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Partidocracia gana batalla a J.C.E ante sus errores históricos en un momento estelar de democracia nacional.

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La Junta Central Electoral (JCE) se ha constituido más que en un elemento de certidumbre en una verdadera incertidumbre que crea serias desconfianzas en la democracia nacional, porque en muchos casos parece no saber cuál es su función y como resultado de ello la partidocracia se impone con sus mañas y distorsiones.

El problema ahora del órgano comicial es que ha querido ponerle control a una irregularidad que nunca debió permitirse a partir del mandato del artículo 43 de la Ley 33-18, lo cual ha prostituido todo el sistema electoral del país, ya que lo ocurrido viene desde hace muchos meses antes de la proclamación oficial de la precampaña.

La consecuencia de que la partidocracia tome el control en su favor del proceso comicial, implica desde cualquier perspectiva que vea, que la parte más corrompida de la democracia, como son los partidos políticos, tengan las vías abiertas para torpedear los avances institucionales en esta materia que debería tener la República Dominicana.

No es ahora que se genera el debate de las extralimitaciones de los partidos políticos, pese a que en estos momentos hay lo que muy bien se puede llamar una sublevación de las organizaciones que actúan como si no existieran leyes que regulen su conducta.

La precampaña se inició en el país hace mucho tiempo, podría decirse desde hace varios años, y nadie metió sus manos para corregir la irregularidad, pero la distorsión no es sólo en lo que respecta a la contienda electoral, sino también a que la JCE no cumple con ningún mandato de las leyes del régimen electoral, las 33-18 y la 2023, y mucho menos los partidos políticos.

Un ejemplo preocupante de la forma desordenada e irresponsable en que se maneja la JCE, es que a pesar de que el artículo 68 de la Ley 33-18 dispone que el órgano comicial fiscalice cómo se invierten los fondos que reciben los partidos del Estado, éste deja hacer y deja pasar, lo cual ha provocado que prácticamente todas las organizaciones con personalidad jurídica hagan corrupción con ese dinero.

El primero en salir a defender una supuesta violación a la Constitución de la República es Leonel Fernández, quien se mantiene en campaña desde hace varios años en violación de la ley, pero que igual comportamiento han tenido sus iguales, como son los partidos de la Liberación Dominicana y Revolucionario Moderno, el primero de los cuales hasta se impuso con simular lo que dijo que sería una consulta cuando en realidad se trató de una primaria extemporánea, y nada ocurrió.

Pero lo que ocurre ahora representa una vergüenza para una supuesta democracia que vende la percepción de que es muy madura, ya que ante el alegato del expresidente Fernández de que la JCE viola la Constitución y varias sentencias al respecto del Tribunal Constitucional, el órgano comicial responde con que estudiaría las referidas decisiones del alto tribunal para hacer los correctivos de lugar.

La verdad es que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), publicada en el 2019, considera como «ilógico, irrazonable y arbitrario» que la Ley 33-18, sobre Agrupaciones y Partidos Políticos, limite las actividades que pueden realizar los aspirantes durante la precampaña, que este año quedó abierta desde el 2 de julio.

Pero lo preocupante es que un hombre como Román Jáquez, que ha hecho carrera judicial como juez, cuya última posición fue la presidencia del Tribunal Superior Electoral (TSE), alegue que no conoce lo que ha decidido el TC, lo cual indica que se está frente a un funcionario con mucha falta de responsabilidad y además esa ignorancia de decisiones legales importantes crea una serie de riesgos en perjuicio de la democracia dominicana.

Todo ello legitima el desacato de un aspirante presidencial como Leonel Fernández, no ahora, sino desde antes de quedar abierta la precampaña con colocación de vallas en violación de la ley, quien a pesar de que lo viola todo, tiene siempre una respuesta para justificar lo mal hecho, pero que ahora parece tener la razón.

Naturalmente, no se trata de un problema de la Fuerza del Pueblo, sino que todas las organizaciones hay que verlas en el contexto de los poderes que tiene la partidocracia, la cual ha hecho trizas la democracia dominicana.

