Santo Domingo, RD.-El delegado ante la Junta Central Electoral, Tácito Perdomo, sostuvo que «Hay que decir, que la mayoría de los partidos no puede lanzar la primera piedra, porque hay que decir, que casi todos los partidos, de una forma u otra, están incurriendo en eso que podría catalogarse de campaña a destiempo«.Nacionales
«La mayoría de partidos no puede lanzar la primera piedra», dice delegado ante JCE.
Santo Domingo, RD.-El delegado ante la Junta Central Electoral, Tácito Perdomo, sostuvo que «Hay que decir, que la mayoría de los partidos no puede lanzar la primera piedra, porque hay que decir, que casi todos los partidos, de una forma u otra, están incurriendo en eso que podría catalogarse de campaña a destiempo«.A mediados de la noche del lunes, el pleno de la JCE emitió un comunicado en donde expresa tener una «profunda preocupación» por el «desbordamiento del proselitismo electoral» que están llevando a cabo los partidos políticos y que esas acciones «amenazan gravemente con quebrantar la integridad electoral» y que pudieran afectar todo el sistema electoral.
Tras ello, a pesar de lo expresado por el delegado del PRSC, los representantes y delegados de diferentes partidos políticos señalaron cómo «incitadores» de esa declaración del órgano electoral al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Partido Revolucionario Moderno (PRM); esto después de que el PLD realizara el proceso de «consulta popular» en donde decidieron preparar su «propuesta presidencial» con Abel Martínez a la cabeza y el denominado movimiento «sector externo» del PRM que realizó una actividad en Santiago, en presencia de la secretaria general de ese partido, Carolina Mejía, promoviendo la reelección del presidente Luis Abinader.
«Nosotros entendemos que esas actividades reeleccionistas que se han desarrollado en Santiago y que se están desarrollando en diferentes puntos del país, es una violación flagrante a la normativa legal vigente, además de ser y representar un desafío a la autoridad competente, que es la Junta Central Electoral», manifestó Manuel Crespo, delegado de la Fuerza del Pueblo ante el órgano electoral.
Crespo por igual llamó a la JCE a que asuma su rol de «garante» de las normas y que aplique los correctivos y sanciones que están previamente establecidos, por lo que estaban de acuerdo en la convocatoria de la reunión.
Javier Ubiera, suplente de delegado de la Fuerza del Pueblo, informó que ese partido ha realizado actividades bajo el «marco de las leyes», como son las reuniones de sus organismos, juramentaciones, ruedas de prensas, elecciones internas, jornadas y campañas de afiliación y que las mismas son «comunicadas a la JCE».
«Particularmente yo diría que la JCE llega tarde; el problema es ahora cómo parar a los demás cuando se le permitió al PLD hacer unas primarias disfrazadas de consulta, nosotros hemos respetado los tiempos electorales, sin embargo, qué se hará para equilibrar la carga de ahora en adelante», expresó Sergio Holguín, delegado de Alianza País.
Se defienden
Ante esos señalamientos, dirigentes del PRM y el PLD justificaron sus acciones e indicaron que no fue por «ellos» que la JCE hizo el llamado de atención.
«Tomando en cuenta que el gobierno en pleno está en campaña reelecionista, y la última muestra de ello es que el domingo hicieron un acto proselitista en Santiago pidiendo la repaostulación del presidente Abinader. Hay que ponerle un freno a ese desborde extemporáneo de actividad política financiada no con recursos particulares de los que estaban ahí; a diferencia de ellos, el PLD, realizó una consulta ciudadana el 16 de octubre, programada con mucho tiempo de antelación y para la cual la propia JCE nos facilitó los equipos electrónicos y los materiales electorales, por lo que nuestro Partido no se da por aludido a lo que menciona el comunicado ni fue por el PLD que se emitió el mismo», exclamó José Dantes Díaz, dirigente del PLD.
El miembro del comité político del partido morado informó que el PLD estará en la cita convocada por la JCE el jueves a las 10 de la mañana para tratar ese tema.
De su lado, Geanilda Vázquez, dirigente del PRM, indicó que fue el PLD que realizó un proceso de escogencia de candidatura y que ellos solo se han limitado a la escogencia de sus direcciones internas.
«Y por supuesto hay un deseo de expresar de que nosotros y de que el país entiende de que el Presidente lo está haciendo bien y que se merece la oportunidad de una repostulación y que es algo de no es conductual, si no que algunos compañeros han empezado ya a trabajar por la continuidad del presidente Abinader», expresó Vázquez.
Con relación a la actividad del sábado, la dirigente del PRM manifestó que la misma fue una «respuesta a la acción de un partido que tomó una decisión de liderazgo nacional».
Que se proclame el inicio de la campaña
Aunque la JCE estableció el año pasado que el inicio formal de la precampaña electoral será a inicios de julio del año 2023, y hasta esa fecha los aspirantes presidenciales de los partidos políticos no podrán ser declarados de manera oficial como precandidatos, Perdomo señaló que lo más «posible» es que se declare el inicio de la campaña.
«Es conveniente que se vea esto (el proselitismo político), nos sincerisemos, porque a lo mejor lo conveniente o lo posible, porque hay que partir de lo posible, es que se declare el inicio de la campaña, aunque se viole la ley», indicó el representante del PRSC.
Sanciones
El numeral 8 del artículo 78 de la Ley 33-18 sobre Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas reza que los «partidos, agrupaciones y movimientos políticos o cualquier otra persona física o jurídica, pública o privada, sin perjuicio de las demás leyes que les sean aplicables, que incurran en las violaciones indicadas a la presente ley, serán susceptibles de las sanciones siguientes: 8) Los aspirantes que inicien su campaña antes del tiempo oficial de campaña o precampaña serán sancionados con la inadmisibilidad de la candidatura. La Junta Central Electoral será responsable de hacer cumplir esta disposición».
En ese sentido, el artículo 280 de la ley 15-19 sobre Régimen Electoral dice que será aplicada una sanción administrativa de uno a 200 salarios mínimos a aquellos que organizaren manifestaciones, mítines o reuniones públicas antes del inicio formal de la campaña electoral proclamada por la entidad y después del cierre de ésta y a los partidos y agrupaciones políticas que desarrollaren manifestaciones, mítines o reuniones públicas antes del inicio formal de la campaña electoral proclamada por la JCE y después del cierre de ésta.
Debido a ello está prohibida la celebración de eventos multitudinarios como mítines, marchas, caravanas y la divulgación de propaganda electoral como la colocación de vallas, afiches, pancartas, en espacios y lugares públicos; así como también la promoción de los aspirantes a través de medios de comunicación como la radio, televisión, redes sociales y cualquier otro medio o vía a través de los cuales pueda transmitirse información sobre actividades proselitistas a la población; sin menoscabo del derecho que tienen las organizaciones políticas de realizar las actividades internas habituales que les son propias, según sus estatutos y el principio de autorregulación partidaria.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Los tribunales de la República, considerando los principios de proporcionalidad y minimización de datos, ponderarán las informaciones de carácter personal o bienes que aparecerán en las redacciones, por lo que está sujeta a la discreción del juez.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
Los registros llamados a anonimato comienzan en los identificativos: nombres y apellidos, nombre de pila, apodos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio o dirección postal, dirección electrónica, dirección IP, correo electrónico y los números de pasaporte, cédula, carnet de conducir, policial, funcionario público, colegiado o de seguridad social.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
Los detalles de este artículo están contenidos en la redacción oficial de la Política de Protección de Datos.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.