Opinión
La macabra danza de la impunidad
Por Juan Bolivar Díaz
Cuando trasciende al mundo que el vicepresidente de Uruguay, Raúl Sendic, tuvo que renunciar al cargo, y casi seguramente tronchar su carrera política, por la denuncia de que había utilizado para gastos personales una tarjeta de crédito del Estado, muchísimos dominicanos resultan sorprendidos y preguntando cuál fue la magnitud del delito o por lo menos de la impudicia, que aquí no pasaría de indelicadeza.
Es más significativo por cuanto Sendic dimitió después de haber recibido una reprimenda pública de su partido el Frente Amplio gobernante, por excesos cometidos antes de ocupar la segunda magistratura del Estado, cuando era presidente de la petrolera estatal. Su condición de hijo de de uno de los fundadores del legendario movimiento guerrillero Tupamaros, del cual es homónimo, no impidió la censura, a la que se ha sumado gran parte de la opinión pública.
El diario madrileño El País resaltaba el martes que “de nada sirvieron las justificaciones de un ya inaudible Sendic cuando detalló que, en nueve años, el dispendio no superó los 4,000 dólares”. Así como está escrito, el equivalente a 190 mil pesos, 2 mil 111 por año y 176 pesos por mes. Para los dominicanos los uruguayos son unos ridículos, porque aquí cualquier funcionario de alto nivel gasta o reparte miles de veces esa suma y nos parece normal.
Ya hace un mes que el incansable periodista santiagués Esteban Rosario publicó resultados de una auditoría de la Cámara de Cuentas según la cual Abel Martínez Durán repartió 7 mil 380 millones de pesos entre los años 2010 al 2015 cuando presidió la Cámara de Diputados, amparado en un capítulo denominado “transferencias corrientes al sector privado”.
La mayor parte de esa enorme suma, 5 mil 571 millones de pesos, se destinaran a “personas de escasos recursos”, y otros dos mil 185 millones fueron destinados a la compra de electrodomésticos y alimentos “para ser distribuidos entre los pobres”.
Todo eso sin que la Constitución o ley alguna atribuya al presidente de la Cámara de Diputados la facultad de repartir dinero público. Y la Cámara de Cuentas dejó constancia de que no dispuso de los documentos que respalden el destino final de gran parte de esa suma, que dividida entre cinco, equivale a mil 476 millones de pesos por año y 123 millones por mes.
Fuera de algunos comentarios en las redes electrónicas y contados programas de radio y televisión, el informe publicado por el periódico digital Acento no parece haber perturbado a la sociedad. Y ninguna autoridad ha procedido a analizar esa auditoría para determinar si procede siquiera pedir explicaciones al generoso repartidor, un político que gastó un dineral, con cientos de activistas, para alcanzar la alcaldía de Santiago en los comicios del año pasado.
Hay razones para la perplejidad, cuando se conocen estos resultados y se advierte que el escándalo Odebrecht va camino a la impunidad absoluta, lo mismo que el de los aviones Tucano, donde tras más de un año “de investigaciones”, el Ministerio Público sólo responsabiliza a dos militares y cuatro empresarios de los sobornos por 3.5 millones de dólares que confesó la empresa vendedora.
Ningún político ni legislador fue hallado culpable ni cómplice de un soborno para aprobar la compra de aviones por 92 millones de dólares, en un Congreso controlado ´casi absolutamente por el gobierno contratante. En ninguno de los dos grandes escándalos internacionales se ha investigado el componente sobrevaluación, y mucho menos el financiamiento de campañas electorales.
Vistos los hechos hay razón para recordar a la ilustre humanista Salomé Ureña, desaparecida hace 120 años, cuando deplorando las ruinas en que había caído la nación preguntó: “patria desventurada, qué anatema cayó sobre tu frente”.
