Opinión
La mala reputación del Gobierno.
Por José Cabral
El Gobierno de Luis Abinader en un primer momento tuvo la reputación de ser sensible y transparente, pero en el curso del tiempo ya la percepción es otra. Es calificado como un Gobierno incapaz y poco visionario. Y no es menos de ahí, porque quién se atreve a discutir que Luis Abinader y su gente de lo que más adolecen es de planificación estratégica.
Su partido, el Revolucionario Moderno, si en una cosa se destaca es que actúa al azar, de forma improvisada y además es incapaz y muchas otras cosas más. Esta percepción, que tal vez sea una de las pocas veces que la misma es muy parecida a la realidad, representa una gran preocupación para la sociedad dominicana.
Lo peor de todo es que aun aquellos que están en la oposición no generan la confianza suficiente en el ciudadano por sus andanzas cuando tuvieron el control del Estado. Sin embargo, sus criticas sólo están dirigidas a que los que tienen el poder ahora entren en el descrédito total para de esa manera recuperar la administración pública. Otros que han entrado más recientemente a la palestra pública buscan vender la idea de que son presidenciables a pesar de que no tienen la menor idea de qué es el Estado.
En esos menesteres andan una buena cantidad de jóvenes, tanto del PRM como de partidos de la oposición, quienes pueden ser calificados como «jóvenes viejos» porque piensan igual que quienes les sirven de padrinos en la política. Hasta en eso se parecen unos y otros, los que están en la oposición y los que están en el Gobierno. Esta situación representa una gran amenaza para la sociedad dominicana, porque ellos no son más que parte de una propaganda de los partidos que, aunque se venden de forma diferente, pero que en el fondo son iguales.
Yo me he preguntado miles de veces y qué capacidad tiene Omar Fernández para pretender dirigir un país que requiere de un liderazgo con mucha madurez y despojado de la defensa de intereses mezquinos, como ocurre, por ejemplo, con el padre de este muchacho. Pero no se entiende cómo algunos sectores le dan el mérito de ser presidenciable sólo porque se embotelló algunas cositas en un debate con Guillermo Moreno. ¿Es esa una real garantía de que él está adornado de los conocimientos y la formación necesarias para dirigir una nación llena de problemas de corrupción, institucionalidad y otras deficiencias?
Honestamente no lo creo así, pero lo propio habría que examinar en otros supuestos presidenciables del PRM, los cuales no tienen la menor pica de que son verdaderos líderes para busca presidir el Estado dominicano. No obstante, cualquiera pudiera decir, con mucha razón, que a Luis Abinader habría que verlo en ese mismo contexto, lo cual es una verdad indiscutible. El asunto es que cuando una sociedad tiene una profunda crisis de valores como la dominicana, cualquiera se encarama en la parte más alta del Estado de forma relativamente fácil. Ahí está la explicación del fenómeno.
Lo peligroso del asunto es que el país requiere de mucha madurez para salir de los grandes problemas que lo aquejan. Juventud sin la menor idea de los grandes problemas nacionales es la mejor forma de llevar al abismo total a la nación. Por esta razón no se puede permitir que cualquier muchacho sin la menor idea de nada tome el control del país, porque entonces sería como darle sentido a la expresión que dice: “fiesta y mañana gallo”.
Los problemas nacionales deben ser tomados con toda la seriedad del mundo, porque llega un momento que los recursos que han servido para esas fiestas desaprensivas se convierten en la principal causa de la ruina nacional. El audaz endeudamiento nacional es un reflejo de esa tesis que advierte que el país tiene que prepararse para el cuadro económico que podría venir, porque el que actúa al azar piensa que las riquezas nacionales son inagotables. Pero las cosas no parecen esperanzadoras porque ya en el país es una cultura nacional el dispendio y el criterio de que el dinero público no tiene dueño.
Lo peor de este cuadro es que, así como mucha gente pobre va al partidarismo político para adquirir lo que jamás conseguiría en función de su capacidad, igual ocurre con el llamado empresario que busca acumular riquezas a la sombra del Estado. Pero la verdad es que se trata de un fenómeno ya generalizado entre los dominicanos.
