Nacionales
La JCE está dispuesta a responder ante el Congreso por sus conflictos
Roberto Rosario se dirige a la prensa luego de terminado el pleno. (Romelio Montero)
El presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez, advirtió que ese organismo no puede seguir con la situación interna que actualmente presenta.
Al dar a conocer los resultados de la reunión del pleno celebrada ayer, Rosario reiteró que la población dominicana no se merece que la Junta siga con los problemas que tiene. “Si hay algo que está claro, es que las cosas no pueden seguir como están”, dijo Rosario.
El presidente de la JCE dijo que esa institución no se opone a que una comisión del Congreso Nacional realice una investigación con relación a la crisis interna que le afecta. Informó que los miembros de la JCE acogieron una petición suya para que sea suspendido el conocimiento de la propuesta de modificación del artículo 10 del reglamento interno del pleno, a fin de no obstruir las labores que vaya a realizar la comisión anunciada por el Congreso para investigar la situación interna del tribunal comicial.
Rosario reconoció que existen dificultades en la Junta, por lo que considera prudente la intervención del Congreso. Valoró que el Congreso se haya interesado en una posible intervención en la situación interna del organismo y aseguró que no hay inconveniente para que las Cámaras Legislativas hurguen sobre los conflictos internos de la JCE.
“Yo creo que lo que hay es un acto de prudencia, que un poder del Estado, como es el Congreso de la República, muestre interés en conocer sobre dificultades reales que existen en la institución, en lo que tiene que ver con los aspectos que ellos han dicho que van a investigar”, comentó Rosario. Manifestó que bajo su gestión ha convertido a la entidad en una institución de servicio público, la cual se ha ganado el corazón de la ciudadanía. Señaló que la Junta de hoy no es la del 2006, ya que hoy, afirmó, es motivo de reconocimiento y de solicitud de asesoramiento.
Diputados
La Cámara de Diputados aprobó anoche una resolución que dispone investigar las denuncias y conflictos que se promueven a lo interno de la Junta. La pieza fue respaldada, tras recibir modificaciones con 116 votos a favor y uno en contra. Entre las modificaciones acogidas está la del diputado Marino Collante (PRSC-Santiago), quien planteó la eliminación del considerando 16, porque podría traer perturbación de tipo político. Este considerando establece que “el numeral 1 del artículo 83 de la Constitución, confiere la atribución exclusiva a la Cámara de Diputados de acusar ante el Senado a los funcionarios públicos, razón por la cual procede conformar una comisión especial que investigue la situación ante descrita, y de comprobarse las situaciones denunciadas se procede conforme a lo que establece la Carta Magna”.
Conocimiento de punto sometido por Aquino
Rosario leyó los resultados de la reunión del pleno y dijo que “en el punto sometido por José Ángel Aquino para el conocimiento de las actas de la comisión de Oficialías, números 02-2013 del 18 de febrero de 2013, y la 03-2013, del 20 de febrero de 2013, que se contraen a la recomendación del pleno para el conocimiento de solicitudes de suspensión de actas, de expediciones de actas suspendidas y otras medidas sugeridas por la comisión de oficialías, fueron en su totalidad acogidas por el pleno”.
El Caribe
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.