Nacionales
La JCE recibirá RD$1,167 millones para primarias
Julio César Castaños Guzmán, presidente de la Junta Central Electoral, informó que la Dirección General de Presupuesto proporcionará a ese organismo el próximo primero de septiembre mil ciento sesenta y siete millones de pesos (RD$ 1,167,000,000.00), para las primarias del seis de octubre.
Castanos Guzman explicó que inicialmente se pautó con los partidos que van a primarias, que de la contribución que ellos reciben, la JCE les retenga y apropie diez millones de pesos al mes, por lo que al presupuesto originario de mil cuatrocientos cuarenta y nueve millones de pesos se le rebajó dicha contribución.
Tambien, recordó que en conversaciones con los mismos partidos fueron reducidos más de cuarenta millones de pesos (RS$ 40,000,000), quedando el presupuesto final en mil cuatrocientos ocho millones de pesos (RD$1,408,000,000.00).
Con la resta de la contribución de los partidos, que en total asciende a doscientos cuarenta y un millones de pesos (RD$241,000,000.00), el presupuesto queda en mil ciento sesenta y siete millones de pesos (RD$ 1,167,000,000.00), cantidad que sería, a su vez, la suplida de forma íntegra por el Gobierno Central.
“El Gobierno central ha acogido lo que la Junta le ha pedido para las primarias. Lo que ellos han dicho es que el primero de septiembre entregarán todo el dinero que ha requerido la Junta”, expresó.
El presidente de la JCE ofreció las declaraciones al término de una reunión de trabajo con delegados políticos, técnicos y secretarios de finanzas de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM), en relación a una plataforma digital desarrollada por la institución, para que los precandidatos realicen el registro de sus gastos de precampaña.
Dicha declaración deberá estar dentro de los topes de gastos que establece la Ley 33-18 sobre Partidos, de un máximo de 70 pesos por elector el nivel presidencial; 60 pesos para diputados y senadores; 50 pesos para alcaldes y 25 para regidores. Los precandidatos a directores tendrían un límite de 100 pesos por votante y 25 pesos para vocales.
“He sabido tanto del PRM como el PLD, un advenimiento en términos generales de lo que ha presentado la Junta Central Electoral. Han hecho unos señalamientos de los alcances del mismo partido delimitando ese alcance con las responsabilidades que son propias de cada precandidato en sí”, declaró.
Al ser cuestionado sobre la garantía de que la información que allí se plasme sea fidedigna, aseguró que ese organismo tendría a su disposición métodos de fiscalización de tipo contable y financiero para determinar la veracidad de los datos proporcionados por los precandidatos.
JCE: “no quisiera” retener vehículos
Advirtió que ese organismo “no quisiera” colocar sus inspectores en los peajes para retener vehículos rotulados de precandidatos, pero que lo haría en caso de que se vea obligado. Recordó que el organismo ha incautado vehículos en el pasado y lo volvería a hacer.
La JCE informó a través de un comunicado que acatará a unanimidad la sentencia del Tribunal Constitucional que elimina el arrastre entre diputados y senadores.
En ese sentido señaló que inmediatamente sea conocida la sentencia íntegra ejecutarán las medidas que sean necesarias para la adecuación de la Ley 157-13 de voto preferencial.
Respecto a las pruebas del Voto Automatizado explicó que la siguiente prueba tendrá lugar el sábado 24 de agosto a nivel regional, y que para los días 7 y 8 de septiembre será realizado el simulacro nacional del modelo de votación. Dicho simulacro contará con la instalación de 7,372 mesas en 3,890 recintos electorales, lo que representaría una “réplica de lo que sucedería el 6 de octubre”. “Este voto automatizado es algo que hay que ir socializando con el elector en este caso, las dimensiones de este evento están circunscritas a los partidos que han decidido ir a primarias”. Informó además que a partir de hoy el sistema estará en las plazas comerciales para educar a la ciudadanía hábil para votar. Hoy estarán en el supermercado Jumbo de la avenida Luperón junto al pleno.
También comunicó que se aprobó un plan de supervisión de la logística y montaje de las primarias a cargo del presidente y cada miembro, con el fin de supervisar la ejecución organizativa del proceso electoral. Dicho plan consiste en la división del territorio nacional en cinco regiones, desplegando así un operativo de supervisión en los 3,890 recintos electorales, con la intervención de cada miembro titular, los cuales tendrán a su cargo una región del país.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.