Nacionales
La JCE decidió no regular la campaña anticipada
Roberto Rosario.
El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, reveló ayer que el pleno de ese organismo aprobó un reglamento que le prohíbe regular la campaña política anticipada debido a que involucrarse en esa tarea sería violatorio de la Constitución porque vulneraría derechos fundamentales.
Rosario consideró que sería un error de la JCE pretender limitar los derechos de los ciudadanos porque incurriría en una violación constitucional. “Nosotros no podemos pedirle a un medio de comunicación que le prohíba a un ciudadano venir a promoverse para una candidatura porque no tenemos facultad legal para eso, no podemos decirle a un ciudadano que no se reúna en un centro determinado a promover su candidatura, nosotros no tenemos derecho a eso”, subrayó.
Explicó que específicamente el artículo 74 de la Constitución se refiere a la interpretación y reglamentación de los derechos fundamentales y que manda que solo pueden ser reglamentados mediante una ley adjetiva. Sostuvo que si el Congreso aprueba una ley en ese sentido, la JCE si podría reglamentar las campañas electorales a destiempo.
“Algunos magistrados, algunos partidos y personas de la sociedad le han pedido a la Junta que suspenda el inicio de la campaña electoral y todas esas ideas están llenas de buenas intenciones pero no se corresponden con nuestra legislación… Eso suena simpático y atractivo, pero los funcionarios públicos no estamos para estar buscando aplausos, es para aplicar la ley”, expresó. Dijo que la medida fue adoptada en la reunión del último pleno del organismo que se efectuó la pasada semana.
Recientemente, el miembro titular de la JCE, José Ángel Aquino, sometió una propuesta al órgano a fin de que la JCE detuviera la campaña electoral anticipada debido a que en el país hay la impresión de que ya se emitió la proclama electoral cuando faltan más de dos años para las elecciones. Aclaró que aunque el artículo 212 de la Carta Magna establece que la JCE tiene capacidad reglamentaria pero es con relación a la ley, no de la Constitución.
Rosario ofreció la información al ser entrevistado en el Almuerzo Semanal de Multimedios del Caribe, en un encuentro encabezado por el director de elCaribe, Osvaldo Santana; el jefe de Redacción, Héctor Marte, y los editores de Economía, Héctor Linares, y del portal, Sandra Guzmán. Además de Rosario, por la JCE asistieron los directores de cómputo, Franklin Frías; de Elecciones, Joel Lantigua; Cedulación, Américo Rodríguez, y de Comunicaciones, Félix Reyna.
La cédula, en segunda semana abril
Roberto Rosario afirmó que la entrega de la nueva cédula se hará en la segunda semana de abril y que ya han comenzado a llegar al país parte de los equipos que se usarán para la impresión del documento. Dijo que a más tardar el día cinco de abril la totalidad de los equipos para empezar a generar el nuevo documento de identidad estará en el país.
Explicó que la entrega se hará en los 146 centros de cedulación que hay en todo el territorio y que además se harán operativos de entrega con alrededor de 15 unidades móviles en todo el país. Agregó que el proceso incluye un programa de visitas focalizadas a instituciones públicas y privadas a fin de agilizar el proceso y evitar problemas de congestión permanente.
“En los primeros días habrá congestión porque eso es inevitable porque la gente sabe que hay que cambiarla, que es gratis y que la necesita y desde que se anuncie que se va a dar la cédula la gente va ir corriendo a buscarla”, expresó.
Igualmente, informó que la próxima semana se dará a conocer el nombre de la publicitaria de las 14 que concursan que gane la licitación para la campaña de promoción a fin de orientar a la ciudadanía sobre todo lo concerniente al nuevo documento. Igualmente, dijo que será necesario contratar personal adicional para la entrega del nuevo documento. Dijo que en los próximos días la JCE iniciará una campaña para orientar a la población sobre medidas previas antes de acudir a los centros de cedulación a retirar el nuevo documento.
“Cambio comisión retrasa la ley de partidos políticos”
El presidente de la JCE consideró que el cambio de una comisión bicameral a solo una comisión de diputados retrasarán el conocimiento y aprobación de la ley de partidos. “Es evidente que los últimos acontecimientos la van a retrasar porque ya había una comisión bicameral que ya tenía un informe listo para presentarlo y ahora una nueva comisión inicia una nueva discusión que implica tiempo y además es de una sola cámara, pero si el informe hubiese sido bicameral pues hubiese sido mejor”, apuntó Rosario.
