabilizar como progreso la pérdida de nuestro patrimonio. Ninguna nación puede llamar desarrollo a aquello que mejora las cuentas de esta generación a costa de la siguiente.
El Estado no está ausente. Está selectivamente presente.
Construye carreteras, facilita inversiones, protege propiedades, concede incentivos y promueve destinos. Y debe hacerlo. El problema es que demasiadas veces no muestra la misma eficacia y urgencia para garantizar agua potable, educación, salud, seguridad, saneamiento y servicios públicos dignos.
Ese desequilibrio erosiona la esencia del Estado social y democrático de derecho.
No necesitamos escoger entre empresa y pueblo, ni entre inversión y justicia social. Esa es una falsa disyuntiva. Debemos medir el éxito nacional no solo por cuánto crece la economía, sino por cómo crece, quién recibe sus beneficios, quién asume sus costos y qué deja en el país.
Eso exige proteger el acceso público a los bienes comunes; condicionar los incentivos fiscales a resultados verificables; incorporar los costos ambientales; promover empleo formal, encadenamientos productivos y contribución fiscal; y someter las grandes decisiones al interés general.
Pero la transformación no corresponde únicamente al Estado. Requiere ciudadanos dispuestos a vigilar, participar, exigir cuentas y defender aquello que pertenece a todos.
La República Dominicana necesita más que corregir políticas aisladas. Necesita un proyecto de nación capaz de unificar esfuerzos, ordenar prioridades y fijar metas para saldar una deuda social acumulada durante décadas: un proyecto que convierta crecimiento en desarrollo, desarrollo en derechos y derechos en oportunidades reales.
Ese proyecto no supone renunciar al turismo, al capital ni a empresas prósperas. Supone ponerlos al servicio de algo superior: una economía al servicio de una nación.
Debemos reconocer una verdad incómoda: hemos sido mucho más persistentes construyendo crecimiento que construyendo desarrollo.
Es tiempo de recuperar la jerarquía constitucional:
Primero la persona.
Primero su dignidad.
Primero el bien común.
Y entonces el mercado, la inversión y el crecimiento como instrumentos para alcanzarlos.
Al final, la historia no nos preguntará cuánto creció la economía. Nos preguntará qué país dejamos.
Entonces tendremos que responder:
¿De qué sirvió crecer si, mientras crecíamos, fuimos perdiendo aquello que pertenecía a todos?
Ante esa pregunta, la indiferencia no debe ser una opción.
Por Oscar López Reyes
En 1976, en Barahona yo ganaba 100 pesos mensuales en dos trabajos –en el gobierno y en un medio de comunicación- cubría holgadamente los gastos de mi recién formada familia de cuatro miembros, y me sobraba dinero. Caminaba las calles del pueblo como un privilegiado, sin deudas ni estrés. Dormía como un lirón por el estilo de vida sobrio y albergaba una gran esperanza en el futuro.
Como en la mayoría de las casas, en la mía no había televisión, teléfono, nevera, aire acondicionado y mucho menos un vehículo de motor. Tampoco estufa, licuadora, inversor ni botellones de agua, porque por una tubería llegaba sin pagar un solo centavo, igual que la basura, y se pagaban chelitos por el consumo de luz. En el liceo no se cobraba.
En los patios de las dos casas alquiladas donde vivía, en las céntricas calles Colón casi esquina Duvergé y Jaime Mota casi esquina José María Cabral, había frondosos árboles de mangos y limoncillos (quenepas), y en la última anafres (hornillos para cocinar con carbón) y una letrina surtida con periódicos y fundas de papel –provenientes de colmados- para el aseo defecatorio.
Esos pliegos sanitarios representaban una muestra de progreso, porque en las afueras de la ciudad y en las lomas, como Chene, en Enriquillo, para la limpieza tras las necesidades fisiológicas se acudía, en los montes, a piedras, hojas verdes, tusas de maíz y troncos leñosos -en forma giratoria- que se ramificaban desde el suelo.
Entre 1973-1976 en colmados y almacenes –no existían supermercados- se compraban menos de 20 productos hogareños, con precios establecidos por la Dirección General de Control de Precios. Una libra de arroz costaba 8 centavos, una libra de habichuelas 7 centavos, una libra de azúcar 4 cheles, una libra de carne 10 cheles y una botella de aceite comestible valía 30 centavos.
A primera hora de la mañana y en la tardecita se vendía a 8 y 10 cheles una botella o litro de leche de vaca, bien pura, acabada de llegar en bidones desde fincas ganaderas de Amador Pons, Sarita Báez, Buchinche Pérez Espinosa, los hermanos Milongo y Napó (Napoleón) Pérez, los hermanos Dámaso y Zulema López (mis tíos) y otros.
Los gastos eran restringidos, y los regalos escasos, porque muy pocos celebraban cumpleaños o visitaban restaurantes. Predominaba el consumo de helados, principalmente los domingos, antes y después de las retretas del Parque Central.
Esos precios son recordados por mercaderes y amas de casa de la época, debido a que no existían estadísticas de la canasta básica de consumo en pesos dominicanos, en virtud de que, justamente en 1976, el Banco Central fue cuando inició la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares (ENGIH).
