Opinión
La Izquierda Revolucionaria analiza el 2013 de Danilo
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13 años agoon
Por Narciso Isa Conde
En interés de tomarme un descansito, pero sobre todo por el valor de este documento colectivo, he decidido darlo a conocer a través de esta columna semanal. Espero sirva para edificar a nuestra sociedad de lo que acontece, planteado desde una óptica no complaciente, mas bien incomoda para el poder establecido.
Una campana, la otra o una de las otras, que al finalizar el año repica de manera distinta a las ubicadas en el Palacio Nacional y en el campanario morado, coincidiendo posiblemente con una buena parte del descontento acumulado.
Balance 2013: gobierno PLD-Danilo empantanado en medio de un sistema en crisis
Al concluir el 2013 la gestión estatal y de Gobierno del PLD y el presidente Medina se encuentra entrampada en medio de la profundización de la crisis del modelo capitalista neoliberal, de la continuidad de la corrupción institucional, del sistema de impunidad que la protege y de las estructuras político-sociales negadoras de derechos democráticos, soberanía y justicia social imperantes en el país.
Examinemos resultados fundamentales:
- El despliegue del paquetazo tributario y el manejo del sistema eléctrico y de los combustibles como negocio privado y presa de la voracidad fiscal, han incrementado significativamente el precio de la canasta familiar y de los servicios básicos, empobreciendo al pueblo trabajador y a los sectores medios, y enriqueciendo a la gran burguesía local y transnacional.
- La dinámica destructiva y las amenazas contra la vida en esta isla que representan las concesiones mineras han proseguido su ominoso curso. Salvo un incremento muy limitado de los ingresos públicos en el caso de Barrick Gold, resultado de una fuerte demanda popular, todo sigue igual; incluida la grave amenaza de depredación de Loma Miranda por Falcondo Xstrata Nickel, no conjurada definitivamente por el Estado.
- La impunidad de la gran corrupción peledeísta y de los gobiernos anteriores (balaguerista, perredeísta y grupos satélites) continúa vigente, reforzándose la protección estatal a los responsables y beneficiarios (civiles y militares) de los grandes delitos de Estado, incluidos casos escandalosos como los de Leonel Fernández, Félix Bautista, Diandino Peña, Euclides Gutiérrez, Felucho Jiménez, Luis Manuel Bonetti y otros.
- Conspicuos narco-generales y empresarios mafiosos involucrados en actos dolosos han sido protegidos por un blindaje institucional inmoral; mientras igual acontece con las estafas cometidas por corporaciones privadas como EGE-Haina, Ege-Itabo, Barrick Gold, Grupo Bonetti, Grupo Vicini, Odebrech, Grupo Estrella, Sun Land, Aerodom y otras.
- Los jefes militares y policiales siguen exhibiendo su proclividad al despotismo, la represión, los abusos, las torturas y los asesinatos con un descaro realmente ofensivo, sin que ninguna autoridad civil ose meterle el pico a sus delitos y arbitrariedades. La impunidad de los que le antecedieron, en casos como los de Enrique Pérez y Pérez, Milo Jiménez Salvador Púberes Montás, Ramiro Matos, Rojas Tabar, Reyes Bencosme y otros ha contribuido a darle licencia a sus desafuero.
- El llamado plan de seguridad ciudadana, conducido por esa oficialidad, han sido un gran fracaso. La delincuencia común ha seguido creciendo al compás del auge y la impunidad de la delincuencia de Estado.
- Los graves déficits fiscales y cuasi fiscales -que producto de la prevaricación siguen erosionando la economía del país y especialmente importante programas sociales y obras prioritarias- están siendo compensados con el incremento irresponsable del endeudamiento público externo e interno, que ya en septiembre de este año según el propio Banco Central representaba casi el 45% del PBI (27,109.8) millones de dólares (hay estudios que dan cifrasmayores), y comprometiendo una parte significativa del presupuesto nacional en pago de servicios y amortizaciones.
- La herencia del 2013 en materia de déficit fiscal y endeudamiento es tan negativa que el presupuesto del 2014 contempla un déficit equivalente a 2.8% del PIB, generando un endeudamiento neto de casi US$1.8 mil millones. La suma de recursos provenientes principalmente de deuda pública para financiar los vencimientos de deuda y tapar el déficit financiero corriente del Gobierno Central ha venido creciendo en los últimos años, tanto en términos absolutos como en porcentaje del PIB. Endeudarse para pagar deudas es una dinámica que a futuro lo empeora todo.
