Análisis Noticiosos
“La maldita reelección”: el desafío de tres en uno
Por Juan Bolívar Díaz
El proyecto reeleccionista de Danilo Medina conlleva un reparto del Estado sin precedentes entre los tres partidos tradicionales, con auto confesión de debilidad que podría polarizar con dos tercios de la población que desconfía de ellos
La forma acelerada, atropellada y de reparto del Estado en que se ha manejado la reforma de la Constitución para permitir la repostulación del presidente Danilo Medina vuelve a mostrar el alto costo que ha tenido en la historia nacional la reelección fundada siempre en la corrosión de las instituciones y la compra de conciencias.
Aunque para muchos la triple alianza parece invencible, por su premura no deja de ser indicativa de debilidad, y podría reproducir aquí la avalancha de rechazo al sistema político que se vive en la región, si un frente de oposición apela a los dos tercios de la población que viene expresando insatisfacción y desconfianza en los partidos políticos.
Costo de la financiación
Aunque la reforma constitucional no contaba con suficiente apoyo ni en el propio partido de gobierno, terminó imponiéndose con repartos antidemocráticos sin precedente primero en sus propias entrañas y luego con el sistema político. Nadie podrá precisar el costo de financiación de la 39 reforma de la Constitución dominicana que comenzó doblegando a la mitad de los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que dejaron solo a su líder Leonel Fernández, y siguió con los 42 diputados del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), 9 del Reformista Social Cristiano (PRSC) y 2 de los 36 del nuevo Partido Revolucionario Moderno (PRM), éstos últimos en vías de expulsión.
La reforma reeleccionista de Medina no tiene precedente en la adolescente democracia dominicana, ya que nunca los tres partidos dominantes durante más de medio siglo, se habían puesto de acuerdo para constituir un frente electoral. Aún a nivel mundial es difícil encontrar una concertación parecida, a no ser en las luchas contra las tiranías, como en Chile para rescatar de Pinochet el sistema político e institucional.
El pacto reeleccionista que implica a los tres partidos comenzó por sus diputados, que lo hicieron público, arrastrando a sus dirigentes, que para no quedarse en el descalabro han tenido que plegarse. Ningún organismo del PRD o el PRSC discutió ni aprobó el acuerdo, y sus líderes, candidatos presidenciales, no lo han explicado.
En el debate en la Cámara de Diputados el vocero del PRM Nelson Arroyo responsabilizó a los ministros de Obras Públicas y Economía y al reformista Marino Collante de haberse ocupado de persuadir a sus colegas, y nadie lo enfrentó. La diputada Minou Tavarez dijo sentirse asqueada del mercado en que convirtieron el Congreso. Los votos de diputados se habrían cotizado hasta a 10 millones de pesos. Algunos líderes y senadores, recibirían otros incentivos, como asignaciones de obras públicas.
Costo para la democracia
Este proyecto continuista conlleva un alto costo para la democracia interna y la integridad de los partidos. Se trata de imponer una “reelección total”, ya pactada para las repostulaciones en el PLD de los actuales legisladores y alcaldes, y extendida con el tres en uno a perredeistas y refmásormistas.
Como las 30 curules del PLD y las dos reformistas en el Senado tienen propietarios garantizados, se proponen crear entre 2 y 5 nuevas provincias, para candidatos del PRD, pero deberán modificar la Ley 55 del Registro Electoral que prohíbe nuevas jurisdicciones territoriales desde un año antes de las elecciones. Las nuevas provincias, fruto de la división de Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal y La Vega y San Juan, originarían más municipios para el reparto.
Aunque los diputados fueron los negociadores y se les prometió apoyar su reelección, eso es imposible sin derogar la ley 157-13 del 27 de noviembre del 2013 con la que este mismo Congreso restituyó el voto preferencial en la elección de diputados, que había sido suprimido por la Junta Central Electoral, y lo extendió a los regidores y vocales municipales, a partir de las elecciones del 2016. Con el voto preferencial, aunque vayan en listas comunes con el PLD, los 42 diputados del PRD y los 9 del PRSC quedan en el aire, ya que los militantes darían preferencia a los de sus propios partidos, más si les han impuesto las postulaciones.