Hoy podemos exclamar, qué rayo cayó sobre la conciencia de esta sociedad que ve como condición de nuestra naturaleza la corrupción y que la justifica o tolera, asumiendo como insuperable la macabra danza de la impunidad que carcome el alma nacional.¿ Hasta cuándo? dominicanos y dominicanas.-
Cuando trasciende al mundo que el vicepresidente de Uruguay, Raúl Sendic, tuvo que renunciar al cargo, y casi seguramente tronchar su carrera política, por la denuncia de que había utilizado para gastos personales una tarjeta de crédito del Estado, muchísimos dominicanos resultan sorprendidos y preguntando cuál fue la magnitud del delito o por lo menos de la impudicia, que aquí no pasaría de indelicadeza.
Es más significativo por cuanto Sendic dimitió después de haber recibido una reprimenda pública de su partido el Frente Amplio gobernante, por excesos cometidos antes de ocupar la segunda magistratura del Estado, cuando era presidente de la petrolera estatal. Su condición de hijo de de uno de los fundadores del legendario movimiento guerrillero Tupamaros, del cual es homónimo, no impidió la censura, a la que se ha sumado gran parte de la opinión pública.
El diario madrileño El País resaltaba el martes que “de nada sirvieron las justificaciones de un ya inaudible Sendic cuando detalló que, en nueve años, el dispendio no superó los 4,000 dólares”. Así como está escrito, el equivalente a 190 mil pesos, 2 mil 111 por año y 176 pesos por mes. Para los dominicanos los uruguayos son unos ridículos, porque aquí cualquier funcionario de alto nivel gasta o reparte miles de veces esa suma y nos parece normal.
Ya hace un mes que el incansable periodista santiagués Esteban Rosario publicó resultados de una auditoría de la Cámara de Cuentas según la cual Abel Martínez Durán repartió 7 mil 380 millones de pesos entre los años 2010 al 2015 cuando presidió la Cámara de Diputados, amparado en un capítulo denominado “transferencias corrientes al sector privado”.
La mayor parte de esa enorme suma, 5 mil 571 millones de pesos, se destinaran a “personas de escasos recursos”, y otros dos mil 185 millones fueron destinados a la compra de electrodomésticos y alimentos “para ser distribuidos entre los pobres”.
Todo eso sin que la Constitución o ley alguna atribuya al presidente de la Cámara de Diputados la facultad de repartir dinero público. Y la Cámara de Cuentas dejó constancia de que no dispuso de los documentos que respalden el destino final de gran parte de esa suma, que dividida entre cinco, equivale a mil 476 millones de pesos por año y 123 millones por mes.
Fuera de algunos comentarios en las redes electrónicas y contados programas de radio y televisión, el informe publicado por el periódico digital Acento no parece haber perturbado a la sociedad. Y ninguna autoridad ha procedido a analizar esa auditoría para determinar si procede siquiera pedir explicaciones al generoso repartidor, un político que gastó un dineral, con cientos de activistas, para alcanzar la alcaldía de Santiago en los comicios del año pasado.
Hay razones para la perplejidad, cuando se conocen estos resultados y se advierte que el escándalo Odebrecht va camino a la impunidad absoluta, lo mismo que el de los aviones Tucano, donde tras más de un año “de investigaciones”, el Ministerio Público sólo responsabiliza a dos militares y cuatro empresarios de los sobornos por 3.5 millones de dólares que confesó la empresa vendedora.
Ningún político ni legislador fue hallado culpable ni cómplice de un soborno para aprobar la compra de aviones por 92 millones de dólares, en un Congreso controlado ´casi absolutamente por el gobierno contratante. En ninguno de los dos grandes escándalos internacionales se ha investigado el componente sobrevaluación, y mucho menos el financiamiento de campañas electorales.
Vistos los hechos hay razón para recordar a la ilustre humanista Salomé Ureña, desaparecida hace 120 años, cuando deplorando las ruinas en que había caído la nación preguntó: “patria desventurada, qué anatema cayó sobre tu frente”.
