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Partidocracia gana batalla a J.C.E ante sus errores históricos en un momento estelar de democracia nacional.
La Junta Central Electoral (JCE) se ha constituido más que en un elemento de certidumbre en una verdadera incertidumbre que crea serias desconfianzas en la democracia nacional, porque en muchos casos parece no saber cuál es su función y como resultado de ello la partidocracia se impone con sus mañas y distorsiones.
El problema ahora del órgano comicial es que ha querido ponerle control a una irregularidad que nunca debió permitirse a partir del mandato del artículo 43 de la Ley 33-18, lo cual ha prostituido todo el sistema electoral del país, ya que lo ocurrido viene desde hace muchos meses antes de la proclamación oficial de la precampaña.
La consecuencia de que la partidocracia tome el control en su favor del proceso comicial, implica desde cualquier perspectiva que vea, que la parte más corrompida de la democracia, como son los partidos políticos, tengan las vías abiertas para torpedear los avances institucionales en esta materia que debería tener la República Dominicana.
No es ahora que se genera el debate de las extralimitaciones de los partidos políticos, pese a que en estos momentos hay lo que muy bien se puede llamar una sublevación de las organizaciones que actúan como si no existieran leyes que regulen su conducta.
La precampaña se inició en el país hace mucho tiempo, podría decirse desde hace varios años, y nadie metió sus manos para corregir la irregularidad, pero la distorsión no es sólo en lo que respecta a la contienda electoral, sino también a que la JCE no cumple con ningún mandato de las leyes del régimen electoral, las 33-18 y la 2023, y mucho menos los partidos políticos.
Un ejemplo preocupante de la forma desordenada e irresponsable en que se maneja la JCE, es que a pesar de que el artículo 68 de la Ley 33-18 dispone que el órgano comicial fiscalice cómo se invierten los fondos que reciben los partidos del Estado, éste deja hacer y deja pasar, lo cual ha provocado que prácticamente todas las organizaciones con personalidad jurídica hagan corrupción con ese dinero.
El primero en salir a defender una supuesta violación a la Constitución de la República es Leonel Fernández, quien se mantiene en campaña desde hace varios años en violación de la ley, pero que igual comportamiento han tenido sus iguales, como son los partidos de la Liberación Dominicana y Revolucionario Moderno, el primero de los cuales hasta se impuso con simular lo que dijo que sería una consulta cuando en realidad se trató de una primaria extemporánea, y nada ocurrió.
Pero lo que ocurre ahora representa una vergüenza para una supuesta democracia que vende la percepción de que es muy madura, ya que ante el alegato del expresidente Fernández de que la JCE viola la Constitución y varias sentencias al respecto del Tribunal Constitucional, el órgano comicial responde con que estudiaría las referidas decisiones del alto tribunal para hacer los correctivos de lugar.
La verdad es que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), publicada en el 2019, considera como «ilógico, irrazonable y arbitrario» que la Ley 33-18, sobre Agrupaciones y Partidos Políticos, limite las actividades que pueden realizar los aspirantes durante la precampaña, que este año quedó abierta desde el 2 de julio.
Pero lo preocupante es que un hombre como Román Jáquez, que ha hecho carrera judicial como juez, cuya última posición fue la presidencia del Tribunal Superior Electoral (TSE), alegue que no conoce lo que ha decidido el TC, lo cual indica que se está frente a un funcionario con mucha falta de responsabilidad y además esa ignorancia de decisiones legales importantes crea una serie de riesgos en perjuicio de la democracia dominicana.
Todo ello legitima el desacato de un aspirante presidencial como Leonel Fernández, no ahora, sino desde antes de quedar abierta la precampaña con colocación de vallas en violación de la ley, quien a pesar de que lo viola todo, tiene siempre una respuesta para justificar lo mal hecho, pero que ahora parece tener la razón.
Naturalmente, no se trata de un problema de la Fuerza del Pueblo, sino que todas las organizaciones hay que verlas en el contexto de los poderes que tiene la partidocracia, la cual ha hecho trizas la democracia dominicana.
El caos creado por la JCE, cuya incapacidad del presidente de ese órgano, doctor Román Jáquez, no ha dejado la menor duda que es otro más de los que ocupan tan importante posición, más que para consolidar la institucionalidad del sistema electoral, ha llegado allí para dejar lo suficientemente claro de que no tiene la formación, la autoridad y la preparación para ocupar ese cargo.
