Nacionales
La JCE decidió no regular la campaña anticipada
Roberto Rosario.
El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, reveló ayer que el pleno de ese organismo aprobó un reglamento que le prohíbe regular la campaña política anticipada debido a que involucrarse en esa tarea sería violatorio de la Constitución porque vulneraría derechos fundamentales.
Rosario consideró que sería un error de la JCE pretender limitar los derechos de los ciudadanos porque incurriría en una violación constitucional. “Nosotros no podemos pedirle a un medio de comunicación que le prohíba a un ciudadano venir a promoverse para una candidatura porque no tenemos facultad legal para eso, no podemos decirle a un ciudadano que no se reúna en un centro determinado a promover su candidatura, nosotros no tenemos derecho a eso”, subrayó.
Explicó que específicamente el artículo 74 de la Constitución se refiere a la interpretación y reglamentación de los derechos fundamentales y que manda que solo pueden ser reglamentados mediante una ley adjetiva. Sostuvo que si el Congreso aprueba una ley en ese sentido, la JCE si podría reglamentar las campañas electorales a destiempo.
“Algunos magistrados, algunos partidos y personas de la sociedad le han pedido a la Junta que suspenda el inicio de la campaña electoral y todas esas ideas están llenas de buenas intenciones pero no se corresponden con nuestra legislación… Eso suena simpático y atractivo, pero los funcionarios públicos no estamos para estar buscando aplausos, es para aplicar la ley”, expresó. Dijo que la medida fue adoptada en la reunión del último pleno del organismo que se efectuó la pasada semana.
Recientemente, el miembro titular de la JCE, José Ángel Aquino, sometió una propuesta al órgano a fin de que la JCE detuviera la campaña electoral anticipada debido a que en el país hay la impresión de que ya se emitió la proclama electoral cuando faltan más de dos años para las elecciones. Aclaró que aunque el artículo 212 de la Carta Magna establece que la JCE tiene capacidad reglamentaria pero es con relación a la ley, no de la Constitución.
Rosario ofreció la información al ser entrevistado en el Almuerzo Semanal de Multimedios del Caribe, en un encuentro encabezado por el director de elCaribe, Osvaldo Santana; el jefe de Redacción, Héctor Marte, y los editores de Economía, Héctor Linares, y del portal, Sandra Guzmán. Además de Rosario, por la JCE asistieron los directores de cómputo, Franklin Frías; de Elecciones, Joel Lantigua; Cedulación, Américo Rodríguez, y de Comunicaciones, Félix Reyna.
La cédula, en segunda semana abril
Roberto Rosario afirmó que la entrega de la nueva cédula se hará en la segunda semana de abril y que ya han comenzado a llegar al país parte de los equipos que se usarán para la impresión del documento. Dijo que a más tardar el día cinco de abril la totalidad de los equipos para empezar a generar el nuevo documento de identidad estará en el país.
Explicó que la entrega se hará en los 146 centros de cedulación que hay en todo el territorio y que además se harán operativos de entrega con alrededor de 15 unidades móviles en todo el país. Agregó que el proceso incluye un programa de visitas focalizadas a instituciones públicas y privadas a fin de agilizar el proceso y evitar problemas de congestión permanente.
“En los primeros días habrá congestión porque eso es inevitable porque la gente sabe que hay que cambiarla, que es gratis y que la necesita y desde que se anuncie que se va a dar la cédula la gente va ir corriendo a buscarla”, expresó.
Igualmente, informó que la próxima semana se dará a conocer el nombre de la publicitaria de las 14 que concursan que gane la licitación para la campaña de promoción a fin de orientar a la ciudadanía sobre todo lo concerniente al nuevo documento. Igualmente, dijo que será necesario contratar personal adicional para la entrega del nuevo documento. Dijo que en los próximos días la JCE iniciará una campaña para orientar a la población sobre medidas previas antes de acudir a los centros de cedulación a retirar el nuevo documento.
“Cambio comisión retrasa la ley de partidos políticos”
El presidente de la JCE consideró que el cambio de una comisión bicameral a solo una comisión de diputados retrasarán el conocimiento y aprobación de la ley de partidos. “Es evidente que los últimos acontecimientos la van a retrasar porque ya había una comisión bicameral que ya tenía un informe listo para presentarlo y ahora una nueva comisión inicia una nueva discusión que implica tiempo y además es de una sola cámara, pero si el informe hubiese sido bicameral pues hubiese sido mejor”, apuntó Rosario.
Sostuvo que prefiere ser respetuoso de las decisiones de los órganos del Estado y que de alguna manera todo el trabajo que se hace aportará para que en el 2016 el país cuente con una ley de partidos y agrupaciones políticas. La JCE reintrodujo mediante el Senado al anteproyecto de ley de partidos políticos, la modificación a la ley electoral y el proyecto de ley orgánica de referendo.
