Nacionales
Las boletas de las elecciones municipales se comienza a imprimir este fin de semana, según la JCE.
La Junta Central Electoral anunció que acogiéndose al cronograma iniciará este fin de semana la impresión de las boletas de las elecciones municipales pautadas para el 16 de febrero de este año, cuya producción estará a cargo de la Editora Corripio.
Ayer, concluyó el proceso de validación de las boletas electorales, cuyos trabajos, consistentes en la verificación de colores, logos y composición de los recuadros de cada partido, iniciaron el pasado miércoles.
En ese sentido, el director de Elecciones de la institución comicial, Mario Núñez, informó que esa división terminó las correcciones procedentes dentro de las cuales, mencionó, cambios de fotografías de los candidatos o cambio del nombre de algún aspirante por el apodo que es conocido en su municipio.
Orden boletas será por procesos internos de partidos
En la mañana de ayer, diez partidos solicitaron a la JCE que no proceda a la impresión de las boletas porque entienden que deben colocar a los candidatos en el mismo orden en que fueron presentados en las propuestas y aceptados por las juntas electorales. Se trata del Partido Revolucionario Dominicano (PRD); el Movimiento Democrático Alternativo (Moda); el Partido Cívico Renovador (PCR); el Partido Unión Demócrata Cristiana (UDC); el Partido Acción Liberal (PAL); el Partido Demócrata Popular (PDP); el Partido Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC); el PRI y País Posible, quienes, mediante instancia, advirtieron que de no acogerse su petición, procederán a solicitar la revocación de cualquier resolución que a estos fines emita el órgano electoral.
Cuestionado al respecto, el director de Elecciones de la Junta, dijo que pese a esto la impresión de las boletas va a hacerse porque para organizarlas se tomó el criterio que establece la Ley y que, la colocación de los candidatos es el reflejo de las decisiones tomadas por las juntas electorales.
Explicó que el criterio tomado para el orden de las lo establece la Ley 33-18, que dispone que los candidatos y candidatas serán colocados de conformidad con el “orden obtenido en los procesos internos” de cada partido y por orden alfabético, tomando como referencia el primer apellido. Dijo que los partidos que fueron a primarias tienen derechos adquiridos.
El pasado jueves, la JCE adjudicó a la Editora Corripio la impresión de tres millones doscientas siete mil cincuenta (3,207,050) boletas electorales.
La adjudicación se produjo en base a las características contenidas en la propuesta presentada por dicha empresa en el Procedimiento de Urgencia JCE- CCC- PU-07-01-2019, resultando la de menor monto en comparación con todas las empresas que participaron, por un valor de catorce millones setecientos sesenta y siete mil ochocientos veintiocho pesos con 92 centavos (RD$14,767,828.92), con impuestos incluidos.
También decidió, mediante acta, adjudicar a las empresas Editora El Caribe, S.A; Editora Corripio; Grupo Diario Libre.; y Harti Supplies, las órdenes de servicios para la impresión de las boletas educativas y manuales, relacionadas con el montaje de las elecciones municipales.
En tal sentido, a la empresa Editora El Caribe se le adjudicó la orden de servicio para la impresión de 600 ejemplares del Manual para Soportes de Juntas Electorales, por un valor de RD$20,448.00; 9,000 ejemplares de la Guía del Facilitador (local), por un valor de RD$175,500.00; y 2,500 ejemplares del Manual para Miembros de juntas Electorales y OCLEEs, por un valor de RD$43,125.00, para un total general de RD$239,073.00 libre de impuestos.
A Editora Corripio, se le adjudicó la impresión de 100,000 Boletas Educativas Municipales para talleres 2da. Fase, por un valor de RD$141,000.00; 100,000 Boletas Educativas Distritales para talleres 2da. fase, por un valor de RD$104,000.00; 120,000 ejemplares del Manual para Delegados (local), por un valor de RD$1,125,600.00; y 80,000 ejemplares del Manual para la Policía Militar Electoral, por un valor de RD$514,400.00, para un total general de RD$1,885,000.00 libre de impuestos.
Al Grupo Diario Libre, se le adjudicó la impresión de 906,525 Boletas Educativas Municipales para distribución masiva, por un valor de RD$1,314,461.25; y trescientos cuarenta y 343,375 Boletas Educativas, por un valor de RD$532,231.25, para un total general de RD$1,846,692.50 libre de impuestos.
Mientras que a la empresa Harti Supplies se le adjudicó la impresión de 650 Boletas para talleres 2da. Fase, por un valor de RD$57,950.00; y 650 Boletas para talleres 2da. Fase, por un valor de RD$57,950.00, para un total general de RD$115,900.00 libre de impuestos.
El Comité de Compras y Contrataciones conoció ayer otras propuestas económicas de ocho empresas para concursar por la impresión de otros materiales educativos y electorales con miras a las elecciones municipales de este año, cuya adjudicación se hará en la próxima semana. Las empresas concursantes fueron Editora El Caribe, Grupo Diario Libre, Editorial Adrianna, Editora de Formas, Editora Nuevo Diario, Harti Supplies, Inversiones 3C e Improformas.
Dentro de los materiales que se están licitando se encuentran afiches, manuales educativos, cartelones, actas educativas, cuadernillos, guías e instructivos. Las propuestas que presentan estas empresas lo hacen en atención al procedimiento de urgencia JCE-CCC-PU-07-03-2019.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.