Nacionales
La Marcha Verde crece a pesar de la oposición del Gobierno
SANTO DOMINGO.El Movimiento Marcha Verde se ha constituido en un verdadero dolor de cabeza para las autoridades y el partido oficial, que lo combaten con diferentes armas, pero no han podido disminuir su capacidad de movilización y de cuestionamiento.
Este movimiento presentó credenciales el 22 de enero pasado con una multitudinaria de movilización y desde entonces no ha cesado de reclamar, cívica y ordenadamente en gigantescos desfiles: el cese del fin de la impunidad y la corrupción que en los últimos años ha alcanzado niveles nunca visto.
Esta coalición de fuerzas y sectores constituye un fenómeno sociológico que comienza a ser estudiado, a pesar de su corta vida, por diversos cientistas sociales de América Latina.
Todos los sectores que la apoyan, convergen en un aspecto, que ha sido a lo largo de la historia nacional un dolor de cabeza para el pueblo: la corrupción y la impunidad.
Las movilizaciones masivas de este nuevo sujeto social llaman la atención de los servicios de seguridad del Estado y partidos políticos tradicionales que para movilizar a unos cientos de ciudadanos tienen que recurrir a millones de pesos e incluso atraerlos con dinero y comida. Todo el que asiste a una actividad de la Marcha Verde lo hace espontáneamente.
Empero. La gran capacidad de convocatoria que exhibe se debe a que la consigna de lucha contra la corrupción y el fin de la impunidad ha calado muy hondo en el pueblo dominicano.
Contra la marcha
Contra la Marcha Verde se ha desatado una feroz campaña con el fin de provocar su desmovilización y desprestigiarla, las llamadas “bocinas” del gobierno no cesan en su objetivo, pero hasta el momento han fracasado.
Desde un principio se desató a cabo una campaña para asociarla a empresarios del sector generación de electricidad que supuestamente se oponen a la construcción de la planta de generación eléctrica Punta Catalina.
Asimismo se intentó ligar al Movimiento Marcha Verde con actividades violentas para impedir que la población asistiera a sus actividades, pero ello también fue inútil y miles de familias acuden a las manifestaciones a enarbolar la bandera anti corrupción.
Esta coalición de fuerzas y sectores constituye un fenómeno sociológico que comienza a ser estudiado, a pesar de su corta vida, por diversos cientistas sociales de América Latina.
Otro intento por desprestigiar la Marcha Verde fue cuando se quiso relacionar con el narcotráfico, se montó una estratagema y se apresó a Juan Comprés dirigente de Movimiento Los Peregrinos, en Moca, provincia Espaillat, al cual se le colocó cocaína en su vehículo, en una burda operación que fue grabada con un teléfono celular por una persona y repudiada por toda la sociedad.
Lo último de esa visión es el interés del oficialismo de que la Marcha Verde se convierta en un partido político en el entendido de que así sería más fácil de combatir.
Como un movimiento social heterogéneo la Marcha Verde genera simpatía en diversos estamentos de la sociedad, pues la lucha contra la corrupción unifica a los dominicanos y es su único objetivo. Las tareas políticas son propias de los partidos.
Los principales dirigentes de la Marcha Verde saben que tan pronto se presenten ante la sociedad como una organización política dejará de recibir el apoyo de importantes sectores de la vida nacional y lo más probable es que termine siendo un grupúsculo más de los que existen en la vida nacional.
Su objetivo de por vida ha de ser, de manera cívica, limpiar a la administración pública de aquellos que van a la misma a enriquecerse a usar los recursos públicos en provecho propio.
diariolibre.com
Nacionales
JCE presenta plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE), a través de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la institución, presentó a la ciudadanía a través de sus redes sociales la plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, espacio que estará integrado en la página de la institución.
Mediante un comunicado, la JCE explicó que el observatorio tiene como finalidad asesorar, diseñar, implementar, desarrollar y evaluar las acciones orientadas a fomentar la participación de las mujeres en la política.
Asimismo, indicó que esta iniciativa, que se encuentra bajo la coordinación de la miembro titular del Pleno y coordinadora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género, Dolores Fernández, es una plataforma que busca recopilar, analizar y visibilizar información sobre los avances, brechas y desafíos de la participación política femenina en República Dominicana.
Además, destacó que el observatorio funciona como una herramienta dinámica de estadísticas interactivas que permite conocer la evolución de la participación política de las mujeres en el país y a través de sus secciones, se podrán explorar datos sobre: candidaturas y cargos electos, participación en los partidos políticos, concurrencia electoral por sexo y participación de mujeres en juntas y colegios electorales.
La misión de este observatorio es, en primer lugar, analizar los niveles de cumplimiento de metas y objetivos nacionales e internacionales en torno a la igualdad de género en materia de representación política y, en segundo lugar, motivar e impulsar la participación paritaria de las mujeres en la toma de decisiones.
Entre los objetivos de esta propuesta, figuran: generar información cuantitativa y cualitativa sobre la representación política de mujeres y hombres en el ámbito nacional; medir los niveles de cumplimiento de metas y objetivos internacionales en torno a la igualdad de género; visibilizar avances de igualdad de género en los partidos políticos y aportar datos que sirvan para elaborar insumos claves para el análisis, la formulación de propuestas y el diseño de estrategias de incidencia política.
