Nacionales
La Junta Central Electoral investiga 132 cédulas falsas
SANTO DOMINGO. A Rebeca Gutiérrez (nombre ficticio) le robaron su cartera con sus documentos, entre ellos su cédula de identidad y electoral. Su identidad fue suplantada, porque a su cédula le cambiaron su fotografía por el de una mujer de nacionalidad haitiana.
Pasaron varios meses para que Rebeca se diera cuenta que su historial crediticio había sido dañado, porque cuando fue a solicitar un crédito en una tienda, le dijeron que no calificaba, porque había tomado 18 préstamos, los cuales no había pagado.
Posteriormente, dio a luz un hijo, y su pareja fue a una oficialía del Estado Civil a declararlo, pero no pudo, porque la mujer de nacionalidad haitiana que suplantó su identidad se casó con su cédula suplantada, por lo que en la oficialía le dijeron que ese no podía ser su hijo, pues su mujer se había casado con otro hombre, por lo que no podían inscribirlo.
El costo moral, económico y emocional que ocasiona la suplantación de una identidad puede ser muy fuerte, aunque muchas personas no estén conscientes de eso, según explicó a DL, Juan Bautista Tavárez Gómez, director del Departamento de Inspectoría de la Junta Central Electoral (JCE). «Esto le ha traído grandes traumas a esta persona. Nosotros hemos tratado de ayudarla», expresó. El caso de Rebeca y el de muchas otras personas fueron conocidos por el Pleno, y están en proceso de investigación en los actuales momentos.
Nuevos casos
En adición a eso, el pasado 12 de diciembre, la JCE recibió de la Dirección General de Migración un grupo de 58 cédulas falsas, y el pasado 5 de noviembre, otras 74, con lo que ascienden a 132 la cantidad de documentos falsos incautados recientemente, y que están en proceso de investigación.
Entre las 58 cédulas falsas figuran 13 documentos con la categoría de extranjeros, con el mismo número de codificación en la parte trasera (100900299), a la firma y el nombre del actual presidente de esa institución, Roberto Rosario Márquez. Los datos legales corresponden a Weliton Antonio Martínez Jiménez, quien aparece inscrito en la Oficialía de la 1era. circunscripción, libro 65, folio 53 del año 1994.
Además, fueron remitidos para investigación 6 plásticos con números de cédulas con las fotografías suplantadas y 15 plásticos, cuyos números de cédulas figuran en el maestro de cedulados, pero que están sujetos a investigación para determinar si los datos de sus actas de nacimiento les corresponden legalmente.
Tavárez Gómez mostró las cédulas falsas, junto a los datos de la persona cuya identidad fue suplantada. «Muchos de estos documentos no son expedidos por la Junta, y otros que son expedidos por la Junta son los que ostentan sus cédulas y son objeto de robos o de pérdida del documento, y ellos lo que hacen es que adulteran el contenido de ese documento», analizó.
A su entender, la vulnerabilidad radica en que las impresoras Data Card no son de uso exclusivo de la JCE, y a que en algunos casos, no tan comunes, ese órgano ha sido objeto de robos de plásticos y de formularios de inscripción.
Entre los casos figuran suplantaciones de identidad de una mujer por un hombre y de un militar por un haitiano. En los plásticos falsos se observan rasgaduras o una mala impresión con el formato muy similar al que usa la JCE.
Migración remite a la JCE unas 40 cédulas falsas casi cada semana.
Por otro lado, el director del Departamento de Inspectoría de la JCE reveló que en los últimos 5 años esa institución ha sometido a la justicia a unas 2 mil personas por dedicarse a la suplantación de identidad. «Esto es una red que se dedica a eso» dijo, y explicó que en las investigaciones ha detectado que con cédulas falsas han hecho registros en el Estado Civil como la inscripción de hijos y otros.
Indicó que las redes imprimen esas cédulas falsas a un costo estimado entre RD$15 mil y RD$10 mil cada una.
Nacionales
JCE presenta plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE), a través de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la institución, presentó a la ciudadanía a través de sus redes sociales la plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, espacio que estará integrado en la página de la institución.
Mediante un comunicado, la JCE explicó que el observatorio tiene como finalidad asesorar, diseñar, implementar, desarrollar y evaluar las acciones orientadas a fomentar la participación de las mujeres en la política.
Asimismo, indicó que esta iniciativa, que se encuentra bajo la coordinación de la miembro titular del Pleno y coordinadora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género, Dolores Fernández, es una plataforma que busca recopilar, analizar y visibilizar información sobre los avances, brechas y desafíos de la participación política femenina en República Dominicana.
Además, destacó que el observatorio funciona como una herramienta dinámica de estadísticas interactivas que permite conocer la evolución de la participación política de las mujeres en el país y a través de sus secciones, se podrán explorar datos sobre: candidaturas y cargos electos, participación en los partidos políticos, concurrencia electoral por sexo y participación de mujeres en juntas y colegios electorales.
La misión de este observatorio es, en primer lugar, analizar los niveles de cumplimiento de metas y objetivos nacionales e internacionales en torno a la igualdad de género en materia de representación política y, en segundo lugar, motivar e impulsar la participación paritaria de las mujeres en la toma de decisiones.
