Análisis Noticiosos
La JCE deja mal parado al Tribunal Constitucional
Por Juan Bolívar Díaz
El inventario reduce a 36 mil 326 los de origen haitiano en el registro civil en vez de 668 mil 145 que ponderó la sentencia 168-13, y lo estableció en 8 días en vez de un año, prorrogable a dos, que los jueces le dieron de plazo
Si en ocho días se podía determinar la cantidad de extranjeros en el registro civil dominicano, no se explica por qué la Junta Central Electoral (JCE) dejó que pasaran anos de especulaciones al respecto, pudiendo haber evitado reducido el escándalo generado por la sentencia del Tribunal Constitucional (TC).
El descubrimiento de que sólo hay 36 mil personas de origen haitiano en el registro civil, y apenas 13 mil 672 irregularmente inscritos, también destroza dos décadas de alarmas que llegaron a estimar hasta en 700 mil los cedulados y habilitados para votar, lo que incentivó el ultranacionalismo y antihaitianismo.
Impresionante velocidad
En su quinta decisión, la sentencia 168-13 del TC otorgó un plazo de un ano y prorrogable a dos, para que la JCE realizara “una auditoría minuciosa de los libros registros de nacimiento” del 21 de junio de 1929 a la fecha “para identificar e integrar en una lista” a todos los extranjeros inscritos. Luego consignar en una segunda lista los inscritos sin haber llenado los requisitos constitucionales, para finalmente transferirlos a nuevos libros y que se regularicen como extranjeros.
Luego el Consejo Nacional de Migración dio otro plazo, esta vez de 30 días, para que la JCE evaluara “el impacto de la sentencia”. Pero no contaron con la astucia y la velocidad de las tropas de Roberto Rosario, las que en 8 días de intensa labor revisaron 55 mil 542 de los 56 mil 564 libros de registros de nacimientos de todo el país. Quedó apenas el 2 por ciento que por su nivel de deterioro, o porque desaparecieron, no han podido ser inventariados.
Esa labor la realizaron 250 técnicos a razón de 30 libros por día cada uno en jornadas de 8 horas, según el informe emitido el jueves, el cual no precisa el promedio de folios o actas por libro. Cuando se contrató la tecnología para digitar todo el registro, se dijo que una quinta parte de los libros estaban desaparecidos o danados, y que hasta 1970 los libros contenían entre 400 y 500 folios, y desde entonces entre 100 y 200.
Si sólo verificaron los correspondientes a las personas vivas, y se olvidaron de los nacidos desde 1929 que han muerto, según el censo del 2010, serían 9 millones 445 mil 285, que divididos entre los 55 mil 542 libros de registros inventariados, da un promedio de 170 por libro. Multiplicados por 30, quiere decir que cada técnico revisó, “minuciosamente” como le ordenaron, 5 mil 100 actas por día, 637 por hora y 10.6 por minuto. Una verdadera proeza si las actas son manuscritas, y hay que verificar el declarante, si era nacional o extranjero y consignar con qué documento hizo la declaración.
Sólo 36 mil haitianos
De acuerdo al inventario de la JCE, en el registro nacional entre 1929 y 2013 sólo hay 53 mil 847 extranjeros, de los cuáles apenas 36 mil 326 son de origen haitiano, el 67 por ciento. Los restantes 17 mil 521 son de otras 116 nacionalidades, 2508 norteamericanos, 2002 espanoles y 1,311 ingleses, que serían los cocolos.
Como 22 mil 689, el 63 por ciento de los de origen haitiano, fueron declarados con cédulas de por lo menos uno de los padres, viene a resultar que los candidatos a ser desnacionalizados serían los 13 mil 672restantes, cifra muy inferior a todos los estimados que se habían hecho. Se queda por debajo hasta de los 19 mil 15 de origen haitiano que arrojó el inventario que realizó la dirección de oficialías de la propia JCE bajo la coordinación de su entonces titular José Angel Aquino, presentado al pleno en febrero pasado, la que totalizaba 22 mil 678 extranjeros. Pero esta evaluación sólo abarcaba hasta 1982.
