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La JCE decidió no regular la campaña anticipada
Roberto Rosario.
El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, reveló ayer que el pleno de ese organismo aprobó un reglamento que le prohíbe regular la campaña política anticipada debido a que involucrarse en esa tarea sería violatorio de la Constitución porque vulneraría derechos fundamentales.
Rosario consideró que sería un error de la JCE pretender limitar los derechos de los ciudadanos porque incurriría en una violación constitucional. “Nosotros no podemos pedirle a un medio de comunicación que le prohíba a un ciudadano venir a promoverse para una candidatura porque no tenemos facultad legal para eso, no podemos decirle a un ciudadano que no se reúna en un centro determinado a promover su candidatura, nosotros no tenemos derecho a eso”, subrayó.
Explicó que específicamente el artículo 74 de la Constitución se refiere a la interpretación y reglamentación de los derechos fundamentales y que manda que solo pueden ser reglamentados mediante una ley adjetiva. Sostuvo que si el Congreso aprueba una ley en ese sentido, la JCE si podría reglamentar las campañas electorales a destiempo.
“Algunos magistrados, algunos partidos y personas de la sociedad le han pedido a la Junta que suspenda el inicio de la campaña electoral y todas esas ideas están llenas de buenas intenciones pero no se corresponden con nuestra legislación… Eso suena simpático y atractivo, pero los funcionarios públicos no estamos para estar buscando aplausos, es para aplicar la ley”, expresó. Dijo que la medida fue adoptada en la reunión del último pleno del organismo que se efectuó la pasada semana.
Recientemente, el miembro titular de la JCE, José Ángel Aquino, sometió una propuesta al órgano a fin de que la JCE detuviera la campaña electoral anticipada debido a que en el país hay la impresión de que ya se emitió la proclama electoral cuando faltan más de dos años para las elecciones. Aclaró que aunque el artículo 212 de la Carta Magna establece que la JCE tiene capacidad reglamentaria pero es con relación a la ley, no de la Constitución.
Rosario ofreció la información al ser entrevistado en el Almuerzo Semanal de Multimedios del Caribe, en un encuentro encabezado por el director de elCaribe, Osvaldo Santana; el jefe de Redacción, Héctor Marte, y los editores de Economía, Héctor Linares, y del portal, Sandra Guzmán. Además de Rosario, por la JCE asistieron los directores de cómputo, Franklin Frías; de Elecciones, Joel Lantigua; Cedulación, Américo Rodríguez, y de Comunicaciones, Félix Reyna.
La cédula, en segunda semana abril
Roberto Rosario afirmó que la entrega de la nueva cédula se hará en la segunda semana de abril y que ya han comenzado a llegar al país parte de los equipos que se usarán para la impresión del documento. Dijo que a más tardar el día cinco de abril la totalidad de los equipos para empezar a generar el nuevo documento de identidad estará en el país.
Explicó que la entrega se hará en los 146 centros de cedulación que hay en todo el territorio y que además se harán operativos de entrega con alrededor de 15 unidades móviles en todo el país. Agregó que el proceso incluye un programa de visitas focalizadas a instituciones públicas y privadas a fin de agilizar el proceso y evitar problemas de congestión permanente.
“En los primeros días habrá congestión porque eso es inevitable porque la gente sabe que hay que cambiarla, que es gratis y que la necesita y desde que se anuncie que se va a dar la cédula la gente va ir corriendo a buscarla”, expresó.
Igualmente, informó que la próxima semana se dará a conocer el nombre de la publicitaria de las 14 que concursan que gane la licitación para la campaña de promoción a fin de orientar a la ciudadanía sobre todo lo concerniente al nuevo documento. Igualmente, dijo que será necesario contratar personal adicional para la entrega del nuevo documento. Dijo que en los próximos días la JCE iniciará una campaña para orientar a la población sobre medidas previas antes de acudir a los centros de cedulación a retirar el nuevo documento.
“Cambio comisión retrasa la ley de partidos políticos”
El presidente de la JCE consideró que el cambio de una comisión bicameral a solo una comisión de diputados retrasarán el conocimiento y aprobación de la ley de partidos. “Es evidente que los últimos acontecimientos la van a retrasar porque ya había una comisión bicameral que ya tenía un informe listo para presentarlo y ahora una nueva comisión inicia una nueva discusión que implica tiempo y además es de una sola cámara, pero si el informe hubiese sido bicameral pues hubiese sido mejor”, apuntó Rosario.
Sostuvo que prefiere ser respetuoso de las decisiones de los órganos del Estado y que de alguna manera todo el trabajo que se hace aportará para que en el 2016 el país cuente con una ley de partidos y agrupaciones políticas. La JCE reintrodujo mediante el Senado al anteproyecto de ley de partidos políticos, la modificación a la ley electoral y el proyecto de ley orgánica de referendo.
Consideró que una de las cosas que debe definir la ley de partidos es lo relativo al reconocimiento y pérdida de personería de las organizaciones políticas. Dijo que para trabajar ese aspecto es recomendable que se escuche la opinión de los partidos con representación congresual y los que no tienen.
