Por Juan Bolívar DíazLa Marcha Verde afronta el desafío de seguir acumulando fuerza con metas realistas, consciente de que doblegar la corrupción y la impunidad no es cuestión de meses, controlando a los que se desesperan y a quienes subestiman el poder gubernamental  

El movimiento Marcha Verde (MV), reconocido como el acontecimiento político-social más impactante del año pasado, tiene su primer desafío del 2018 el próximo domingo 28 con una concentración ante el Palacio Nacional llamada a demostrar que, al cumplir su primer aniversario, no se ha extinguido como anhelan y pregonan los voceros del Gobierno.

Para entonces los líderes del movimiento contra la corrupción y por el fin de la impunidad tendrán que presentar demandas concretas con metas alcanzables progresivamente y fomentar la conciencia de que vencer las resistencias de un sistema político profundamente corrompido no es cuestión de meses, probablemente años, aún con la incorporación de múltiples segmentos sociales.

La convocatoria al Palacio. Una asamblea nacional de la MV impuso una meta muy alta para comenzar el 2018, después de una pausa de meses en sus exitosas movilizaciones por gran parte del país, como es la de reunir una significativa concurrencia ante la sede del Gobierno que se da por hecho que tendrá un cerco policíaco militar capaz de disuadir a una proporción de los inconformes.
Hubiese sido mejor inversión repetir la marcha con que arrancó el movimiento el 22 de enero del 2017, la cual partió de la confluencia de las avenidas 27 de Febrero y Máximo Gómez hasta el Altar de la Patria, pasando por el costado norte del Palacio Nacional, para demostrar que ahora son muchos más los que sustentan la lucha contra la corrupción y por el fin de la impunidad. Pero predominaron los “más vigorosos” que ya para la marcha del 16 de julio querían ir hacia la sede del Gobierno, y luego proponían una ruta de 12 kilómetros, a la Plaza de la Bandera en la avenida Luperón, inalcanzable para las mayorías.

La concentración del 28 está prevista para la confluencia de la avenida México y 30 de Marzo, con tribuna de espalda al Palacio, conscientes de que las autoridades establecerán límites que tendrá que acatar una movilización ciudadana pacífica y ordenada, que convoca hasta a los niños, y le obligará a invertir recursos humanos para evitar y evadir provocaciones que degeneren en algún incidente para buscar su descrédito. El Gobierno, que ha evadido confrontar abiertamente el movimiento, no puede exponerse a una represión que potencie la protesta, pero sus bocinas intentarán meter miedo para reducir la participación.

Seguir acumulando fuerza. No hay dudas de que la MV logrará una gran concurrencia el 28, cuando deberá presentar la agenda para el 2018, que diseñó en los foros regionales de noviembre y diciembre pasados. Lo que correspondería es proseguir la acumulación de fuerza manteniendo las características que le han dado impacto, de movimiento ciudadano pacífico y ordenado, de amplio espectro social, apartidista, de un gran liderazgo horizontal, sin protagonismos individualistas, que convoca a todos los preocupados por el nivel que han alcanzado la corrupción y la impunidad que la incentiva.

Los que pretenden milagros a corto plazo se muestran insatisfechos de los resultados del primer año de la MV, aunque la mayoría de sus líderes están conscientes del impacto logrado, posicionando la preocupación por la corrupción y la impunidad en el primer plano del debate nacional en todos los medios de comunicación, en las redes sociales y en las tertulias cotidianas. La concentración evangélica del día de año nuevo y la pastoral de los obispos dominicanos de esta semana podrían ser fruto de la esencia de la movilización ciudadana. La orden de los Jesuitas difundió un video exhortando a proseguir la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Es obvio que el Gobierno y sus sustentadores han apostado a que la población se canse de marchar, guardando silencio frente a la movilización y sus demandas, pero no han podido dejar traslucir sus temores de que alcance mayores dimensiones, sobre todo cuando tiene pendiente en lo inmediato documentación de las acusaciones por el escándalo Odebrecht y salida de la incierta situación de las polémicas plantas de carbón, cuya finalización está afectada por la demanda de 708 millones de dólares adicionales para una obra considerada sobrevaluada desde su inicio.