Sin embargo, ojalá no se pierda la esperanza de que la sociedad dominicana alcance otros niveles de decencia, dignidad y respeto por los recursos públicos. La nación necesita que los que menos tienen puedan disfrutar de una mejor retribución del Estado a través de salud y educación, así como de empleos y otros asuntos que son de primer orden para transformar el país. Pero todo luce que las cosas no van a ocurrir de esa manera por los paradigmas que prevalecen en la sociedad dominicana.
Por José Cabral
No hay un solo episodio de los acontecimientos importantes que registra la historia nacional que no esté marcado por el fenómeno del individualismo.
Es un asunto de una gravedad que en estos momentos es el principal obstáculo para lograr concretar planes colectivos.
Es tan grave el asunto que este mal ha penetrado todo el tejido social dominicano, dado que no hay una sola organización de la sociedad que no esté impactado por el fenómeno.
Desde la ruptura con el yugo haitiano en el 1844, hasta llegar a la guerra restauradora y finalmente al propio ajusticiamiento del dictador de Rafael Leonidas Trujillo Molina, los principales actores se pelearon entre sí y no hay mejor testimonio que lo ocurrido en la casa de Robert Read Cabral con algunos de los protagonistas del tiranicidio.
Pero de igual modo ha ocurrido con cada una de las modificaciones constitucionales que ha tenido el país, las cuales han obedecido, principalmente, a razones reeleccionistas.
Cualquier otro escenario que se tome al azar nos encontramos con el individualismo, el cual ha arruinado una serie de valores que eran consustanciales al pueblo dominicano.
Todo ha sido tomado por ese vicio, porque no puede llamarse de otra manera, el cual representa la principal retranca para lograr una sociedad más solidaria.
Las cooperativas de ahorros y prestamos, los clubes culturales y deportivos, los sindicatos, las juntas de vecinos e incluso los condominios, que se rigen por la ley sin fines de lucro, la 5038, los partidos políticos, es decir, absolutamente todo copado por los intereses personales y grupales.
El individualismo es una plaga que hoy arropa todas las instancias de la sociedad dominicana y peor aun del Estado, donde hace su impacto las ansias de poder de los actores de la vida política nacional.
Sin embargo, parece llegar un momento en que este mal se pueda combatir con resultados que podrían ser muy positivos para cambiar un paradigma que nos daña a todos.
Es un cáncer que da miedo.
Por Isaías Ramos
En teoría, el financiamiento estatal de los partidos políticos en nuestro país busca garantizar una competencia equitativa entre todas las fuerzas políticas, reducir la influencia del capital privado, los intereses extranjeros y las actividades ilícitas en la política, y aumentar la transparencia.
A pesar de los nobles objetivos delineados en la legislación, existen pruebas irrefutables de que los partidos políticos en nuestro país reciben, de manera persistente, contribuciones ilícitas, contraviniendo el artículo 64 de la Ley 33-18 (Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos).
El principal propósito del financiamiento público, según esta legislación, incluye no solo cubrir gastos operativos y de campaña, sino también fomentar la educación política y la participación ciudadana, como lo consignan los artículos 62, 36, 35, 34 y 11.
Sin embargo, los informes y críticas continuas sugieren que estos fondos se utilizan normalmente para consolidar el poder de los partidos establecidos e influir de manera indebida e ilegal en la voluntad de los electores, comprando su conciencia y dignidad humana en lugar de educarlos y movilizarlos hacia una participación informada y consciente.
A pesar de las regulaciones que exigen una contabilidad detallada y transparente, los partidos políticos incumplen estos mandatos de manera flagrante. La Junta Central Electoral, la institución encargada de regular y supervisar estos procesos, debería asegurar el cumplimiento de estas normativas.
Aún así, sus actuaciones, en muchas ocasiones, han dejado mucho que desear, mostrando una tolerancia preocupante por imponer el orden y el respeto a las leyes que rigen el financiamiento y las actividades de los partidos.
Esto no solo plantea preguntas sobre la eficacia, el empoderamiento y la independencia de la JCE como ente regulador, sino que también alimenta la percepción de impunidad y corrupción dentro del sistema político dominicano.
Los ciudadanos observan cómo sus impuestos se convierten en herramientas para manipulaciones políticas en lugar de servir como catalizadores de una democracia más robusta y participativa.
Este escenario es una traición a los principios democráticos y un claro indicativo de que el sistema de financiamiento público, en su forma actual, necesita una revisión profunda y, posiblemente, una eliminación. La experiencia nos sirve como un llamado de atención sobre los riesgos inherentes al financiamiento público de partidos políticos sin los mecanismos de control adecuados.