Asimismo, procura fortalecer las políticas públicas de igualdad, promover la paridad y la representación política equitativa, garantizar los derechos políticos de las mujeres e impulsar acciones para prevenir y erradicar la violencia política hacia las mujeres.
Nacionales
Telemicro: TSA indicó que Indotel actuó de forma precipitada al asignar frecuencia del Canal 3
Santo Domingo, R.D.-El Grupo Telemicro reaccionó al fallo judicial del Tribunal Superior Administrativo (TSA) sobre la asignación de la frecuencia del canal 3 VHF. En un documento indicó que la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) reconoció que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en su rol de autoridad para la gestión del espectro radioeléctrico, actuó de forma «imprudente y precipitada» al asignar el Canal 3 digital a favor de Franasyn, S.R.L., mediante la Resolución núm. 132-2024 dictada el 14 de noviembre de 2024.
Indicó que el tribunal estableció, luego del análisis de las pruebas aportadas por las partes en el litigio sobre el Canal 3 en la banda VHF, que el «regulador (Indotel) tenía pleno conocimiento de que existía un proceso judicial abierto sobre el derecho de uso y explotación de esa frecuencia».
«El órgano apuntó que, en tales circunstancias, esa entidad encargada de gestión radioeléctrica debía actuar con la debida prudencia y observar el principio de realizar una buena administración, absteniéndose de adoptar decisiones que pudieran incidir en el proceso, como lo fue asignar el Canal 3 a favor de un tercero, en este caso la sociedad Franasyl. S.R.L.», dice un documento enviado por la Corporación de Televisión y Microondas Rafa, S.A. (Telemicro).
Derechos de Franasyl
La Tercera Sala del TSA reconoció la legitimidad de los derechos alegados por Franasyl, S.R.L. en torno al Canal 3 virtual y declaró válida su intervención voluntaria en el proceso.
En su decisión, el tribunal rechazó en todas sus partes el recurso contencioso administrativo interpuesto por Telemicro y confirmó íntegramente la Resolución núm. 080-2022 emitida por el Indotel.
La sentencia se produce tras el reenvío ordenado por la Suprema Corte de Justicia mediante la decisión SCJ-TS-25-0203, que instruyó una nueva valoración del caso después de identificar un vicio de desnaturalización de los hechos en un fallo anterior.
- Telemicro buscaba que la justicia anulara la resolución del Indotel alegando derechos adquiridos sobre el Canal 3 VHF derivados de una comunicación emitida por el órgano regulador en 2004.
Santo Domingo, R.D.-El Senado de la República conocerá este viernes en única discusión el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal, con las decenas de modificaciones que hizo la Cámara de Diputados y la opción de aprobar o rechazar el documento.
El pleno senatorial deberá decidir “lo más rápido posible”, debido al plazo que le otorga el Tribunal Constitucional en la sentencia 0765/24. En su fallo, emitido el 6 de diciembre de 2024, la alta corte declaró nula la Ley 10-15, que modifica el Código Procesal Penal del 2002, y dio un año al Congreso Nacional, hasta el 11 de este mes, para tener listo un nuevo marco legal.
La pieza de ley que estudian los congresistas generó fuertes debates en la Cámara de Diputados mientras era conocida, por artículos que tienen que ver con las facultades del Ministerio Público (MP) en los procesos, como los de peritajes. Uno de ellos es el artículo 211, sobre el nombramiento de peritos.
La moción de Pacheco y Díaz, que es similar a la versión que llegó del Senado, consiga tres párrafos, en el que establecen que los peritos en cualquier otro momento son nombrados, mediante resolución motivada, por el juez o tribunal, a propuesta de parte; el número de peritos es determinado según la complejidad de las cuestiones a plantear, considerando las sugerencias de las partes; y el dictamen o la resolución que ordena el peritaje fija con precisión las razones que lo motivan, su objeto y alcance, así como el plazo para la presentación de dichos dictámenes.
El Procesal Penal vigente no condiciona el nombramiento del perito por el Ministerio Público a que no sea “anticipo jurisdiccional”. Dice, más bien, que durante la etapa preparatoria los nombra el Ministerio Público.
Ejecución del peritaje
Amado Díaz propuso también -siendo acogida por la mayoría-, modificar el artículo 215 del nuevo Código, que trata sobre la ejecución del peritaje, para agregar al MP, quien había sido dejado fuera de ese apartado en la aprobación en primera discusión. Se estableció que el órgano persecutor, juez o tribunal que ha dispuesto el peritaje, resuelva todas las cuestiones que se planteen durante su realización.
La CD modificó el artículo 48 de la pieza
Otro punto de debate en los diputados fue el de la interrupción de la prescripción, artículo 48, numeral 1, uno de los que se quejó Eugenio Cedeño. La Cámara modificó dicho apartado -al dejar quitar la frase “presentada por el Ministerio Público”, para que diga que la prescripción se interrumpe por: la imposición de medida de coerción; la presentación de la acusación; y el pronunciamiento de la sentencia, aunque sea revocable.