Nacionales
La campaña electoral a destiempo no puede ser sancionada por falta de mecanismos para ello.
Román Andrés Jáquez Liranzo, presidente de la Junta Central Electoral (JCE) dijo que urge una reforma electoral “que otorgue a los órganos electorales las garras y dientes para que puedan morder aquellos partidos que en su calendario han adelantado” sus actividades proselitistas a la fecha establecida por la Ley de Partidos.
Aclaró que el órgano electoral no tiene mecanismos para sancionar por ley a los partidos políticos que comienzan la precampaña a destiempo, que de acuerdo a como lo establece ley, deberían iniciar en el año 2023, específicamente en el mes de julio.
Destacó que ante el vacío legal que han dejado, tanto la Ley de Partidos Políticos como la Ley de Régimen Electoral, en regular el período previo a la precampaña, el Pleno de la Junta Central hizo un llamado a los partidos a “la prudencia” a la hora de promover sus aspiraciones políticas.
Indicó que posteriormente, en octubre del 2021, la JCE emitió un comunicado en el que advirtió a los dirigentes de los partidos qué actividades o no podían realizar previo a la precampaña.
“De nada sirve para el sistema que la Junta Central Electoral imponga cualquier tipo de sanción administrativa, si no existe el procedimiento”, expresó Jáquez Liranzo.
Dijo que la JCE recientemente sometió a consulta de los partidos políticos un borrador de reglamento que crea el procedimiento administrativo, ejecutado por la Unidad de Atención, Seguimiento y Mecanismos de Ejecución de las Sanciones, que permitirá sancionar las infracciones administrativas electorales establecidas en la ley 33/18 y la 15/19.
“Una vez tengamos este reglamento que establece el procedimiento, el debido proceso, entonces la Junta Central Electoral estará en condiciones constitucionales de poder aceptar cualquier tipo de denuncias o de oficio, y tomar acciones en este sentido”, ponderó.
JCE propone digitalización
Román Andrés Jáquez Liranzo informó que se está discutiendo con los partidos políticos una propuesta de digitalización de los resultados en los comicios del 2024.
“Esa digitalización de los resultados lo que va a permitir es que los colegios electorales le lleven a ese centro, que será el mismo recinto, el acta no pueda ser impresa y firmada hasta tanto esté cuadrada”, explicó. Indicó que una vez está cuadrada en el sistema, se imprime un acta, que será firmada por los delegados y miembros del colegio electoral, luego será escaneada y automáticamente quedan digitalizados los resultados en el sistema de la Junta.
El Pleno de la JCE escucha impugnaciones
El Pleno de la JCE realizó ayer una audiencia pública con los partidos para conocer las impugnaciones a las designaciones en las 58 Juntas Electorales contempladas en la resolución 11-2022. El PRM presentó 17 impugnaciones en contra de Juntas Electorales, el PLD, 16 y la Fuerza del Pueblo, 12. Los partidos tienen cinco días para depositar sus documentos. Vencido el plazo, el órgano electoral tiene ocho días para presentar decisión.
Nacionales
Reunion bilateral se produce entre Abinader y la mandataria electa de Costa Rica, Laura Fernández
Santo Domingo, R.D.-El presidente Luis Abinader sostuvo una reunión bilateral en el Museo de Arte Costarricense con la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, en la que abordaron diversos temas de interés común orientados a continuar fortaleciendo los lazos fraternales, comerciales y diplomáticos entre ambas naciones.
Durante la reunión, ambos líderes intercambiaron muestras de afecto y reafirmaron la cercanía histórica entre la República Dominicana y Costa Rica; además, abordaron la importancia de mantener un diálogo permanente y de continuar trabajando de manera conjunta en iniciativas que contribuyan al desarrollo, la integración regional y el fortalecimiento de las relaciones entre ambos pueblos.
La presidenta electa expresó su interés en continuar consolidando los lazos fraternales entre ambos países, promoviendo mayores oportunidades de intercambio comercial y fortaleciendo la cooperación en áreas estratégicas para el desarrollo de ambas naciones.
De igual forma, reafirmó el compromiso de Costa Rica con la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), destacando que su gobierno continuará formando parte activa de este mecanismo regional de cooperación.
