Nacionales
La Marcha Verde crece a pesar de la oposición del Gobierno
SANTO DOMINGO.El Movimiento Marcha Verde se ha constituido en un verdadero dolor de cabeza para las autoridades y el partido oficial, que lo combaten con diferentes armas, pero no han podido disminuir su capacidad de movilización y de cuestionamiento.
Este movimiento presentó credenciales el 22 de enero pasado con una multitudinaria de movilización y desde entonces no ha cesado de reclamar, cívica y ordenadamente en gigantescos desfiles: el cese del fin de la impunidad y la corrupción que en los últimos años ha alcanzado niveles nunca visto.
Esta coalición de fuerzas y sectores constituye un fenómeno sociológico que comienza a ser estudiado, a pesar de su corta vida, por diversos cientistas sociales de América Latina.
Todos los sectores que la apoyan, convergen en un aspecto, que ha sido a lo largo de la historia nacional un dolor de cabeza para el pueblo: la corrupción y la impunidad.
Las movilizaciones masivas de este nuevo sujeto social llaman la atención de los servicios de seguridad del Estado y partidos políticos tradicionales que para movilizar a unos cientos de ciudadanos tienen que recurrir a millones de pesos e incluso atraerlos con dinero y comida. Todo el que asiste a una actividad de la Marcha Verde lo hace espontáneamente.
Empero. La gran capacidad de convocatoria que exhibe se debe a que la consigna de lucha contra la corrupción y el fin de la impunidad ha calado muy hondo en el pueblo dominicano.
Contra la marcha
Contra la Marcha Verde se ha desatado una feroz campaña con el fin de provocar su desmovilización y desprestigiarla, las llamadas “bocinas” del gobierno no cesan en su objetivo, pero hasta el momento han fracasado.
Desde un principio se desató a cabo una campaña para asociarla a empresarios del sector generación de electricidad que supuestamente se oponen a la construcción de la planta de generación eléctrica Punta Catalina.
Asimismo se intentó ligar al Movimiento Marcha Verde con actividades violentas para impedir que la población asistiera a sus actividades, pero ello también fue inútil y miles de familias acuden a las manifestaciones a enarbolar la bandera anti corrupción.
Esta coalición de fuerzas y sectores constituye un fenómeno sociológico que comienza a ser estudiado, a pesar de su corta vida, por diversos cientistas sociales de América Latina.
Otro intento por desprestigiar la Marcha Verde fue cuando se quiso relacionar con el narcotráfico, se montó una estratagema y se apresó a Juan Comprés dirigente de Movimiento Los Peregrinos, en Moca, provincia Espaillat, al cual se le colocó cocaína en su vehículo, en una burda operación que fue grabada con un teléfono celular por una persona y repudiada por toda la sociedad.
Lo último de esa visión es el interés del oficialismo de que la Marcha Verde se convierta en un partido político en el entendido de que así sería más fácil de combatir.
Como un movimiento social heterogéneo la Marcha Verde genera simpatía en diversos estamentos de la sociedad, pues la lucha contra la corrupción unifica a los dominicanos y es su único objetivo. Las tareas políticas son propias de los partidos.
Los principales dirigentes de la Marcha Verde saben que tan pronto se presenten ante la sociedad como una organización política dejará de recibir el apoyo de importantes sectores de la vida nacional y lo más probable es que termine siendo un grupúsculo más de los que existen en la vida nacional.
Su objetivo de por vida ha de ser, de manera cívica, limpiar a la administración pública de aquellos que van a la misma a enriquecerse a usar los recursos públicos en provecho propio.
diariolibre.com
Nacionales
Director de La República advierte que Congreso Nacional no tiene la facultad para anular candidaturas independientes.
Por Elba García
El doctor José Cabral Salcedo, especialista en derecho constitucional, además de periodista y empresario, quien ostenta la dirección del diario La República, aclaró que no es verdad que el proyecto que se conoce actualmente en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado de la República elimine las candidaturas independientes.
El profesional del derecho sostuvo que el esfuerzo de los diputados y senadores más que en contra de las candidaturas independientes se trata de una aspiración que pone en peligro todo el sistema legal e institucional de la nación.
Dice que intentar eliminar las candidaturas independientes es conspirar en contra de la propia Constitución de la República, ya que es la carta magna la que otorga la facultad al TC de interpretar las normas que chocan con la ley sustantiva de la nación, a los fines de procurar que las mismas se ajusten al control de la constitucionalidad.
