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Las boletas de las elecciones municipales se comienza a imprimir este fin de semana, según la JCE.
La Junta Central Electoral anunció que acogiéndose al cronograma iniciará este fin de semana la impresión de las boletas de las elecciones municipales pautadas para el 16 de febrero de este año, cuya producción estará a cargo de la Editora Corripio.
Ayer, concluyó el proceso de validación de las boletas electorales, cuyos trabajos, consistentes en la verificación de colores, logos y composición de los recuadros de cada partido, iniciaron el pasado miércoles.
En ese sentido, el director de Elecciones de la institución comicial, Mario Núñez, informó que esa división terminó las correcciones procedentes dentro de las cuales, mencionó, cambios de fotografías de los candidatos o cambio del nombre de algún aspirante por el apodo que es conocido en su municipio.
Orden boletas será por procesos internos de partidos
En la mañana de ayer, diez partidos solicitaron a la JCE que no proceda a la impresión de las boletas porque entienden que deben colocar a los candidatos en el mismo orden en que fueron presentados en las propuestas y aceptados por las juntas electorales. Se trata del Partido Revolucionario Dominicano (PRD); el Movimiento Democrático Alternativo (Moda); el Partido Cívico Renovador (PCR); el Partido Unión Demócrata Cristiana (UDC); el Partido Acción Liberal (PAL); el Partido Demócrata Popular (PDP); el Partido Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC); el PRI y País Posible, quienes, mediante instancia, advirtieron que de no acogerse su petición, procederán a solicitar la revocación de cualquier resolución que a estos fines emita el órgano electoral.
Cuestionado al respecto, el director de Elecciones de la Junta, dijo que pese a esto la impresión de las boletas va a hacerse porque para organizarlas se tomó el criterio que establece la Ley y que, la colocación de los candidatos es el reflejo de las decisiones tomadas por las juntas electorales.
Explicó que el criterio tomado para el orden de las lo establece la Ley 33-18, que dispone que los candidatos y candidatas serán colocados de conformidad con el “orden obtenido en los procesos internos” de cada partido y por orden alfabético, tomando como referencia el primer apellido. Dijo que los partidos que fueron a primarias tienen derechos adquiridos.
El pasado jueves, la JCE adjudicó a la Editora Corripio la impresión de tres millones doscientas siete mil cincuenta (3,207,050) boletas electorales.
La adjudicación se produjo en base a las características contenidas en la propuesta presentada por dicha empresa en el Procedimiento de Urgencia JCE- CCC- PU-07-01-2019, resultando la de menor monto en comparación con todas las empresas que participaron, por un valor de catorce millones setecientos sesenta y siete mil ochocientos veintiocho pesos con 92 centavos (RD$14,767,828.92), con impuestos incluidos.
También decidió, mediante acta, adjudicar a las empresas Editora El Caribe, S.A; Editora Corripio; Grupo Diario Libre.; y Harti Supplies, las órdenes de servicios para la impresión de las boletas educativas y manuales, relacionadas con el montaje de las elecciones municipales.
En tal sentido, a la empresa Editora El Caribe se le adjudicó la orden de servicio para la impresión de 600 ejemplares del Manual para Soportes de Juntas Electorales, por un valor de RD$20,448.00; 9,000 ejemplares de la Guía del Facilitador (local), por un valor de RD$175,500.00; y 2,500 ejemplares del Manual para Miembros de juntas Electorales y OCLEEs, por un valor de RD$43,125.00, para un total general de RD$239,073.00 libre de impuestos.
A Editora Corripio, se le adjudicó la impresión de 100,000 Boletas Educativas Municipales para talleres 2da. Fase, por un valor de RD$141,000.00; 100,000 Boletas Educativas Distritales para talleres 2da. fase, por un valor de RD$104,000.00; 120,000 ejemplares del Manual para Delegados (local), por un valor de RD$1,125,600.00; y 80,000 ejemplares del Manual para la Policía Militar Electoral, por un valor de RD$514,400.00, para un total general de RD$1,885,000.00 libre de impuestos.
Al Grupo Diario Libre, se le adjudicó la impresión de 906,525 Boletas Educativas Municipales para distribución masiva, por un valor de RD$1,314,461.25; y trescientos cuarenta y 343,375 Boletas Educativas, por un valor de RD$532,231.25, para un total general de RD$1,846,692.50 libre de impuestos.
Mientras que a la empresa Harti Supplies se le adjudicó la impresión de 650 Boletas para talleres 2da. Fase, por un valor de RD$57,950.00; y 650 Boletas para talleres 2da. Fase, por un valor de RD$57,950.00, para un total general de RD$115,900.00 libre de impuestos.
