Nacionales
La JCE decidió no regular la campaña anticipada
Roberto Rosario.
El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, reveló ayer que el pleno de ese organismo aprobó un reglamento que le prohíbe regular la campaña política anticipada debido a que involucrarse en esa tarea sería violatorio de la Constitución porque vulneraría derechos fundamentales.
Rosario consideró que sería un error de la JCE pretender limitar los derechos de los ciudadanos porque incurriría en una violación constitucional. “Nosotros no podemos pedirle a un medio de comunicación que le prohíba a un ciudadano venir a promoverse para una candidatura porque no tenemos facultad legal para eso, no podemos decirle a un ciudadano que no se reúna en un centro determinado a promover su candidatura, nosotros no tenemos derecho a eso”, subrayó.
Explicó que específicamente el artículo 74 de la Constitución se refiere a la interpretación y reglamentación de los derechos fundamentales y que manda que solo pueden ser reglamentados mediante una ley adjetiva. Sostuvo que si el Congreso aprueba una ley en ese sentido, la JCE si podría reglamentar las campañas electorales a destiempo.
“Algunos magistrados, algunos partidos y personas de la sociedad le han pedido a la Junta que suspenda el inicio de la campaña electoral y todas esas ideas están llenas de buenas intenciones pero no se corresponden con nuestra legislación… Eso suena simpático y atractivo, pero los funcionarios públicos no estamos para estar buscando aplausos, es para aplicar la ley”, expresó. Dijo que la medida fue adoptada en la reunión del último pleno del organismo que se efectuó la pasada semana.
Recientemente, el miembro titular de la JCE, José Ángel Aquino, sometió una propuesta al órgano a fin de que la JCE detuviera la campaña electoral anticipada debido a que en el país hay la impresión de que ya se emitió la proclama electoral cuando faltan más de dos años para las elecciones. Aclaró que aunque el artículo 212 de la Carta Magna establece que la JCE tiene capacidad reglamentaria pero es con relación a la ley, no de la Constitución.
Rosario ofreció la información al ser entrevistado en el Almuerzo Semanal de Multimedios del Caribe, en un encuentro encabezado por el director de elCaribe, Osvaldo Santana; el jefe de Redacción, Héctor Marte, y los editores de Economía, Héctor Linares, y del portal, Sandra Guzmán. Además de Rosario, por la JCE asistieron los directores de cómputo, Franklin Frías; de Elecciones, Joel Lantigua; Cedulación, Américo Rodríguez, y de Comunicaciones, Félix Reyna.
La cédula, en segunda semana abril
Roberto Rosario afirmó que la entrega de la nueva cédula se hará en la segunda semana de abril y que ya han comenzado a llegar al país parte de los equipos que se usarán para la impresión del documento. Dijo que a más tardar el día cinco de abril la totalidad de los equipos para empezar a generar el nuevo documento de identidad estará en el país.
Explicó que la entrega se hará en los 146 centros de cedulación que hay en todo el territorio y que además se harán operativos de entrega con alrededor de 15 unidades móviles en todo el país. Agregó que el proceso incluye un programa de visitas focalizadas a instituciones públicas y privadas a fin de agilizar el proceso y evitar problemas de congestión permanente.
“En los primeros días habrá congestión porque eso es inevitable porque la gente sabe que hay que cambiarla, que es gratis y que la necesita y desde que se anuncie que se va a dar la cédula la gente va ir corriendo a buscarla”, expresó.
Igualmente, informó que la próxima semana se dará a conocer el nombre de la publicitaria de las 14 que concursan que gane la licitación para la campaña de promoción a fin de orientar a la ciudadanía sobre todo lo concerniente al nuevo documento. Igualmente, dijo que será necesario contratar personal adicional para la entrega del nuevo documento. Dijo que en los próximos días la JCE iniciará una campaña para orientar a la población sobre medidas previas antes de acudir a los centros de cedulación a retirar el nuevo documento.
“Cambio comisión retrasa la ley de partidos políticos”
El presidente de la JCE consideró que el cambio de una comisión bicameral a solo una comisión de diputados retrasarán el conocimiento y aprobación de la ley de partidos. “Es evidente que los últimos acontecimientos la van a retrasar porque ya había una comisión bicameral que ya tenía un informe listo para presentarlo y ahora una nueva comisión inicia una nueva discusión que implica tiempo y además es de una sola cámara, pero si el informe hubiese sido bicameral pues hubiese sido mejor”, apuntó Rosario.
