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Ley extención de dominio se ha constituido en espejo para que legisladores muestren su doble cara a la sociedad.
Por Elba García
Desde hace mucho tiempo cursa en el Congreso Nacional el proyecto de Ley de Extinción de Dominio, el cual persigue evitar el enriquecimiento ilícito a través de los fondos públicos y privados, pero algunos detalles de la pieza legislativa han impedido su aprobación.
El proyecto de Ley tiene el objetivo de establecer el marco legal para la regulación de la extinción de dominio de bienes ilícitos, definir las consecuencias y facultades de las autoridades responsables de su aplicación, reconocer los derechos y garantías de los intervinientes, entre otros asuntos.
Los puntos más polémicos del proyecto consisten en que los legisladores del partido oficial, el Revolucionario Moderno, pretenden que la nueva ley incluya la aplicación retroactiva de la misma, lo cual podría terminar con algún recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
Senador, Iván-Lorenzo
Este aspecto tiene un impacto político y ello es lo que motiva que se rechace esa parte del proyecto, no necesariamente por lo jurídico en lo que respecta a la retroactividad, dado que son muchos los exfuncionarios del Gobierno y que pertenecen al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que podrían ser presas de lo consignado en esta nueva legislación, en virtud de que la mayoría ha acumulado fortunas sobre la base de la corrupción y el narcotráfico.
La cuestión es que el principio universal del derecho como la no retroactividad de la ley y que incluso está constitucionalizado en el país, podría ser una arma muy útil para los peledeístas, que, sin ninguna duda, han ido al Estado a apropiarse de lo que no es suyo y que la ley de extinción de dominio implicaría que ellos tendrían que rendir cuentas de la procedencia de sus fortunas.
Senador, Pedro Catrain
Este detalle ha sido la principal razón para que el proyecto no sea aprobado por consenso en la comisión bicameral que lo estudia, pero el otro elemento que entonces no quieren los perremeístas es la figura de la elusión fiscal, la cual no aparece existir en el ordenamiento juridico dominicano, aunque debía hablarse también de la evasión, ya que en realidad no es lo mismo, pero que representa de alguna manera una forma de enrostrarle al presidente Luís Abinader el hecho de que tenga una fortuna en paraisos fiscales.
Otro elemento en discusión es si esta legislación entraría como una ley orgánica o ordinaria por regular derechos fundamentales, como son la estructura, organización y función de los poderes públicos, el régimen electoral, entre otros, cuya característica impediría que la misma sea aprobada en el Congreso Nacional por mayoría absoluta de los legisladores presentes, sino especializada con las dos terceras partes con la que no cuenta el partido oficial en el Congreso Nacional.
Los debates que se han generado y la no aprobación del proyecto de ley de extinción de dominio tiene su explicación en la doble moral de los que se dedican a la politiquería y a la contaminación que sufre esta actividad en el país.
La ley de extinción de dominio tiene un futuro incierto, porque por lo que se puede ver los peledeistas no van a transigir frente a la intención de los perremeistas que buscan que las garras de la ley sirvan para perseguir y procesar judicialmente a los que ahora son acusados de ser depredadores del patrimonio público, a menos que se apruebe como ordinaria que requiere de una mayoría simple que sí tiene el PRM en el Congreso Nacional.
Cuando pasan cosas como las que se ven ahora en el Congreso Nacional permiten valorar hasta donde es importante que durante los procesos electorales la ciudadanía ponga mucha atención en los que buscan convertirse en legisladores para a través del poder público logrado ponerse al servicio de lo peor, pero incluso para ellos mismos tener garantizada una impunidad que daña tanto a la democracia.
Este el segundo proyecto de ley que ha dejado huellas traumáticas en la sociedad dominicana, ya que el otro es el Código Penal, el cual incluso el conflictivo tema de las tres causales, que permitiría que en el país se legalice el aborto en cincunstancias muy especiales, ni por asomo facilitaría su aprobación.
El metamensaje que dejan los diferentes políticos que se mueven en el escenario nacional es que la cuestión del avance institucional es un tema pendiente, pero muy difícil de satisfacer y que en consecuencia el avance hacia un estadio de una mejor democracia no será fácil de verlo concretarse.
La no aprobación de ley de extinción de dominio en la República Dominicana propicia que las puertas de la doble moral y de la corrupción generalizada tomen cuerpo y que el sueño de un país donde se respeten los valores democráticos, éticos y morales sea una aspiración que se hace difícil, por no decir imposible, de lograr en el contexto de la realidad nacional.
Cuando una nación, no importa en qué lugar del mundo esté ubicada, está comprometida con el bajo mundo y los peores intereses, difícilmente puede exhibir logros importantes en desarrollo humano y en el combate de la pobreza y la desigualdad.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.