Hoy podemos exclamar, qué rayo cayó sobre la conciencia de esta sociedad que ve como condición de nuestra naturaleza la corrupción y que la justifica o tolera, asumiendo como insuperable la macabra danza de la impunidad que carcome el alma nacional.¿ Hasta cuándo? dominicanos y dominicanas.-
La Operación Cobra revela una red de estafa en SeNaSa, con 28 arrestos, pero sin implicar a altos funcionarios ni empresas vinculadas a Abinader.
- En 37 allanamientos en cinco demarcaciones fueron arrestadas 28 personas, principalmente médicos y prestadores.
- Entre los pocos nombres confirmados figuran Gabriel Ravelo, Steven Rabassa y el “doctor Puriel”.
- La PGR describió una red que emitía facturas ficticias y cobraba procedimientos no realizados.
Por Narciso Isa Conde
En esta segunda fase de la Operación Cobra, caso SENASA 2.0, en 37 allanamientos realizados en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, La Vega y Cotuí, fueron arrestadas 28 personas, fundamentalmente prestadores de servicios de salud y médicos, ninguna de las altas esferas comprometidas con la estafa.
Gran parte de los nombres de los nuevos detenidos se han mantenido bajo reserva, algo que no se justifica y que de hecho implica protección de imagen de negocios y negociantes mafiosos.
En general, por los datos ofrecidos de las casas allanadas y las familias afectadas, se trata de personas, la mayoría profesionales de la medicina, merecedores/as de sanciones. Pero al parecer toca fundamentalmente a beneficiarios de bajo y mediano nivel.
Entre los pocos nombres confirmados o mencionados por sus abogados figuran el doctor Gabriel Ravelo (subdirector del Hospital Darío Contreras), el médico Steven Rabassa y un especialista identificado como el “doctor Puriel”.
En cuanto a las empresas y entidades corporativas involucradas en la estafa, el Ministerio Público la PGR no ha identificado a nadie y se ha limitado a declarar la existencia de una red de clínicas, centros médicos, cadenas farmacéuticas y empresas de carpeta, dedicadas “a emitir facturas ficticias, activar códigos de Prestadores de Servicios de Salud-PSS) cancelados y cobrar por consultas, cirugías o procedimientos no realizados”.
De la cadena de farmacias GBC (responsable del 40% de los suministros), cómplice y beneficiara en gran escala de esa estafa multimillonarias, no se ha dicho nada; pero si se ha colado lo del apresamiento de dos farmacéuticos no identificados y no se habla de farmacia alguna: una manera de ocultar responsabilidades específicas
Del negocio mafioso con las vacunas, la privatización y las alianzas delictiva estatal privada …NI JI
Todo esto a pesar de que Santiago Hazim es una figura de alto peso político y empresarial, una figura del entorno del presidente Luis Abinader, habiendo coordinado sectores externos de campaña y dirigido el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), desde el inicio de la gestión gubernamental en 2020 hasta su posterior destitución y sometimiento por corrupción administrativa.
Todo esto a pesar de los vínculos políticos del Grupo Estrella y otras empresas con Abinader y el PRM.
Es evidente la ausencia de investigación, a pesar de las responsabilidades incumplidas por Abinader, Raquel Peña, Rincón, Atalá y otros los altos funcionarios del Ministerio, el Servicio Nacional y el Gabinete de Salud y PROMESE, encargados de relacionarse estrechamente y fiscalizar la gestión de la seguridad social estatal y de salud pública; incluso, conociendo detalles de la estafa y de la corrupción privatizadora, la facilitaron y la protegieron.
Además, en los documentos oficiales del Ministerio Público y en las investigaciones de la PEPCA sobre el entramado financiero de SeNaSa, no figuran imputaciones, menciones directas ni vínculos procesales que involucren formalmente al Grupo Read Estrella dentro de la estructura de desfalco al ARS estatal.