Entre los objetivos de esta propuesta, figuran: generar información cuantitativa y cualitativa sobre la representación política de mujeres y hombres en el ámbito nacional; medir los niveles de cumplimiento de metas y objetivos internacionales en torno a la igualdad de género; visibilizar avances de igualdad de género en los partidos políticos y aportar datos que sirvan para elaborar insumos claves para el análisis, la formulación de propuestas y el diseño de estrategias de incidencia política.
Asimismo, procura fortalecer las políticas públicas de igualdad, promover la paridad y la representación política equitativa, garantizar los derechos políticos de las mujeres e impulsar acciones para prevenir y erradicar la violencia política hacia las mujeres.
Nacionales
Telemicro: TSA indicó que Indotel actuó de forma precipitada al asignar frecuencia del Canal 3
Santo Domingo, R.D.-El Grupo Telemicro reaccionó al fallo judicial del Tribunal Superior Administrativo (TSA) sobre la asignación de la frecuencia del canal 3 VHF. En un documento indicó que la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) reconoció que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en su rol de autoridad para la gestión del espectro radioeléctrico, actuó de forma «imprudente y precipitada» al asignar el Canal 3 digital a favor de Franasyn, S.R.L., mediante la Resolución núm. 132-2024 dictada el 14 de noviembre de 2024.
Indicó que el tribunal estableció, luego del análisis de las pruebas aportadas por las partes en el litigio sobre el Canal 3 en la banda VHF, que el «regulador (Indotel) tenía pleno conocimiento de que existía un proceso judicial abierto sobre el derecho de uso y explotación de esa frecuencia».
«El órgano apuntó que, en tales circunstancias, esa entidad encargada de gestión radioeléctrica debía actuar con la debida prudencia y observar el principio de realizar una buena administración, absteniéndose de adoptar decisiones que pudieran incidir en el proceso, como lo fue asignar el Canal 3 a favor de un tercero, en este caso la sociedad Franasyl. S.R.L.», dice un documento enviado por la Corporación de Televisión y Microondas Rafa, S.A. (Telemicro).
Derechos de Franasyl
La Tercera Sala del TSA reconoció la legitimidad de los derechos alegados por Franasyl, S.R.L. en torno al Canal 3 virtual y declaró válida su intervención voluntaria en el proceso.
En su decisión, el tribunal rechazó en todas sus partes el recurso contencioso administrativo interpuesto por Telemicro y confirmó íntegramente la Resolución núm. 080-2022 emitida por el Indotel.
La sentencia se produce tras el reenvío ordenado por la Suprema Corte de Justicia mediante la decisión SCJ-TS-25-0203, que instruyó una nueva valoración del caso después de identificar un vicio de desnaturalización de los hechos en un fallo anterior.
- Telemicro buscaba que la justicia anulara la resolución del Indotel alegando derechos adquiridos sobre el Canal 3 VHF derivados de una comunicación emitida por el órgano regulador en 2004.
Santo Domingo, R.D.-El Senado de la República conocerá este viernes en única discusión el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal, con las decenas de modificaciones que hizo la Cámara de Diputados y la opción de aprobar o rechazar el documento.
El pleno senatorial deberá decidir “lo más rápido posible”, debido al plazo que le otorga el Tribunal Constitucional en la sentencia 0765/24. En su fallo, emitido el 6 de diciembre de 2024, la alta corte declaró nula la Ley 10-15, que modifica el Código Procesal Penal del 2002, y dio un año al Congreso Nacional, hasta el 11 de este mes, para tener listo un nuevo marco legal.
La pieza de ley que estudian los congresistas generó fuertes debates en la Cámara de Diputados mientras era conocida, por artículos que tienen que ver con las facultades del Ministerio Público (MP) en los procesos, como los de peritajes. Uno de ellos es el artículo 211, sobre el nombramiento de peritos.
La moción de Pacheco y Díaz, que es similar a la versión que llegó del Senado, consiga tres párrafos, en el que establecen que los peritos en cualquier otro momento son nombrados, mediante resolución motivada, por el juez o tribunal, a propuesta de parte; el número de peritos es determinado según la complejidad de las cuestiones a plantear, considerando las sugerencias de las partes; y el dictamen o la resolución que ordena el peritaje fija con precisión las razones que lo motivan, su objeto y alcance, así como el plazo para la presentación de dichos dictámenes.
El Procesal Penal vigente no condiciona el nombramiento del perito por el Ministerio Público a que no sea “anticipo jurisdiccional”. Dice, más bien, que durante la etapa preparatoria los nombra el Ministerio Público.
Ejecución del peritaje
Amado Díaz propuso también -siendo acogida por la mayoría-, modificar el artículo 215 del nuevo Código, que trata sobre la ejecución del peritaje, para agregar al MP, quien había sido dejado fuera de ese apartado en la aprobación en primera discusión. Se estableció que el órgano persecutor, juez o tribunal que ha dispuesto el peritaje, resuelva todas las cuestiones que se planteen durante su realización.
La CD modificó el artículo 48 de la pieza
Otro punto de debate en los diputados fue el de la interrupción de la prescripción, artículo 48, numeral 1, uno de los que se quejó Eugenio Cedeño. La Cámara modificó dicho apartado -al dejar quitar la frase “presentada por el Ministerio Público”, para que diga que la prescripción se interrumpe por: la imposición de medida de coerción; la presentación de la acusación; y el pronunciamiento de la sentencia, aunque sea revocable.