El caos creado por la JCE, cuya incapacidad del presidente de ese órgano, doctor Román Jáquez, no ha dejado la menor duda que es otro más de los que ocupan tan importante posición, más que para consolidar la institucionalidad del sistema electoral, ha llegado allí para dejar lo suficientemente claro de que no tiene la formación, la autoridad y la preparación para ocupar ese cargo.

Sólo el que no ha ido a la JCE no se podrá imaginar jamás el desorden que prevalece en ella, donde los empleados hacen lo que les da la gana y a lo que menos se ajustan es al mandato de la ley.

El presidente Fernández alega algo que él conoce muy bien a través de su quinta columna Roberto Rosario y que nadie puede negar que sea así y es que la JCE recibe presiones desde el Palacio Nacional para que limite las actividades de los partidos políticos de oposición, lo cual no es exclusivo del Gobierno del PRM.

Fernández puso como muestra de esa anormalidad que inmediatamente se produjo el comunicado de Admonición de la JCE, el PRM salió a saludar la decisión y a suspender sus actividades a sabiendas de que se trataba de una inobservancia a varias sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Administrativo.

Atribuyó las supuestas maniobras del Gobierno a que la Fuerza del Pueblo está en las calles conquistando el corazón de los dominicanos y ello provoca el temor de los que tienen el control del Estado.

Todo lo que ocurre en el proceso electoral de precampaña obedece a los desaciertos de la Junta Central Electoral y ello deja como resultado que lo que se dice también tenga mucho de politiquería barata, cuyos partidos y la propia Junta Central Electoral /JCE) no están libres de culpa.

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En medio de groseras manipulaciones llegan vistas públicas sobre candidaturas independientes.

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Por Elba García

En medio de grandes equivocaciones y enfoques distorsionados sobre el neo-constitucionalismo, el cual se fundamenta en la interpretación de valores y de principios del derecho, la Comisión Especial de la Cámara de Diputados convocó para el próximo lunes 9 de junio vistas públicas para que los diferentes sectores de la vida nacional expongan sus consideraciones sobre un descabellado proyecto de ley que busca regular la referida figura jurídica.

Las vistas públicas tendrán lugar en el salón Hugo Tolentino Dipp de la Cámara de Diputados, las cuales se celebran después de un debate totalmente manipulado por los partidos políticos y algunas organizaciones de la sociedad civil que les sirven de soporte.

El vocero del Frente Pro-Candidaturas Independientes y director de este diario, doctor José Cabral Salcedo, ha subrayado que no se entiende cómo instituciones como la Fundación e Institucionalidad y Justicia (FINJUS), a través de su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños, y Participación Ciudadana (PC) sostienen que para implementar en el sistema electoral dominicana la referida figura jurídica hay que reformar la Constitución de la República, cuya posición, en opinión del FPCI, es una visión tradicional y equivocada de enfocar la sentencia del Tribunal Constitucional.

El especialista en derecho constitucional planteó que lo más grave del asunto es que estas organizaciones de la sociedad civil no explican de forma puntual por qué entienden que ante la decisión del TC debía producirse una reforma a la carta magna, porque parece una tesis que no tiene nada que ver con el constitucionalismo moderno.

El vocero del Frente Pro-Candidaturas Independientes (FPCI) expresó que ambas organizaciones de la sociedad civil, las cuales han hecho importantes aportes a la democracia nacional, deben ajustar sus planteamientos con el neo-constitucionalismo, el cual hoy está muy presente en el derecho comparado y en todos los sistemas jurídicos del planeta, lo cual de no hacerse representa un impedimento para que haya una lectura correcta de la sentencia TC/0788/24 del Tribunal Constitucional.

De acuerdo con Cabral Salcedo el neo-constitucionalismo prioriza los valores y principios constitucionales sobre la lectura literal de las normas y reglas, dado que, en lugar de una visión estricta y legalista de la constitución, se busca una interpretación más amplia que considere los ideales y objetivos fundamentales.