“No hay mayores posibilidades de que el país pueda ser condenado por fallo”
El presidente de la JCE afirmó que contrario a lo que se cree, el país no tiene mayores riesgos de ser condenado por organismos internacionales por la aplicación de la sentencia 168/13 que establece los criterios para obtener la nacionalidad dominicana. “Yo más bien creo que ese es un argumento que utilizan algunas personas que tienen alguna diferencia sobre la posición que prima en el tinglado legal de la República Dominicana tanto por mandato de la Constitución, y aquí se ha engañado a la población como hizo Colón (Cristóbal Colón) que vino con algunos espejitos y engañó a los aborígenes y al país se le ha vendido una falsa idea de algo que no existe”, dijo.
Sostuvo que el tema de una posible condena internacional no se debe usar como un pretexto para no forzar un cambio en lo que ha sido la política pública de migración y el otorgamiento de la nacionalidad. “Yo creo que nos están asustando con carabinas vacías”, subrayó. Sostuvo que las decisiones de la mayoría de los organismos internacionales no son vinculantes, entre ellos citó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sostuvo que actualmente el país solo tiene una demanda frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuyas decisiones tienen el mismo rango que la Constitución de la República, pero que no están por encima de la ley sustantiva.
“No es correcto que hay 91 mil niños sin actas”
El presidente de la JCE afirmó que no es correcta la información del Ministerio de Educación de que más de 91 mil alumnos no cuentan con actas de nacimiento. Rosario criticó que las autoridades de esa cartera digan que hay más de 91 niños sin acta cuando la JCE ha firmado más de cuatro convenios para esos fines, pero que no se han podido aplicar por los obstáculos que ponen los técnicos de Educación.
“Yo creo que esa información no está correcta y creo que es posible que esos niños carezcan de actas de nacimiento en el archivo de la escuela, no que carezcan de actas como niños que son cosas distintas”, puntualizó. Refirió que durante la gestión de Alejandrina Germán se firmó un convenio que al final no se aplicó porque “con los ministros firmamos todos los acuerdos, pero desde que llegamos donde los técnicos los acuerdos se paralizan”, afirmó.
Más de 4 mil 130 cargos se escogerán en el 2016
Roberto Rosario adelantó que ya fue definida la línea estratégica que se aplicará en las próximas elecciones en la que se escogerán más de 4 mil 130 cargos en todo el país. “Eso crea la dificultad de que están en disputa cargos tan pequeños como vocales de distritos municipales porque muchas veces la gente que interviene en esos procesos entiende que en su elección se están jugando la vida y eso hace que sean más apasionado y disputado porque hay cargos que se deciden hasta por cinco votos”, expresó. Dijo que la JCE tiene en carpeta automatizar el llenado de las actas para las elecciones del 2016 y que en este momento trabajan para eso.
Inmadurez clase política retrasa voto electrónico
La clase política no ha madurado lo suficiente para que en el país haya voto electrónico y por eso tenemos que seguir con el voto manual”, expresó. Agregó que la falta de madurez de los actores políticos hace que se preparen solo para ganar y no para perder y “si dudan del voto manual, que será con el voto electrónico”. Reiteró que la dirigencia política no está a la altura de los países que han logrado instaurar el voto electrónico. Dijo que en las elecciones del 2016 habrá un registro de huellas dactilares de los votantes a fin de evitar que se piense que los ciudadanos puedan sufragar más de una vez y que esa medida de seguridad se agrega por la transparencia de los comicios.
EL CARIBE
Santo Domingo. – Tras una declaración de urgencia y en dos lecturas consecutivas el Senado de la República aprobó las modificaciones a la ley número 225-20, Ley General de Gestión Integral y Procesamiento de Residuos Sólidos de la República Dominicana.
El proyecto fue presentado por los senadores Ramón Rogelio Genao Durán de la provincia La Vega; y Ginnette Bournigal de Jiménez de Puerto Plata.
Esta pieza tiene el propósito de fortalecer el marco normativo para la gestión integral y sostenible de los residuos sólidos, modificando los artículos 4, en los numerales 11, 38, y 39; y se agregan los numerales 21-bis, 26-bis y 47-bis. También modifica los artículos 16 y 17 de la presente ley con el fin de mantener la armonía entre el hombre y su ambiente, e impedir, subsanar, corregir o eliminar las situaciones que pongan en riesgo la calidad de los recursos naturales y de la biósfera.
La iniciativa refiere que desde la promulgación de la Ley 225-20, Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, no se han logrado grandes avances en la reducción del impacto ambiental de los residuos sólidos, no obstante, persisten desafíos en la implementación efectiva de la gestión integral de estos.
La normativa establece que el manejo y la gestión integral y disposición final de los residuos es uno de los principales pilares de la Ley No. 225-20, ya que el aumento de la población, junto a los cambios en los patrones de consumo, ha provocado un incremento en la cantidad de residuos que se generan en el país. En virtud de esto, se hace necesario adoptar medidas que garanticen la conservación del ambiente sano y ecológicamente equilibrado para las presentes y futuras generaciones.
El Pleno aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que modifica la Ley-358-05, sobre la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario.