En el Frente Cívico y Social, estamos convencidos de que este financiamiento, en lugar de fortalecer el sistema democrático, lo debilita. De persistir y continuar con el mismo, será imperativo implementar medidas estrictas para garantizar que los recursos destinados a los partidos políticos, agrupaciones, movimientos y las candidaturas independientes se utilicen de manera transparente y con un enfoque real en el fortalecimiento democrático y la participación ciudadana.
Es fundamental que la JCE ejerza un control más firme y efectivo, no solo para sancionar a quienes incumplen, sino para restaurar la fe en un sistema político que verdaderamente represente y sirva al interés público.
Solo entonces podremos esperar que los aspirantes a cargos electivos se conviertan en verdaderos servidores de la ciudadanía y no en meros administradores de recursos para perpetuar sus propios intereses.
La lucha por una democracia transparente y justa es ahora. Es imperativo que nos unamos en esta causa crítica para el futuro de nuestra nación. ¡Juntos, podemos y debemos hacer realidad nuestra constitución de un Estado Social y Democrático de Derecho!
¡Despierta RD!
Por Rommel Santos Diaz
La Fiscalía actuará en forma independiente como órgano separado de la Corte Penal Internacional. Estará encargada de recibir remisiones e información corroborada sobre crímenes de la competencia de la CPI para examinarlas y realizar investigaciones o ejercitar la acción penal ante la Corte. Los miembros de la Fiscalía no solicitarán ni cumplirán instrucciones de fuentes ajenas a la CPI
La Fiscalía estará dirigida por el Fiscal. El Fiscal tendrá plena autoridad para dirigir y administrar la Fiscalía, con la inclusión del personal, las instalaciones y otros recursos. El Fiscal contará con la ayuda de uno o más fiscales adjuntos, que podrán desempeñar cualquiera de las funciones de las funciones que le correspondan de conformidad con el Estatuto de Roma. El Fiscal y los fiscales adjuntos tendrán que ser de diferentes nacionalidades y desempeñarán su cargo en régimen de dedicación exclusiva.
El Fiscal y los fiscales adjuntos serán personas que gocen de alta consideración moral, que posean un alto nivel de competencia y tengan extensa experiencia práctica en el ejército de la acción penal o la sustanciación de causas penales. Deberán tener un excelente conocimiento y dominio de al menos uno de los idiomas de trabajo de la CPI.
El Fiscal será elegido en votación secreta y por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea de Estados Partes. Los fiscales adjuntos serán elegidos en la misma forma de una lista de candidatos presentada por el Fiscal
El Fiscal propondrá tres candidatos para cada puesto de fiscal adjunto que deba cubrirse. Salvo que en el momento de la elección se fine un periodo mas breve, el Fiscal y los fiscales adjuntos desempeñarán su cargo por un periodo de nueve años y no podrán ser reelegido
El Fiscal y los fiscales adjuntos no realizarán actividad alguna que pueda interferir en el ejercicio de sus funciones o menoscabar la confianza en su independencia . no podrán desempeñar ninguna otra ocupación de carácter profesional.
La Presidencia podrá, a petición del Fiscal o de un fiscal adjunto, dispensarnos de intervenir en una causa determinada.
El Fiscal y los fiscales adjuntos no participarán en ningún asunto en que, por cualquier motivo, pueda razonablemente ponerse en duda su imparcialidad. Serán recusados de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de Roma, entre otras razones, si hubiesen intervenido anteriormente, en cualquier calidad, en una causa de que la Corte estuviere conociendo o en una causa penal conexa sustanciada a nivel nacional y que guardare relación con la persona objeto de investigación o enjuiciamiento.
Las cuestiones relativas a la recusación del Fiscal o de un fiscal adjunto serán dirimidas por la Sala de Apelaciones:
La persona objeto de investigación o enjuiciamiento podrá en cualquier momento pedir la recusación del Fiscal o de un fiscal adjunto por los motivos establecidos en el artículo 42 del Estatuto de Roma;
El Fiscal o el fiscal adjunto, según proceda, tendrán derecho a hacer observaciones sobre la cuestión.
Finalmente, el Fiscal nombrara asesores jurídicos especialistas en determinaos temas como, por ejemplo, violencia sexual, violencia por razones de genero y violencia contra los niños.