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La Marcha Verde crece a pesar de la oposición del Gobierno

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SANTO DOMINGO.El Movimiento Marcha Verde se ha constituido en un verdadero dolor de cabeza para las autoridades y el partido oficial, que lo combaten con diferentes armas, pero no han podido disminuir su capacidad de movilización y de cuestionamiento.

Este movimiento presentó credenciales el 22 de enero pasado con una multitudinaria de movilización y desde entonces no ha cesado de reclamar, cívica y ordenadamente en gigantescos desfiles: el cese del fin de la impunidad y la corrupción que en los últimos años ha alcanzado niveles nunca visto.

Esta coalición de fuerzas y sectores constituye un fenómeno sociológico que comienza a ser estudiado, a pesar de su corta vida, por diversos cientistas sociales de América Latina.

Todos los sectores que la apoyan, convergen en un aspecto, que ha sido a lo largo de la historia nacional un dolor de cabeza para el pueblo: la corrupción y la impunidad.

Las movilizaciones masivas de este nuevo sujeto social llaman la atención de los servicios de seguridad del Estado y partidos políticos tradicionales que para movilizar a unos cientos de ciudadanos tienen que recurrir a millones de pesos e incluso atraerlos con dinero y comida. Todo el que asiste a una actividad de la Marcha Verde lo hace espontáneamente.

Empero. La gran capacidad de convocatoria que exhibe se debe a que la consigna de lucha contra la corrupción y el fin de la impunidad ha calado muy hondo en el pueblo dominicano.

Contra la marcha

Contra la Marcha Verde se ha desatado una feroz campaña con el fin de provocar su desmovilización y desprestigiarla, las llamadas “bocinas” del gobierno no cesan en su objetivo, pero hasta el momento han fracasado.

Desde un principio se desató a cabo una campaña para asociarla a empresarios del sector generación de electricidad que supuestamente se oponen a la construcción de la planta de generación eléctrica Punta Catalina.

Asimismo se intentó ligar al Movimiento Marcha Verde con actividades violentas para impedir que la población asistiera a sus actividades, pero ello también fue inútil y miles de familias acuden a las manifestaciones a enarbolar la bandera anti corrupción.

Esta coalición de fuerzas y sectores constituye un fenómeno sociológico que comienza a ser estudiado, a pesar de su corta vida, por diversos cientistas sociales de América Latina.

Otro intento por desprestigiar la Marcha Verde fue cuando se quiso relacionar con el narcotráfico, se montó una estratagema y se apresó a Juan Comprés dirigente de Movimiento Los Peregrinos, en Moca, provincia Espaillat, al cual se le colocó cocaína en su vehículo, en una burda operación que fue grabada con un teléfono celular por una persona y repudiada por toda la sociedad.

Lo último de esa visión es el interés del oficialismo de que la Marcha Verde se convierta en un partido político en el entendido de que así sería más fácil de combatir.

Como un movimiento social heterogéneo la Marcha Verde genera simpatía en diversos estamentos de la sociedad, pues la lucha contra la corrupción unifica a los dominicanos y es su único objetivo. Las tareas políticas son propias de los partidos.

Los principales dirigentes de la Marcha Verde saben que tan pronto se presenten ante la sociedad como una organización política dejará de recibir el apoyo de importantes sectores de la vida nacional y lo más probable es que termine siendo un grupúsculo más de los que existen en la vida nacional.

Su objetivo de por vida ha de ser, de manera cívica, limpiar a la administración pública de aquellos que van a la misma a enriquecerse a usar los recursos públicos en provecho propio.

diariolibre.com

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Piden prisión para profesor imputado por acoso sexual contra una estudiante

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SANTO DOMINGO.- Prisión preventiva solicitó el Ministerio Público a un tribunal como medida de coerción contra un profesor imputado de incurrir en acoso sexual en perjuicio de una estudiante de un centro educativo del Distrito Nacional.

La medida de coerción fue solicitada contra el imputado Inocencio Lebrón Montero, quien se desempeñaba como profesor de matemáticas de la adolescente.

De acuerdo con la investigación, el imputado aprovechó la relación de confianza derivada de su condición de docente para iniciar un acercamiento progresivo hacia la víctima.

El Ministerio Público establece que en ese contexto se produjeron varios encuentros dentro del vehículo del imputado, donde este presuntamente realizó tocamientos indebidos en perjuicio de la adolescente e insistió en sostener relaciones sexuales, a lo que la víctima se negó.

La investigación, también, señala, que el imputado habría reiterado las conductas denunciadas, manteniendo presión emocional sobre la menor de edad.

El imputado fue apresado el pasado 22 de abril, en virtud de una orden de arresto emitida en su contra por la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional.

Las procuradoras fiscales Adalgisa Tavares y Mariela Ramos, adscritas a la Unidad de Prevención de Violencia de Género y Delitos Sexuales del Distrito Nacional, depositaron la instancia con la solicitud de medida de coerción contra el imputado.

La audiencia fue aplazada por la jueza Lissa Veras, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, para este sábado, 2 de mayo, a solicitud de la defensa, que requirió más tiempo para preparar sus medios de defensa.

