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La campaña electoral a destiempo no puede ser sancionada por falta de mecanismos para ello.
Román Andrés Jáquez Liranzo, presidente de la Junta Central Electoral (JCE) dijo que urge una reforma electoral “que otorgue a los órganos electorales las garras y dientes para que puedan morder aquellos partidos que en su calendario han adelantado” sus actividades proselitistas a la fecha establecida por la Ley de Partidos.
Aclaró que el órgano electoral no tiene mecanismos para sancionar por ley a los partidos políticos que comienzan la precampaña a destiempo, que de acuerdo a como lo establece ley, deberían iniciar en el año 2023, específicamente en el mes de julio.
Destacó que ante el vacío legal que han dejado, tanto la Ley de Partidos Políticos como la Ley de Régimen Electoral, en regular el período previo a la precampaña, el Pleno de la Junta Central hizo un llamado a los partidos a “la prudencia” a la hora de promover sus aspiraciones políticas.
Indicó que posteriormente, en octubre del 2021, la JCE emitió un comunicado en el que advirtió a los dirigentes de los partidos qué actividades o no podían realizar previo a la precampaña.
“De nada sirve para el sistema que la Junta Central Electoral imponga cualquier tipo de sanción administrativa, si no existe el procedimiento”, expresó Jáquez Liranzo.
Dijo que la JCE recientemente sometió a consulta de los partidos políticos un borrador de reglamento que crea el procedimiento administrativo, ejecutado por la Unidad de Atención, Seguimiento y Mecanismos de Ejecución de las Sanciones, que permitirá sancionar las infracciones administrativas electorales establecidas en la ley 33/18 y la 15/19.
“Una vez tengamos este reglamento que establece el procedimiento, el debido proceso, entonces la Junta Central Electoral estará en condiciones constitucionales de poder aceptar cualquier tipo de denuncias o de oficio, y tomar acciones en este sentido”, ponderó.
JCE propone digitalización
Román Andrés Jáquez Liranzo informó que se está discutiendo con los partidos políticos una propuesta de digitalización de los resultados en los comicios del 2024.
“Esa digitalización de los resultados lo que va a permitir es que los colegios electorales le lleven a ese centro, que será el mismo recinto, el acta no pueda ser impresa y firmada hasta tanto esté cuadrada”, explicó. Indicó que una vez está cuadrada en el sistema, se imprime un acta, que será firmada por los delegados y miembros del colegio electoral, luego será escaneada y automáticamente quedan digitalizados los resultados en el sistema de la Junta.
El Pleno de la JCE escucha impugnaciones
El Pleno de la JCE realizó ayer una audiencia pública con los partidos para conocer las impugnaciones a las designaciones en las 58 Juntas Electorales contempladas en la resolución 11-2022. El PRM presentó 17 impugnaciones en contra de Juntas Electorales, el PLD, 16 y la Fuerza del Pueblo, 12. Los partidos tienen cinco días para depositar sus documentos. Vencido el plazo, el órgano electoral tiene ocho días para presentar decisión.
Santo Domingo, R.D.-La defensa del imputado Lenin Torres y la persona moral Lenin Auto Import recusaron al juez Cirilo Salomón Sánchez del Quinto Juzgado de la Instrucción de Santiago, lo que generó el aplazamiento para el 9 de enero del 2025 de la audiencia preliminar del caso Falcón.
El abogado José de los Santos Hiciano argumentó la recusación en medio de un proceso que ha enfrentado múltiples retrasos. Este incidente ocurre poco después del arresto en Colombia de Erick Randiel Mosquea Polanco, señalado como líder de la red criminal.
El Ministerio Público, representado por los fiscales Yeny Liranzo, Reyna Jiménez y Pedro Martínez, calificó la recusación como infundada y extemporánea, reiterando su disposición para avanzar con el proceso judicial.
La operación Falcón desmanteló una red de crimen organizado que se dedicaba al narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y otros delitos, movilizando miles de millones de pesos bajo la apariencia de actividades comerciales legítimas.