Los alcaldes actuales, que no participaron en el pacto tripartito anunciado, sí tendrían garantías en listas comunes. El PRD obtuvo 57 alcaldes en la última elección, de los que 3 se pasaron al PLD y 28 se han ido al PRM, quedándoles 26
Costo para el presidente
Todo el reparto antidemocrático y las protestas que ya está generando hasta en el propio PLD, donde miles de precandidatos que habían invertido fuertes sumas en su promoción, se ven amenazados, podría generar un alto costo, más aún al conllevar el aplastamiento de un liderazgo tan fuerte como el de Leonel Fernández y seguidores.
La palabra de Danilo Medina queda devaluada, tanto que en todo el proceso no ha justificado el haber cambiado sus promesas de que sólo gobernaría 4 años, para involucionar a lo que siempre se ha hecho en la historia dominicana, desde Santana, Báez y Lilís, hasta Horacio, Trujillo, Balaguer y Leonel, a quien estigmatizó por ello en el 2008.
Abundan los vídeos y las citas de Medina en la internet, resaltando el costo económico, institucional y democrático del releccionismo, desde su campaña por la nominación presidencial para el 2008 cuando le “venció el Estado”, a la lucha por el poder en el 2012 y al comenzar su gobierno. En “Las Propuestas de los Candidatos” del Grupo de Comunicaciones Corripio al final de la campaña del 2012, Danilo Medina se explayó explicando por qué nunca buscaría reelegirse, tras recordar que estaba prohibido “y es muy difícil que ningún presidente pueda conseguir los votos suficientes para modificar la Constitución”. Fue tajante: “yo quiero cuatro años y nada más”.
Danilo se extendió en explicaciones sobre cómo la reelección es antidemocrática, “porque tenemos instituciones democráticas muy débiles todavía. Tal vez en los próximos 20 años, cuando tengamos un período sucesoral de cuatro o cinco gobiernos, y hayamos avanzado en el fortalecimiento de las instituciones democráticas, entonces esas instituciones estén en capacidad de soportar la reelección”. Y agregó que “los funcionarios, cuando van a un proceso de reelección, no distinguen la línea que separa los bienes públicos de los bienes partidarios, y terminan dañando la imagen de los presidentes, dañando la imagen de los partidos y dañando la economía”.
Parece que las premoniciones de Medina se están dando en el actual proceso, que ya tiene alto coto en el PLD, y que “la maldita reelección”, como adjuraba Hipólito Mejía antes de caer en la tentación de modificar la Constitución para fracasar en su persecución, amenaza con enterrar lo poco que venía quedando de los dos partidos más antiguos de la historia nacional. Y todavía faltan más de once meses para las elecciones.
Un gran desafío nacional
Aunque hay propensión a creer que ante el pacto de tres en uno no hay mucho por hacer, el mismo representa un enorme desafío para la sociedad dominicana, si acaba de fraguar la planteada “Convergencia por un Mejor País”, que tendría como base principal al PRM y su candidato Luis Abinader, configurado en las encuestas como alternativa.
Si estos se manejan con el acierto que tuvieron en sus elecciones primarias y abren un real y amplio espectro político y social, por lo menos producirían una bipolarización del proceso y trazarían una línea de Pizarro, haciendo insubstancial a todo el que quede fuera de los dos polos, y nutriéndose aún más de la disidencia que producirá el reparto antidemocrático, por ejemplo en un PRD que desde hace meses viene reduciéndose en las encuestas a menos del 5 por ciento de las preferencias.
En el país podría repetirse una coyuntura como la del 1978, de todos contra el poder absoluto, cuando todo el presupuesto nacional, y el control total de las instituciones y empresas estatales, incluyendo junta electoral, militares, policías y jueces no fue suficiente para imponer la reelección. Ahora no hay un líder opositor de las capacidades de Peña Gómez, pero una ola de indignación está relegando los partidos tradicionales en todo el continente. Empezó por Venezuela, Perú, Brasil, Bolivia, Uruguay y Ecuador, y se ha extendido a Colombia, llegando a Centro América por El Salvador. El año pasado Varela y Solís fueron electos presidentes de Panamá y Costa Rica, aunque las encuestas los situaban en tercer lugar de preferencias, desplazando a partidos tan antiguos como el tico Liberación Nacional. Y en Guatemala y Honduras las masas piden la renuncia de los presidentes, en el primero tras liquidar a la vicepresidenta y los jefes del Banco Central y la seguridad social.
