Nacionales
La JCE recibirá RD$1,167 millones para primarias
Julio César Castaños Guzmán, presidente de la Junta Central Electoral, informó que la Dirección General de Presupuesto proporcionará a ese organismo el próximo primero de septiembre mil ciento sesenta y siete millones de pesos (RD$ 1,167,000,000.00), para las primarias del seis de octubre.
Castanos Guzman explicó que inicialmente se pautó con los partidos que van a primarias, que de la contribución que ellos reciben, la JCE les retenga y apropie diez millones de pesos al mes, por lo que al presupuesto originario de mil cuatrocientos cuarenta y nueve millones de pesos se le rebajó dicha contribución.
Tambien, recordó que en conversaciones con los mismos partidos fueron reducidos más de cuarenta millones de pesos (RS$ 40,000,000), quedando el presupuesto final en mil cuatrocientos ocho millones de pesos (RD$1,408,000,000.00).
Con la resta de la contribución de los partidos, que en total asciende a doscientos cuarenta y un millones de pesos (RD$241,000,000.00), el presupuesto queda en mil ciento sesenta y siete millones de pesos (RD$ 1,167,000,000.00), cantidad que sería, a su vez, la suplida de forma íntegra por el Gobierno Central.
“El Gobierno central ha acogido lo que la Junta le ha pedido para las primarias. Lo que ellos han dicho es que el primero de septiembre entregarán todo el dinero que ha requerido la Junta”, expresó.
El presidente de la JCE ofreció las declaraciones al término de una reunión de trabajo con delegados políticos, técnicos y secretarios de finanzas de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM), en relación a una plataforma digital desarrollada por la institución, para que los precandidatos realicen el registro de sus gastos de precampaña.
Dicha declaración deberá estar dentro de los topes de gastos que establece la Ley 33-18 sobre Partidos, de un máximo de 70 pesos por elector el nivel presidencial; 60 pesos para diputados y senadores; 50 pesos para alcaldes y 25 para regidores. Los precandidatos a directores tendrían un límite de 100 pesos por votante y 25 pesos para vocales.
“He sabido tanto del PRM como el PLD, un advenimiento en términos generales de lo que ha presentado la Junta Central Electoral. Han hecho unos señalamientos de los alcances del mismo partido delimitando ese alcance con las responsabilidades que son propias de cada precandidato en sí”, declaró.
Al ser cuestionado sobre la garantía de que la información que allí se plasme sea fidedigna, aseguró que ese organismo tendría a su disposición métodos de fiscalización de tipo contable y financiero para determinar la veracidad de los datos proporcionados por los precandidatos.
JCE: “no quisiera” retener vehículos
Advirtió que ese organismo “no quisiera” colocar sus inspectores en los peajes para retener vehículos rotulados de precandidatos, pero que lo haría en caso de que se vea obligado. Recordó que el organismo ha incautado vehículos en el pasado y lo volvería a hacer.
La JCE informó a través de un comunicado que acatará a unanimidad la sentencia del Tribunal Constitucional que elimina el arrastre entre diputados y senadores.
En ese sentido señaló que inmediatamente sea conocida la sentencia íntegra ejecutarán las medidas que sean necesarias para la adecuación de la Ley 157-13 de voto preferencial.
Respecto a las pruebas del Voto Automatizado explicó que la siguiente prueba tendrá lugar el sábado 24 de agosto a nivel regional, y que para los días 7 y 8 de septiembre será realizado el simulacro nacional del modelo de votación. Dicho simulacro contará con la instalación de 7,372 mesas en 3,890 recintos electorales, lo que representaría una “réplica de lo que sucedería el 6 de octubre”. “Este voto automatizado es algo que hay que ir socializando con el elector en este caso, las dimensiones de este evento están circunscritas a los partidos que han decidido ir a primarias”. Informó además que a partir de hoy el sistema estará en las plazas comerciales para educar a la ciudadanía hábil para votar. Hoy estarán en el supermercado Jumbo de la avenida Luperón junto al pleno.
También comunicó que se aprobó un plan de supervisión de la logística y montaje de las primarias a cargo del presidente y cada miembro, con el fin de supervisar la ejecución organizativa del proceso electoral. Dicho plan consiste en la división del territorio nacional en cinco regiones, desplegando así un operativo de supervisión en los 3,890 recintos electorales, con la intervención de cada miembro titular, los cuales tendrán a su cargo una región del país.
Nacionales
Director de La República advierte que Congreso Nacional no tiene la facultad para anular candidaturas independientes.
Por Elba García
El doctor José Cabral Salcedo, especialista en derecho constitucional, además de periodista y empresario, quien ostenta la dirección del diario La República, aclaró que no es verdad que el proyecto que se conoce actualmente en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado de la República elimine las candidaturas independientes.
El profesional del derecho sostuvo que el esfuerzo de los diputados y senadores más que en contra de las candidaturas independientes se trata de una aspiración que pone en peligro todo el sistema legal e institucional de la nación.