A la postre, la compra alimenticia mensual para ocho personas –porque había que separar manjares para los vecinos más cercanos y los padres de los esposos- ascendía a menos de 20 pesos mensuales. Otros gastos: Un par de zapatos de la fábrica gubernamental Fac Doc costaba 4 pesos, y cuando al prestamista “Viste Encuero”, muy conocido en el mercado público y los predios judiciales de Barahona, los días 25 –fecha de pago en el gobierno- le avanzaban 50 centavos de un crédito de 7 pesos, los aceptaba gustosamente.
En esos años, el peso dominicano tenía una paridad con el dólar estadounidense, o sea, uno por uno. Para las transacciones cotidianas, junto a las monedas de 5, 10, 25 y 50 centavos, la de un centavo circuló hasta 1987, con la efigie de Caonabo, cuyo poder adquisitivo fue anulado por la inflación, aunque no se conoce la emisión de una resolución definitiva del Banco Central que la despoje de su poder liberatorio.
Aquellos conmemorados, bien recordados y limpiecitos 100 pesos mensuales: 60 de la Corte de Apelación (no se registraba ninguna deducción de impuestos sobre la renta ni de seguridad social) y 40 pesos de Radio Barahona equivalen, a junio de 2026, a 125 mil 898 pesos con 56 centavos nominales, calculando el Índice de Precios al Consumidor, año por año, el valor del capital y el efecto inflacionario. A este último salario, la Dirección General de Impuestos Internos le reduce a 98 mil 400 pesos con 44 centavos, porque se le aplica un descuento de 27 mil 498 pesos con 12 por aportes de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y el Impuesto sobre la Renta (ISR).
¡Ah, consumismo y lujos!
¡Uy, prima del dólar!
¡Guau, globalización!
Entre 1973 y 1976 yo andaba despacio, a pie, relax y divertido, de un sitio a otro por las calles de Barahona como un afortunado, porque en la Corte de Apelación (juicios penales y civiles) me desempeñaba como mecanógrafo y mensajero ocasional, ya que estaba responsabilizado de buscar, el 25 de cada mes en las oficinas de Correo, los cheques de los jueces Federico Neftalio Cuello López (Nene), Doro Buenaventura Vásquez, Máximo Deñó, Rafael Dotel Recio y David Vicente Vidal Matos, y el procurador general de ese tribunal, Secundino Gómez Pérez (Jumito), máximas autoridades judiciales de la provincia.
El día 25, los magistrados arribaban a la Corte más temprano que nunca, caminando desde sus casas, sin parafernalias. Recuerdo cuando los secretarios de la Corte, Rafael Alfredo Pérez Rocha (Fellito Tinina), y la Procuraduría, Alejandro Rocha Peña (Mingolito), les entregaban a los jueces los emolumentos que devengaban: unos 250 pesos. Fungían como alguaciles Rafael Matos (Alito), Ignacio Mota y Luis Marino Arias. De unos 20 empleados de ese tribunal, solo sobreviven este último, hoy notario público; el extogado David Vidal, la entonces escribiente Teresa Peña y este servidor.
Yo era el menor de edad y el de más bajo salario: 60 pesos mensuales, el mínimo estatal, y cumplía el horario de 7:30 a.m. a 1:30 p. m. En la segunda jornada laboraba, desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, como secretario auxiliar de Rodolfo Z. Lama Jaar, propietario de Radio Barahona, Radio Pedernales, Radio Jimaní y Radio Neyba. Redactaba cartas, anuncios y notas luctuosas, nutrido por mis primeras prácticas escriturales en los clubes culturales y en los murales de la Juventud Comunista (Pacoredo) del liceo secundario Federico Henríquez y Carvajal.
El 11 de febrero de 2026 -justo 50 años después, porque ingresé en el citado mes- volví a las oficinas de la Corte de Apelación de Barahona y la nostalgia me envolvió con los cambios experimentados: existía uno que otro escritorio de caoba, pero ni en sombra las máquinas mecánicas Olympia, Olivetti y Remington, y prácticamente todos los jueces y empleados de 1973-1976 viajaron a un espacio inhóspito. El salario mínimo es de 20 mil 500 pesos y los titulares de Corte de Apelación ganan desde 260 mil 859 hasta más de 362 mil 304 pesos.
Albricias: Aparecieron los datos de mi ingreso al Poder Judicial, y me expidieron la certificación pertinente. El juez presidente de la Cámara Penal de la Corte y juez coordinador del Departamento Judicial (Barahona, Pedernales, Bahoruco e Independencia), Joselín Moreta Carrasco, me dispensó la más esplendorosa atención. Lo que no dijo el texto fue que fui cancelado -el más próspero premio de mi vida, porque tuve que emigrar forzosamente a Santo Domingo- por negarme a ingresar al Partido Reformista del gobernante presidente Joaquín Balaguer. ¡Qué vida Balaguer!
……………………………………
El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y comentarista de medios escritos, televisivos y digitales.