Sólo el que no ha ido a la JCE no se podrá imaginar jamás el desorden que prevalece en ella, donde los empleados hacen lo que les da la gana y a lo que menos se ajustan es al mandato de la ley.
El presidente Fernández alega algo que él conoce muy bien a través de su quinta columna Roberto Rosario y que nadie puede negar que sea así y es que la JCE recibe presiones desde el Palacio Nacional para que limite las actividades de los partidos políticos de oposición, lo cual no es exclusivo del Gobierno del PRM.
Fernández puso como muestra de esa anormalidad que inmediatamente se produjo el comunicado de Admonición de la JCE, el PRM salió a saludar la decisión y a suspender sus actividades a sabiendas de que se trataba de una inobservancia a varias sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Administrativo.
Atribuyó las supuestas maniobras del Gobierno a que la Fuerza del Pueblo está en las calles conquistando el corazón de los dominicanos y ello provoca el temor de los que tienen el control del Estado.
Todo lo que ocurre en el proceso electoral de precampaña obedece a los desaciertos de la Junta Central Electoral y ello deja como resultado que lo que se dice también tenga mucho de politiquería barata, cuyos partidos y la propia Junta Central Electoral /JCE) no están libres de culpa.
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Simbolismos que envuelven muerte de chofer de camion recolector de basura entrañan que el Estado no es viable y fallido.
Por José Cabral
La incursión violenta para quitarle la vida a un ciudadano en el entorno del Palacio de Justicia de Santiago revela el poco respeto que tiene el Estado dominicano frente a la ciudadanía.
La mala reputación de fiscales, policías y jueces, cuyos protagonistas no merecen la más mínima confianza para combatir problemas como la delincuencia y la violencia social generalizada que impacta a la sociedad dominicana, queda al descubierto con el presente caso.
Uno de los escenarios en el que se observa un total irrespeto por la autoridad es el tránsito, pero ello es el resultado de que la Policía más que a imponer la ley se ha dedicado a cobrar un peaje a todo aquel que viola norma sobre la materia.
Pero peor ocurre con los fiscalizadores de tránsito, los cuales son parte del Ministerio Público, quienes llegan al colmo de obstaculizar muchas veces hasta la presentación de una querella por parte de familiares de quien ha sido una víctima mortal de un accidente entre vehículos de motor, no sólo por negligencia e incapacidad, sino por intervenir algún soborno.
No deja espacio para las dudas de que el tránsito vehicular es el que acumula una mayor cantidad de tensiones y conflictos sociales, porque ciudadanos de diferentes procedencias, cuyas formaciones son muy disímiles e impactados por problemas familiares, de negocios y de otros tipos, van diariamente a las calles del país y si no hay una autoridad con la competencia y la responsabilidad necesarias entonces viene la violencia y la muerte.
En este contexto se inscribe el ataque violento en contra del chofer del camión recolector de basura de Santiago, pero el caso tiene otras aristas que revelan hasta dónde el Estado dominicano ha perdido totalmente su credibilidad, ya que el hecho se produce dentro del perímetro del Palacio de Justicia de Santiago, donde ejercen sus funciones los principales actores del sistema de aplicación la ley.
El acontecimiento trágico es propio de las naciones con una gran debilidad institucional, ya que difícilmente se produzca en un país donde el Estado juega mínimamente su papel, porque el que se inclina por este tipo de acciones ilegales cuando llega frente a los símbolos de la justicia o del poder público contiene sus impulsos porque de lo contrario tiene que acogerse a su fuerte régimen de consecuencias.
Sin embargo, en el caso de la República Dominicana hay una serie de escenarios que son una antesala de la violencia y la muerte, entre los que se pueden mencionar, el tránsito, pero además los préstamos informales, los cuales generalmente están avalados por un título auténtico falso o que no llena las formalidades de ley, pero que muchas veces terminan en una vía de ejecución al margen de la norma sobre la materia.
Otro escenario, aunque son muchos más, son las viviendas que se crean a través de las Leyes 5038 y la 108-05, cuyos condóminos viven lo que muy bien se puede llamar como un verdadero drama, en los que extraños toman el control de los mismos y se apropian del dinero que proviene de las reparaciones menores y mayores, así como del mantenimiento, quienes se apoyan en la violencia y el no respeto de derechos fundamentales como es el de la propiedad inmobiliaria.
Pero la lista de las razones de la violencia social que todavía no ha detonado totalmente es muy amplia, porque en lo que respecta a este fenómeno hay que incluir las instituciones sin fines de lucro, cuyo lugar protagónico lo tienen las cooperativas de ahorros y préstamos, las cuales han captado grandes recursos económicos, pero que también están impactadas por la ilegalidad y en consecuencia por la violencia.