El abogado constitucionalista recordó que el neo-constitucionalismo, que en el país se aplica desde la Constitución del 2010, no resiste el análisis que se hace a partir del concepto tradicionalista del derecho constitucional, ya que se centra en las reglas escritas más que en los principios como guías interpretativas.

Cabral Salcedo sostuvo que con el neo-constitucionalismo se produce una comprensión más amplia de la Constitución, a partir principalmente de los valores y principios fundamentales, lo cual explica el error de lo planteado por ambas organizaciones de la sociedad civil.

Expresó que la PC y FINJUS deben hacer una interpretación más flexible de la constitución, en lugar de una lectura literal de sus disposiciones, ya que el neo-constitucionalismo desplaza el enfoque tradicional que se centraba en la aplicación rigurosa de la ley para que sea una lectura más amplia y contextualizada en el constitucionalismo moderno.

En la sentencia del TC se ha hecho una interpretación del derecho, valor y principio de elegir y ser elegido, el cual tiene necesariamente que ser a partir del ciudadano o lo que es lo mismo de la persona física, la cual tiene personalidad jurídica desde que nace hasta que muere, lo que es encontrado en el espíritu de la Constitución y en una serie de sus articulados como el 2, el 22, el 2008 y el 272, que habla del referendo aprobatorio.

Tanto es así que el método que se aplica en el neo-constitucionalismo es el de la ponderación cuando hay un conflicto entre principios, que permite que el juez haga uso de la discrecionalidad para resolver casos complejos.

Observó que tanto Participación Ciudadana (PC) como la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) entienden que las normas y las reglas están por encima de los valores y los principios, lo que los coloca en una perspectiva equivocada si se ve desde el neo-constitucionalismo, ya que ambas entidades están ancladas en artículos como el 216 y otros que hacen referencia a los partidos políticos.

Reiteró que el actor principal en el neo-constitucionalismo es el ciudadano, que no es otro que la misma persona física que tiene personalidad jurídica desde que nace hasta que muere, pero que la democracia representativa, la cual en este modelo es algo del pasado en una serie de aspectos,  de alguna manera estableció el mecanismo para la elección de los  funcionarios públicos, como los legisladores y el presidente de la República, entre otros, cuya  representación no implica abandonar y no respetar los derechos fundamentales que son inherentes al ser humano.

Advirtió que enarbolar el criterio de ambas organizaciones, que sin dudas han hecho grandes aportes a la democracia nacional, hace más daño que bien para la mejoría del sistema político nacional, el cual por su profunda descomposición pone en peligro todo el orden institucional del país.

El doctor José Cabral Salcedo llamó a PC y la FINJUS a revisar sus posiciones para que las ajusten a la corriente que prevalece en esta época en el derecho comparado, dado que por su carácter internacional impacta el derecho interno, a los fines de que no represente una negación de la corriente del neo-constitucionalismo, que es la bandera en la actualidad de los derechos fundamentales.

Explicó que el neo-constitucionalismo se focaliza en la justicia, la igualdad, la dignidad de la persona y los derechos como pilares fundamentales de la Constitución, la cual ocupa la supremacía que guía la interpretación de todas las demás normas legales.

Con el planteamiento de los que se oponen a las candidaturas independientes demuestran que no entienden que el espíritu de la sentencia del TC se fundamenta en cumplir con una serie de principios del derecho como son el de legalidad, finalidad, legitimidad y proporcionalidad, porque los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 restringen el derecho y principio de participación y en cuya decisión también el alto tribunal partió del contexto de razones políticas y sociales.

El Frente Pro-Candidaturas Independientes (FPCI) está conformado por una serie de profesionales e intelectuales, entre los que se encuentran el doctor José Cabral Salcedo, doctor Alberto Fiallo Billini, autor de la acción directa de inconstitucionalidad; doctor José Dunker Lamber, doctor Isaías Ramos, doctor Sixto Ureña, doctor Jensy Cid, doctora Ilianni Berrido García, licenciado Miguel Valoy, licenciado Rommel Santos, licenciada Elba García Hernández, ingeniero Guillermo Caram, licenciado Rafael Céspedes Morillo y el señor Edgar Paniagua Miguel.

