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La Junta Central Electoral investiga 132 cédulas falsas
SANTO DOMINGO. A Rebeca Gutiérrez (nombre ficticio) le robaron su cartera con sus documentos, entre ellos su cédula de identidad y electoral. Su identidad fue suplantada, porque a su cédula le cambiaron su fotografía por el de una mujer de nacionalidad haitiana.
Pasaron varios meses para que Rebeca se diera cuenta que su historial crediticio había sido dañado, porque cuando fue a solicitar un crédito en una tienda, le dijeron que no calificaba, porque había tomado 18 préstamos, los cuales no había pagado.
Posteriormente, dio a luz un hijo, y su pareja fue a una oficialía del Estado Civil a declararlo, pero no pudo, porque la mujer de nacionalidad haitiana que suplantó su identidad se casó con su cédula suplantada, por lo que en la oficialía le dijeron que ese no podía ser su hijo, pues su mujer se había casado con otro hombre, por lo que no podían inscribirlo.
El costo moral, económico y emocional que ocasiona la suplantación de una identidad puede ser muy fuerte, aunque muchas personas no estén conscientes de eso, según explicó a DL, Juan Bautista Tavárez Gómez, director del Departamento de Inspectoría de la Junta Central Electoral (JCE). «Esto le ha traído grandes traumas a esta persona. Nosotros hemos tratado de ayudarla», expresó. El caso de Rebeca y el de muchas otras personas fueron conocidos por el Pleno, y están en proceso de investigación en los actuales momentos.
Nuevos casos
En adición a eso, el pasado 12 de diciembre, la JCE recibió de la Dirección General de Migración un grupo de 58 cédulas falsas, y el pasado 5 de noviembre, otras 74, con lo que ascienden a 132 la cantidad de documentos falsos incautados recientemente, y que están en proceso de investigación.
Entre las 58 cédulas falsas figuran 13 documentos con la categoría de extranjeros, con el mismo número de codificación en la parte trasera (100900299), a la firma y el nombre del actual presidente de esa institución, Roberto Rosario Márquez. Los datos legales corresponden a Weliton Antonio Martínez Jiménez, quien aparece inscrito en la Oficialía de la 1era. circunscripción, libro 65, folio 53 del año 1994.
Además, fueron remitidos para investigación 6 plásticos con números de cédulas con las fotografías suplantadas y 15 plásticos, cuyos números de cédulas figuran en el maestro de cedulados, pero que están sujetos a investigación para determinar si los datos de sus actas de nacimiento les corresponden legalmente.
Tavárez Gómez mostró las cédulas falsas, junto a los datos de la persona cuya identidad fue suplantada. «Muchos de estos documentos no son expedidos por la Junta, y otros que son expedidos por la Junta son los que ostentan sus cédulas y son objeto de robos o de pérdida del documento, y ellos lo que hacen es que adulteran el contenido de ese documento», analizó.
A su entender, la vulnerabilidad radica en que las impresoras Data Card no son de uso exclusivo de la JCE, y a que en algunos casos, no tan comunes, ese órgano ha sido objeto de robos de plásticos y de formularios de inscripción.
Entre los casos figuran suplantaciones de identidad de una mujer por un hombre y de un militar por un haitiano. En los plásticos falsos se observan rasgaduras o una mala impresión con el formato muy similar al que usa la JCE.
Migración remite a la JCE unas 40 cédulas falsas casi cada semana.
Por otro lado, el director del Departamento de Inspectoría de la JCE reveló que en los últimos 5 años esa institución ha sometido a la justicia a unas 2 mil personas por dedicarse a la suplantación de identidad. «Esto es una red que se dedica a eso» dijo, y explicó que en las investigaciones ha detectado que con cédulas falsas han hecho registros en el Estado Civil como la inscripción de hijos y otros.
Indicó que las redes imprimen esas cédulas falsas a un costo estimado entre RD$15 mil y RD$10 mil cada una.
Santo Domingo, R.D.-Será emitida este miércoles 24 por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional su sentencia sobre la muerte de Joshua Fernández, hecho por el cual están imputados Wesly Dicent Carmona «el Dotolcito«, Alison de Jesús Pérez Mejía (Chiquito) y Luis Brito Troncoso (Luisito).
La audiencia está pautada para las 4:00 de la tarde.
El joven (19 años) murió producto de un disparo durante un asalto que presuntamente cometieron los imputados en el parqueo de la discoteca Kiss Bar, en el Distrito Nacional.
El Ministerio Pública pidió una condena de 30 años contra alias «El Dotolcito«, al considerarlo el ideólogo del asalto cometido por Chiquito y Luisito. Para estos dos solicitó 40 años de reclusión, por ser los perpetuadores del atraco en que resultó ultimado el joven.
