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La Junta Central Electoral investiga 132 cédulas falsas
SANTO DOMINGO. A Rebeca Gutiérrez (nombre ficticio) le robaron su cartera con sus documentos, entre ellos su cédula de identidad y electoral. Su identidad fue suplantada, porque a su cédula le cambiaron su fotografía por el de una mujer de nacionalidad haitiana.
Pasaron varios meses para que Rebeca se diera cuenta que su historial crediticio había sido dañado, porque cuando fue a solicitar un crédito en una tienda, le dijeron que no calificaba, porque había tomado 18 préstamos, los cuales no había pagado.
Posteriormente, dio a luz un hijo, y su pareja fue a una oficialía del Estado Civil a declararlo, pero no pudo, porque la mujer de nacionalidad haitiana que suplantó su identidad se casó con su cédula suplantada, por lo que en la oficialía le dijeron que ese no podía ser su hijo, pues su mujer se había casado con otro hombre, por lo que no podían inscribirlo.
El costo moral, económico y emocional que ocasiona la suplantación de una identidad puede ser muy fuerte, aunque muchas personas no estén conscientes de eso, según explicó a DL, Juan Bautista Tavárez Gómez, director del Departamento de Inspectoría de la Junta Central Electoral (JCE). «Esto le ha traído grandes traumas a esta persona. Nosotros hemos tratado de ayudarla», expresó. El caso de Rebeca y el de muchas otras personas fueron conocidos por el Pleno, y están en proceso de investigación en los actuales momentos.
Nuevos casos
En adición a eso, el pasado 12 de diciembre, la JCE recibió de la Dirección General de Migración un grupo de 58 cédulas falsas, y el pasado 5 de noviembre, otras 74, con lo que ascienden a 132 la cantidad de documentos falsos incautados recientemente, y que están en proceso de investigación.
Entre las 58 cédulas falsas figuran 13 documentos con la categoría de extranjeros, con el mismo número de codificación en la parte trasera (100900299), a la firma y el nombre del actual presidente de esa institución, Roberto Rosario Márquez. Los datos legales corresponden a Weliton Antonio Martínez Jiménez, quien aparece inscrito en la Oficialía de la 1era. circunscripción, libro 65, folio 53 del año 1994.
Además, fueron remitidos para investigación 6 plásticos con números de cédulas con las fotografías suplantadas y 15 plásticos, cuyos números de cédulas figuran en el maestro de cedulados, pero que están sujetos a investigación para determinar si los datos de sus actas de nacimiento les corresponden legalmente.
Tavárez Gómez mostró las cédulas falsas, junto a los datos de la persona cuya identidad fue suplantada. «Muchos de estos documentos no son expedidos por la Junta, y otros que son expedidos por la Junta son los que ostentan sus cédulas y son objeto de robos o de pérdida del documento, y ellos lo que hacen es que adulteran el contenido de ese documento», analizó.
A su entender, la vulnerabilidad radica en que las impresoras Data Card no son de uso exclusivo de la JCE, y a que en algunos casos, no tan comunes, ese órgano ha sido objeto de robos de plásticos y de formularios de inscripción.
Entre los casos figuran suplantaciones de identidad de una mujer por un hombre y de un militar por un haitiano. En los plásticos falsos se observan rasgaduras o una mala impresión con el formato muy similar al que usa la JCE.
Migración remite a la JCE unas 40 cédulas falsas casi cada semana.
Por otro lado, el director del Departamento de Inspectoría de la JCE reveló que en los últimos 5 años esa institución ha sometido a la justicia a unas 2 mil personas por dedicarse a la suplantación de identidad. «Esto es una red que se dedica a eso» dijo, y explicó que en las investigaciones ha detectado que con cédulas falsas han hecho registros en el Estado Civil como la inscripción de hijos y otros.
Indicó que las redes imprimen esas cédulas falsas a un costo estimado entre RD$15 mil y RD$10 mil cada una.
Santo Domingo, R.D.-Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, informó que dos personas fueron encontradas muertas, así como una joven con signos vitales en un apartamento de la Torre Arpel 07, ubicada en el sector Piantini, Distrito Nacional.
Los fallecidos fueron identificados como Raisa Luisa Mendoza, de 50 años, y su hijo Yadhir Nael Cornelio, de 24 años de edad.
Pesqueira explicó que el caso se encuentra en una fase inicial de investigación y que las autoridades trabajan de manera conjunta con el Ministerio Público para esclarecer lo ocurrido.
Indicó que se esperan los resultados de la autopsia y de los análisis toxicológicos que realiza el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), los cuales permitirán determinar de forma precisa la causa de muerte de las víctimas.
“Debemos esperar los resultados de la autopsia que está realizando el Inacif, que establecerán de una manera clara, precisa e inequívoca la causa de muerte”, sostuvo.