Sostuvo que prefiere ser respetuoso de las decisiones de los órganos del Estado y que de alguna manera todo el trabajo que se hace aportará para que en el 2016 el país cuente con una ley de partidos y agrupaciones políticas. La JCE reintrodujo mediante el Senado al anteproyecto de ley de partidos políticos, la modificación a la ley electoral y el proyecto de ley orgánica de referendo.
Consideró que una de las cosas que debe definir la ley de partidos es lo relativo al reconocimiento y pérdida de personería de las organizaciones políticas. Dijo que para trabajar ese aspecto es recomendable que se escuche la opinión de los partidos con representación congresual y los que no tienen.
“No hay mayores posibilidades de que el país pueda ser condenado por fallo”
El presidente de la JCE afirmó que contrario a lo que se cree, el país no tiene mayores riesgos de ser condenado por organismos internacionales por la aplicación de la sentencia 168/13 que establece los criterios para obtener la nacionalidad dominicana. “Yo más bien creo que ese es un argumento que utilizan algunas personas que tienen alguna diferencia sobre la posición que prima en el tinglado legal de la República Dominicana tanto por mandato de la Constitución, y aquí se ha engañado a la población como hizo Colón (Cristóbal Colón) que vino con algunos espejitos y engañó a los aborígenes y al país se le ha vendido una falsa idea de algo que no existe”, dijo.
Sostuvo que el tema de una posible condena internacional no se debe usar como un pretexto para no forzar un cambio en lo que ha sido la política pública de migración y el otorgamiento de la nacionalidad. “Yo creo que nos están asustando con carabinas vacías”, subrayó. Sostuvo que las decisiones de la mayoría de los organismos internacionales no son vinculantes, entre ellos citó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sostuvo que actualmente el país solo tiene una demanda frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuyas decisiones tienen el mismo rango que la Constitución de la República, pero que no están por encima de la ley sustantiva.
“No es correcto que hay 91 mil niños sin actas”
El presidente de la JCE afirmó que no es correcta la información del Ministerio de Educación de que más de 91 mil alumnos no cuentan con actas de nacimiento. Rosario criticó que las autoridades de esa cartera digan que hay más de 91 niños sin acta cuando la JCE ha firmado más de cuatro convenios para esos fines, pero que no se han podido aplicar por los obstáculos que ponen los técnicos de Educación.
“Yo creo que esa información no está correcta y creo que es posible que esos niños carezcan de actas de nacimiento en el archivo de la escuela, no que carezcan de actas como niños que son cosas distintas”, puntualizó. Refirió que durante la gestión de Alejandrina Germán se firmó un convenio que al final no se aplicó porque “con los ministros firmamos todos los acuerdos, pero desde que llegamos donde los técnicos los acuerdos se paralizan”, afirmó.
Más de 4 mil 130 cargos se escogerán en el 2016
Roberto Rosario adelantó que ya fue definida la línea estratégica que se aplicará en las próximas elecciones en la que se escogerán más de 4 mil 130 cargos en todo el país. “Eso crea la dificultad de que están en disputa cargos tan pequeños como vocales de distritos municipales porque muchas veces la gente que interviene en esos procesos entiende que en su elección se están jugando la vida y eso hace que sean más apasionado y disputado porque hay cargos que se deciden hasta por cinco votos”, expresó. Dijo que la JCE tiene en carpeta automatizar el llenado de las actas para las elecciones del 2016 y que en este momento trabajan para eso.
Inmadurez clase política retrasa voto electrónico
La clase política no ha madurado lo suficiente para que en el país haya voto electrónico y por eso tenemos que seguir con el voto manual”, expresó. Agregó que la falta de madurez de los actores políticos hace que se preparen solo para ganar y no para perder y “si dudan del voto manual, que será con el voto electrónico”. Reiteró que la dirigencia política no está a la altura de los países que han logrado instaurar el voto electrónico. Dijo que en las elecciones del 2016 habrá un registro de huellas dactilares de los votantes a fin de evitar que se piense que los ciudadanos puedan sufragar más de una vez y que esa medida de seguridad se agrega por la transparencia de los comicios.
EL CARIBE
Nacionales
Operación Armum: tribunales imponen garantías económicas de hasta RD$4 millones a investigados
Propietarios y representantes de varias armerías deberán cumplir además presentación periódica e impedimento de salida; el Ministerio Público investiga presuntas irregularidades en el manejo y comercialización de armas y municiones
SANTO DOMINGO.– Distintos tribunales del Distrito Nacional y Santo Domingo Este impusieron medidas de coerción contra propietarios y representantes de establecimientos vinculados a la Operación Armum, investigación mediante la cual el Ministerio Público procura establecer la existencia de presuntas operaciones irregulares relacionadas con armas de fuego, municiones y otros pertrechos.