- En el 2014 esa dinámica perversa podría consumir unos RD$189 mil millones equivalentes a US$4.2 mil millones y al 6.9% del PIB. Esto implica que del total de gasto, incluyendo el pago de la deuda, el 31% será financiado con recursos de deuda pública. En efecto, en 2014 unos RD$112 mil millones (US$2.5 mil millones) se utilizarán con ese fin, equivalentes al 59%. El reenganche de deuda es la nueva deuda para financiar el déficit financiero corriente que 2014 se proyecta en RD$77 mil millones (US$1.8 mil millones). Mientras que solo el pago de intereses sobre la deuda en el 2014 podría ascender a RD$71 mil millones (US$1.6 mil millones). Esto representa el 92% de la deuda adicional. En los dos últimos años ha estado por encima del 90%, lo cual da cuenta de una situación de insostenibilidad de la deuda pública
- La ejecución del 4% del PIB en educación, fruto de una gran presión popular, luce lenta, caótica, entrampada en improvisaciones y malas mañas, exhibiendo limitados logros en construcción de aulas y mínimos avances en la implantación de la tanda extendida, sin ningún cambio cualitativo.
- La cultura clientelista sigue impregnando la gestión del gobierno a favor de la partidocracia peledeísta y de sus grupos garrapatas, beneficiarios de privilegios, recursos públicos diversos, canonjías escandalosas y “botellas” de todo tipo.
- La seguridad social y el sistema nacional de salud siguen siendo gravemente erosionados por los grandes grupos financieros y las ARS y AFP privadas que controlan sus resortes fundamentales y se apropian de enormes recursos.
- La decisión de reformar el Código de Trabajo, por presión empresarial y con la participación de un sindicalismo sobornable, amenaza las limitadas conquistas laborales consignadas en ese instrumento legal; mientras la libertad sindical es aplastada sistemáticamente.
- Numerosos grupos de pequeños agricultores y de campesinos sin tierra de diferentes regiones desarrollaron acciones y jornadas de protestas demandando del Gobierno tierra para quien la trabaja, así como asistencia técnica e infraestructuras para la producción. Se expresa la tendencia a una mayor reconcentración de la tierra en manos de viejos y nuevos terratenientes que incursionan en proyectos turísticos, en plantaciones agroindustriales y otras actividades. Los funcionarios del Gobierno continúan repartiéndose y vendiendo para su provecho personal lo que queda de las tierras del CEA.
- La separación de poderes consagrada formalmente en las llamadas democracias representativas capitalistas y en la Constitución vigente, es un gran mito. El Comité Político del PLD, promotor de autoritarismos desenfrenados, racismo y prácticas delincuenciales en el manejo de la cosa pública, controla todas las instituciones estatales; avanzando aceleradamente hacia el control corporativo de los gremios profesionales, matrículas políticas y entidades socio-culturales, por la vía de la corruptela.
- El racismo anti-haitiano, luego de la sentencia del TC, se está convirtiendo en “razón de Estado” de corte nazista; asumiendo el Poder Ejecutivo su vergonzosa defensa en el plano nacional e internacional, acompañándola de una inviable e hipócrita promesa de “humanización”, que no ha logrado detener la pendiente de su desprestigio a escala mundial.
- De lugares donde el Presidente Medina fue recientemente a “brincar charcos” y ofrecer obras y recursos, llegan ya las quejas de los incumplimientos que degradan la política de imagen e impacto mediático que alimentan sus iniciales “burbujas” de popularidad.
- La violencia de género en general, con su secuela de continuos y desgarradores femenicidios, crece en medio de la ausencia de políticas públicas eficaces para contrarrestar sus causas.
- Frente a estos resultados desastrosos de la gestión de Danilo Medina, que incluye la reafirmación de la entrega de nuestra soberanía política, económica y natural, como es el caso de las transnacionales mineras, el pueblo dominicano desarrolló grandes jornadas de lucha y demostró su capacidad de resistencia, como ocurrió los días 22 y 23 de octubre, cuando se verificaron la más variadas formas de protestas escenificadas por diferentes sectores sociales.
