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La Junta Central Electoral investiga 132 cédulas falsas
SANTO DOMINGO. A Rebeca Gutiérrez (nombre ficticio) le robaron su cartera con sus documentos, entre ellos su cédula de identidad y electoral. Su identidad fue suplantada, porque a su cédula le cambiaron su fotografía por el de una mujer de nacionalidad haitiana.
Pasaron varios meses para que Rebeca se diera cuenta que su historial crediticio había sido dañado, porque cuando fue a solicitar un crédito en una tienda, le dijeron que no calificaba, porque había tomado 18 préstamos, los cuales no había pagado.
Posteriormente, dio a luz un hijo, y su pareja fue a una oficialía del Estado Civil a declararlo, pero no pudo, porque la mujer de nacionalidad haitiana que suplantó su identidad se casó con su cédula suplantada, por lo que en la oficialía le dijeron que ese no podía ser su hijo, pues su mujer se había casado con otro hombre, por lo que no podían inscribirlo.
El costo moral, económico y emocional que ocasiona la suplantación de una identidad puede ser muy fuerte, aunque muchas personas no estén conscientes de eso, según explicó a DL, Juan Bautista Tavárez Gómez, director del Departamento de Inspectoría de la Junta Central Electoral (JCE). «Esto le ha traído grandes traumas a esta persona. Nosotros hemos tratado de ayudarla», expresó. El caso de Rebeca y el de muchas otras personas fueron conocidos por el Pleno, y están en proceso de investigación en los actuales momentos.
Nuevos casos
En adición a eso, el pasado 12 de diciembre, la JCE recibió de la Dirección General de Migración un grupo de 58 cédulas falsas, y el pasado 5 de noviembre, otras 74, con lo que ascienden a 132 la cantidad de documentos falsos incautados recientemente, y que están en proceso de investigación.
Entre las 58 cédulas falsas figuran 13 documentos con la categoría de extranjeros, con el mismo número de codificación en la parte trasera (100900299), a la firma y el nombre del actual presidente de esa institución, Roberto Rosario Márquez. Los datos legales corresponden a Weliton Antonio Martínez Jiménez, quien aparece inscrito en la Oficialía de la 1era. circunscripción, libro 65, folio 53 del año 1994.
Además, fueron remitidos para investigación 6 plásticos con números de cédulas con las fotografías suplantadas y 15 plásticos, cuyos números de cédulas figuran en el maestro de cedulados, pero que están sujetos a investigación para determinar si los datos de sus actas de nacimiento les corresponden legalmente.
Tavárez Gómez mostró las cédulas falsas, junto a los datos de la persona cuya identidad fue suplantada. «Muchos de estos documentos no son expedidos por la Junta, y otros que son expedidos por la Junta son los que ostentan sus cédulas y son objeto de robos o de pérdida del documento, y ellos lo que hacen es que adulteran el contenido de ese documento», analizó.
A su entender, la vulnerabilidad radica en que las impresoras Data Card no son de uso exclusivo de la JCE, y a que en algunos casos, no tan comunes, ese órgano ha sido objeto de robos de plásticos y de formularios de inscripción.
Entre los casos figuran suplantaciones de identidad de una mujer por un hombre y de un militar por un haitiano. En los plásticos falsos se observan rasgaduras o una mala impresión con el formato muy similar al que usa la JCE.
Migración remite a la JCE unas 40 cédulas falsas casi cada semana.
Por otro lado, el director del Departamento de Inspectoría de la JCE reveló que en los últimos 5 años esa institución ha sometido a la justicia a unas 2 mil personas por dedicarse a la suplantación de identidad. «Esto es una red que se dedica a eso» dijo, y explicó que en las investigaciones ha detectado que con cédulas falsas han hecho registros en el Estado Civil como la inscripción de hijos y otros.
Indicó que las redes imprimen esas cédulas falsas a un costo estimado entre RD$15 mil y RD$10 mil cada una.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.