El Comité de Compras y Contrataciones conoció ayer otras propuestas económicas de ocho empresas para concursar por la impresión de otros materiales educativos y electorales con miras a las elecciones municipales de este año, cuya adjudicación se hará en la próxima semana. Las empresas concursantes fueron Editora El Caribe, Grupo Diario Libre, Editorial Adrianna, Editora de Formas, Editora Nuevo Diario, Harti Supplies, Inversiones 3C e Improformas.
Dentro de los materiales que se están licitando se encuentran afiches, manuales educativos, cartelones, actas educativas, cuadernillos, guías e instructivos. Las propuestas que presentan estas empresas lo hacen en atención al procedimiento de urgencia JCE-CCC-PU-07-03-2019.
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal de Atención Permanente de Santiago, que preside la jueza Wendy Altagracia Tavárez, impuso este lunes tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra un dominicano que fue deportado desde los Estados Unidos, involucrado en al menos siete homicidios en Santiago.
Andry Josué Vargas Núñez, conocido como Juan Bosch, debe cumplir la sanción en el Centro de Corrección y Rehabilitación El Pino, en La Vega.
La medida fue impuesta al imputado por el asesinato a tiros de Diovel Leonel Fernández Pérez (Guccy), durante un incidente ocurrido en marzo del 2022 en el sector La Yagüita de El Ejido, en las proximidades del Parque Central de Santiago.
Al procesado también lo acusan por sus vínculos, en noviembre de ese mismo año, a una balacera donde murieron cinco personas en la misma barriada.
De acuerdo a la investigación, Vargas Núñez, de 26 años, escapó a Estados Unidos tras participar en esos casos. Fue detenido este año en esa nación y deportado al país el pasado mes de octubre.
Otros hechos delictivos
Además de los homicidios, Vargas Núñez figura en el sistema policial con dos registros por atracos, en enero y marzo del año 2018.
Santo Domingo, R.D.-La importación de alimentos sin aranceles en caso de emergencia o de pandemia podrá ser posible por la recién aprobada Ley de Seguridad Alimentaria, que busca modificar una normativa promulgada en el año 2016, que abriría las puertas para que un consejo de funcionarios pueda recomendar al Poder Ejecutivo la referida medida.
En la gestión del presidente Luis Abinader, el Congreso aprobó una ley para liberar de impuestos más de 60 alimentos y estudió sin éxito otro proyecto que permitiría importar sin aranceles el azúcar.
La pieza que aprobó el jueves la Cámara de Diputados establece que el Consejo Nacional para la Soberanía y la Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conassan) tendrá, entre sus nuevas funciones, la atribución de recomendar al presidente «la suspensión de las obligaciones arancelarias» para importar alimentos en momentos de emergencia.
Según la iniciativa, las medidas especiales solo serían aplicadas en caso de que el producto sea impactado adversamente, cuando se perjudique la seguridad alimentaria y nutricional del país y cuando se pueda afectar la seguridad económica y los intereses esenciales del Estado.
Otros aspectos
Aparte de la importación de alimentos, la pieza también busca el cumplimiento en la calidad de los alimentos que se consumen en el país, el acceso a la comida, la estabilidad de la oferta sin fluctuaciones y la disponibilidad de alimentos.
«La seguridad alimentaria solo se cumple cuando todas las personas tienen acceso físico y económico a los alimentos nutritivos e inocuos para satisfacer sus necesidades alimentarias», establece el proyecto depositado por el presidente Abinader.
Aunque fue aprobado sin ningún obstáculo por la mayoría que ostenta el PRM en ambas cámaras, los opositores no votaron por la pieza por considerar que «lesiona» las funciones del Congreso.
El vocero de la Fuerza del Pueblo en la Cámara baja, Rafael Castillo, expresó que el proyecto le quita funciones al Congreso que, según dijo, es el órgano facultado para recomendar o autorizar la importación de alimentos sin aranceles.
Santo Domingo, R.D.-Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Isis Muñiz, Luis Omar Jiménez y Delio Germán, deliberaban esta noche para decidir la suerte de la solicitud de variación de medida de coerción hecha por el exdirector del Intrant, Hugo Beras; José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S y Transcore Latam; y Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant.
Se espera que esta noche los magistrados adopten una decisión sobre la solicitud presenta, en la que estos piden una medida de coerción menos gravosa a la prisión preventiva. El Ministerio Público, en cambio, solicita mantener la coerción ya dictada.
El pasado 10 de octubre, los involucrados en el llamado caso Intrant fueron enviados al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres de San Cristóbal con 18 meses de prisión preventiva por supuestamente ejecutar de forma fraudulenta el contrato de 1,317 millones de pesos para instalar la red semafórica del Gran Santo Domingo.
Gómez, Beras y Padovani son señalados por el Ministerio Público de pertenecer a una supuesta red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje y terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad.
Las presuntas irregularidades en la licitación giran en torno al contrato para la modernización, ampliación, supervisión y gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo, el cual fue adjudicado a la empresa Transcore Latam, de Jochi Gómez.