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La JCE recibirá RD$1,167 millones para primarias
Julio César Castaños Guzmán, presidente de la Junta Central Electoral, informó que la Dirección General de Presupuesto proporcionará a ese organismo el próximo primero de septiembre mil ciento sesenta y siete millones de pesos (RD$ 1,167,000,000.00), para las primarias del seis de octubre.
Castanos Guzman explicó que inicialmente se pautó con los partidos que van a primarias, que de la contribución que ellos reciben, la JCE les retenga y apropie diez millones de pesos al mes, por lo que al presupuesto originario de mil cuatrocientos cuarenta y nueve millones de pesos se le rebajó dicha contribución.
Tambien, recordó que en conversaciones con los mismos partidos fueron reducidos más de cuarenta millones de pesos (RS$ 40,000,000), quedando el presupuesto final en mil cuatrocientos ocho millones de pesos (RD$1,408,000,000.00).
Con la resta de la contribución de los partidos, que en total asciende a doscientos cuarenta y un millones de pesos (RD$241,000,000.00), el presupuesto queda en mil ciento sesenta y siete millones de pesos (RD$ 1,167,000,000.00), cantidad que sería, a su vez, la suplida de forma íntegra por el Gobierno Central.
“El Gobierno central ha acogido lo que la Junta le ha pedido para las primarias. Lo que ellos han dicho es que el primero de septiembre entregarán todo el dinero que ha requerido la Junta”, expresó.
El presidente de la JCE ofreció las declaraciones al término de una reunión de trabajo con delegados políticos, técnicos y secretarios de finanzas de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM), en relación a una plataforma digital desarrollada por la institución, para que los precandidatos realicen el registro de sus gastos de precampaña.
Dicha declaración deberá estar dentro de los topes de gastos que establece la Ley 33-18 sobre Partidos, de un máximo de 70 pesos por elector el nivel presidencial; 60 pesos para diputados y senadores; 50 pesos para alcaldes y 25 para regidores. Los precandidatos a directores tendrían un límite de 100 pesos por votante y 25 pesos para vocales.
“He sabido tanto del PRM como el PLD, un advenimiento en términos generales de lo que ha presentado la Junta Central Electoral. Han hecho unos señalamientos de los alcances del mismo partido delimitando ese alcance con las responsabilidades que son propias de cada precandidato en sí”, declaró.
Al ser cuestionado sobre la garantía de que la información que allí se plasme sea fidedigna, aseguró que ese organismo tendría a su disposición métodos de fiscalización de tipo contable y financiero para determinar la veracidad de los datos proporcionados por los precandidatos.
JCE: “no quisiera” retener vehículos
Advirtió que ese organismo “no quisiera” colocar sus inspectores en los peajes para retener vehículos rotulados de precandidatos, pero que lo haría en caso de que se vea obligado. Recordó que el organismo ha incautado vehículos en el pasado y lo volvería a hacer.
La JCE informó a través de un comunicado que acatará a unanimidad la sentencia del Tribunal Constitucional que elimina el arrastre entre diputados y senadores.
En ese sentido señaló que inmediatamente sea conocida la sentencia íntegra ejecutarán las medidas que sean necesarias para la adecuación de la Ley 157-13 de voto preferencial.
Respecto a las pruebas del Voto Automatizado explicó que la siguiente prueba tendrá lugar el sábado 24 de agosto a nivel regional, y que para los días 7 y 8 de septiembre será realizado el simulacro nacional del modelo de votación. Dicho simulacro contará con la instalación de 7,372 mesas en 3,890 recintos electorales, lo que representaría una “réplica de lo que sucedería el 6 de octubre”. “Este voto automatizado es algo que hay que ir socializando con el elector en este caso, las dimensiones de este evento están circunscritas a los partidos que han decidido ir a primarias”. Informó además que a partir de hoy el sistema estará en las plazas comerciales para educar a la ciudadanía hábil para votar. Hoy estarán en el supermercado Jumbo de la avenida Luperón junto al pleno.
También comunicó que se aprobó un plan de supervisión de la logística y montaje de las primarias a cargo del presidente y cada miembro, con el fin de supervisar la ejecución organizativa del proceso electoral. Dicho plan consiste en la división del territorio nacional en cinco regiones, desplegando así un operativo de supervisión en los 3,890 recintos electorales, con la intervención de cada miembro titular, los cuales tendrán a su cargo una región del país.
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.