Este balance incontrovertible muestra cada vez más a este gobierno haciendo más de lo mismo, que aunque con un estilo diferente, se desluce y pierde impacto al paso de los meses.
En consecuencia, el 2014, que pinta peor por la acumulación de cargas, déficits y penurias, deberá ser un año en el que crezca la indignación de todos/as los/as afectados/as a consecuencia de estos pésimos resultados.
El reto de las fuerzas transformadoras es convertir la indignación creciente en movilización ascendente: nacionalización y protección del patrimonio natural, recuperación de lo privatizado, castigo a los corruptos y confiscación de los bienes robados, nueva institucionalidad democrática, sistemas públicos de salud, educación y transporte de calidad y accesibles al pueblo, combate a fondo de la cultura patriarcal, disolución de la PN y la DNCD y diseño de un programa de seguridad ciudadana con participación popular…
Es fundamental vencer la dispersión, articular y politizar las protestas con propuestas alternativas consistentes.
Y procede movilizar al pueblo en el sentido de la confrontación con el poder establecido, enfrentando con energía y en todos los escenarios a este Estado antidemocrático, corrompido y neoliberal, ahora bajo control del PLD, los grupos empresariales afines y sus aliados políticos; cerrándole a la vez los espacios de recuperación política a la seudo-oposición perredeísta, dividida y entrampada, siempre presta a hacer cosas semejantes a las implementadas por el PLD y el PRSC.
Abriéndole, en fin, las compuertas a una gran confluencia anti-neoliberal y antiimperialista. Impulsando concomitantemente una alternativa que asuma el reclamo de que se vayan todos los que han gobernado, que se establezca un sistema electoral libre y participativo y se impulse la convocatoria de una Constituyente Popular y Soberana, que inicie el proceso hacia una democracia política, social, económica, participativa y cultural.Por la Izquierda Revolucionaria-IR:
Frente Popular Aniana Vargas-FEPAV, Rafael Jiménez Abad/Movimiento Caamañista-MC, Narciso Isa Conde/Movimiento Popular Dominicano-MPD, Brígido Peguero/Fuerza Popular Duartiana FPD, Albania Alvarado- /Movimiento Restaurador Socialista-MRS, Catalino Archivald/Liga Socialista de los Trabajadores/Congreso/Unitario de Revolucionarios y Revolucionarias (LST-CURR), José Aracena/.
INDEPENDIENTES: Ángel Landis Mercedes, Juan Pablo, Felipe Lora, Kirsy Mota, Papito Rafael Jiménez Pérez, Milciades Geraldo, Milagros Hungría…
23-12-2013 Santo Domingo, RD.
Nota: Cifras tomadas de:
Página Abierta.- Foro de artículos de opinión de los técnicos del Banco Central de la República Dominicana.-¿Cuál es el verdadero nivel de deuda pública de la República Dominicana? Departamento Internacional BC.
El presupuesto de 2014 y la situación fiscal de República Dominicana en 2013.- Movimiento Justicia Fiscal1 26 de noviembre de 2013.
Opinión
Tres mitos de la Suprema: consenso, apoliticidad e imparcialidad
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4 días agoon
noviembre 13, 2026La selección de la Suprema Corte refleja acuerdos políticos más que imparcialidad, cuestionando el mito de apoliticidad y consenso democrático.
- El texto sostiene que la unanimidad en el CNM responde a pactos políticos, no convicciones coincidentes.
- Se menciona a Justiniano Montero Montero como juez de carrera con posibles lealtades tácitas.
- La SCJ y el Tribunal Constitucional son descritos como claves para proteger élites políticas.
Por Narciso Isa Conde
Escuchando tantos elogios al consenso unánime, a la apoliticidad e imparcialidad en el proceso de la selección y conformación de la nueva Suprema Corte de Justicia (SCJ), les plantee a algunos amigos expertos en el tema que me parecía que ese consenso tiene mucho de pacto entre dos fuerzas políticas: una con mayoría precaria y la otra con una cuota significativa.
Les señalé que ser juez de carrera no es necesariamente ser apolítico o apartidista, y que no es verdad que esta ocasión este gobierno no trataría de asegurar su impunidad, para lo cual la SCJ es una entidad judicial clave.
Dicho esto, les sugerí ir a más profundidad en estas valoraciones, sobre todo después de lo acontecido con los cambios realizados en otras de las altas cortes.