Esta normativa tiene la finalidad de modificar varios artículos para establecer un régimen de defensa de los derechos del consumidor y usuario, garantizando la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre los proveedores, consumidores de bienes y usuarios de servicios, sean de derecho público o privado, nacionales o extranjeros y la calidad de los productos que consume la población.
La pieza presentada por el senador de la provincia de Santiago Rodríguez, Antonio Marte, indica que el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (PROCONSUMIDOR), como órgano del Estado destinado a garantizar los derechos fundamentales de las personas y su acceso a bienes, servicios y alimentos de calidad, debe poseer las cualidades administrativas que lo doten de las competencias sancionadoras necesarias, propugnando así por la eficacia en la aplicación de la ley y el beneficio colectivo.
En segunda lectura el Pleno aprobó el proyecto que designa con el nombre de Theodore Chasseriau el Bulevar Turístico del Atlántico, comprendido desde el cruce el Catey, en el municipio Sánchez, hasta el cruce el Limón, con la carretera de Samaná, de la provincia Samaná, propuesta del senador Pedro Manuel Catrain.
Santo Domingo, R.D.-El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, consideró como el mayor desafío del sistema los innumerables casos pendientes.
Molina reconoció que «la mora judicial es y ha sido un reto existencial para la justicia y la sociedad«, por lo que implementan medidas en la ruta de que «estamos transformando esa realidad».
“El mayor desafío que enfrentamos es la mora judicial. Hay cientos de historias que ilustran la desesperanza e incertidumbre que generan los casos pendientes”, dijo Molina en su intervención.
En busca de corregir la situación, citó que todas las salas de la Suprema Corte resolvieron el 98 por ciento de casos ingresados en 2023, cuya meta en lo adelante es no tener expedientes inconclusos con más de seis meses.
El discurso de Molina revela que de los 11,268 casos ingresados en 2023, el 98 por ciento ya fue resuelto, con solo 561 pendientes entre las salas, a pesar de un incremento considerable por el ingreso de nuevos recursos a la Tercera Sala.
«Cada tribunal, cada jueza y juez, cada servidor judicial, ha contribuido a esta transformación. Demostrando que la justicia al día es posible si trabajamos unidos, con compromiso y entrega», añadió en sus palabras.
El objetivo de reducir los retardos judiciales encuentra marco normativo en la Ley 2-23 sobre Recurso de Casación, que pone pestillo e «impide» la entrada de prácticas dilatorias. Esta reduce de dos años a menos de cinco meses el tiempo promedio de los trámites de las partes para el apoderamiento de las salas.
Las declaraciones de Luis Henry Molina sucedieron en el marco de la Audiencia Solemne en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia, en conmemoración al Día Nacional del Poder Judicial, donde contó con la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.
Santo Domingo, R.D.-El partido Alianza País llamó al presidente Luis Abinader a no recibir en el Palacio Nacional al líder opositor venezolano, Edmundo González, debido a que podría arrastrar a República Dominicana a un “enfrentamiento diplomático” con Venezuela.
A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el partido indicó que “lo prudente” sería apostar al restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela, las cuales fueron clausuradas el pasado mes de julio.
Mediante el documento, el partido encabezado por Guillermo Moreno ratificó su apoyo a la “institucionalidad democrática” de Venezuela y se opone a “cualquier tipo de presión foránea para solucionar sus problemas internos”.
“Conforme los principios que rigen en la Constitución y los tratados internacionales de los que la República Dominicana es signataria, los Estados son soberanos para dirimir sus conflictos internos sin injerencias, presiones o intervenciones de fuerzas extranjeras. Corresponde al pueblo de Venezuela darle solución a los conflictos que se susciten en su país y ningún Estado ni gobierno extranjero debe inmiscuirse en los asuntos internos que solo corresponde resolver a los venezolanos”, señala Alianza País.
La reunión entre el presidente Abinader y Edmundo González está programada a realizarse el próximo jueves nueve de mayo a las 11:00 de la mañana mediante un acto en el Salón de Embajadores de la sede de Gobierno.
El acto estará centrado en los desafíos y oportunidades para el fortalecimiento democrático en Venezuela; la actividad contará con intervenciones de González, Abinader, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez y uno de los expresidentes que componen la delegación del Grupo IDEA.
“En esta reunión, se abordarán temas relacionados con la situación política en Venezuela, los retos para la democracia en la región y las oportunidades para una transición pacífica y ordenada”, reseña un documento de prensa enviado a los medios de comunicación, que señala que luego se hará un almuerzo que contará además con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña y los ministros José Ignacio Paliza, Andrés Bautista y Víctor (Ito) Bisonó.
Hasta el momento el Gobierno dominicano no ha reconocido ni ha Edmundo ni a Nicolás Maduro como ganadores oficiales de las elecciones presidenciales de Venezuela realizadas a finales de julio.
El Gobierno sí ha exigido en reiteradas ocasiones la publicación de las actas electorales, sin embargo el Consejo Nacional de Elecciones de ese país declaró ganador a Maduro sin dar a conocer las mismas.
Todo, mientras Edmundo señalaba que los datos que manejaba su equipo de campaña lo daban como un “amplio ganador”.