Las decisiones judiciales contemplan garantías económicas que oscilan entre RD$500,000 y RD$4 millones, además de presentación periódica e impedimento de salida de la República Dominicana sin autorización judicial.
Tribunal fija garantías millonarias en el Distrito Nacional
La jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, estableció una garantía económica de RD$4 millones contra Braulio Veras Rodríguez, mientras que a Henry Leónidas Tejeda Peralta le fue impuesta una garantía de RD$3.5 millones.
En el caso de Alexis Díaz Rodríguez, la garantía fue fijada en RD$3 millones.
Asimismo, Manuel de los Santos Acevedo y Jonathan Méndez Decena deberán prestar garantías económicas de RD$2 millones cada uno.
A Wilmer Brahian Florentino Beltré y Benito Alifonso Quezada les fueron impuestas garantías de RD$1 millón, mediante contratos de fianza con compañías aseguradoras.
La investigación también alcanza a las empresas Gestiones de Armas de Fuego Braulio S.R.L., Tejeda Álvarez y Asociados SRL, Armería Braihan, Armería Los Cocolos, Armería Gavilán y Armería Eliezel.
Otros tres investigados en Santo Domingo Este
En la jurisdicción de Santo Domingo Este, el tribunal dispuso una garantía económica de RD$500,000, acompañada de presentación periódica e impedimento de salida, contra María Mercedes Navarro Viña, Eddy Herubey Hernández Ureña y Carlos Manuel Lorenzo Sánchez.
En esa demarcación también figura bajo investigación la armería Los Héctor y Joso Eirl.
Ministerio Público investiga presuntas violaciones a la Ley 631-16
El órgano persecutor atribuye a los investigados presuntas infracciones a la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, particularmente por hechos vinculados con tenencia ilícita, almacenamiento irregular e intermediación ilegal de armas y municiones.
De acuerdo con la imputación presentada por el Ministerio Público, los hechos investigados podrían estar sujetos a penas de entre 10 y 20 años de prisión, dependiendo de las infracciones que finalmente puedan ser establecidas durante el proceso.
La decisión correspondiente a los investigados del Distrito Nacional fue remitida al Sexto Juzgado de la Instrucción, tribunal que tendrá a su cargo el control de la investigación.
Unas 200 armas y 40,000 municiones ocupadas
La Operación Armum fue ejecutada el pasado 1 de septiembre mediante 18 allanamientos realizados simultáneamente en diferentes puntos del Distrito Nacional, Mao, Espaillat, San Francisco de Macorís, Santiago y Santo Domingo Este.
Durante esas intervenciones, las autoridades ocuparon aproximadamente 200 armas de fuego y unas 40,000 municiones, además de cargadores, miras telescópicas, equipos modificados y armas que presuntamente carecían de la documentación correspondiente.
Según la investigación del Ministerio Público, algunos de los establecimientos intervenidos supuestamente funcionaban sin licencia, con permisos vencidos o realizando actividades para las cuales no estaban autorizados.
Las autoridades investigan igualmente la alegada retención de armas pertenecientes a terceros y la comercialización irregular de municiones.
Las medidas de coerción impuestas constituyen decisiones cautelares dentro de un proceso todavía en investigación y no equivalen a una declaración de culpabilidad. Corresponderá al Ministerio Público continuar reuniendo los elementos probatorios y a los tribunales determinar posteriormente las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos imputados.
Abinader defiende el nivel de inversión y asegura que, en términos absolutos, los recursos destinados a obras prácticamente duplican los de 2019
SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader proyectó que la inversión pública de la República Dominicana concluirá 2026 en aproximadamente 2.7 % del producto interno bruto (PIB), mientras defendió el manejo de los recursos destinados a obras y cuestionó la manera en que sectores de la oposición comparan los indicadores económicos de su administración.
El mandatario sostuvo que las comparaciones deben tomar en consideración tanto el tamaño actual de la economía como la diferencia entre valores absolutos y relativos.
Durante LA Semanal, dedicada en esta ocasión a analizar la economía, la estabilidad macroeconómica, el empleo, los indicadores sociales y el sector externo, Abinader señaló que sectores opositores utilizan indistintamente cifras porcentuales o absolutas dependiendo del indicador que pretenden evaluar.
“A veces los amigos de la oposición te hablan en términos relativos y otras veces te hablan en términos absolutos”, manifestó el gobernante.