Las indagatorias se han circunscrito estrictamente al manejo financiero interno de la aseguradora, los reembolsos administrativos, el uso de fondos de programas especiales (como áreas de atención oncológica) y la red de complicidad con prestadores médicos y farmacéuticas.
Hasta hechos diferentes que lo desmientan, todo indica la PGR ha aprovechado la tardanza en macharle a la SENASA 2.O para hacer una investigación mediatizada, recortada, encartuchada, que posibilita proteger al Presidente Abinader, a altos funcionarios, a entidades corporativas del capital privado y altas instancias políticas.
Por Rommel Santos Diaz
La libertad personal es un derecho indispensable para el desarrollo del accionar en sociedad de todo ser humano, reconocido de modo expreso en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en los textos constitucionales de los Estados de América Latina y el Caribe. Sin embargo, no se trata de un derecho absoluto, sino que admite restricciones.
Conviene establecer que los derechos señalados anteriormente sólo pueden llevarse a cabo en estricta observancia de los requisitos que, para tal efecto, se encuentran previstos en las normas internacionales y nacionales.
En este sentido, la libertad personal es un derecho fundamental que sólo puede ser restringido en determinados supuestos de hecho, en virtud de una orden expedida por la autoridad competente ( excepto en el caso de flagrante delito) y durante los plazos previstos en las normas constitucionales o legales.
La obligación de cumplir con estas condiciones se encuentra prevista tanto en los instrumentos internacionales como los textos constitucionales de los países de la región, los cuales se complementan mutuamente. Al respecto el , el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ( Art. 9, numeral 1) establece que ¨Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta¨.
Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos ( Art. 7, numeral 2) señala que ¨ Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Parte o por las leyes dictadas conforme a ellas¨.
La ratificación del Estatuto de Roma por parte de un Estado implica reconocer y aceptar la posibilidad de que la Corte Penal Internacional expida una orden privativa de libertad contra una persona que se encuentra en su territorio. Esta orden de privación de la libertad puede darse bajo las siguientes situaciones:
- a) Orden de detención para la investigación de uno de los crímenes internacionales de competencia de la Corte Penal Internacional o;
- b) Sanción privativa de la libertad por la responsabilidad en la comisión de un crimen internacional previsto por el Estatuto de Roma.
Disposiciones similares se encuentran previstas en el texto de la constitución dominicana como fundamento del Estado Social y Democrático de Derecho.
Por Isaias Ramos
República Dominicana celebra sus récords turísticos contando visitantes. En 2025 fueron 11.7 millones, incluidos 2.8 millones de cruceristas.
Es un logro importante. Pero un país no puede medir el éxito de su turismo únicamente contando cuántas personas llegan. También tiene que contar cuánto pone, cuánto arriesga y cuánto queda cuando esas personas se van.
Esa es la cuenta que falta.
¿Cuánto obtiene República Dominicana por cada peso público que hace posible ese turismo?
Porque el turismo no llega solo.
Detrás de un hotel, un aeropuerto o una terminal de cruceros existen carreteras, agua potable, saneamiento, electricidad, seguridad, promoción internacional, terrenos, puertos e infraestructura financiada o habilitada por el Estado.
También existen incentivos. Para 2025, el gasto tributario estimado específicamente para el turismo fue de RD$12,092.3 millones: recursos que el Estado decidió no recaudar para estimular el sector.
Eso puede ser una excelente inversión. Un peso público que genera empleos, empresas, divisas e impuestos puede regresar multiplicado.
Pero precisamente por eso hay que medirlo.
El problema no es invertir. El problema es que el país ponga recursos, patrimonio e incentivos sin poder ver claramente la cuenta del retorno.
Cada peso de recursos públicos destinado a incentivos o infraestructura tiene un costo de oportunidad frente a escuelas, hospitales, seguridad, agua y otros servicios. Detrás de esas cifras no hay dinero abstracto: hay recursos que pertenecen a una sociedad que tiene derecho a exigir resultados.
Un crucerista cuenta como uno. Su impacto no.