Hasta la sentencia del TC los que afectados por el genocidio civil iniciado por la JCE en el 2007 eran estimados en miles o cuando mucho decenas de miles. Pero ese tribunal fundado en los resultados de la Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes realizada durante el 2012 por la Oficina Nacional de Estadísticas, con auspicios de las Naciones Unidas y la Unión Europea, los elevó a más de 668 mil, al sumar sin mayor ponderación los inmigrantes haitianos, estimados en 458 mil 233 a los descendientes de haitianos nacidos en el país que fueron estimados en 209 mil 912.
En su párrafo 1.1.3, refiriéndose a la recurrente en amparo Juliana Deguis, el TC sostuvo que ella es sólo una de ese total “por lo que el problema que ahora nos ocupa no sólo le ata;e a ella, sino también a otra cantidad de inmigrantes y sus descendientes los cuales constituyen el 6.87 por ciento de la población que habita el territorio nacional”. Según el inventario de la JCE presentado el jueves todos los de origen extranjeros en el registro civil sólo alcanzan al 0.57 por ciento de la población, los de origen haitiano al 0.38 por ciento y de estos losl inscritos irregularmente, son el 0.14 por ciento de la población nacional.
13 mil es genocidio civil
La cifra de 13 mil 672 posibles afectados por la sentencia del TC reduce la magnitud del escándalo, pero sigue constituyendo un genocidio civil al despojársele de la nacionalidad que se les había otorgado. La condena del 2005 al Estado dominicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue por haberse negado a inscribir como ciudadanas a sólo dos descendientes de haitianos. Y 48 afectados por la decisión de la JCE han buscado amparo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha celebrado al menos dos audiencias en relación a estos, la última el 12 de mayo pasado.
Obviando las interrogantes que deja la velocidad con que la JCE ha hecho el “inventario minucioso” que le encomendó el TC, y su posible subestimación buscando contener el escándalo internacional, si se acepta que los afectados son sólo 13 mil y pico, es menos comprensible que se hayan agotado anos persiguiendo a estos, en vez de haber concentrado la atención en reducir y regular los 458 mil inmigrantes que estimó la encuesta de la ONE.
Visto en otra perspectiva, al ser mucho menos de lo que se creía la proporción de la población afectada por la sentencia del TC, eso debería facilitar la solución humanitaria” que planteó el presidente Danilo Medina, y que hasta ahora no ha concitado apoyo ni siquiera de los funcionarios de su gobierno y de los dirigentes de su partido que casi a unanimidad han adoptado el discurso ultranacionalista, con las excepciones de la diputada Minou Tavarez Mirabal y Rafael Camilo.
En manos del Presidente DM
Entregado al Consejo Nacional de Migración el informe sobre el “impacto de la sentencia” la pelota queda en manos del presidentes Danilo Medina a quien corresponderá decidir si siguen adelante con la desnacionalización o encuentran algún resquicio institucional para una “solución humana” que evada una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que podría estar precedida por medidas cautelares provisionales a petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Ya se ha indicado que el mandatario podría pedir una “opinión consultiva” a la Corte, que sería tan vinculante como una medida provisional y una sentencia definitiva, pero le permitiría sacar el país del tollo por propia iniciativa sin que parezca una sanción y sin afectar el orden institucional, ya que tanto la Comisión como la Corte Interamericanas son parte del mismo.
El atajo para salir del escándalo, economizará mayor descrédito al país. Esta semana prosiguió expendiéndose por el mundo la condena a la sentencia, incluyendo un editorial del Washington Post que se refiere a las “desastrosas consecuencias de esta sentencia xenofóbica” y se suma al Boston Globe en la petición al gobierno de Estados Unido para que por los canales diplomáticos presione por una solución justa, aludiendo al planteamiento humanitario del presidente Medina.