Inversión superaría proporción registrada en 2019
Abinader utilizó como referencia el año 2019, previo a las crisis internacionales que posteriormente impactaron la economía dominicana.
Explicó que en ese período la inversión pública representó alrededor de 2.3 % del PIB, mientras que para finales de 2026 las autoridades esperan colocarla cerca del 2.7 %.
El presidente agregó que la comparación debe considerar que la economía dominicana es actualmente de mayor tamaño.
“Nosotros este año vamos a terminar con 2.7 aproximadamente, pero estamos hablando de una economía mucho mayor”, expresó.
Según su planteamiento, cuando la comparación se realiza en valores absolutos, los recursos destinados actualmente a la inversión pública son casi el doble de los correspondientes a 2019.
El mandatario atribuyó parte de ese incremento a las obras ejecutadas en diferentes provincias y aseguró que el Gobierno también ha procurado mejorar la eficiencia en el manejo de los recursos.
Magín Díaz reporta crecimiento de 34 % en inversión
El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, respaldó los argumentos del mandatario y aseguró que la inversión pública acumula un incremento de aproximadamente 34 % con relación al año pasado, mientras el gasto corriente habría aumentado alrededor de un 7 %.
Díaz explicó que el Gobierno busca aumentar la inversión de capital pese a las restricciones fiscales que enfrenta el país.
“El objetivo es no reducirlo”, indicó el funcionario, quien afirmó que desde su llegada al Ministerio de Hacienda procura ejecutar más recursos, mejorar la calidad del gasto y, cuando las condiciones lo permitan, incrementar la inversión.
El ministro advirtió que mantener durante varios años una inversión pública cercana al 2.5 % del PIB no sería conveniente para las necesidades de crecimiento de la economía.
Déficit fiscal y deuda pública
Durante su exposición, Díaz abordó también el comportamiento de las cuentas fiscales.
Indicó que desde 2021 el déficit fiscal promedio se ha mantenido alrededor del 3 % del PIB, proporción que consideró razonable tomando en cuenta las diferentes crisis enfrentadas durante los últimos años.
Asimismo, sostuvo que la deuda pública se ha reducido en cerca de 10 puntos porcentuales respecto del nivel máximo registrado en 2020.
No obstante, reconoció que República Dominicana continúa enfrentando desafíos estructurales relacionados con la capacidad de generación de ingresos fiscales y con el nivel de inversión pública requerido para responder a las necesidades nacionales.
Restricciones fiscales condicionan capacidad de inversión
Díaz explicó que incrementar considerablemente la inversión pública sin disponer de nuevas fuentes de ingresos podría traducirse en un aumento del déficit fiscal.
Señaló que las autoridades han tenido que administrar esas limitaciones mediante redistribuciones presupuestarias y reducciones de determinadas partidas durante algunos períodos.
El funcionario recordó que las distintas crisis ocurridas desde 2020 dificultaron la realización de una reforma tributaria, situación que obligó al Gobierno a manejar el gasto dentro de un espacio fiscal restringido.
Gobierno explica origen de recursos para combustibles
El ministro también se refirió a los RD$30,000 millones destinados a amortiguar el impacto del incremento internacional de los combustibles.
Precisó que solo una parte reducida de esos recursos procede del denominado plan anticrisis, debido a que su implementación comenzó recientemente.
Según explicó, la mayor cantidad fue obtenida mediante ahorros y redistribuciones de partidas del gasto corriente, sin modificar el déficit establecido en el presupuesto reformulado.
Díaz adelantó que los ingresos adicionales asociados a las medidas contempladas en el plan anticrisis comenzarán a incorporarse gradualmente a las finanzas públicas.
Inversión pública vuelve al centro del debate económico
Las declaraciones colocan nuevamente en discusión el nivel de inversión que necesita República Dominicana frente a las restricciones fiscales del Estado.
Mientras el Gobierno sostiene que los recursos destinados a inversión han aumentado y proyecta cerrar 2026 con un nivel equivalente al 2.7 % del PIB, las propias autoridades reconocen la necesidad de elevar de manera sostenible la inversión pública sin comprometer la estabilidad de las finanzas nacionales.
El debate, por tanto, no se limita al porcentaje del PIB destinado a obras, sino también a la capacidad del Estado para generar ingresos, controlar el déficit y convertir la inversión pública en infraestructura y servicios que tengan impacto directo en la población.