Santo Domingo, R.D.-Los abogados del ex-procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, plantearon este martes que su defendido fue «descargado» por el Consejo Superior del Ministerio Público de toda la acusación que le imputa el Ministerio Público «al no identificar actos irregulares durante su gestión 2016-2020″.
Conforme al MP, Rodríguez, quien está judicializado con el caso Medusa, cometió, junto a otras personas, malvensación de fondos públicos usando los recursos de la entidad mientras estuvo a su frente.
Un documento suministrado a la prensa por los abogados del imputado indica que Carlos Balcácer, Nelys Rivas y Gustavo Biaggi presentaron varios incidentes ante el juez Amauri Martinez, del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional Amauri, que tutela la audiencia preliminar del caso.
Según la defensa de Rodríguez, luego de revisar los documentos de la gestión del imputado dijo: «se aprueba y ratifica los actos, gestiones, ejecuciones y operaciones llevadas a cabo durante el período 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, y otorga descargo completo, absoluto y definitivo, tan amplio como en derecho fuese necesario, a favor del Procurador General de la República, Dr. Jean Alain Rodríguez«.
«El Ministerio Público revisó dos veces cada peso que se movió en mi gestión«, manifestó Jean Alain Rodríguez en una breve intervención en la sala de audiencias.
Indicó que el Consejo Superior aprobó y ratificó los actos, gestiones, ejecuciones y operaciones llevadas a cabo durante el periodo 16 de agosto de 2016 al 16 de agosto de 2020, tiempo en que el imputado junto a los demás señalados en el juicio estuvieron al frente de la Procuraduría General de la República.
Dijo que la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Ministerio Público establecen que ese órgano ejerce sus funciones conforme a los principios de unidad de actuaciones, jerarquía e indivisibilidad, destacando la ley que sus miembros actúan como un solo cuerpo, lo que significa que si un fiscal otorga hoy un descargo o un archivo a un ciudadano, no puede mañana otro fiscal acusar ese ciudadano por el mismo hecho y es lo que sucede en este caso, solo que el descargo proviene del máximo órgano del Ministerio Público, único responsable de la administración de la institución y de la política de persecución y fue ese órgano que descargó a Jean Alain Rodríguez por los actos contenidos en la acusación.
- «Estos descargos son emitidos por los superiores jerárquicos de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), tanto así que fue este Consejo que designó a Wilson Camacho y a todos los nuevos fiscales de esta gestión«, leyó el Consejo de Defensa al juez.
- Los miembros del Ministerio Público que revisaron el uso de los recursos y que aprobaron los actos y otorgaron los descargos definitivos, incluyen a los procuradores Rodolfo Espiñeira, primer sustituto de Miriam Germán Brito; Pedro Frías Morillo, designado como Procurador Adjunto por el Presidente de la República Luis Abinader mediante decreto No.22-24; y otros 6 destacados miembros del Ministerio Público elegidos por más de 1,500 fiscales, todos los cuales permanecen en sus cargos, ya que han sido ratificados o ascendidos por esta gestión.
SANTO DOMINGO.- En segunda lectura fue aprobado en el Senado de la República el proyecto que modifica la Ley 42-01 General de Salud, para que el Estado disponga la creación de unidades de atención mental y centros de rehabilitación psicosocial en las principales provincias del país.
La iniciativa, del senador Franklin Peña por San Pedro de Macorís, modifica los artículos 4, 5, 6, 7 y 8 de la Ley 42-01, para establecer la provisión de redes de atención comunitaria, como viviendas, tutelas, hogares de paso, hospital de días y para el seguimiento ambulatorio a través de los Centros de Salud Mental Comunitarios (CSMC).
Dice la normativa en el párrafo del artículo 18, la cual pasa a la Cámara de Diputados para su ponderación, que “es un deber del Estado propiciar de hospitales de salud mental, centro de rehabilitación psicosocial en las principales provincias.
El artículo 36 expresa que el tratamiento de las personas con enfermedades o trastornos mentales o con discapacidad psíquica o intelectual se realizará con apego a los estándares de atención.
Agrega el numeral 3, que se debe proporcionar a estas personas un tratamiento en base a la mejor evidencia científica disponible y a criterios de costo-efectividad, en relación al mejoramiento de la salud y bienestar integral de la persona; en tanto, el numeral 6 precisa que “la atención de salud no podrá dar lugar a discriminación respecto de otras enfermedades, en relación a cobertura de prestaciones y tasa de aceptación de licencias médicas.
“El Estado proveerá atención en salud mental a personas vulnerables, en conflicto o no con la ley, sin distinción de edad, nacionalidad, patrimonio, sexo o religión”, precisa la iniciativa.