Opinión
La mala reputación del Gobierno.
Por José Cabral
El Gobierno de Luis Abinader en un primer momento tuvo la reputación de ser sensible y transparente, pero en el curso del tiempo ya la percepción es otra. Es calificado como un Gobierno incapaz y poco visionario. Y no es menos de ahí, porque quién se atreve a discutir que Luis Abinader y su gente de lo que más adolecen es de planificación estratégica.
Su partido, el Revolucionario Moderno, si en una cosa se destaca es que actúa al azar, de forma improvisada y además es incapaz y muchas otras cosas más. Esta percepción, que tal vez sea una de las pocas veces que la misma es muy parecida a la realidad, representa una gran preocupación para la sociedad dominicana.
Lo peor de todo es que aun aquellos que están en la oposición no generan la confianza suficiente en el ciudadano por sus andanzas cuando tuvieron el control del Estado. Sin embargo, sus criticas sólo están dirigidas a que los que tienen el poder ahora entren en el descrédito total para de esa manera recuperar la administración pública. Otros que han entrado más recientemente a la palestra pública buscan vender la idea de que son presidenciables a pesar de que no tienen la menor idea de qué es el Estado.
En esos menesteres andan una buena cantidad de jóvenes, tanto del PRM como de partidos de la oposición, quienes pueden ser calificados como «jóvenes viejos» porque piensan igual que quienes les sirven de padrinos en la política. Hasta en eso se parecen unos y otros, los que están en la oposición y los que están en el Gobierno. Esta situación representa una gran amenaza para la sociedad dominicana, porque ellos no son más que parte de una propaganda de los partidos que, aunque se venden de forma diferente, pero que en el fondo son iguales.
Yo me he preguntado miles de veces y qué capacidad tiene Omar Fernández para pretender dirigir un país que requiere de un liderazgo con mucha madurez y despojado de la defensa de intereses mezquinos, como ocurre, por ejemplo, con el padre de este muchacho. Pero no se entiende cómo algunos sectores le dan el mérito de ser presidenciable sólo porque se embotelló algunas cositas en un debate con Guillermo Moreno. ¿Es esa una real garantía de que él está adornado de los conocimientos y la formación necesarias para dirigir una nación llena de problemas de corrupción, institucionalidad y otras deficiencias?
Honestamente no lo creo así, pero lo propio habría que examinar en otros supuestos presidenciables del PRM, los cuales no tienen la menor pica de que son verdaderos líderes para busca presidir el Estado dominicano. No obstante, cualquiera pudiera decir, con mucha razón, que a Luis Abinader habría que verlo en ese mismo contexto, lo cual es una verdad indiscutible. El asunto es que cuando una sociedad tiene una profunda crisis de valores como la dominicana, cualquiera se encarama en la parte más alta del Estado de forma relativamente fácil. Ahí está la explicación del fenómeno.
Lo peligroso del asunto es que el país requiere de mucha madurez para salir de los grandes problemas que lo aquejan. Juventud sin la menor idea de los grandes problemas nacionales es la mejor forma de llevar al abismo total a la nación. Por esta razón no se puede permitir que cualquier muchacho sin la menor idea de nada tome el control del país, porque entonces sería como darle sentido a la expresión que dice: “fiesta y mañana gallo”.
Los problemas nacionales deben ser tomados con toda la seriedad del mundo, porque llega un momento que los recursos que han servido para esas fiestas desaprensivas se convierten en la principal causa de la ruina nacional. El audaz endeudamiento nacional es un reflejo de esa tesis que advierte que el país tiene que prepararse para el cuadro económico que podría venir, porque el que actúa al azar piensa que las riquezas nacionales son inagotables. Pero las cosas no parecen esperanzadoras porque ya en el país es una cultura nacional el dispendio y el criterio de que el dinero público no tiene dueño.
Lo peor de este cuadro es que, así como mucha gente pobre va al partidarismo político para adquirir lo que jamás conseguiría en función de su capacidad, igual ocurre con el llamado empresario que busca acumular riquezas a la sombra del Estado. Pero la verdad es que se trata de un fenómeno ya generalizado entre los dominicanos.
Sin embargo, ojalá no se pierda la esperanza de que la sociedad dominicana alcance otros niveles de decencia, dignidad y respeto por los recursos públicos. La nación necesita que los que menos tienen puedan disfrutar de una mejor retribución del Estado a través de salud y educación, así como de empleos y otros asuntos que son de primer orden para transformar el país. Pero todo luce que las cosas no van a ocurrir de esa manera por los paradigmas que prevalecen en la sociedad dominicana.
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.