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La Justicia española ordena detener a Puigdemont y 4 exconsejeros en Bélgica
uscados. El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont (centro), acompañado por cinco de
sus antiguos consejeros, interviene durante la rueda de prensa que ofreció en el club de la prensa de Bruselas.
Madrid.- La juez de la Audiencia Nacional de España Carmen Lamela ordenó ayer la detención del expresidente del Gobierno regional catalán Carles Puigdemont y de los cuatro exconsejeros que viajaron con él a Bélgica y que no acudieron el jueves a su citación como investigados por rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.
Siguiendo la petición de la Fiscalía, la magistrada emitió sendas órdenes europeas de detención y entrega (OEDE) contra Puigdemont y los exconsejeros Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura) y las dirigió expresamente a las autoridades judiciales de Bélgica.
La juez cursó euroórdenes por los delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia, y también dictó busca y captura nacional e internacional para cada uno de ellos.
Además, rechazó la petición formulada por Puigdemont y los exconsejeros de prestar declaración por videoconferencia porque, según explica en sus resoluciones, no concurren ninguno de los casos para autorizar esta medida.
La orden de detención llega 24 horas después del ingreso en prisión del exvicepresidente regional Oriol Junqueras y de otros siete exconsejeros, acusados de los mismos delitos, una decisión que golpeó fuertemente en los sectores independentistas que denunciaron la politización de la Justicia.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy, por medio del ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, subrayó por su parte que en España existe la división de poderes, y situó la resolución judicial dentro de un ámbito «independiente y autónomo».
Méndez de Vigo compareció en rueda de prensa al término de la reunión del Consejo de Ministros, en el que se establecieron las bases de las elecciones autonómicas catalanas del 21 de diciembre que, según afirmó, «se ajustarán a la legalidad».
Puigdemont aseguró este jueves que la entrada en prisión de los miembros de su gabinete representaba «un golpe» contra esos comicios, que se desarrollarán, a su juicio, «en un clima sin precedentes en la Europa del siglo XXI».
Además, en una entrevista grabada hoy en la televisión pública francófona RTBF, aseguró que está «dispuesto a ser candidato» a las elecciones «incluso desde el extranjero».
En ese sentido, Méndez de Vigo recordó que mientras que no exista una condena firme que lleve aparejada la inhabilitación, todo el que esté en posesión de sus derechos civiles y políticos y puede concurrir a unos comicios.
«Todas las fuerzas políticas en Cataluña han dicho que van a participar en las elecciones y a mí me parece que esa es una buena noticia, porque son los catalanes los que tienen que juzgar lo que ha pasado todos estos años y el callejón sin salida al que les llevó el Gobierno anterior», añadió.
También se refirió a las consecuencias económicas de la crisis política en Cataluña y recordó que, en octubre, la cifra de parados en esa región española aumentó en 14.698 personas, un 3,6 % más interanual.
Así mismo aludió a al impacto negativo en la hostelería, reflejado hoy en un sondeo elaborado por el ministerio de Energía y Turismo, en el que el 56,9 % de los hoteles encuestados afirman verse afectados por la situación actual, frente al 48 % de la semana posterior a los atentados del 17 de agosto en Barcelona (noreste).
La capital catalana volvió a acoger hoy nuevas concentraciones para exigir la libertad de los miembros del Gobierno autonómico cesado, así como de los líderes de las dos principales organizaciones independentistas, Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixat, en prisión desde el 16 de octubre acusados de secesión.
Un tribunal de la Audiencia Nacional resolvió hoy mantenerlos en prisión, a pesar de que las defensas habían solicitado su puesta en libertad alegando que ya no existe el riesgo de reincidencia, tras la proclamación de la independencia unilateral de Cataluña y la puesta en marcha de las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno español para devolver a esa comunidad autónoma a la legalidad.
Hoy salió en libertad, después de pasar una noche en la cárcel, el exconsejero del Gobierno catalán cesado Santi Vila (quien dimitió antes de que el Parlamento regional declarase unilateralmente la independencia), tras depositar la fianza de 50.000 euros que le impuso el jueves la juez que investiga posibles delitos de los responsables del proceso independentista.
Tras su salida de prisión, Vila pidió a Rajoy que tome medidas para buscar una solución al problema catalán porque solo puede resolverse desde la política y no desde los tribunales.