Sostuvo que prefiere ser respetuoso de las decisiones de los órganos del Estado y que de alguna manera todo el trabajo que se hace aportará para que en el 2016 el país cuente con una ley de partidos y agrupaciones políticas. La JCE reintrodujo mediante el Senado al anteproyecto de ley de partidos políticos, la modificación a la ley electoral y el proyecto de ley orgánica de referendo.
Consideró que una de las cosas que debe definir la ley de partidos es lo relativo al reconocimiento y pérdida de personería de las organizaciones políticas. Dijo que para trabajar ese aspecto es recomendable que se escuche la opinión de los partidos con representación congresual y los que no tienen.
“No hay mayores posibilidades de que el país pueda ser condenado por fallo”
El presidente de la JCE afirmó que contrario a lo que se cree, el país no tiene mayores riesgos de ser condenado por organismos internacionales por la aplicación de la sentencia 168/13 que establece los criterios para obtener la nacionalidad dominicana. “Yo más bien creo que ese es un argumento que utilizan algunas personas que tienen alguna diferencia sobre la posición que prima en el tinglado legal de la República Dominicana tanto por mandato de la Constitución, y aquí se ha engañado a la población como hizo Colón (Cristóbal Colón) que vino con algunos espejitos y engañó a los aborígenes y al país se le ha vendido una falsa idea de algo que no existe”, dijo.
Sostuvo que el tema de una posible condena internacional no se debe usar como un pretexto para no forzar un cambio en lo que ha sido la política pública de migración y el otorgamiento de la nacionalidad. “Yo creo que nos están asustando con carabinas vacías”, subrayó. Sostuvo que las decisiones de la mayoría de los organismos internacionales no son vinculantes, entre ellos citó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sostuvo que actualmente el país solo tiene una demanda frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuyas decisiones tienen el mismo rango que la Constitución de la República, pero que no están por encima de la ley sustantiva.
“No es correcto que hay 91 mil niños sin actas”
El presidente de la JCE afirmó que no es correcta la información del Ministerio de Educación de que más de 91 mil alumnos no cuentan con actas de nacimiento. Rosario criticó que las autoridades de esa cartera digan que hay más de 91 niños sin acta cuando la JCE ha firmado más de cuatro convenios para esos fines, pero que no se han podido aplicar por los obstáculos que ponen los técnicos de Educación.
“Yo creo que esa información no está correcta y creo que es posible que esos niños carezcan de actas de nacimiento en el archivo de la escuela, no que carezcan de actas como niños que son cosas distintas”, puntualizó. Refirió que durante la gestión de Alejandrina Germán se firmó un convenio que al final no se aplicó porque “con los ministros firmamos todos los acuerdos, pero desde que llegamos donde los técnicos los acuerdos se paralizan”, afirmó.
Más de 4 mil 130 cargos se escogerán en el 2016
Roberto Rosario adelantó que ya fue definida la línea estratégica que se aplicará en las próximas elecciones en la que se escogerán más de 4 mil 130 cargos en todo el país. “Eso crea la dificultad de que están en disputa cargos tan pequeños como vocales de distritos municipales porque muchas veces la gente que interviene en esos procesos entiende que en su elección se están jugando la vida y eso hace que sean más apasionado y disputado porque hay cargos que se deciden hasta por cinco votos”, expresó. Dijo que la JCE tiene en carpeta automatizar el llenado de las actas para las elecciones del 2016 y que en este momento trabajan para eso.
Inmadurez clase política retrasa voto electrónico
La clase política no ha madurado lo suficiente para que en el país haya voto electrónico y por eso tenemos que seguir con el voto manual”, expresó. Agregó que la falta de madurez de los actores políticos hace que se preparen solo para ganar y no para perder y “si dudan del voto manual, que será con el voto electrónico”. Reiteró que la dirigencia política no está a la altura de los países que han logrado instaurar el voto electrónico. Dijo que en las elecciones del 2016 habrá un registro de huellas dactilares de los votantes a fin de evitar que se piense que los ciudadanos puedan sufragar más de una vez y que esa medida de seguridad se agrega por la transparencia de los comicios.
EL CARIBE
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.