El disco duro de la sociología política dominicana nos habla del mito de la neutralidad técnica frente a la cruda política del poder y la búsqueda de impunidad, y posibilita llegar a estas consideraciones:
· La carrera judicial no es un búnker como para afirmar que, porque el magistrado Justiniano Montero Montero provenga de la base de la judicatura, eso lo despoja de vínculos, simpatías, lealtades tácitas o de la prudencia necesaria para sobrevivir décadas dentro del sistema. Más cuando es tradición que para ascender en la escalera judicial dominicana se requiere navegar aguas donde la denominadas clase política y la oligarquía capitalista siempre tiene antenas y capacidad de veto.
· Cuando fuerzas mayoritarias con cuentas de corrupción pendientes (como las del PRM y sus empresarios) y minorías con peso institucional (como la representación de FP desde una impunidad protegida) llegan a un voto unánime en el CNM, no se debe a una voluntad democrática colectiva o a un consenso por convicciones coincidentes. Ni en ese caso, ni en casos parecidos.
· Por lo general, ese resultado responde a un pacto de coexistencia pacífica: se reparten espacios o se validan perfiles donde los actores políticos principales aseguran que no habrá sorpresas radicales ni persecuciones judiciales desbocadas contra los círculos de poder salientes o vigentes.
· En la República Dominicana, el control o la influencia sobre las altas cortes cumple una función sistémica histórica de protección a los integrantes del poder constituido y a las elites capitalistas.
· Ningún liderazgo político con fuerza real entrega el poder o diseña transiciones obviando el control de la Suprema Corte de Justicia (máxima instancia de apelación penal y casación) y del Tribunal Constitucional.
· La experiencia con los cambios en otras altas cortes del país ha demostrado que los repartos de cuotas, presentados como consensos, terminan funcionando como un engranaje de equilibrio de determinadas debilidades: «tú no me tocas los flancos vulnerables de mi gestión, yo no dinamito los tuyos».
· El sistema judicial se convierte así en un fiel de la balanza que modera los conflictos entre élites partidarias y empresariales, pero que no rompe el statu quo estructural de la llamada clase política tradicional y de toda la clase dominante-gobernante.
Entonces, surgió la necesidad de responder a esta pregunta fuñona:
¿Acaso tiene Abinader el control absoluto de la SCJ?
Lo cierto es que más que un control absoluto de “títeres” o «marionetas» (que afectaría la imagen benévola de supuesta independencia institucional y la fantasía de la separación de poderes, tan cara para los organismos multilaterales, instancias internacionales, la diplomacia simuladora y las apariencias), lo que se construyó fue un control por entendimientos mutuamente convenientes, con un diseño de perfiles moderados:
Se evitan así perfiles y situaciones confrontativas o disidencias y disidentes reales que puedan activar investigaciones incómodas.
En su lugar se colocan figuras que garantizan una «paz social y corporativa» adecuada al sistema de dominación, administrando la justicia con un mando conservador que frene o disuelva cualquier intento de depuración profunda o propósito de romper con la inercia de impunidad sistémica.
La verdad es que detrás del ropaje técnico y la unanimidad formal se esconde una arquitectura de negociación política donde las cúpulas partidarias y empresariales aseguran su retaguardia institucional.
Nada de consenso democrático, apoliticismo o imparcialidad.
Acuerdos por conveniencia de las partes, casi nunca con equilibrio absoluto o paridad en el poder de decisión.
Por Oscar López Reyes
Sin equidad en la osadía ni encogimiento de hombros, magnates de la inteligencia artificial (IA) se atribuyen la potestad de apoderarse de textos (plagio) de libros, revistas y periódicos, y academias y editoras despojan de premios a obras escritas por máquinas, en virtud de la usencia de sensibilidad creativa, autenticidad y mérito, que implica un engaño a jurados y lectores. Procuran así preservar la reputación de los galardones.
Adicionalmente, la IA empequeñece la pluralidad y la investigación periodística. El aprovechamiento por las oligopólicas corporativas de obras registradas legalmente para entrenar sus modelos de lenguaje (LLM) algorítmicos, sin la aceptación de sus autores (plagio automatizado), cuyos nombres eliminan, gestó una usurpación jurídica y otro ético (expoliación de propiedad intelectual), porque el software comercializa un saber sistematizado, en desconocimiento del esfuerzo y sacrificio del progenitor original o primario.
