Nacionales
La Marcha Verde crece a pesar de la oposición del Gobierno
SANTO DOMINGO.El Movimiento Marcha Verde se ha constituido en un verdadero dolor de cabeza para las autoridades y el partido oficial, que lo combaten con diferentes armas, pero no han podido disminuir su capacidad de movilización y de cuestionamiento.
Este movimiento presentó credenciales el 22 de enero pasado con una multitudinaria de movilización y desde entonces no ha cesado de reclamar, cívica y ordenadamente en gigantescos desfiles: el cese del fin de la impunidad y la corrupción que en los últimos años ha alcanzado niveles nunca visto.
Esta coalición de fuerzas y sectores constituye un fenómeno sociológico que comienza a ser estudiado, a pesar de su corta vida, por diversos cientistas sociales de América Latina.
Todos los sectores que la apoyan, convergen en un aspecto, que ha sido a lo largo de la historia nacional un dolor de cabeza para el pueblo: la corrupción y la impunidad.
Las movilizaciones masivas de este nuevo sujeto social llaman la atención de los servicios de seguridad del Estado y partidos políticos tradicionales que para movilizar a unos cientos de ciudadanos tienen que recurrir a millones de pesos e incluso atraerlos con dinero y comida. Todo el que asiste a una actividad de la Marcha Verde lo hace espontáneamente.
Empero. La gran capacidad de convocatoria que exhibe se debe a que la consigna de lucha contra la corrupción y el fin de la impunidad ha calado muy hondo en el pueblo dominicano.
Contra la marcha
Contra la Marcha Verde se ha desatado una feroz campaña con el fin de provocar su desmovilización y desprestigiarla, las llamadas “bocinas” del gobierno no cesan en su objetivo, pero hasta el momento han fracasado.
Desde un principio se desató a cabo una campaña para asociarla a empresarios del sector generación de electricidad que supuestamente se oponen a la construcción de la planta de generación eléctrica Punta Catalina.
Asimismo se intentó ligar al Movimiento Marcha Verde con actividades violentas para impedir que la población asistiera a sus actividades, pero ello también fue inútil y miles de familias acuden a las manifestaciones a enarbolar la bandera anti corrupción.
Esta coalición de fuerzas y sectores constituye un fenómeno sociológico que comienza a ser estudiado, a pesar de su corta vida, por diversos cientistas sociales de América Latina.
Otro intento por desprestigiar la Marcha Verde fue cuando se quiso relacionar con el narcotráfico, se montó una estratagema y se apresó a Juan Comprés dirigente de Movimiento Los Peregrinos, en Moca, provincia Espaillat, al cual se le colocó cocaína en su vehículo, en una burda operación que fue grabada con un teléfono celular por una persona y repudiada por toda la sociedad.
Lo último de esa visión es el interés del oficialismo de que la Marcha Verde se convierta en un partido político en el entendido de que así sería más fácil de combatir.
Como un movimiento social heterogéneo la Marcha Verde genera simpatía en diversos estamentos de la sociedad, pues la lucha contra la corrupción unifica a los dominicanos y es su único objetivo. Las tareas políticas son propias de los partidos.
Los principales dirigentes de la Marcha Verde saben que tan pronto se presenten ante la sociedad como una organización política dejará de recibir el apoyo de importantes sectores de la vida nacional y lo más probable es que termine siendo un grupúsculo más de los que existen en la vida nacional.
Su objetivo de por vida ha de ser, de manera cívica, limpiar a la administración pública de aquellos que van a la misma a enriquecerse a usar los recursos públicos en provecho propio.
diariolibre.com
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.