La muerte del chofer del camión recolector de basura permite medir la credibilidad del Estado y en el que el ciudadano no está seguro en ninguno de sus entornos y cuya situación justifica la visión de que el dominicano es uno totalmente colapsado, no viable.
La lectura dada a ese hecho que tiene una enorme cantidad de simbolismos e interpretaciones que no distancian al Estado dominicano del haitiano, donde las bandas armadas son las que tienen el control de las calles y no sienten ningun tipo de respeto por las entidades públicas, sobre todo de las que tienen la responsabilidad de imponer el orden y el respeto a la ley como la Policia Nacional, el Ministerio Público y el sistema de justicia.
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Irresponsabilidades fiscal, policial y judicial son causas determinantes de la violencia social que azota a la sociedad dominicana.
Por Elba García
La ola de violencia social tiene que ver con la irresponsabilidad por omisión de los órganos que tienen la misión de combatirla, los cuales no hacen caso a situaciones en las que se puede advertir que terminarían en una desgracia. La ola de violencia por conflictos sociales, que son manejados irresponsablemente por el Ministerio Público, la Policía Nacional y los tribunales del sistema de justicia, cuyo desenlace en Santiago ha dejado como resultado un chofer de un camión recolector de basura muerto, tiene como estímulo la dejadez, la negligencia y la incapacidad de fiscales, policías y jueces
Desde hace algún tiempo se observa un aumento preocupante de los actos de violencia por conflictos sociales, entre cuyos resultados está la muerte del chofer de un camión recolector de basura, identificado como Deivi Carlos Abreu Quezada, de 40 años de edad, quien recibió heridas punsantes de arma blanca propinadas por un grupo de motoristas que lo alcanzaron dentro del Palacio de Justicia de Santiago.
Los conflictos sociales, muchos de los cuales tienen que ver con problemas de tránsito y los que se producen en el entorno de los condominios, ya que este tipo de vivienda comunitaria son una fuente permanente de tensiones y de graves violaciones a la ley.
La muerte de Abreu Quezada es sólo una muestra de la increpación social que genera la violencia que regularmente termina con confrontaciones trágicas, pero que los órganos que deben afrontar la situación se hacen de la vista gorda.
El caso del chofer del vehículo recolector de basura, que intentó pedir ayuda en un cuartel de la Policía Nacional y nadie le hizo caso, por lo que se vio obligado a seguir su marcha mientras sus asesinos lo perseguían hasta herirlo para perder la vida.
Otros conflictos que podrían terminar con la via de hecho, hacer justicia con sus propias manos por la defiencia del sistema legal y generar muertes son aquellos que se producen en los condominios de viviendas y comerciales, sobre todo porque la fiscalía maneja estos asuntos desde una perspectiva que nunca se ve el carácter criminal y penal de los casos.
El problema de la violencia toma mayor impulso cuando la autoridad competente no cumple con su rol y los que se inclinan por este tipo de conducta no reciben una respuesta que detenga sus acciones que lesionan la paz y armonía sociales.
En los actuales momentos los conflictos que provienen del tránsito vehicular, los condominios. y muchos otros de diferntes variedad, que son los que revisten mayor peligro, dado que los mismos son vistos y manejados incorrectamente por los fiscales, la Policía Nacional y los tribunsales competentes.
Sin bien en las calles del país hay una serie de conductores desaprensivos y violentos, lo mismo puede decirse de los lugares donde operan los complejos habitacionales que se rigen por las leyes 5038 y 108-05, cuyos residentes son estafados mediante los gastos menores y mayores, así como con el dinero que se paga por concepto de mantenimiento.
Sin embargo, la ilegalidad también tiene el alcance de personas que se atribuyen una calidad que no tienen, pero que se insertan en este tipo de complejo habitacional y asumen roles que no les corresponden, lo que motiva conflictos que podrían terminar en una desgracia con pérdidas de vidas humanas, todo ello frente la indiferencia y el mal manejo de los fiscales ordinarios y especializados del sistema.
El hecho de la muerte del chofer del camión recolector de basura parece constituir un llamado a las autoridades para que asumen su papel para parar una ola de violencia que tiene perfiles muy preocupantes en razón de que provienen de conflictos sociales que pueden ser resueltos con una intervención más responsable e idónea de los órganos creados por el Estado para ese propósito.