La aplicación de la IA también procrea una crisis en la esfera editorial (entre editores y lectores), por la publicación de libros cimentados en algoritmo, y por la mezcla de la creación humana y esta nueva tecnología. El plagio no sólo infringe los derechos de autor, sino que arruina la calidad intelectual periodística.
¿Cómo lidiar con esta asunción ilegítima de autoría?
Asociaciones de escritores y medios de comunicación, como The New York Times, han demandado judicialmente a OpenAl y a otras de la competencia imperfecta, por difundir libros y trabajos periodísticos como suyos. Asimismo, como garantía de sinceridad y certeza, Authors Guild en Estados Unidos e iniciativas en Europa han presentado certificaciones con las etiquetas de “literatura orgánica” o “escrito por un humano”.
También, las nominaciones de acreditados premios, como el Goncourt, han sido retiradas a los escritores de novelas Thélyson Orélien (canadiense, “Fue eso o morir o Era eso o morir”), Mia Ballard (estadounidense, “Chica Tímida”) y a David Silva (peruano, “Donde el agua trabaja”) y, por igual, se ha producido la cancelación de la venta de sus obras literarias por sospechas o admisiones de plagio conectados con recursos cibernéticos.
Carencia de pluralidad y entorno humano. Socava la pluralidad y la disparidad de abordajes delegar la selección de información, la redacción y verificación a la IA, sin la sensibilidad, creatividad, el criterio ético, la profundidad y la depuración objetiva de un periodista comprometido con la verdad. Los prototipos generativos instructivos con documentos preexistentes en internet plasman y postean deformaciones geográficas, históricas, estereotipos y discriminaciones.
El algoritmo deshumanizante de los procesos productivos acarrea la ruptura con principios éticos y la iniciación de un duelo entre el talento humano y las máquinas: un minúsculo grupo de corporaciones privadas y estados nacionales estructuran, explícitas o implícitamente, fórmulas y directrices que normatizan infraestructuras cibernéticas globales.
La contrastación presencial y el discurso mediático se torna ineludible para averiguar y fiscalizar poderes, con estricto nivel profesional, para ganar la confianza de las audiencias.
¿Cuáles son las respuestas?
Para contrapesar, en la competencia profesional contra el algoritmo y por el predominio de la pluralidad, la sensibilidad, se impone reconstruir la conversación colectiva y ampliar la presencia del periodista en los foros abiertos: amplificar la agenda comunitaria, diversificar las fuentes, consultar a expertos, contar historias, dando cabida a las voces más disidentes.
Como valores consustanciales y diferenciales del reporterismo se exige más entrevistas, más crónicas, más reportajes, más descripciones y narraciones, y más análisis cubiertos de originalidad y exclusividad, identificándose con las agrupaciones, asociaciones, congregaciones, equipos, brigadas, corros y peñas locales.
Reducción en labor investigativa. La IA atenta con las opiniones divergentes. El recorte de planillas de redactores, correctores y editores, para aminorar gastos de producción, mengua la competencia metodológica mediática, porque margina la reflexión y el análisis. Lo anterior quiere decir que la automatización excesiva arrebata a la contraargumentación democrática y a la información su rigor y la fiscalización humana, porque descansa en motores de probabilidad estadística.
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Referencias bibliográficas:
1.- Artículo académico (PMC / Frontiers in Artificial Intelligence). Romanishyn, A., Malytska, O., y Goncharuk, V. (2025, 31 de julio). AI-driven disinformation: policy recommendations for democratic resilience. Frontiers in Artificial Intelligence, 8, 1569115.,. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12351547/
2.- Atlas de IA: Poder, política y costes planetarios de la inteligencia artificial, Kate Crawford, Ediciones, Barcelona, España, 2023.
3.- Ciberseguridad paso a paso: Diseña tu estrategia, María Ángeles Caballero Velasco, Laura Baus Lerma y Diego Cilleros Serrano, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2023.
4.- Lánzate a la IA. Despierta tus superpoderes, Arturo Fuentes Calle, Editorial Marcombo, Barcelona, España, 2026.
5.- Algoritmos para la vida cotidiana: La ciencia de la informática aplicada a las decisiones humanas, Brian Christian y Tom Griffiths, Teell Editorial, Madrid, España, España, 2017.