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El nuevo papado de León X1V podría significar la llegada de grandes cambios con acciones dentro y fuera de la Iglesia Católica.

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Por Elba García

La focalización en pequeñas cosas vistas al margen de las perspectivas de las inmensas agendas  tradicionales del Vaticano, es posible la experimentación de un profundo cambio con resultados medibles en poco tiempo.  Sin abandonar su misión evangelizadora e incluso fortaleciéndola con tareas pequeñas, pero contundentes, el papado de Robert Francis Prevost reúne las condiciones para desarrollar asuntos que impactarían de manera muy particular a determinados países y regiones.

Parece de un gran valor el hecho del puente emocional del nuevo papa, León X1V, con los Estados Unidos de América, donde nació y creció, y Latinoamérica, lugar donde ha desarrollado una buena parte de su sacerdocio e incluso por vínculos familiares que lo unen a la zona.

Independiente de la agenda ante los conflictos bélicos y humanos que se producen en lugares muy concretos del mundo, como el Medio Oriente y Ucrania, el papa León X1V tiene en sus manos un arma muy poderosa como es conocer de primera mano al católico latinoamericano a través de Perú y República Dominicana.

Entre las agendas pequeñas, pero de una extraordinaria trascendencia, está la crisis ético-moral de estos pueblos, donde los valores han sido sustituidos por anti valores, lo cual se convierte en una retranca para que avancen hacia un estadio de progreso, bonanza y dignidad humana.

Este propósito permitiría generar toda una corriente que, sin apartarse de la prédica del evangelio, que es una parte consustancial de la Iglesia Católica, desarrolle campañas amplias y consistentes con la creación de las herramientas necesarias para producir cambios importantes en contra de una conducta que destruye la esencia latinoamericanista.

Ese trabajo con asuntos que parecen pequeños, porque además difieren de los grandes temas que involucran los intereses de grandes potencias como los Estados Unidos de América, donde el nuevo papa tiene vínculos indisolubles.

Esta forma de manejar su papado dejaría resultados tangibles en países muy concretos, los cuales pueden ser logrables a través de un trabajo conjunto con una serie de Estados de Latinoaméricana, que tienen profundos problemas de eficacia e incluso hasta de tipo cultural para emprender una gran campaña para restablecer valores a partir de cada realidad particular.

Este estilo que se permite sugerir este periódico persigue que el nuevo papa tenga una focalización muy concreta y específica para generar soluciones tangibles en un tiempo relativamente corto y que el Vaticano de esa manera se convierta en un gran protagonista de grandes cambios a partir de cosas que parecen pequeñas.

En estas tareas el papa debe partir de la devoción cristiana sin importar la iglesia en que se congrega el creyente y de esa forma convertir este tipo de batalla, que se fundamentaría en cuestiones pequeñas, por ser muy particulares, de alguna nación especifica de la tierra.

Este plan ayudaría probablemente a detener el acentuado proceso de sustitución de valores humanos, cívicos y democráticos, lo cual se traduce en un daño irreparable a la vida en sociedad a partir de la solidaridad, la reciprocidad y la hermandad.

Esta sugerencia de este diario persigue detener lo que parece ser la peor tragedia que vive la razón humana, cuyas metas sólo están marcadas y definidas sobre la base del interés pecuniario, sin importar el aspecto humano de la vida.

El recién fallecido papa Francisco habló mucho sobre el poder decisivo del capitalismo en la vida de los pueblos, lo cual no es que sea del todo negativo, pero que lo avasallante de la corriente hace que todo se traduzca en la búsqueda de riquezas sin importar cualquier otra cosa.

Por lo que se ve, lo planteado en este trabajo periodístico escapa a la posibilidad de las iglesias locales, pero además porque la fuerza del papa trasciende cualquier otra influencia, incluso el hiperpresidencialismo que prevalece en las naciones pobres del tercer mundo.