Muchos creen que República Dominicana vive aislada del mundo, pero seguramente no tienen en cuenta que las encuestas registran una fuerte insatisfacción y desconfianza en los partidos políticos. La última Encuesta sobre Cultura Política de la Democracia en RD, 2012, auspiciada por reconocidas instituciones, arrojó una caída del 58 al 49 por ciento de apoyo al sistema político, sólo un 37 por ciento con militancia partidista y con los partidos en el último escalón de confianza ciudadanía, 32 por ciento, por debajo hasta de la Policía, entre las 12 más importantes instituciones nacionales.
Aún con la alta aprobación que ha registrado el presidente Medina, el tres en uno conlleva riesgos.-
Por José Cabral
Los estudios de los fenómenos sociales ocurridos en la sociedad dominicana indican con toda claridad que adoleció del desarrollo de la fuerza productiva, lo que, naturalmente, genera una falta de conciencia social.
Este el fundamento de los que muchos sostienen, incluido yo, de que el sector empresarial amuela cuchillos para su propia garganta, porque no representa un foco de presión para que las cosas se hagan con el propósito de preservar sus intereses.
Pero es que esa conducta se deriva del hecho de que los que se suponen que deben procurar fortalecer el Estado mediante el combate de todas las distorsiones que sufre el sistema, lo que hacen es sumarse a las acciones que le quitan legalidad y legitimidad.
Yo he dicho y lo reitero en este artículo que el sector empresarial se ha sumado a la cadena de complicidad que comienza en el Palacio Nacional, entra a los medios de comunicación social y luego se convierta en un cometa, porque nadie sabe dónde termina, ya que todo el que se hace llamar inversionista no busca otra cosa que mediante una vocación mafiosa acumular fortunas sobre la base de la sombra del Estado.
Lo que pasa, según entiendo, es que ellos como son parte de lo que en sociología política se le llama clase social entre sí, les importa poco la desnaturalización del rol del Estado, aunque al final de la jornada sean los principales afectados porque son los que más tienen que perder frente a una revolución social.
El problema tiene una grave complejidad, ya que al no existir una clase social para sí, consciente de su papel, difícilmente tengan la iniciativa de exigir controles, como por ejemplo, del gasto público, sobre todo si el sector empresarial se suma en complicidad a la corrupción que se promueve o es auspiciada por el sector oficial.
De manera, que resulta un problema con raíces muy profundos que solucionarlo resulta bastante difícil, porque además no se entiende la explicación del fenómeno.
En países pobres y con bajos niveles de institucionalidad, como el dominicano, el llamado empresario se suma a la fiesta de la corrupción, lo que constituye una razón para crear disgusto social y las condiciones para que se produzca una explosión social.
El llamado empresario dominicano, tanto el colocado en la pequeña, mediana o grandes empresas persigue más que seguridad jurídica y paz social y la satisfacción de necesidades sociales, que se le incorpore al contrabando, que se le entregue propiedades públicas y ser favorecidos por todas las travesuras del que tiene el control del Estado.
Sin embargo, la pregunta que me hago es si ciertamente en el país existe alguna propuesta para institucionalizar la nación, al margen del amor por el dinero y las cosas materiales, no importa su procedencia, pues penosamente tengo que decir que ese es un sueño utópico por el momento.
Sigo pensando que sólo un Estado que promueva valores más que antivalores podría ser la panacea a un mal integral que no permite que la gente haga una reflexión profunda y realista y actúe de modo diferente frente a un fenómeno que puede llevar al abismo a la sociedad dominicana.
Por José Cabral
Observo con mucha preocupación el afán desmedido del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por mantenerse en el poder cuando su obra de gobierno es tan pobre que no es comparable con ningún otro por malo que haya sido.