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La colegiación profesional otro fiasco nacional como parte de todo el desastre que afecta a la sociedad dominicana.
Por Elba García
Los colegios profesionales, que nacen en el mundo desde años muy remotos, se han convertido en otro gran fracaso en la República Dominicana, tal vez porque son el resultado de una cultura anárquica, caracterizada por la improvisación y el poco respeto por la institucionalidad.
Frente a este cuadro, el cual está explicado por un asunto profundamente cultural, puede decirse que esta figura jurídica representa un gran fracaso para los profesionales académicos que cifraron sus esperanzas en que los colegios serian una vía de solución de sus grandes problemas de seguridad social y ético-moral.
Pero en realidad los mismos son parte de un sueño que parece que no se concreta, ya que por lo que se ve no hay uno solo de los colegios profesionales que opere en función de la ley que lo crea, sobre todo por ser entes mediante los cuales el Estado se desplaza para que los profesionales del sector de que se trate se auto-regulen y al propio sean un soporte de la precaria institucionalidad que caracteriza al país.
Los colegios profesionales que proyectan mayor fortaleza en el país no es verdad que así sea, ya que los mismos son controlados por grupos que operan a lo interno de ellos, a los fines de satisfacer intereses particulares y no de la profesión que representan.
Los colegios profesionales, los cuales tuvieron un mayor proceso de constitución en la década de los ochenta, pese a que su nacimiento data de los 40 e incluso de la tiranía trujillista, son una expresión de lo que de manera integral constituyen los países que cuentan con un Estado no viable.
Entre los surgidos en el año 1983 están el Colegio de Abogados y el de periodistas, aunque éste último se desnaturalizó y en los actuales momentos no pasa de ser una asociación creada mediante una ley especial que está más en el contexto del derecho privado que del público, cuyo nivel de regulación es prácticamente nulo, aunque igual ocurre con los que tienen la facultad de hacerlo.
Hay otros colegios como el de Ingenieros y Agrimensores (CODIA) que data de la que se podría definirse como la tercera etapa de la creación de este tipo de organización en el país, pero prácticamente ninguno de ellos ha podido cumplir con el rol ético que está llamado a jugar este modelo de entidad que cuenta con poder público para regular la profesión.
Este tipo de institución ha corrido la misma suerte de aquellas impactadas por el fenómeno como el grupismo que se ha apropiado de ellas para desnaturalizarlas y no dejarlas cumplir con su rol, muchas veces por la politización que impacta negativamente a toda la sociedad dominicana.
E incluso el propio legislador ha cometido serios errores al momento de aprobar las leyes para la creación de cada uno de los colegios profesionales, ya que, por ejemplo, el de médico parece ser un hibrido de una organización gremial y las particularidades que tienen este tipo entidad, que rompe con los principios de igualdad y de razonabilidad que han sido muy trabajado en el proceso de constitucionalización del derecho en el país tras la entrada en el 2010 del neo-constitucionalismo.
Hay otros colegios que en las leyes que los crean el legislador se preocupó de establecer literalmente que no tienen carácter gremial, lo cual impacta de forma positiva el principio de igualdad y de razonabilidad, pese a que de ninguna manera se cumple con el mandato de la ley, máxime en lo que respecta al rol ético de este tipo de modelo institucional.
La cuestión es que el aspecto más importante de los colegios profesionales, como es el ético, porque impacta positivamente a la sociedad, es muy poco el aporte de esta figura jurídica, la cual debe velar de que los egresados universitarios exhiban una conducta acorde con ese valor en el ejercicio de la profesión para beneficio de la sociedad.
Los colegios profesionales son parte de un problema nacional que está muy ligado a la cultura nacional, la cual parte de la improvisación y el poco respeto de la ley y de la conducta ética de todos los ciudadanos para conformar una mejor sociedad.
Uno de los mejores ejemplos en este campo es el Colegio Dominicano de Notarios, cuyos miembros, que son oficiales con fe pública, con el aval del Estado, porque son nombrados por la Suprema Corte de Justicia, emiten una serie de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de la Ley 140-15, Orgánica de la entidad, pero se conocen muy pocas las sanciones impuestas en contra de los que distorsionan sus funciones y ponen en peligro la seguridad jurídica.
Igual ocurre con los abogados, los médicos, los ingenieros y muchos otros profesionales colegiados, pero que todo es parte de un fenómeno general que explica la esencia de una sociedad no viable y carente de un régimen de consecuencia.