Internacionales
Las muertes por ahogamiento en Francia aumentaron un 14 % durante las tres olas de calor
Agencia EFE
PARÍS.- Un total de 925 personas sufrieron un episodio de ahogamiento en Francia entre el 1 de mayo y el 15 de julio de 2026, de las que 274 fallecieron, un aumento del 14 % respecto al mismo periodo del año anterior, informó este viernes Salud Pública Francia (SpF).
La mayoría de los ahogamientos, mortales o no, se registraron coincidiendo con las tres olas de calor que han afectado al país hasta la fecha.
Los adultos representaron la mayor parte de las víctimas mortales, con 237 fallecidos, mientras que 37 menores perdieron la vida, una cifra, en este último caso, similar a la registrada en el mismo periodo de 2025.
Entre los menores, la mayoría de los ahogamientos mortales se produjeron en ríos y lagos, especialmente en zonas de baño no habilitadas, durante los episodios de calor extremo.
Las regiones del sur y las zonas costeras concentraron el mayor número de ahogamientos, aunque Salud Pública Francia destacó un fuerte incremento de las muertes en regiones del interior, especialmente en Auvernia-Ródano-Alpes, Borgoña-Franco Condado e Isla de Francia (donde está París).
Los fallecimientos en piscinas y otras zonas de baño artificial casi se duplicaron al pasar de 31 a 60.
PEKIN.- Las Fuerzas Armadas de China han iniciado este jueves una serie de maniobras militares con fuego real en el estrecho de Taiwán poco después de que las autoridades del gigante asiático tildaran de «temerario» el discurso dado recientemente por el presidente taiwanés, Lai Ching Te, que ha afirmado que la isla «no va a actuar como una subordinada» de Pekín.
Está previsto que estas maniobras se lleven a cabo hasta las 18.00 horas (hora local) de este jueves, antes de reanudarse este viernes frente a las costas de Zhangzou, en la provincia de Fujian, en el este del país, según ha informado el Ejército.
En este sentido, ha confirmado que las áreas afectadas permanecerán cerradas de forma temporal a la navegación hasta que finalicen las actividades, aunque no han ofrecido más detalles sobre el asunto.
Los comentarios de Lai, a los que se han sumado declaraciones de representantes del gubernamental Partido Democrático Progresista (PDP), que han dicho que jamás permitirán un «retroceso» hacia un «Taiwán chino», han suscitado críticas en Pekín.
Las relaciones entre Pekín y Taipéi quedaron suspendidas en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista chino Kuomintang, encabezado por Chiang Kai Shek, sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista de China y se trasladaran a la isla de Taiwán.
Miami, Florida, Estados Unidos.- Una jueza federal sentenció este jueves a 20 años de cárcel a un financiero de Florida por armar un fraude en el que obtuvo fondos federales durante la pandemia de la covid-19 para financiar el magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse en 2021, informó la Fiscalía de Estados Unidos.
La Corte del Distrito Sur de Florida condenó a Keegan Harricharan, de 42 años y quien se había declarado culpable de conspiración para cometer lavado de dinero con préstamos emitidos durante la pandemia bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (CARES, en inglés).
Harricharan, residente en Florida, y sus cómplices «obtuvieron de manera fraudulenta» más de 840,000 dólares en préstamos del Programa de Protección de Nómina (PPP), para «promover, financiar y apoyar la conspiración» destinada a derrocar al Gobierno de Haití, en la que fue asesinado el presidente, según el Departamento de Justicia (DOJ).
El caso «es un recordatorio» de que los delitos financieros suelen ser «el motor detrás de conductas mucho más peligrosas», declaró Jason A. Reding Quiñones, fiscal de EE.UU. para el Distrito Sur de Florida.
explotó programas de ayuda
«Este acusado no se limitó a cometer fraude. Explotó programas de ayuda por la pandemia destinados a mantener con vida a las pequeñas empresas durante una crisis nacional y lavó esos fondos robados a los contribuyentes para ayudar a promover una conspiración que culminó en el magnicidio del presidente haitiano», apuntó.
Con ello, suman nueve implicados condenados en Estados Unidos por el asesinato, a manos de un grupo de mercenarios, entre ellos 17 exmilitares colombianos, además de más de 50 personas acusadas en Haití por el magnicidio, incluyendo la viuda de Moïse, aunque el proceso judicial en ese país permanece estancado por la crisis.
El asesinato del mandatario desató una crisis en Haití, lo que ha impulsado una ola migratoria hacia Estados Unidos, donde unos 350.000 haitianos dependen del Estatus de Protección Temporal (TPS) para evitar la deportación, aunque el gobierno del presidente Donald Trump revocó esa medida, que expira la próxima semana.