Consideró que una de las cosas que debe definir la ley de partidos es lo relativo al reconocimiento y pérdida de personería de las organizaciones políticas. Dijo que para trabajar ese aspecto es recomendable que se escuche la opinión de los partidos con representación congresual y los que no tienen.
“No hay mayores posibilidades de que el país pueda ser condenado por fallo”
El presidente de la JCE afirmó que contrario a lo que se cree, el país no tiene mayores riesgos de ser condenado por organismos internacionales por la aplicación de la sentencia 168/13 que establece los criterios para obtener la nacionalidad dominicana. “Yo más bien creo que ese es un argumento que utilizan algunas personas que tienen alguna diferencia sobre la posición que prima en el tinglado legal de la República Dominicana tanto por mandato de la Constitución, y aquí se ha engañado a la población como hizo Colón (Cristóbal Colón) que vino con algunos espejitos y engañó a los aborígenes y al país se le ha vendido una falsa idea de algo que no existe”, dijo.
Sostuvo que el tema de una posible condena internacional no se debe usar como un pretexto para no forzar un cambio en lo que ha sido la política pública de migración y el otorgamiento de la nacionalidad. “Yo creo que nos están asustando con carabinas vacías”, subrayó. Sostuvo que las decisiones de la mayoría de los organismos internacionales no son vinculantes, entre ellos citó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sostuvo que actualmente el país solo tiene una demanda frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuyas decisiones tienen el mismo rango que la Constitución de la República, pero que no están por encima de la ley sustantiva.
“No es correcto que hay 91 mil niños sin actas”
El presidente de la JCE afirmó que no es correcta la información del Ministerio de Educación de que más de 91 mil alumnos no cuentan con actas de nacimiento. Rosario criticó que las autoridades de esa cartera digan que hay más de 91 niños sin acta cuando la JCE ha firmado más de cuatro convenios para esos fines, pero que no se han podido aplicar por los obstáculos que ponen los técnicos de Educación.
“Yo creo que esa información no está correcta y creo que es posible que esos niños carezcan de actas de nacimiento en el archivo de la escuela, no que carezcan de actas como niños que son cosas distintas”, puntualizó. Refirió que durante la gestión de Alejandrina Germán se firmó un convenio que al final no se aplicó porque “con los ministros firmamos todos los acuerdos, pero desde que llegamos donde los técnicos los acuerdos se paralizan”, afirmó.
Más de 4 mil 130 cargos se escogerán en el 2016
Roberto Rosario adelantó que ya fue definida la línea estratégica que se aplicará en las próximas elecciones en la que se escogerán más de 4 mil 130 cargos en todo el país. “Eso crea la dificultad de que están en disputa cargos tan pequeños como vocales de distritos municipales porque muchas veces la gente que interviene en esos procesos entiende que en su elección se están jugando la vida y eso hace que sean más apasionado y disputado porque hay cargos que se deciden hasta por cinco votos”, expresó. Dijo que la JCE tiene en carpeta automatizar el llenado de las actas para las elecciones del 2016 y que en este momento trabajan para eso.
Inmadurez clase política retrasa voto electrónico
La clase política no ha madurado lo suficiente para que en el país haya voto electrónico y por eso tenemos que seguir con el voto manual”, expresó. Agregó que la falta de madurez de los actores políticos hace que se preparen solo para ganar y no para perder y “si dudan del voto manual, que será con el voto electrónico”. Reiteró que la dirigencia política no está a la altura de los países que han logrado instaurar el voto electrónico. Dijo que en las elecciones del 2016 habrá un registro de huellas dactilares de los votantes a fin de evitar que se piense que los ciudadanos puedan sufragar más de una vez y que esa medida de seguridad se agrega por la transparencia de los comicios.
EL CARIBE
Nacionales
Director de La República advierte que Congreso Nacional no tiene la facultad para anular candidaturas independientes.
Por Elba García
El doctor José Cabral Salcedo, especialista en derecho constitucional, además de periodista y empresario, quien ostenta la dirección del diario La República, aclaró que no es verdad que el proyecto que se conoce actualmente en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado de la República elimine las candidaturas independientes.
El profesional del derecho sostuvo que el esfuerzo de los diputados y senadores más que en contra de las candidaturas independientes se trata de una aspiración que pone en peligro todo el sistema legal e institucional de la nación.
Dice que intentar eliminar las candidaturas independientes es conspirar en contra de la propia Constitución de la República, ya que es la carta magna la que otorga la facultad al TC de interpretar las normas que chocan con la ley sustantiva de la nación, a los fines de procurar que las mismas se ajusten al control de la constitucionalidad.