Hay quienes se desesperan y preguntan si la MV podrá alcanzar su objetivo fundamental. Y la respuesta es que lo peor es darse por vencido o pretender que toda una cultura de corrupción puede ser desarraigada en cuestión de meses. El éxito de la lucha por la aplicación de la ley del 4% del PIB para la educación fue fruto de la persistencia de la movilización ciudadana durante varios años y era más fácil que poner límites a la corrupción y la impunidad.

De mediano y largo plazo. En los próximos meses empieza la renovación de órganos como el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional, que deben tener la atención de la MV por cuanto inciden en el control de la corrupción política y derechos ciudadanos. Sin descuidar el seguimiento firme al rosario de decenas de escándalos de corrupción pendientes de esclarecimiento y sanciones.
El programa de la MV tendría que implicar metas de mediano y largo plazo, como las reformas institucionales para dar vigencia a la independencia de los poderes del Estado, especialmente de la justicia y el Ministerio Público, y para constituir los órganos de control del Estado, desde la Suprema Corte y la Junta Central Electoral, hasta el Tribunal Superior Electoral, Tribunal Constitucional, Cámara de Cuentas y Defensoría del Pueblo. Y para que el Congreso cumpla su función fiscalizadora, sin barrilitos ni cofrecitos.

Estas metas son de mediano y largo plazo por cuanto implican una reforma constitucional que no saldrá de un Congreso controlado plenamente por el mismo partido gobernante, pero son fundamentales para la regeneración institucional y el control de la corrupción y de la persistente impunidad. Todo eso es más aglutinante que la petición de renuncia y/o de juicio político al presidente Medina, cuando este tiene bajo absoluto control todos los órganos del Estado.

Ni subestimar ni sobrestimar. Los sectores incidentes en la MV tienen que tener en cuenta que el PLD ni su Gobierno cederán nada si no se ven obligados, para lo cual al movimiento y a la oposición política partidista les falta acumular mucho más fuerza, evadiendo la confrontación con acciones que, como un paro general que algunos acarician, solo servirían para alejar sectores que apenas empiezan a caminar.

Algunos recuerdan las paralizaciones de los ochenta y noventa, pero olvidan que las promovían los sectores sindicales y populares, y estuvieron siempre acompañadas de coerción al comercio y los transportistas, con obstrucción de calles y carreteras, quemando gomas y árboles, y que nunca lograron cambios significativos. Métodos que desnaturalizarían los pacifistas de la MV que han movido hasta a las monjas con todo y hábitos y a sectores empresariales.

A atletas que apenas comienzan a caminar no se les puede proponer que salten obstáculos o emprendan maratones, sin riesgos de que se sienten o se lesionen. La dirección de la MV ha tenido éxito en contener a los más entusiastas que sobrestiman sus propias fuerzas y subestiman las de un Gobierno con amplio control político y social. También a quienes pretenden convertirla en partido político, desconociendo que ahí mismo empezaría a dividirse y reducirse, porque en ella participan militantes de una decena de grupos partidistas que no han pido concertar y menos unirse.

La coyuntura electoral. Los dirigentes de MV tienen también que seguir conteniendo las corrientes anti partidos, propias de coyunturas revolucionarias donde las masas se imponen a todo costo, lo que está lejos de la realidad. Su éxito dependerá de la persistencia en sus objetivos, como fue el caso del movimiento por el 4% del PIB para la educación, que logró imponer su meta en la campaña electoral del 2012, por su capacidad para negociar con los partidos, incluyendo al de Gobierno.

A menos que se produzca un desbordamiento de masas o un abrupto descalabro económico, que no están en el horizonte del corto plazo, el punto de inflexión para la Marcha Verde será la coyuntura electoral del 2020. Si llega con mayor fuerza podría obligar a los gobernantes a acoger sus reclamos, o a los partidos opositores a levantarlos en un amplio frente. Si ninguna de estas dos alternativas operan, entonces, y solo entonces, pudiera nacer alguna opción política nueva. Pero que nadie sueñe con programas revolucionarios ni ambiciosos, pues la coyuntura nacional ni la internacional parecen ni remotamente propiciarlos. Un proyecto de transición democrática que revierta el deterioro institucional, con respeto de la Constitución y la leyes, que contenga la corrupción, la impunidad y la carrera insostenible de endeudamiento y que mejore las políticas sociales y promueva equidad, sería una revolución en las circunstancias actuales.