Dice que intentar eliminar las candidaturas independientes es conspirar en contra de la propia Constitución de la República, ya que es la carta magna la que otorga la facultad al TC de interpretar las normas que chocan con la ley sustantiva de la nación, a los fines de procurar que las mismas se ajusten al control de la constitucionalidad.
La intención de eliminar las candidaturas independientes es lo mismo que conspirar en contra del sistema democrático e institucional de la nación, lo que indica el estado de desesperación de los partidos políticos ante el descredito que les afecta, añadió el periodista, abogado y empresario.
Cabral Salcedo advirtió que de aprobarse el proyecto de ley que se conoce ahora en la Cámara de Diputados deja el problema en manos del presidente Luis Abinader, quien tiene la opción de promulgarla u observarla en virtud de que la misma sería un contrasentido jurídico que cuestionaría todo el régimen jurídico interno y externo.
Sin embargo, advirtió que ante la conversión en ley del proyecto que se conoce ahora en la Cámara de Diputados y si es promulgado por el presidente Abinader implicaría la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional que es el único facultado para interpretar la constitucionalidad de una norma.
Explico que decir que la Constitución habla de que las aspiraciones políticas sólo pueden ser canalizadas a través de los partidos, según la interpretación que se le ha querida dar al artículo 216 de la carta magna, pese a que la ley sustantiva de la nación debe leerse íntegramente y naturalmente incluyendo el artículo 22 que habla de los derechos ciudadanos, sobre todo en lo que respecta al principio de elegir y ser elegido.
El abogado, periodista y empresario advierte que la jurisprudencia del TC sólo puede ser eliminarla por el propio alto tribunal mediante la figura del overrruling, la cual es la técnica jurídica mediante la cual un tribunal constitucional revoca o cambia un precedente vinculante anterior, sustituyéndolo por una nueva doctrina, a los fines de adaptar el derecho a nuevos contextos sociales, morales, económicos y políticos, lo que permite superar normas jurisprudenciales obsoletas, injustas o incompatibles con el ordenamiento actual.
Sin embargo, el profesional del derecho aclara que ese no es el caso de la sentencia que sienta jurisprudencia sobre las candidaturas independientes, la TC/0788/24, ya que para que el TC cambie el criterio en esta materia tiene que producirse una afectación de un derecho fundamental cuando en la misma se produce todo lo contrario con la protección del principio de elegir y ser elegido, pero además del de igualdad, proporcionalidad, legalidad, pro participación y el de dignidad humana.
Esta situación hace prácticamente imposible la posibilidad de que las pretensiones de los diputados y senadores se concrete, porque sencillamente no hay forma de que sus acciones al margen del principio de legalidad tengan éxito, ya que la interpretación del Tribunal Constitucional se ajusta del artículo 47 de la Ley 137-11 y también al 184 y 185 de la constitución de la República.
Cabral Salcedo sostuvo que con el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes el Congreso Nacional no sólo se pone al margen del régimen legal, sino también de la institucionalidad de la nación y además deja claro que los legisladores de la llamada partidocracia se creen dueños del sistema, principalmente los perremeistas que fundamentaron su llegada al poder en que en la República Dominicana se consolidaba un partido-Estado a través del PLD, pero resulta que ahora ellos son más antidemocráticos que las pasadas autoridades.
Cabral Salcedo llamó al presidente Luis Abinader a no ser parte de un plan que compromete la responsabilidad civil y penal del Estado por tratarse de la violación de un derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, consignado, además, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica.
Santo Domingo, R.D.-El mantenimiento del arresto domiciliario dispuso la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en contra del coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en la Operación Lobo.
La magistrada Yanibet Rivas tomó la decisión tras rechazar una solicitud de variación de la medida presentada por el acusado, a través de su abogado Félix Portes Núñez.
De inmediato, el abogado del imputado anunció que apelará la decisión, alegando violación al principio de igualdad, ya que otros coimputados han recibido medidas menos severas.
El imputado es acusado de formar parte de una red que se dedicaba a la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Entre las instituciones se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
Entre los implicados se encuentran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Santo Domingo, R.D.-La decision de el Septimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será apelada por el Ministerio Público mediante la cual otorgó un auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco.
El órgano acusador rechazó, en un comunicado de prensa, la decisión del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, al considerar que no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso.
Sostiene que existen méritos suficientes para recurrir la decisión, al entender que el tribunal incurre en contradicción, ya que en principio no acoge la declaratoria de inimputabilidad, pero termina aplicando los efectos jurídicos de dicha figura al dictar el auto de no ha lugar.
La acusación presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora, explica que el 23 de julio de 2025 el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le provocó la muerte.
Durante el hecho, también hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, además de ocasionar la muerte de una mascota.
El Ministerio Público recordó que, en atención a la gravedad de los hechos y las evidencias presentadas, previamente, le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción, la cual cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.