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La campaña electoral a destiempo no puede ser sancionada por falta de mecanismos para ello.
Román Andrés Jáquez Liranzo, presidente de la Junta Central Electoral (JCE) dijo que urge una reforma electoral “que otorgue a los órganos electorales las garras y dientes para que puedan morder aquellos partidos que en su calendario han adelantado” sus actividades proselitistas a la fecha establecida por la Ley de Partidos.
Aclaró que el órgano electoral no tiene mecanismos para sancionar por ley a los partidos políticos que comienzan la precampaña a destiempo, que de acuerdo a como lo establece ley, deberían iniciar en el año 2023, específicamente en el mes de julio.
Destacó que ante el vacío legal que han dejado, tanto la Ley de Partidos Políticos como la Ley de Régimen Electoral, en regular el período previo a la precampaña, el Pleno de la Junta Central hizo un llamado a los partidos a “la prudencia” a la hora de promover sus aspiraciones políticas.
Indicó que posteriormente, en octubre del 2021, la JCE emitió un comunicado en el que advirtió a los dirigentes de los partidos qué actividades o no podían realizar previo a la precampaña.
“De nada sirve para el sistema que la Junta Central Electoral imponga cualquier tipo de sanción administrativa, si no existe el procedimiento”, expresó Jáquez Liranzo.
Dijo que la JCE recientemente sometió a consulta de los partidos políticos un borrador de reglamento que crea el procedimiento administrativo, ejecutado por la Unidad de Atención, Seguimiento y Mecanismos de Ejecución de las Sanciones, que permitirá sancionar las infracciones administrativas electorales establecidas en la ley 33/18 y la 15/19.
“Una vez tengamos este reglamento que establece el procedimiento, el debido proceso, entonces la Junta Central Electoral estará en condiciones constitucionales de poder aceptar cualquier tipo de denuncias o de oficio, y tomar acciones en este sentido”, ponderó.
JCE propone digitalización
Román Andrés Jáquez Liranzo informó que se está discutiendo con los partidos políticos una propuesta de digitalización de los resultados en los comicios del 2024.
“Esa digitalización de los resultados lo que va a permitir es que los colegios electorales le lleven a ese centro, que será el mismo recinto, el acta no pueda ser impresa y firmada hasta tanto esté cuadrada”, explicó. Indicó que una vez está cuadrada en el sistema, se imprime un acta, que será firmada por los delegados y miembros del colegio electoral, luego será escaneada y automáticamente quedan digitalizados los resultados en el sistema de la Junta.
El Pleno de la JCE escucha impugnaciones
El Pleno de la JCE realizó ayer una audiencia pública con los partidos para conocer las impugnaciones a las designaciones en las 58 Juntas Electorales contempladas en la resolución 11-2022. El PRM presentó 17 impugnaciones en contra de Juntas Electorales, el PLD, 16 y la Fuerza del Pueblo, 12. Los partidos tienen cinco días para depositar sus documentos. Vencido el plazo, el órgano electoral tiene ocho días para presentar decisión.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.