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La JCE invertirá 2,081,674,980 pesos en la nueva cédula con chip
Santo domingo, R.D.-Desde inicios de este año la Junta Central Electoral (JCE) ha estado inmersa en un proceso de licitación internacional para contratar la empresa que expedirá más de ocho millones cédulas de identidad y electoral, un documento de policarbonato donde se promete incorporar un chip electrónico e importantes medidas de seguridad, a un costo de 2,081,674,980 pesos, a ejecutarse entre 2024 y 2025.
Aunque se han barajado dos fechas de inicio de la renovación, 17 de agosto y 26 de octubre, lo cierto es que el organismo electoral indicó que se informará oportunamente sobre cuándo arranca el proceso.
Por lo pronto, para este 25 de junio se convocó a la recepción de las propuestas técnicas y económicas de los oferentes, acto público que contará con un notario y se llevará a cabo a las 10:00 de la mañana en el salón de sesiones del Comité de Compras y Contrataciones de la JCE. El 6 de agosto, a las 10:00 de la mañana será la apertura de la propuesta económica. Mientras la adjudicación del contrato se llevará a cabo el 13 de agosto.
La renovación contempla 7.2 millones de cédulas de identidad y electoral y 800 mil unidades de cédulas de identidad para extranjeros, menores de 18 años y policías que no votan. Además, la empresa deberá tramitar anualmente, a partir del segundo año de operación y por nueve años adicionales, 900 mil cédulas de identidad y electoral y otras 100 mil solo de identidad.
Los oferentes deberán garantizar el suministro oportuno de los equipos, materiales y servicios necesarios para el cumplimiento de la sustitución de la cédula de los dominicanos. Tanto la cédula de identidad y electoral, como la de identidad serán idénticas, salvo el color del fondo del policarbonato para poder diferenciarlas. Debe ofertarse un color diferente para cada una.
De acuerdo al pliego de condiciones de la JCE, el objetivo es actualizar la información personal y biométrica del ciudadano en el sistema de cedulación y garantizar la autenticidad y seguridad del documento de identidad para prevenir fraudes y falsificaciones.
El material seleccionado para la nueva cédula es el policarbonato, utilizado en países como los Estados Unidos, Reino Unido, Finlandia, México, Ecuador y Uruguay. Facilita la incorporación de características de seguridad que impedirían sean reproducidas en otros materiales, como ventanas con efectos grabados y gofrado.
La nueva cédula será una tarjeta de polímero termoplástico (policarbonato) de gran resistencia, formada por varias capas (mínimo 5) fusionadas mediante laminación en caliente resistente a la división con tintas de formulación específicas para el sistema de impresión offset.
Las tintas de seguridad contarán con pigmento sólido ópticamente variables, elemento holográfico de borde a borde. Todas las tintas deberán cumplir la normativa de durabilidad (ISO 18745) y deberán tener una solidez a la luz de 4 en la escala de las lanas azules.
Los impresos deberán hacerse en al menos dos colores de tinta visible, también tendrán que presentar fluorescencia en el anverso al menos ante la exposición de una fuente de luz ultravioleta y embozados superficiales en relieve mediante laminación a registro.
Deberá contar con estructura lenticular para poder personalizar un CLI o MLI, ventana transparente a definir su forma y posición en la tarjeta para imprimir medidas de seguridad que contenga la solución como es la fotografía y la fecha de caducidad de la cédula. También, el chip ha de ser sin contacto, con funcionalidad de documento de viaje electrónico. La Junta suscribió un acuerdo con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), agencia especializada de Naciones Unidas, que entre otras funciones se encarga de la normalización de las especificaciones técnicas de cédulas y pasaportes en todo el mundo. Todos los datos de la cédula se guardarán a color y se imprimirán en equipos robotizados en un único centro a funcionar en el país.
Santo Domingo.-El sustitivo concebido en el Código de Trabajo para la cesantía laboral es el seguro de desempleo, cuya opción es la propuesta que tienen bajo la manga los sectores empresariales del pais.
El punto es que el tema del seguro de desempleo es terreno de la Ley de Seguridad Social, que tiene pendiente de modificación desde el año 2011, luego de haber sido promulgada en el año 2001 bajo el número 87-01.
Sin embargo, la ley vieja, que debe ser modificada, ya contempla la creación de un seguro de desempleo y señala directamente una modificación a la cesantía laboral, aunque especificando que se trabaje sin que se pierdan derechos adquiridos.
Pero los 18 meses ya computan 25 años desde la aprobación de la referida ley, sin que hasta el momento los integrantes de la mesa tripartita logren ponerse de acuerdo en torno a un mandato legal.
Esta ha sido una de las principales causas que han impedido, entonces, una reforma al Código de Trabajo, una pieza que el Poder Ejecutivo aspira modificar desde el primer cuatrienio de gobierno del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), pero sin tocar aspectos relacionados con la cesantía.
El tema tiene tales niveles de sensibilidad que los actores políticos representados en la Cámara de Diputados y en el Senado ni siquiera se atreven a fijar posturas públicas, aunque tras bastidores comparten la idea del seguro de desempleo.
Entrevistado sobre el particular, el senador Alexis Victoria Yeb declaró que lo que se procura es el libre mercado, pero respetando a la vez los derechos adquiridos.
Y aunque la ley del 2001 habla de reformar en un plazo de 18 meses, Victoria Yeb afirmó que el tema deberá abordarse en los próximos cinco o diez años.
“Eso no se va a tocar (la cesantía) y no debe tocarse. Este no es el momento de crear más situaciones por cómo está el mercado y la situación política en sentido general”, indicó Victoria Yeb.
Entretanto, el proyecto reposa en la Cámara de Diputados con fines de ser conocido en una segunda lectura que, según una nota de prensa del hemiciclo, se realizará esta misma semana.
Los trabajos de comisión fueron dirigidos por el diputado Mélido Mercedes y, pese a la cantidad de encuentros que se sostuvieron con legisladores y personas de interés en torno al tema, se supo que muchos de ellos debieron ser suspendidos por falta de apoyo de las partes.
Si los diputados aprueban la pieza esta semana, la misma deberá retornar, debido a las modificaciones introducidas, al Senado de la República, órgano que tendría la obligación de aprobarla sin cambios o, de lo contrario, la iniciativa se caería, para posteriormente ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El tema aquí es que los sectores empresariales agrupados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada consideran que la pieza que se trabaja no reúne las características que inicialmente se consensuaron, lo que los lleva a oponerse a la misma.
Detrás de todas las quejas subsiste el tema de la cesantía, que ya el legislador consideró hace 25 años, mediante una ley, que debía regirse por un seguro de desempleo, algo que, pese a estar consignado allí, no genera apoyo popular.
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades identificaron al piloto Erick Diago y al copiloto Rudy Gahasal como las dos personas fallecidas tras el accidente de una aeronave que se precipitó a tierra cuando intentaba regresar al Aeropuerto Internacional de La Romana, de donde había despegado minutos antes, luego de que el avión presentara fallas mecánicas.
De acuerdo a informes preliminares, la aeronave partió inicialmente desde Puerto Rico y aterrizó en La Romana para reabastecer combustible y dejar dos pasajeros. El destino final de los pilotos era Austin, Texas, Estados Unidos.
La comisión indicó que la aeronave presentó una situación de emergencia cuando se encontraba aproximadamente a 16 millas náuticas al suroeste de La Romana.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.