El Ministerio Público ha otorgado al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 330 y 333, literal D, del Código Penal Dominicano, así como al artículo 396, literal C, de la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

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Apelarán condena de 30 años a anciano de 83 años por tentativa de asesinato.

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Santo Domingo, R.D.-Milagros del Carmen Rodriguez, abogada de la Defensoría Pública, anunció que recurrirá la sentencia de 30 años de prisión impuesta a Nicolás Suárez, de 83 años, condenado por tentativa de feminicidio contra su expareja Erminia Núñez Durán, en el distrito municipal de Santiago Oeste (Cienfuegos), quien  argumenta que la edad avanzada y el deteriorado estado de salud del imputado hacen inviable su reclusión en un centro penitenciario.

El Tercer Tribunal Colegiado del distrito judicial de Santiago, integrado por las juezas Ingrid LiberatoDeyanira Méndez y Kimberly Tatis, impuso a Suárez la pena máxima por tentativa de asesinato. Sin embargo, la defensa sostiene que el tribunal no tomó en cuenta las atenuantes presentadas durante el proceso.

La abogada Milagros Del Carmen Rodríguez señaló que Suárez padece diabetes avanzada que le ha provocado la pérdida de la visión, condición que motivó que durante todo el proceso judicial permaneciera en prisión domiciliaria.

«Hemos solicitado varios permisos para ir al médico porque no ve; tiene una situación de diabetes que le ha quitado la vista», declaró la defensora pública.

Los hechos que originaron el proceso ocurrieron el 17 de julio de 2024 en un barrio del distrito municipal de Santiago Oeste (Cienfuegos), cuando Nicolás Suárez agredió a su expareja, Erminia Núñez Durán, en un hecho calificado por la justicia como tentativa de asesinato.

A pesar de que el tribunal no acogió los argumentos atenuantes presentados por la defensa, la abogada insiste en que una condena de 30 años resulta desproporcionada e inaplicable dadas las condiciones del imputado.

La Defensoría Pública solicita que, en caso de mantenerse la calificación de tentativa de asesinato, la pena sea sustituida por una condena suspendida que no exceda los tres años.

La defensora invocó el principio de humanización de las penas, establecido en el ordenamiento jurídico dominicano, como fundamento central del recurso de apelación.

«No es posible que en este caso no se tome en cuenta el principio de humanización», afirmó Rodríguez.

El principio de humanización de las penas reconoce que la ejecución de una condena no debe atentar contra la dignidad del condenado ni agravar su situación más allá de lo que la propia pena implica. En casos de personas de edad avanzada con enfermedades graves, los tribunales de alzada dominicanos han considerado este principio como criterio válido para modificar sanciones.

La apelación será presentada ante la Corte de Apelación del departamento judicial de Santiago.

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Con arma blanca niños intentan agredir alumnos en las afueras de escuela primaria de Verón.

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Santo Domingo, R.D.-Una gran preocupacion reina en la cumunidad educativa por un video grabado que muestra a varios niños, con edades aparentes de 8 a 12 años, portando un arma blanca en las afueras del centro educativo Pedro Livio Cedeño, ubicado en Verón, provincia La Altagracia, en aparente actitud de tratar de herir a algunos estudiantes.

En las imágenes se observa cómo varios menores se aproximan inicialmente a una niña, estudiante del centro, en actitud agresiva con un cuchillo mohoso en la mano.

Posteriormente, uno de los niños, vestido con bermuda y polocher azul, portando el  cuchillo dobla una esquina del centro educativo. Acto seguido, otro menor con un polocher rojo toma el arma blanca y regresa hacia la acera frente al plantel, donde persigue a otro estudiante, quien sale corriendo.

Indicó que el video comenzó a circular ampliamente en redes sociales durante la mañana de este miércoles en Verón, Bávaro y Punta Cana, y que el caso ocurrió la tarde de ayer martes.

Santana señaló que, tras tener conocimiento del hecho, se estableció contacto con la directora del centro, Lucy Cueto, quien informó que los estudiantes involucrados ya fueron identificados. Asimismo, los padres fueron convocados para sostener una reunión y determinar las circunstancias que originaron el incidente.

«Es en el día de hoy cuando se estará investigando el por qué de esta situación», explicó Santana, al tiempo que destacó que, aunque en la zona se han detectado casos de pandillas y bandas en otros centros, principalmente en liceos, este tipo de casos no se había registrado anteriormente en esa escuela, que corresponde al nivel primario.

Sobre las posibles consecuencias, advirtió que se trata de un hecho grave que podría tener implicaciones legales. «Si el menor tiene más de doce años, podría enfrentar hasta dos años de prisión por tratarse de un acto de vandalismo. Si es menor, la responsabilidad recae en los padres», indicó.

En el ámbito educativo, Santana consideró que el hecho constituye una falta «gravísima», lo que podría conllevar sanciones severas, incluyendo la expulsión inmediata del estudiante involucrado.

La ADP aseguró que dará seguimiento al caso para verificar las medidas que adopte el centro educativo y garantizar la seguridad de la comunidad escolar.

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