Más devastador es el extenso análisis publicado por el filósofo y jurista español Manuel Atienza, doctorado honoris causa de 7 universidades latinoamericanas, quien vino al país el ano pasado para dictar una conferencia a invitación del mismo Tribunal Constitucional. Aparte de sus consideraciones jurídicas, avaló el duro artículo de Mario Vargas Llosa que tantas ronchas levantó entre los defensores del genocidio civil.
Encaminar una decisión humanitaria que reconozca la ciudadanía a cuantos la tuvieron antes de la Constitución vigente que lo proclama, sería una reivindicación de un mandato constitucional desconocido por el TC y pondría fin al sufrimiento de millares de personas que durante los últimos seis anos se han visto gravemente afectadas, con sus vidas suspendidas, al negárseles copias de sus actas de nacimiento.
Que duerman tranquilos
Mientras tanto, como el inventario publicado por la JCE reduce a una proporción insignificante los nacionales de origen haitiano inscritos en el registro civil dominicano, deberían dormir tranquilos los que durante las últimas décadas entraron en pánico, pretendiendo que un día los vecinos determinarían los presidentes dominicanos.
Para las elecciones de 1994 y 1996 se hizo campana política sobre los hasta 700 mil haitianos que supuestamente estaban dotados de cédulas y en el padrón electoral. Aunque esa grosera manipulación se redujo tras la muerte en 1998 del doctor José Francisco Pena Gómez, de ascendencia haitiana, ha sido pretexto para que muchos apoyen el despojo de la nacionalidad a los descendientes de haitianos que ya habían sido inscritos y que ahora resulta que son apenas el 0.38 por ciento de la población nacional.
Al deshacerse el mito del peligro haitiano con la nacionalidad, tal vez las autoridades y una opinión pública poco analítica de las reales dimensiones de la inmigración haitiana, puedan concentrarse en limitar y regular el tráfico humano por la frontera, incentivado por quienes hacen fortuna con el desorden y la inmigración masiva que desvalora el trabajo.-
Por José Cabral.
Nadie puede negar que la República Dominicana está en medio de la gran posibilidad de que pueda surgir un “outsider” en la política nacional, aunque el problema descansa en que no se ha articulado una propuesta que responda al nicho que se ha creado en esta dirección.
Prácticamente todas las encuestas colocan en un 54 ó 55 por ciento, aunque se piensa que es mucho mayor, las personas que no sienten ningún respeto ni vinculación con los partidos políticos, los cuales han llegado a un nivel de descrédito que nadie podía imaginarse.
Es tan grave el problema que esa realidad amenaza la democracia representativa, ya que en las últimas elecciones el país ha terminado con autoridades que no cuentan con la legitimidad necesaria para garantizar una buena gobernabilidad.
Pero frente a esa realidad la pregunta que todo el mundo se hace es si valdría la pena que en el país se produzca el fenómeno del “outsider” como que ya ha pasado en muchas naciones latinoamericanos e incluso en los Estados Unidos de América.
El último caso de este tipo se ha producido en Colombia, donde un abogado penalista, un depravado, defensor de narcotraficantes, de evasores de impuestos y de los paramilitares ha quedado en primer lugar en las elecciones presidenciales.
A Abelardo de la Espriella, un ultraderechista, sin ningún mérito, pero sin venir de las estructuras tradicionales del partidarismo político, se ha colocado en la puerta de la presidencia de Colombia, con un discurso agresivo y con una visión de cuestionamiento del derecho internacional que lo acerca al actual jefe de Estado de los Estados Unidos, Donald Trump, quien incluso ya lo ha apoyado.
El asunto es que este tipo de “outsider” no es saludable para que ningún país del mundo, porque representa un antivalor, un enemigo del derecho internacional y además un depravado que no respeta absolutamente nada ni a nadie.
Entonces, si la República Dominicana se viera en ese espejo estaría en un escenario que significa un evidente retroceso al bienestar que se supone debe garantizar todo aquel que se opone a la partidocracia, que nadie puede negar que en todas estas naciones ha implicado una gran desgracia para los pueblos.