De su lado, el presidente Abinader reiteró la disposición del Gobierno dominicano de continuar afianzando las relaciones de amistad, cooperación y entendimiento mutuo con Costa Rica. Asimismo, destacó la importancia de mantener una agenda conjunta orientada al crecimiento económico, la defensa de la democracia y el fortalecimiento de los vínculos regionales entre ambas naciones.
Santo Domingo, R.D.-Un cargamento de 1,295 paquetes de presunta cocaina y marihuana fueron confiscados por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) durante dos operaciones simultáneas ejecutadas en las costas de Pedernales.
En la intervención fueron arrestados tres dominicanos y un venezolano.
El vocero del organismo antinarcóticos, Carlos Devers, identificó a los detenidos como Walkin Marino Montás Tapia, Luis Alberto Figueroa Ariza, Manolo Resello Amador y Luis Alberto Acosta Santana.
Señaló que los 1,295 paquetes fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), bajo estrictos protocolos de cadena de custodia, para determinar el tipo y peso exacto de la sustancia.
Devers explicó que las operaciones fueron realizadas por efectivos de la Armada de República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea (FARD) y organismos de inteligencia del Estado, con el apoyo de la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (JIATFS) y la DEA de los Estados Unidos.
Indicó que la primera lancha era una embarcación de 24 pies con motores de 100 HP. Allí se arrestó a Resello Amador y Acosta Santana, incautando 16 pacas que contenían 314 paquetes de cocaína y 89 de marihuana (403 en total).
Mientras que, en la segunda lancha, fue neutralizada tras una intensa persecución en coordenadas cercanas. En esta se ocuparon 836 paquetes de marihuana y 56 de cocaína (892 en total). Fueron arrestados Montas Tapias y Figueroa Ariza.
El vocero reafirmó que se continuarán fortaleciendo las operaciones de interdicción como parte de la política de seguridad del Gobierno dominicano para garantizar la soberanía y la paz nacional.
Santo Domingo, R.D.-Por sospecha legitima el Pleno de la Suprema Corte de Justicia desestimó la demanda en declinatoria por causa interpuesta por Donni Mayobanex Santana Cuevas, exembajador del Consejo Nacional de Frontera.
Este hombre, que cumple una condena de 20 años de prisión por la violación sexual de su hijastra menor de edad, buscaba que su proceso judicial fuera transferido fuera de la jurisdicción de San Cristóbal.
Santana Cuevas, quien se encuentra en libertad tras un permiso laboral, presentó el recurso contra la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal.
El Pleno de la Suprema Corte, encabezado por su presidente Luis Henry Molina Peña, determinó que la defensa de Santana no logró probar hechos graves o concordantes que permitieran inferir una falta de imparcialidad u objetividad por parte de los magistrados de San Cristóbal.
En su resolución, la Suprema fue enfática al aclarar que “la simple discrepancia con decisiones judiciales desfavorables no constituye un fundamento válido para alegar sospecha de parcialidad”.
Asimismo, la Suprema ratificó como correcta la actuación de la Corte de Apelación al fallar sobre recusaciones previas con sus propios integrantes, siempre que se cumpla con el cuórum legal requerido.
La solicitud de declinatoria, depositada el pasado 9 de diciembre de 2025, argumentaba que existía un «ambiente hostil» debido a la presión mediática y un supuesto comportamiento prejuiciado de los jueces.
Pese a la decisión mayoritaria, el fallo contó con el voto disidente de los magistrados Fran Soto, María Garabito Ramírez, Rafael Vásquez Goico y Yorlin Vásquez Castro.
Los jueces disidentes argumentaron que la figura de la «declinatoria por sospecha legítima» no está contemplada de forma expresa en la normativa procesal penal vigente, lo cual ha provocado decisiones contradictorias dentro del mismo órgano judicial en ocasiones anteriores.
Sostienen que el ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción; por tanto, el examen de la cuestión planteada por ante esta Alzada lesiona el principio de legalidad, como se ha indicado precedentemente.
En ese orden, alegan que su posición radica en establecer que en todos los casos de solicitud de declinatoria por seguridad pública o sospecha legítima, lo que procede es declarar la inadmisibilidad de la misma, por carecer de base legal, como ocurre en otras materias y se ha expuesto en el cuerpo del presente voto.
Con esta resolución, el expediente de Donni Santana permanecerá en San Cristóbal, donde se decidirá finalmente la validez de los beneficios carcelarios que reclama el condenado.