Lo digo por lo que veo que ocurre en Santiago y en todo el territorio nacional, donde el deterioro de los servicios públicos es tan preocupante que cualquiera se larga del país para no volver jamás.
No hay prácticamente servicio de agua potable, ni siquiera para descargar los baños de las casas y los negocios, lo que llena de bacterias los hogares y se propagan las enfermedades, sobre todo las infecto-contagiosas.
El servicio de energía eléctrica no puede ser peor, cuya distribuidora del Norte, EDENORTE y las demás Edes, se la pasan en confabulación con PROTECOM estafando a los usuarios con facturaciones falsas, inventadas y con medidores “arreglados” para buscar cubrir sus déficits con el engaño al ciudadano.
Ahora también se agrega que la recogida de basura en el municipio de Santiago es prácticamente nula, entonces, repito la pregunta, para qué el PRM quiere preservar el poder.
El gran problema de este partido es que no entiende de planificación ni de programar una gestión pública a corto, mediano y largo plazo.
No es que los demás partidos del sistema no tengan la misma visión y comportamiento, pero pienso que lo que ocurre con el PRM ya llega al colmo de la incapacidad para dirigir el país.
El sufrimiento de los dominicanos por la irresponsabilidad de los que van al Estado, principalmente a resolver sus problemas personales, no parece tener fin, ya que aquellos que ya pasaron por la administración pública tienen ojos para ver la irresponsabilidad y la vocación por la corrupción de los que ostentan hoy el poder, pero al final de cuentas todo se trata de una doble moral.
Sin embargo, creo que lo del PRM ya no tiene madre, para utilizar una expresión muy popular de la República Dominicana, por lo que cuando llegue al final de su gobierno es muy poco lo que va a quedar.
En conclusión, el PRM es una verdadera desgracia nacional, máxime porque ahora los dominicanos no tienen derechos ni para disfrutar de un buen servicio de agua potable y energía eléctrica, pero la incapacidad abarca todo lo demás, porque se trata de una deficiencia integral, general.
¡Qué desastre!.
Por José Cabral
Estuvo profundamente convencido de que el presidente Luis Abinader observaría la Ley 13-26 que persigue anular una jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes.
Sin embargo, me equivoqué porque Abinader escogió la vía de la promulgación de lo que muy bien se puede calificar como un adefesio jurídico.
Pero hay otro elemento que me provoca muchas dudas y me refiero a cuál ha sido el papel jugado en este caso por el expresidente de la Suprema Corte de Justicia y quien ahora funge como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa.
La pregunta surge porque después de la promulgación sigue la publicación en la gaceta oficial de la nueva ley que pone en tela de juicio todo el sistema legal e institucional del país y precisamente ese último paso recae sobre Subero Isa.
Entonces, se impone preguntarse que si independientemente de que Subero Isa no haya compartido la sentencia TC/0788/24 y que incluso se oponga a las candidaturas independientes, tiene acaso otra opción que no sea respetar la jurisprudencia sentada en esta materia por la alta corte, sobre todo por tratarse de un jurisconsulto que nadie pone en tela de juicio su gran formación jurídica.
Considero que Subero Isa si por alguna razón tiene que cumplir con la decisión tomada por Abinader, la cual parece ser parte de un plan del PRM, entonces lo menos que puede ocurrir es que presente su renuncia de la posición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo.
Cualquier decisión que no se corresponda con respetar lo que ha sido su trayectoria como hombre de ley, coloca a Subero Isa en una contradicción que impacta muy negativamente el respeto que se ha ganado en el entorno de la justicia dominicana.
Subero Isa es uno de los mejores presidentes de la Suprema Corte de Justicia que ha tenido el país, pero no luce como razonable que juegue algún papel para atacar una jurisprudencia que cumple con todos los requerimientos del derecho constitucional moderno o del neo-constitucionalismo.
Todavía me asalta la duda si Subero Isa se ha sumado a un plan que en todo caso debe ser político para poner en cuestionamiento el proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana, cuyos fines es preservar y promover los derechos fundamentales.
La verdad que me gustaría saber a ciencia cierta cuál es la posición de Subero Isa frente a la torpeza cometida por Luis Abinader, sin que haya una razón lógica que la explique.