Por esta razón es que creo que, si en la República Dominicana se crean las condiciones, como ya parece que ocurre, para desplazar del poder a los partidos políticos, tiene que ser para bien, no para mal, ya que debe ser un “outsider” que cuente con un plan programático y estratégico a corte, mediano y largo plazo para poder lograr las transformaciones que demanda la sociedad.
Naturalmente, la preocupación de que el problema del país no sólo descansa en el funcionario público, el cual procede de los partidos políticos, instancias totalmente corrompidas y enemigas del progreso nacional, sino también en la visión y actitud distorsionada del ciudadano como resultado del neoliberalismo salvaje introducido en el país por Leonel Fernández.
Tal vez ahí esté la explicación de que una opción con una visión colectiva, no individual, no haya podido consolidarse en el país, ya que articular este tipo de propuesta implica, según lo que se ve, romper con lo que luce ser una utopía por la forma en que el neoliberalismo se ha apropiado de la mente y el sentir de la gente.
Pero si Dios quiere y en razón de que las condiciones están dadas para que en el país surja un “outsider”, ojalá sea para bien y no para mal, contrario a como se observa que se produce en Colombia y en otros países latinoamericanos.
El “outsider” dominicano tiene que ser para romper con la vieja política, a los fines de acabar con la corrupción y los principales males que aquejan a la sociedad en asuntos tan fundamentales para tener crecimiento y desarrollo nacionales como el empleo, la institucionalidad, la seguridad pública y ciudadana y en otros aspectos que durante décadas han representado una retranca para la nación.
Por José Cabral.
Los jueces y juezas son considerados emperadores que tienen el privilegio de juzgar la conducta de los demás, pero nunca la de ellos, convirtiéndose muchas veces en los funcionarios públicos que violan más que cualquier otro agente del Estado los derechos de las personas.
La explicación del abuso de poder desde la condición de juez, jueza o fiscal consiste en que somos una nación donde la democracia existe más de apariencia que de realidad y que ello obedece a la herencia patriarcal, machista, caudillista y de amiguismo que genera mucha tolerancia con el que infringe la ley desde la sombrilla del Estado, cuya visión descansa en la herencia histórico-cultural anti-democrática.
La República Dominicana ha pretendido desarrollar una democracia en la que prevalezca el principio de legalidad, juridicidad y de igualdad, pero este propósito ha resultado ser una utopía porque los tiempos de dictaduras tienen un fuerte peso en la vida nacional.
En el Estado democrático los derechos no están por encima de los deberes, ambos van de la mano, pero en los países con escaso nivel de desarrollo la gente piensa que no tiene que cumplir con sus obligaciones y que los derechos son absolutos.
Hace muy pocos días que los actores del sistema de justicia se lanzaron a un paro de labores en demandas de mejores condiciones salariales y de trabajo en sentido general, lo que nadie le regatea porque la realidad es que las mismas son deprimentes, aunque ello no justifica la forma en que muchos tribunales se manejan en los casos que les llegan.
Todo el mundo sabe o por lo menos constitucionalmente está establecido que los jueces son garantes fundamentales de la justicia y la paz social, ya que su principal papel es administrar justicia mediante la solución de conflictos de manera imparcial, aunque este concepto luce ser una utopía.
Los jueces se supone que actúan como puente mediador entre las leyes y los ciudadanos, asegurando la equidad, el respeto a las garantías constitucionales y la estabilidad del Estado de Derecho, ya que en la sociedad contemporánea el ejercicio de la judicatura abarca funciones esenciales que van más allá de simplemente aplicar la ley escrita, sobre todo en una época en que el derecho ha entrado en un profundo proceso de constitucionalización.
Sin embargo, cuando el sistema de justicia no cumple con su rol, entonces llega la distorsión que tiene que ver con la vía de hecho, dado que éste tiene la misión teórica de darle a cada ciudadano lo que le corresponde, a los fines de evitar hacer justicia con sus propias manos y para garantizar una convivencia ordenada.