El vocero agregó que la joven sobreviviente será entrevistada por los investigadores tan pronto su condición lo permita, como parte de las diligencias que se desarrollan bajo la coordinación del Ministerio Público.
Al ser cuestionado sobre posibles hipótesis, Pesqueira evitó adelantar conclusiones y afirmó que la Policía Nacional solo ofrecerá información sustentada en evidencias.
“Estamos en la fase de levantamiento y de entrevistas. No podemos como autoridades ofrecer versiones sin contar con evidencias que sustenten nuestras declaraciones”, expresó.
Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda donde fueron halladas las tres personas.
Santo Domingo, R.D.-Con el propósito de fortalecer la convivencia pacífica y el bienestar en las comunidades, el Ministerio de Interior y Policía puso en marcha este jueves el Programa de Intervención Integral para la Seguridad Ciudadana.
En una primera etapa, la iniciativa será implementada en el sector Villas Agrícolas, del Distrito Nacional, y posteriormente se extenderá a otras localidades del país.
El acto estuvo encabezado por la titular del ministerio, Faride Raful, quien destacó que las instituciones involucradas en el programa trabajarán de manera coordinada con la comunidad.
“La seguridad ciudadana la construimos entre todos, junto a las instituciones que deben fungir como acompañantes”, afirmó.
De acuerdo con la ministra, antes del lanzamiento del programa las autoridades realizaron un diagnóstico para identificar las principales necesidades y brechas que pueden ser abordadas desde el Estado.
“Asumimos esas brechas para buscar soluciones. Antes de desarrollar el programa conversamos con comerciantes, juntas de vecinos e iglesias”, aseguró.
Raful explicó que los comunitarios solicitaron una mejor iluminación del sector, la adecuación de espacios públicos y un esquema de seguridad permanente.
Asimismo, sostuvo que una de las prioridades del plan es impedir que conductores de motocicletas realicen piruetas en las calles que alteren el orden público.
“Queremos que el espacio público vuelva a ser de la gente y no de las motocicletas que andan calibrando en las calles. Es una tarea de todos y entre todos vamos a recuperarlo”, expresó.
“Y tiene que funcionar; de lo contrario, es mejor retirarse de esto”, afirmó.
Según las autoridades, esta primera intervención en Villas Agrícolas incluirá la instalación de más de 500 luminarias, el fortalecimiento del patrullaje policial y la incorporación de nuevos agentes en los destacamentos de la zona.
Insta a realizar denuncias
La ministra también exhortó a los comunitarios presentes en el lanzamiento a denunciar cualquier hecho que atente contra la seguridad ciudadana, al señalar que en muchas ocasiones las autoridades desconocen los casos por falta de reportes.
“A veces me dicen: ‘Ustedes no hacen nada’, pero muchas veces, cuando acudimos al lugar, nos percatamos de que desconocíamos el caso porque no había sido denunciado”, explicó.
- El programa contempla, además, la ejecución de actividades sociales, el control territorial y acciones orientadas a la reducción de crímenes y delitos en la localidad.
- En la elaboración y ejecución del programa participaron 40 instituciones públicas.
- En el acto estuvieron presentes la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; la ministra de la Mujer, Gloria Reyes; el director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta; y representantes comunitarios del sector.
SANTO DOMINGO.- Como positiva valoró el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) algunas de las medidas fiscales recientemente anunciadas por las autoridades.
En un comunicado enviado ALMOMENTO.NET, considera que pueden contribuir a mejorar la eficiencia del sistema y a fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas.
No obstante, el gremio empresarial subrayó la necesidad de que dichas disposiciones se apliquen bajo criterios de proporcionalidad y temporalidad, a fin de evitar impactos negativos en la actividad productiva, la inversión y el clima de negocios.
El CONEP reiteró que cualquier reforma o ajuste en materia fiscal debe estar sustentado en el diálogo entre los sectores público y privado, privilegiando la estabilidad económica y la competitividad del país.
Asimismo, la organización empresarial insistió en que las medidas deben ser diseñadas con un enfoque equilibrado, que permita alcanzar los objetivos de recaudación sin afectar de forma desmedida a los sectores generadores de empleo y crecimiento.
Reconoció el esfuerzo realizado por las autoridades para preservar la estabilidad macroeconómica del país.
Sostuvo que la sostenibilidad fiscal de largo plazo requiere que «los esfuerzos extraordinarios que hoy se solicitan a los contribuyentes estén acompañados de una estrategia igualmente clara para reducir presiones estructurales sobre las finanzas públicas».
Manifestó que, reconociendo el carácter especial de las medidas planteadas, resulta igual de importante que la atención a los desafíos inmediatos no desplace de la agenda nacional las transformaciones estructurales que se requieren para continuar elevando su productividad, competitividad y capacidad de crear oportunidades.
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