Las pequeñas agendas, por llamarles de algún modo, no implica necesariamente que el papa no pueda también articular otras con los grandes problemas que confronta el mundo de hoy, como el medioambiental, el de las guerras y de tipos raciales, así como de pobreza.

Sin embargo, esta propuesta puede traer consigo que las cosas aparentemente pequeñas sean tan valiosas que se conviertan en tan grandes como las que más que hoy azotan a la raza humana.

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Ofensiva contra derechos fundamentales es la más grande de todos los tiempos en EE.UU.

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Si por una cosa se caracteriza el gobierno que preside el republicano Donald Trump es por representar la más fuerte agresión en contra del constitucionalismo moderno, cuyas órdenes ejecutivas son emitidas sin ningún miramiento ni cuidado para no dañar  el Estado de Derecho en los Estados Unidos y el resto del mundo.

Lo extraño de lo que ocurre en la nación más poderosa de la tierra es que Trump, como todo un emperador, se ha burlado de la tradición de los Estados Unidos, ya que el Parlamento y hasta la Corte Suprema parecen haberse plegado a sus irracionalidades, la cual durante el pasado año otorgó al mandatario «amplia inmunidad», cuya medida fue criticada por colocar al jefe de Estado por encima de todo el mundo con lo que socava el principio de igualdad en que se fundamenta el Estado de derecho.

Expertos en asuntos jurídicos sostienen que «Decir que un presidente no puede ser procesado por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones es categóricamente incorrecto», dice a Richard Painter, jurista de la Universidad de Minnesota, Estados Unidos, que trabajó para la administración de George W. Bush.

Añade este experto que: «Creo que existe una preocupación muy real sobre la señal que envía el resultado de estos casos: que Donald Trump está por encima de la ley y de los delitos por los que cualquier otro ciudadano de los Estados Unidos habría pagado un precio». Subraya, por su parte, Costas Panagopoulos, politólogo de la Universidad del Noreste. Estados Unidos, dice: «No rinde cuentas y no paga realmente un precio».

Advierte que «la democracia no puede sobrevivir de esta manera». Según él, la forma más probable de cambiar el nuevo statu quo es «mediante una enmienda a la Constitución de Estados Unidos o persuadiendo a la Corte Suprema para que cambie de opinión al respecto».

Consideran estos especialistas que hay otra consideración no escrita que puede actuar como freno a los excesos presidenciales: su legado.

«Donald Trump es consciente (…) de que, si se recuerda por algo su primer mandato, será por cómo manejó la pandemia [de COVID-19], por el 6 de enero y por perder las elecciones de 2020″, dice el politólogo.

«Ninguna de esas cosas es muy positiva para Donald Trump. Es posible que quiera esforzarse al máximo para asegurarse de que se le recuerde en su segundo mandato por cosas que reflejen un aspecto más favorable», sostiene.

La pregunta que predomina en el campo internacional es con qué moral los Estados Unidos puede hablarles a los países que están bajo su influencia de respeto a la ley cuando las autoridades de la potencia del norte no creen en eso.

El problema más peligroso es que la democracia norteamericana ha pasado de buenas a primeras de un presidencialismo puro a un hiperpresidencialismo, donde el primer mandatario de la nación ha roto con el histórico «check and balance», conocido también como controles y equilibrios, que ha caracterizado a la nación del norte.

Ahora todo depende de las acciones de Trump sin tomar en cuenta las decisiones de los jueces en asuntos que están dentro de su competencia y lo peor de todo es que el asunto toma fuerza y que allí ya las cosas fuera de la ley se ven como normales.

Si el fenómeno Trump no impacta rápidamente de muy mala manera a las naciones que están bajo su control, ya sea por colonización política o económica, la razón podría estar en que ahora reina más el miedo a las sanciones en contra de los gobiernos, principalmente latinoamericanos, que la violación de derechos humanos y que se promueva la corrupción administrativa, pero no por otra causa.

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