La justicia también debe velar porque prevalezca el principio de legalidad y de juridicidad para el control del poder, ya que representa un contrapeso vital al supervisar que los actos de los otros órganos del Estado se ajusten a la Constitución y al bien común, pero todo ello requiere, además, que los jueces, juezas y demás actores de la judicatura nacional también ajusten sus actuaciones a los deberes que les impone la ley sustantiva de la nación y las normas por las que se rige el Poder Judicial.
Análisis Noticiosos
Es imperdonable que Subero Isa haya mal asesorado al presidente de la República.
Por José Cabral
Cuando el Congreso Nacional aprobó en violación de la Constitución la promulgada Ley 13-26 que persigue anular las candidaturas independientes, muchos confiamos en la amplia formación y la vocación democrática del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien ahora se desempeña como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.
Siempre pensé que lo mínimo que podía sugerirle Subero Isa a Luis Abinader era no promulgar esa pretendida ley y en su lugar recomendar observarla por constituir una violación muy grave a la Constitución de la República y a una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que el jefe de Estado prometió cumplir cuando se juramentó en el cargo.
Pero aun después de la promulgación en una conversación con el promotor de la acción directa de inconstitucionalidad en contra de los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23, Alberto Fiallo, éste decía que parece que Subero Isa no había jugado ningún papel en semejante agravio a la democracia y al proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana.
E incluso planteó el amigo Fiallo que Subero Isa no había tenido ninguna participación en semejante disparate jurídico, porque se veía que se trataba de un asunto manejado políticamente desde el Partido Revolucionario Moderno (PRM), lo cual parece lógico en razón de que fue algo manejado por los cuadros más importantes de la organización oficial.
Sin embargo, luego de ver la recomendación al presidente Abinader de Subero Isa en su condición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo de que no se meta en lo referente al conflicto entre los jueces, juezas y demás personal del Consejo del Poder Judicial, todo indica que de igual modo debió haberlo hecho con la promulgación de la Ley 13—26.
No hay ninguna razón de que Subero Isa no haya intervenido en la decisión del presidente en lo que respecta a la promulgación de la Ley 13-26, máxime cuando el consultor jurídico ya había hecho pública su posición en contra de las candidaturas independientes.
De ser así, Subero Isa ha incurrido en su peor error como hombre público y jurista de una larga trayectoria, porque se trata de una acción antijurídica y que de alguna manera desmiente la creencia que nos hemos creado muchos de que este expresidente de la Suprema Corte de Justicia es un profesional del derecho lo suficientemente acabado y formado para el mejor de los consejos.
Si esta hipótesis es cierta entonces estaríamos ante un gran fiasco, porque no sé si Subero Isa sabe que con lo que podría ser esa asesoría a un hombre como el presidente Abinader, quien no tiene la menor idea de asuntos constitucionales, lo ha sumergido en una grave violación al derecho interno y externo, lo cual perdurará para toda la historia del país.
Sería imperdonable que Subero Isa no entienda la importancia que tiene en la democracia nacional el proceso de constitucionalización del derecho que se inicia en el país con la Constitución del 2010 y de la que se deriva la referida figura jurídica y que tampoco digiera el fenómeno que tiene que ver con la defensa y preservación de los derechos fundamentales en la sociedad dominicana, ya que la decisión de Abinader busca arruinar y eliminar el derecho, valores y principios de legalidad, proporcionalidad, pro participación y de dignidad humana.
No es que Subero Isa no tiene el derecho de estar en contra de lo que considere, pero de igual modo se entiende que es totalmente inaceptable que él se ponga en contra de una jurisprudencia que tiene el sustento del mandato de la Constitución.
Considero que la figura de Subero Isa se degrada y queda muy mal parada cuando entra en el juego de la politiquería al recomendar, si fue que así ocurrió, la promulgación de la Ley 13-26, que en buen derecho no es más que un contrasentido jurídico y que no puede tener otro destino que su nulidad.