El país avanza en la exploración de minerales estratégicos en Pedernales, aunque todavía no existe explotación comercial y se esperan estudios más precisos sobre el volumen real de los recursos
SANTO DOMINGO.– El potencial de República Dominicana en tierras raras comienza a adquirir una creciente dimensión económica y geopolítica, despertando el interés de Estados Unidos y la Unión Europea en momentos en que las grandes potencias buscan asegurar el suministro de minerales considerados esenciales para las nuevas tecnologías.
El país, sin embargo, todavía se encuentra en una etapa de exploración, investigación y evaluación, por lo que las estimaciones existentes no significan que actualmente haya una explotación comercial de estos recursos.
Las tierras raras comprenden un grupo de 17 elementos químicos utilizados en industrias de alto valor tecnológico. Son fundamentales para la fabricación de teléfonos móviles, vehículos eléctricos, imanes permanentes, turbinas eólicas y numerosos equipos vinculados a las telecomunicaciones y otras tecnologías avanzadas.
Gobierno estima potencial superior a 150 millones de toneladas
El presidente Luis Abinader afirmó durante su rendición de cuentas del 27 de febrero de 2026 que República Dominicana tendría recursos superiores a 150 millones de toneladas, aunque el Gobierno espera disponer hacia finales de este año de estimaciones más precisas.
El principal foco de atención se encuentra en Pedernales, particularmente en la Reserva Fiscal Minera Ávila, creada mediante el Decreto 430-18 en 2018.
La reserva comprende una superficie de 14,876.045 hectáreas y abarca diferentes zonas de la provincia fronteriza.
Las investigaciones científicas realizadas hasta ahora relacionan los depósitos dominicanos de tierras raras principalmente con las bauxitas kársticas de la Sierra de Bahoruco.
Un estudio encabezado por el investigador Joaquín A. Proenza, de la Universidad de Barcelona, determinó que estos recursos se concentran principalmente en las unidades litoestratigráficas de Aceitillar y Pedernales.
Estados Unidos pone atención en los recursos dominicanos
El potencial minero dominicano ha trascendido el ámbito estrictamente económico.
Estados Unidos ha acompañado parte de los trabajos de exploración y evaluación realizados en Pedernales, incluyendo asistencia del Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense en la Reserva Fiscal Minera Ávila.
Durante una visita al presidente Abinader en febrero de 2025, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, manifestó el interés de Washington en trabajar conjuntamente con República Dominicana en el desarrollo de estos recursos.
El funcionario destacó la relevancia de estos minerales para tecnologías estratégicas, entre ellas las telecomunicaciones y los avances médicos, además de señalar la importancia que tiene para Estados Unidos que su desarrollo se produzca en países aliados.
Unión Europea entra en la carrera
A este interés se ha sumado la Unión Europea, que alcanzó recientemente un acuerdo con el Gobierno dominicano para impulsar investigaciones sobre tierras raras, galio y escandio presentes en los depósitos de bauxitas kársticas de la Reserva Fiscal Minera Ávila.
El convenio contempla un financiamiento de 538,000 euros y establece que las investigaciones deberán realizarse bajo criterios de sostenibilidad, protección ambiental y transparencia.
El objetivo inmediato no es iniciar operaciones mineras, sino ampliar el conocimiento científico de los depósitos y fortalecer las capacidades técnicas nacionales antes de determinar la viabilidad de futuros proyectos de aprovechamiento.
Emidom tendría participación estatal
Como parte de la estrategia minera, en agosto de 2024 el Poder Ejecutivo creó mediante el Decreto 453-24 la Empresa Minera Dominicana (Emidom), una entidad de capital totalmente estatal.
El Gobierno ha planteado que esta empresa tendría participación en una eventual explotación y procesamiento de minerales estratégicos, en caso de que las investigaciones determinen su viabilidad económica.
De la expectativa a la comprobación
El creciente interés de Washington y Bruselas coloca a República Dominicana ante una oportunidad que podría adquirir relevancia estratégica en los próximos años.
Pero entre poseer indicios geológicos y disponer de una industria minera comercial existe una distancia considerable.
Por ahora, el proyecto dominicano permanece en fase de exploración y evaluación, sin avances concretos hacia una explotación comercial.
La confirmación de las reservas, su concentración, los costos de extracción y procesamiento, la rentabilidad económica y las consecuencias ambientales serán factores determinantes antes de que el país pueda hablar de una verdadera industria de tierras raras.
La República Dominicana tiene ante sí un recurso potencialmente estratégico; el desafío será determinar cuánto existe realmente, cuánto puede recuperarse de manera económicamente viable y bajo qué condiciones debe aprovecharse para que sus beneficios permanezcan en el país.