El Ministerio Público presentó una acusación formal contra más de 70 personas y entidades, aportando miles de documentos como pruebas. El desmantelamiento de la red contó con el apoyo de la DEA y otros organismos internacionales.
El aplazamiento prolonga un proceso que ha sido marcado por constantes recursos de la defensa. Las autoridades reiteraron su compromiso de garantizar justicia para un caso de alto impacto en la lucha contra el crimen organizado en el país.
Santo Domingo, R.D.-Un gran impacto podría tener la sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana en la redefinición de la participación política en el país.
El caso, conocido como TC/0788/24, declaró inconstitucionales los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 sobre el régimen electoral, disposiciones que regulaban de forma restrictiva las candidaturas independientes.
Esta decisión llega tras la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Alberto Emilio Fiallo-Billini, quien argumentó que dichas normas «vulneran principios constitucionales como el pro-participación, la igualdad en derechos políticos y el pluralismo político».
El fallo, en esencia, podría allanar el camino para una mayor diversidad en las opciones políticas, así como reforzar el principio de participación ciudadana, al eliminar requisitos como la conformación de «cuadros directivos fijos» similares a la de las organizaciones políticas, para las candidaturas independientes.
A pesar de mostrarse como una idea democrática, el éxito de este cambio dependerá en gran medida de la implementación de medidas que garanticen condiciones equitativas para las candidaturas independientes, así como los ajustes necesarios tanto a las legislaciones como a los procesos electorales.
La sentencia del Tribunal Constitucional marca un hito en la historia democrática de la República Dominicana. Su impacto real dependerá de cómo los actores políticos, el electorado y las instituciones electorales adopten esta nueva realidad.
La decisión del TC
En el proceso de aprobación, nueve jueces del Tribunal Constitucional votaron a favor de eliminar estos requisitos que exigían a las candidaturas independientes lo mismo que los partidos políticos, pero dos votaron en contra por considerar que el pleno se excedió en sus atribuciones y asumió funciones del Poder Legislativo.
«El mecanismo previsto para la presentación de candidaturas independientes requiere la creación de agrupaciones políticas accidentales, estructuradas de manera similar a los partidos políticos tradicionales. Esto desnaturaliza la figura de las candidaturas independientes y limita su accesibilidad para quienes deseen optar por esta vía», indica el fallo.
El Tribunal Constitucional recomendó una nueva redacción de los artículos 152 y 157 para determinar los requisitos para presentar una candidatura independiente en los siguientes procesos electorales.
Santo Domingo, R.D.-La Republica Dominicana fue notificada de la entrada en vigor del acuerdo de transporte aéreos de Cielos Abiertos con Estados Unidos, según lo informó el presidente Luis Abinader.
Fue a través de una publicación en su cuenta de X (antiguo Twitter), donde el mandatario dominicano indicó que el país agotó los procedimientos necesarios para la entrada en vigencia del acuerdo, suscrito en agosto de este año por el ministro de Turismo, David Collado y el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos, José W. Fernández.
En ese sentido, a través de la misma red social, Abinader felicitó a la comisión integrada por Collado, Leonel Melo, Práxedes Castillo; la viceministra Patricia Mejía y Natacha Domínguez, así como el apoyo de Manuel Estrella, Monika Infante y Frank Elías Rainieri.
Las autoridades dominicanas han dicho que este acuerdo busca fortalecer las conexiones aéreas entre ambos países, promoviendo la competencia, ampliando rutas y reduciendo los costos para los viajeros.
Según han informado, entre los beneficios previstos está el permitir a las aerolíneas de ambas naciones operar vuelos internacionales en rutas definidas, incluyendo transporte exclusivo de carga, escalas no comerciales y vuelos combinados.
En noviembre de este año el Tribunal Constitucional (TC) revisó el acuerdo, el cual declaró constitucional.
La decisión, contenida en la Sentencia TC/0670/24, subraya que el acuerdo cumple con los principios de soberanía nacional, libre competencia y armonización con el ordenamiento jurídico dominicano. Sin embargo, la sentencia contó con un voto disidente del juez Domingo Gil, quien cuestionó que el texto no garantizara explícitamente la soberanía plena y exclusiva del país sobre su espacio aéreo.