Nacionales
La JCE está dispuesta a responder ante el Congreso por sus conflictos
Roberto Rosario se dirige a la prensa luego de terminado el pleno. (Romelio Montero)
El presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez, advirtió que ese organismo no puede seguir con la situación interna que actualmente presenta.
Al dar a conocer los resultados de la reunión del pleno celebrada ayer, Rosario reiteró que la población dominicana no se merece que la Junta siga con los problemas que tiene. “Si hay algo que está claro, es que las cosas no pueden seguir como están”, dijo Rosario.
El presidente de la JCE dijo que esa institución no se opone a que una comisión del Congreso Nacional realice una investigación con relación a la crisis interna que le afecta. Informó que los miembros de la JCE acogieron una petición suya para que sea suspendido el conocimiento de la propuesta de modificación del artículo 10 del reglamento interno del pleno, a fin de no obstruir las labores que vaya a realizar la comisión anunciada por el Congreso para investigar la situación interna del tribunal comicial.
Rosario reconoció que existen dificultades en la Junta, por lo que considera prudente la intervención del Congreso. Valoró que el Congreso se haya interesado en una posible intervención en la situación interna del organismo y aseguró que no hay inconveniente para que las Cámaras Legislativas hurguen sobre los conflictos internos de la JCE.
“Yo creo que lo que hay es un acto de prudencia, que un poder del Estado, como es el Congreso de la República, muestre interés en conocer sobre dificultades reales que existen en la institución, en lo que tiene que ver con los aspectos que ellos han dicho que van a investigar”, comentó Rosario. Manifestó que bajo su gestión ha convertido a la entidad en una institución de servicio público, la cual se ha ganado el corazón de la ciudadanía. Señaló que la Junta de hoy no es la del 2006, ya que hoy, afirmó, es motivo de reconocimiento y de solicitud de asesoramiento.
Diputados
La Cámara de Diputados aprobó anoche una resolución que dispone investigar las denuncias y conflictos que se promueven a lo interno de la Junta. La pieza fue respaldada, tras recibir modificaciones con 116 votos a favor y uno en contra. Entre las modificaciones acogidas está la del diputado Marino Collante (PRSC-Santiago), quien planteó la eliminación del considerando 16, porque podría traer perturbación de tipo político. Este considerando establece que “el numeral 1 del artículo 83 de la Constitución, confiere la atribución exclusiva a la Cámara de Diputados de acusar ante el Senado a los funcionarios públicos, razón por la cual procede conformar una comisión especial que investigue la situación ante descrita, y de comprobarse las situaciones denunciadas se procede conforme a lo que establece la Carta Magna”.
Conocimiento de punto sometido por Aquino
Rosario leyó los resultados de la reunión del pleno y dijo que “en el punto sometido por José Ángel Aquino para el conocimiento de las actas de la comisión de Oficialías, números 02-2013 del 18 de febrero de 2013, y la 03-2013, del 20 de febrero de 2013, que se contraen a la recomendación del pleno para el conocimiento de solicitudes de suspensión de actas, de expediciones de actas suspendidas y otras medidas sugeridas por la comisión de oficialías, fueron en su totalidad acogidas por el pleno”.
El Caribe
Santo Domingo, R.D.-Fue trasladado a la Procuraduría General de la República José Gómez Canaán (Jochi) Gómez, José Gómez-Canaán, para ser interrogado por su vinculación en una red de corrupción y crimen organizado “dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica, por medio de alta tecnología y robo de identidad”.
Así lo informó su abogado Carlos Balcácer a la salida de la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde fue a visitarlo para saber su condición.
Tras ser preguntado sobre las acusaciones que pesan sobre su cliente, al que se le acusa, entre otras cosas, de terrorismo cuya pena máxima es de 40 años, indicó que podrían “ser 100 años de cárcel, no importa, no hay elementos suficientes que puedan justificar esa condena”.
La PGR calificó como «Operación Camaleón» un caso donde, además Gómez, está detenido Hugo Beras, el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología de la Información y Comunicación de esa entidad; Frank Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Hugo Beras ante el Comité de Compras del Intrant; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; y Carlos José Peguero Vargas.
Entre los hechos objetos de la imputación se encuentran el contrato fraudulento para la modernización del sistema de semaforización del gran Santo Domingo; el contrato ilegal con el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, de fecha 23 de junio del 2020, utilizado para usurpar funciones propias de los organismos de inteligencia, seguridad y defensa del Estado y el sabotaje ocurrido en contra de la red semafórica en el mes de agosto.
Santo Domingo, R.D.-El Departamento Nacional de Investigación (DNI) le advirtió a Hugo Beras en estricta confidencialidad y en un exclusivo control del Estado lo que podía ocurrir con la plataforma de semáforos antes de que fuera definida la licitación del Proyecto de Modernización, Ampliación, Supervisión y Gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo.
En la misiva que fue enviada al exdirector del Intrant por Luis Soto, director del DNI, este hizo una serie de consideraciones que se debían evaluar de manera minuciosa ante de finalizar la licitación, debido a que el proyecto suponía “una dependencia tecnológica importante”.
“Un eventual fallo, manipulación o intrusión no autorizada a estos sistemas podría acarrear serias consecuencias para la seguridad pública, propiciando un estado de conmoción que como dominicanos debemos evitar”, advierte Soto a Beras, según se lee en el documento.
Ante esto, Luis Soto recomienda a Beras dar garantía de que la información generada por la plataforma sea manejada bajo estricta confidencialidad, “siendo custodiada de manera única y exclusiva por el Estado dominicano por considerarse sensitiva para la seguridad nacional”.
Asimismo, el documento señala que se debía asegurar la interoperabilidad de acceso a cualquier información por parte de los organismos vinculados a la seguridad pública y ciudadana, como es el caso del DNI.
Santo Domingo, RD.- La ratificación para el periodo 2328 de los actuales miembros titulares de la Junta Central Electoral (JCE) de sus suplentes fue pedido al Senado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD).
Al depositar un documento en la Cámara Alta en el que hacen la solicitud, el presidente de la entidad defensora de los derechos de las personas, Manuel María Mercedes, explicó que la petición que hacen es en virtud de la exitosa labor de administración en los procesos electorales realizados por los 10 integrantes de la JCE durante los cuatro años de servicios en favor de los dominicanos en el país y en el exterior.
“La demostración de conocimientos especializados, disciplina, sinergia, metodología de trabajo y planificación estratégica de sus acciones dieron lugar a la celebración de siete elecciones de cargos públicos de forma ordenadas, creíbles, sin traumas, escándalos o alteraciones que perturben el resultado y la paz pública”, subrayó Mercedes.
Cree que con la confirmación del pleno de la Junta Central Electoral y sus suplentes se contribuye al desarrollo y fortalecimiento institucional de los procesos y procedimientos internos implementados; la capacitación, innovación digital y optimización de los recursos “para mejorar la calidad de los servicios como garantes de la nacionalidad e identidad y elecciones con resultados transparentes”.
Entidades apoyan repostulación de Román Jáquez
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos no ha sido la única entidad que ha mostrado su apoyo en favor de la repostulación de miembros del órgano encargado de realizar las elecciones.