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La empresa de mayor rentabilidad económica es convertirse en candidato presidencial con vocación de poder.
Por Elba García
La conversión de cualquier persona en candadita presidencial de un partido político con posibilidades de alcanzar el poder, aunque no llegue a la meta de ocupar la posición política y pública más alta, generalmente se baña de papeletas de dinero de diferentes procedencias.
Los ejemplos en la República Dominicana son numerosos, sobre todo porque la mayoría, por no decir prácticamente todos, los candidatos presidenciales provienen de la clase media, es decir, personas que no tienen grandes fortunas y que lo más que han tenido es un ejercicio profesional relativamente exitoso.
Sin embargo, en esta regla hay dos candidatos que lograron la meta de alcanzar la presidencia de la República, pero que nadie les puede atribuir que obtuvieron grandes fortunas personales a través de la política.
Se trata de Joaquín Balaguer y el profesor Juan Bosch, cuya diferencia entre ambos fue que el primero avaló y sirvió de padrino para que determinados personajes de su gobierno se enriquecieran, entre los que se podían citar a Guaroa Liranzo, entre otros, pero no ocurrió así con el fundador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quien fue rabiosamente honesto y celoso en el manejo de los recursos públicos.
A otro que tal vez no se le puede atribuir acciones para acumular fortuna personal fue a Don Antonio Guzmán Fernández, quien era indicado como poseedor de una riqueza que nunca fue realmente comprobada y tampoco parece que recibió grandes donaciones económicas durante su campaña electoral, aunque siempre es así.
Otro presidente que no se le conocía fortuna económica, pero que era un experto en generar recursos por su condición de aspirante presidencial con una real vocación de poder, fue el licenciado Jacobo Majluta, quien nunca ganó unas elecciones presidenciales, pero participó de forma muy destacada en el propósito de alcanzar la llamada silla de alfileres.
El doctor Salvador Jorge Blanco, un ejemplo de acumulación de una alta popularidad como candidato presidencial, quien se había destacado como un excelente profesional del derecho de la ciudad de Santiago, es otro de quien en realidad no hay constancias de que haya recibido grandes sumas de dinero como aspirante a la jefatura del Estado.
Sin embargo, el asunto da un giro en el país cuando se intensifica la corrupción administrativa y que el dinero del narcotráfico y de otras actividades del bajo mundo entra a la actividad política y que de alguna manera contamina el Estado, sobre todo después del país pasar de además de un puente a un mercado importante de estupefacientes.
De manera, que el dinero del bajo mundo entra a la actividad política a nivel no sólo de la candidatura presidencial, sino de los que buscan llegar al Congreso Nacional y los ayuntamientos, tanto es así que ha sido poco lo que se ha disimulado en esta materia en el país.
Hipólito Mejía es otro candidato que llega a la presidencia de la República prácticamente desde la nada y que en realidad no se le conocía ninguna fortuna, pero hay quienes sostienen que este político, que inició su carrera desde la secretaria de Agricultura de la época, exhibe un poder económico que no hay formas convincentes de cómo pudo haber ser adquirido.
La explosión en términos de los aspirantes presidenciales que aprovecharon la campaña electoral para acumular riquezas, se inicia con mayor notabilidad durante las aspiraciones de Leonel Fernández, quien de ser un profesional del derecho sin mucho éxito en esta materia anuncia al país en el 1996 que era millonario en los devaluados pesitos dominicanos.
La acumulación económica de Fernández pareció no detenerse cuando declaró que poseía la suma de algo más de 17 millones de pesos y luego fue seguido por Danilo Medina de su mismo partido, ambos de una procedencia que puede decirse humilde, hasta llegar a cuando el dinero del bajo mundo entra con mucha fuerza en las campañas electorales.
Empero, el caso que tal vez más llama a la atención es el del presidente Luis Abinader, quien durante una entrevista con Jorge Ramos de la cadena Univisión, fue llevado a revelar que su fortuna personal alcanzaba a algo más de un millón de dólares y en cuestión de un tiempo relativamente corto aparece como el presidente más rico de Latinoamérica.
Abinader habla de una fortuna en paraísos fiscales que pocas personas le han dado importancia a ese detalle, pero el mandatario dice tener unos 76 millones de dólares, es decir, unos 4 mil 300 millones de pesos, pero hasta donde se sabe todavía no ha habido ninguna de determinación de herederos del patrimonio de su padre.
El asunto es que los candidatos presidenciales reciben altas sumas de dinero por concepto de contribución a la campaña electoral, cuya comprobación se puede hacer con la revelación hecha por el abogado Angel Lockward de que donó a la campaña de Luis Abinader la suma de 400 millones de pesos y hasta el momento el actual mandatario no ha negado esa afirmación de uno de los imputados de un fraude en contra del Estado que llega a más de los 19 mil millones de pesos.
El asunto es que quién no sabe en este país que Lockward no ha sido heredero de una gran fortuna económica y que esa donación a Abinader tiene que tener una procedencia como la que se ha develado ahora con el caso de corrupción en que esta involucrado, pero que además ya había sido imputado en otros similares.
Vistos estos casos hay que concluir que las grandes fortunas de algunos candidatos presidenciales tienen su explicación en dinero que proviene de los grupos económicos, el bajo mundo y de todas las distorsiones que se producen en un país como la República Dominicana, donde no hay controles de nada y cuyo nivel de institucionalidad se presta para vender lo que no existe y ser exitoso con sólo acogerse a la cultura de la apariencia que arropa a toda la nación.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.