En 2025, 2.8 millones de los visitantes contabilizados fueron pasajeros de cruceros.
El tarifario general de APORDOM establece para buques turísticos un cargo de US$1.50 por pasajero, además de otros servicios aplicables y sujeto a las excepciones contractuales correspondientes.
Un millón de pasajeros representarían US$1.5 millones solamente por ese cargo básico, si resulta aplicable.
Pero contar al pasajero no nos dice cuánto recibió finalmente el Estado, cuánto capturó el operador ni cuánto dinero llegó al taxista, al restaurante, al artesano o al pequeño comerciante de la comunidad.
Ahí está la diferencia entre movimiento económico y desarrollo.
Un dólar gastado dentro de una terminal cuenta como gasto turístico. Pero si circula dentro de negocios vinculados al mismo operador y apenas toca la economía circundante, su efecto sobre la comunidad es distinto.
Por eso necesitamos separar cuatro cosas:
actividad económica, beneficio empresarial, recaudación fiscal y riqueza que permanece en el territorio.
Cabo Rojo: donde la pregunta deja de ser teórica
Port Cabo Rojo permite verlo.
El Estado aportó un puerto preexistente y concedió derechos para transformarlo y explotarlo. Al mismo tiempo desarrolla infraestructura pública alrededor del destino.
La Memoria Institucional 2022 de Banreservas cifró entonces el proyecto en aproximadamente US$78.3 millones y el financiamiento aprobado por el banco en US$37 millones.
Casi el 47% del monto que aquella memoria atribuía al proyecto.
Posteriormente se comenzó a hablar de una inversión cercana a US$98 millones.
Pero US$98 millones de inversión anunciada no significan US$98 millones puestos por los accionistas de ITM.
La información pública localizada no permite establecer cuánto fue capital propio, cuánto otra deuda, cuánto financiamiento relacionado ni cuánto del monto anunciado ha sido efectivamente ejecutado.
Y entonces aparece una pregunta que el país merece poder contestar:
¿Qué garantiza los US$37 millones de Banreservas?
Que Banreservas sea estatal no convierte un préstamo comercial en gasto público. Si ITM responde por esa deuda, paga intereses y existen garantías suficientes, estamos ante financiamiento privado.
Pero no hemos localizado públicamente el contrato crediticio ni sus garantías.
¿Responden activos privados de ITM? ¿Garantías corporativas? ¿Los flujos del puerto? ¿La infraestructura construida?
¿O forman parte directa o indirectamente de las garantías derechos económicos derivados de la concesión otorgada por el propio Estado?
No podemos afirmar que la concesión sea la garantía.
Pero tampoco deberíamos tener que adivinarlo.
Cuando un banco estatal financia un negocio privado desarrollado sobre derechos concedidos por el Estado, saber quién asume el riesgo y con qué patrimonio responde no debería ser un privilegio de quienes firmaron el contrato.
El turismo que necesitamos
La solución no es menos turismo ni menos inversión privada.
Es un Estado que sepa cuánto entrega, cuánto arriesga y cuánto recibe.
Toda gran concesión turística debería publicar anualmente una Cuenta de Retorno Público:
capital privado realmente invertido; deuda y garantías; activos públicos utilizados; exenciones recibidas; cánones e impuestos pagados; empleos y salarios; compras a proveedores dominicanos; inversión pública asociada y dinero que efectivamente permanece en las comunidades.
Así podremos distinguir entre inversión anunciada y capital realmente arriesgado.
Entre visitantes y valor.
Entre crecimiento y desarrollo.
República Dominicana necesita hoteles, puertos, cruceros, capital y empresarios. Pero los necesita dentro de un modelo donde el patrimonio público produzca también prosperidad pública.
Si República Dominicana pone el patrimonio y parte del riesgo, pero no puede medir cuánto de la riqueza creada regresa a su gente, eso no es todavía desarrollo: es una cuenta nacional pendiente.