La intención de eliminar las candidaturas independientes es lo mismo que conspirar en contra del sistema democrático e institucional de la nación, lo que indica el estado de desesperación de los partidos políticos ante el descredito que les afecta, añadió el periodista, abogado y empresario.
Cabral Salcedo advirtió que de aprobarse el proyecto de ley que se conoce ahora en la Cámara de Diputados deja el problema en manos del presidente Luis Abinader, quien tiene la opción de promulgarla u observarla en virtud de que la misma sería un contrasentido jurídico que cuestionaría todo el régimen jurídico interno y externo.
Sin embargo, advirtió que ante la conversión en ley del proyecto que se conoce ahora en la Cámara de Diputados y si es promulgado por el presidente Abinader implicaría la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional que es el único facultado para interpretar la constitucionalidad de una norma.
Explico que decir que la Constitución habla de que las aspiraciones políticas sólo pueden ser canalizadas a través de los partidos, según la interpretación que se le ha querida dar al artículo 216 de la carta magna, pese a que la ley sustantiva de la nación debe leerse íntegramente y naturalmente incluyendo el artículo 22 que habla de los derechos ciudadanos, sobre todo en lo que respecta al principio de elegir y ser elegido.
El abogado, periodista y empresario advierte que la jurisprudencia del TC sólo puede ser eliminarla por el propio alto tribunal mediante la figura del overrruling, la cual es la técnica jurídica mediante la cual un tribunal constitucional revoca o cambia un precedente vinculante anterior, sustituyéndolo por una nueva doctrina, a los fines de adaptar el derecho a nuevos contextos sociales, morales, económicos y políticos, lo que permite superar normas jurisprudenciales obsoletas, injustas o incompatibles con el ordenamiento actual.
Sin embargo, el profesional del derecho aclara que ese no es el caso de la sentencia que sienta jurisprudencia sobre las candidaturas independientes, la TC/0788/24, ya que para que el TC cambie el criterio en esta materia tiene que producirse una afectación de un derecho fundamental cuando en la misma se produce todo lo contrario con la protección del principio de elegir y ser elegido, pero además del de igualdad, proporcionalidad, legalidad, pro participación y el de dignidad humana.
Esta situación hace prácticamente imposible la posibilidad de que las pretensiones de los diputados y senadores se concrete, porque sencillamente no hay forma de que sus acciones al margen del principio de legalidad tengan éxito, ya que la interpretación del Tribunal Constitucional se ajusta del artículo 47 de la Ley 137-11 y también al 184 y 185 de la constitución de la República.
Cabral Salcedo sostuvo que con el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes el Congreso Nacional no sólo se pone al margen del régimen legal, sino también de la institucionalidad de la nación y además deja claro que los legisladores de la llamada partidocracia se creen dueños del sistema, principalmente los perremeistas que fundamentaron su llegada al poder en que en la República Dominicana se consolidaba un partido-Estado a través del PLD, pero resulta que ahora ellos son más antidemocráticos que las pasadas autoridades.
Cabral Salcedo llamó al presidente Luis Abinader a no ser parte de un plan que compromete la responsabilidad civil y penal del Estado por tratarse de la violación de un derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, consignado, además, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica.
Santo Domingo, R.D.-El mantenimiento del arresto domiciliario dispuso la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en contra del coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en la Operación Lobo.
La magistrada Yanibet Rivas tomó la decisión tras rechazar una solicitud de variación de la medida presentada por el acusado, a través de su abogado Félix Portes Núñez.
De inmediato, el abogado del imputado anunció que apelará la decisión, alegando violación al principio de igualdad, ya que otros coimputados han recibido medidas menos severas.
El imputado es acusado de formar parte de una red que se dedicaba a la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Entre las instituciones se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
Entre los implicados se encuentran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Santo Domingo, R.D.-La decision de el Septimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será apelada por el Ministerio Público mediante la cual otorgó un auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco.
El órgano acusador rechazó, en un comunicado de prensa, la decisión del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, al considerar que no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso.
Sostiene que existen méritos suficientes para recurrir la decisión, al entender que el tribunal incurre en contradicción, ya que en principio no acoge la declaratoria de inimputabilidad, pero termina aplicando los efectos jurídicos de dicha figura al dictar el auto de no ha lugar.
La acusación presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora, explica que el 23 de julio de 2025 el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le provocó la muerte.
Durante el hecho, también hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, además de ocasionar la muerte de una mascota.
El Ministerio Público recordó que, en atención a la gravedad de los hechos y las evidencias presentadas, previamente, le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción, la cual cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.