La intención de eliminar las candidaturas independientes es lo mismo que conspirar en contra del sistema democrático e institucional de la nación, lo que indica el estado de desesperación de los partidos políticos ante el descredito que les afecta, añadió el periodista, abogado y empresario.
Cabral Salcedo advirtió que de aprobarse el proyecto de ley que se conoce ahora en la Cámara de Diputados deja el problema en manos del presidente Luis Abinader, quien tiene la opción de promulgarla u observarla en virtud de que la misma sería un contrasentido jurídico que cuestionaría todo el régimen jurídico interno y externo.
Sin embargo, advirtió que ante la conversión en ley del proyecto que se conoce ahora en la Cámara de Diputados y si es promulgado por el presidente Abinader implicaría la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional que es el único facultado para interpretar la constitucionalidad de una norma.
Explico que decir que la Constitución habla de que las aspiraciones políticas sólo pueden ser canalizadas a través de los partidos, según la interpretación que se le ha querida dar al artículo 216 de la carta magna, pese a que la ley sustantiva de la nación debe leerse íntegramente y naturalmente incluyendo el artículo 22 que habla de los derechos ciudadanos, sobre todo en lo que respecta al principio de elegir y ser elegido.
El abogado, periodista y empresario advierte que la jurisprudencia del TC sólo puede ser eliminarla por el propio alto tribunal mediante la figura del overrruling, la cual es la técnica jurídica mediante la cual un tribunal constitucional revoca o cambia un precedente vinculante anterior, sustituyéndolo por una nueva doctrina, a los fines de adaptar el derecho a nuevos contextos sociales, morales, económicos y políticos, lo que permite superar normas jurisprudenciales obsoletas, injustas o incompatibles con el ordenamiento actual.
Sin embargo, el profesional del derecho aclara que ese no es el caso de la sentencia que sienta jurisprudencia sobre las candidaturas independientes, la TC/0788/24, ya que para que el TC cambie el criterio en esta materia tiene que producirse una afectación de un derecho fundamental cuando en la misma se produce todo lo contrario con la protección del principio de elegir y ser elegido, pero además del de igualdad, proporcionalidad, legalidad, pro participación y el de dignidad humana.
Esta situación hace prácticamente imposible la posibilidad de que las pretensiones de los diputados y senadores se concrete, porque sencillamente no hay forma de que sus acciones al margen del principio de legalidad tengan éxito, ya que la interpretación del Tribunal Constitucional se ajusta del artículo 47 de la Ley 137-11 y también al 184 y 185 de la constitución de la República.
Cabral Salcedo sostuvo que con el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes el Congreso Nacional no sólo se pone al margen del régimen legal, sino también de la institucionalidad de la nación y además deja claro que los legisladores de la llamada partidocracia se creen dueños del sistema, principalmente los perremeistas que fundamentaron su llegada al poder en que en la República Dominicana se consolidaba un partido-Estado a través del PLD, pero resulta que ahora ellos son más antidemocráticos que las pasadas autoridades.
Cabral Salcedo llamó al presidente Luis Abinader a no ser parte de un plan que compromete la responsabilidad civil y penal del Estado por tratarse de la violación de un derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, consignado, además, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica.
Santo Domingo, R.D.-El mantenimiento del arresto domiciliario dispuso la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en contra del coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en la Operación Lobo.
La magistrada Yanibet Rivas tomó la decisión tras rechazar una solicitud de variación de la medida presentada por el acusado, a través de su abogado Félix Portes Núñez.
De inmediato, el abogado del imputado anunció que apelará la decisión, alegando violación al principio de igualdad, ya que otros coimputados han recibido medidas menos severas.
El imputado es acusado de formar parte de una red que se dedicaba a la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Entre las instituciones se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
Entre los implicados se encuentran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Santo Domingo, R.D.-La decision de el Septimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será apelada por el Ministerio Público mediante la cual otorgó un auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco.
El órgano acusador rechazó, en un comunicado de prensa, la decisión del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, al considerar que no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso.
Sostiene que existen méritos suficientes para recurrir la decisión, al entender que el tribunal incurre en contradicción, ya que en principio no acoge la declaratoria de inimputabilidad, pero termina aplicando los efectos jurídicos de dicha figura al dictar el auto de no ha lugar.
La acusación presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora, explica que el 23 de julio de 2025 el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le provocó la muerte.
Durante el hecho, también hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, además de ocasionar la muerte de una mascota.
El Ministerio Público recordó que, en atención a la gravedad de los hechos y las evidencias presentadas, previamente, le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción, la cual cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.