6.- Inteligencia artificial generativa con modelos de ChatGPT y OpenAI, Valent0ina Alto, Editora Anaya Multimedia, Madrid, España, 2023.
7.- Domina la inteligencia artificial antes de que ella te domine a ti: IA101 estrategias para impulsar tu carrera y mejorar tu vida, Lasse Rouhiainen, Alienta Editorial. Ciudad, Barcelona, España, 2026.
8.- Generación IA: guía para un uso responsable, creativo y seguro de la inteligencia artificial, María Lázaro Ávila, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2026.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.
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Por Isaías Ramos
Cuando una autoridad jura cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ciudadanía tiene derecho a creerle. Ese compromiso pone en juego algo más que la reputación del funcionario: la confianza de las personas en que sus derechos estarán protegidos, incluso frente al propio gobierno.
El pasado viernes 6 de noviembre conmemoramos 182 años de la primera Constitución dominicana. Honrarla exige examinar qué ocurre con lo jurado una vez comienza el ejercicio del poder.
El artículo 127 obliga al presidente y vicepresidente a prestar ese juramento antes de entrar en funciones. Incluye respetar los derechos y libertades ciudadanos y cumplir fielmente los deberes del cargo. Cada decisión posterior debe poder sostenerse frente a ese compromiso.
Mateo 23:2-3 ilumina esta exigencia. Jesús denuncia la contradicción entre enseñanza y conducta en los dirigentes religiosos a quienes se dirige: «ellos dicen, pero no hacen». Su aplicación política invita a examinar si las autoridades ejercen sus funciones conforme a los principios que proclaman.
La Constitución proporciona una medida común para hacerlo, independientemente de las creencias particulares o las preferencias políticas. Su artículo 6 somete a los poderes públicos a la norma suprema. Una mayoría electoral gobierna dentro de esos límites.
Las candidaturas independientes permiten comprobar qué significa respetarlos.
En la sentencia TC/0788/24, el Tribunal Constitucional consideró desproporcionados los requisitos impugnados y estableció una regulación sustitutiva. Afirmó que los partidos no tienen el monopolio constitucional de todas las candidaturas a puestos de elección nacional y reconoció al Congreso competencia para regularlas de manera compatible con lo decidido.
El Congreso aprobó después la Ley 13-26 y el Ejecutivo la promulgó, suprimiendo esas candidaturas. Sus fundamentos invocan una reserva de postulaciones a las organizaciones políticas y dificultades de organización institucional.
El Tribunal dispuso corregir la regulación; la respuesta legislativa y ejecutiva fue suprimir la figura. Esa es la contradicción constitucional que denunciamos. Las dificultades alegadas debían resolverse respetando el fallo y el carácter vinculante que el artículo 184 reconoce a las decisiones del Tribunal Constitucional.
Si el órgano obligado pudiera escoger qué sentencia cumple, ¿qué seguridad tendría una persona que acude a la justicia para defender sus derechos? La respuesta importa también a quien nunca aspirará a un cargo. Una sentencia constitucional vinculante debe cumplirse, aunque incomode a la autoridad obligada a ejecutarla.
Hemos presentado dos recursos: uno contra la Ley 13-26 y otro frente a lo que denunciamos como la negativa de la Junta Central Electoral a cumplir el mandato de la sentencia. Cada procedimiento requiere una decisión de la instancia competente. La impugnación de la ley no la anula por sí sola.
Acudimos a las vías institucionales para defender la participación y exigir que las autoridades respondan por sus decisiones.
El artículo 75 también compromete a la ciudadanía. Su numeral 1 exige acatar y cumplir la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades establecidas por ellas. El numeral 12 obliga a velar por la calidad democrática, el patrimonio público y la transparencia de la función pública.
Cumplamos esos deberes exigiendo respuestas documentadas: qué se ha hecho para cumplir la sentencia y cuál es el fundamento jurídico de cada actuación.
Asumamos el cumplimiento constitucional como una obligación permanente, tanto al exigir responsabilidades como al ejercer autoridad.
En 2044 celebraremos dos La Constitución como medida del poder
siglos de independencia y de nuestra primera Constitución. Trabajemos para llegar a ese aniversario con derechos que las personas puedan exigir y autoridades que respondan por su cumplimiento.
El juramento compromete a quien gobierna. Hacerlo exigible protege a toda la nación.
¡El 2044 comienza hoy!
