Santo Domingo, RD.-El delegado ante la Junta Central Electoral, Tácito Perdomo, sostuvo que «Hay que decir, que la mayoría de los partidos no puede lanzar la primera piedra, porque hay que decir, que casi todos los partidos, de una forma u otra, están incurriendo en eso que podría catalogarse de campaña a destiempo«.Nacionales
«La mayoría de partidos no puede lanzar la primera piedra», dice delegado ante JCE.
Santo Domingo, RD.-El delegado ante la Junta Central Electoral, Tácito Perdomo, sostuvo que «Hay que decir, que la mayoría de los partidos no puede lanzar la primera piedra, porque hay que decir, que casi todos los partidos, de una forma u otra, están incurriendo en eso que podría catalogarse de campaña a destiempo«.A mediados de la noche del lunes, el pleno de la JCE emitió un comunicado en donde expresa tener una «profunda preocupación» por el «desbordamiento del proselitismo electoral» que están llevando a cabo los partidos políticos y que esas acciones «amenazan gravemente con quebrantar la integridad electoral» y que pudieran afectar todo el sistema electoral.
Tras ello, a pesar de lo expresado por el delegado del PRSC, los representantes y delegados de diferentes partidos políticos señalaron cómo «incitadores» de esa declaración del órgano electoral al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Partido Revolucionario Moderno (PRM); esto después de que el PLD realizara el proceso de «consulta popular» en donde decidieron preparar su «propuesta presidencial» con Abel Martínez a la cabeza y el denominado movimiento «sector externo» del PRM que realizó una actividad en Santiago, en presencia de la secretaria general de ese partido, Carolina Mejía, promoviendo la reelección del presidente Luis Abinader.
«Nosotros entendemos que esas actividades reeleccionistas que se han desarrollado en Santiago y que se están desarrollando en diferentes puntos del país, es una violación flagrante a la normativa legal vigente, además de ser y representar un desafío a la autoridad competente, que es la Junta Central Electoral», manifestó Manuel Crespo, delegado de la Fuerza del Pueblo ante el órgano electoral.
Crespo por igual llamó a la JCE a que asuma su rol de «garante» de las normas y que aplique los correctivos y sanciones que están previamente establecidos, por lo que estaban de acuerdo en la convocatoria de la reunión.
Javier Ubiera, suplente de delegado de la Fuerza del Pueblo, informó que ese partido ha realizado actividades bajo el «marco de las leyes», como son las reuniones de sus organismos, juramentaciones, ruedas de prensas, elecciones internas, jornadas y campañas de afiliación y que las mismas son «comunicadas a la JCE».
«Particularmente yo diría que la JCE llega tarde; el problema es ahora cómo parar a los demás cuando se le permitió al PLD hacer unas primarias disfrazadas de consulta, nosotros hemos respetado los tiempos electorales, sin embargo, qué se hará para equilibrar la carga de ahora en adelante», expresó Sergio Holguín, delegado de Alianza País.
Se defienden
Ante esos señalamientos, dirigentes del PRM y el PLD justificaron sus acciones e indicaron que no fue por «ellos» que la JCE hizo el llamado de atención.
«Tomando en cuenta que el gobierno en pleno está en campaña reelecionista, y la última muestra de ello es que el domingo hicieron un acto proselitista en Santiago pidiendo la repaostulación del presidente Abinader. Hay que ponerle un freno a ese desborde extemporáneo de actividad política financiada no con recursos particulares de los que estaban ahí; a diferencia de ellos, el PLD, realizó una consulta ciudadana el 16 de octubre, programada con mucho tiempo de antelación y para la cual la propia JCE nos facilitó los equipos electrónicos y los materiales electorales, por lo que nuestro Partido no se da por aludido a lo que menciona el comunicado ni fue por el PLD que se emitió el mismo», exclamó José Dantes Díaz, dirigente del PLD.
El miembro del comité político del partido morado informó que el PLD estará en la cita convocada por la JCE el jueves a las 10 de la mañana para tratar ese tema.
De su lado, Geanilda Vázquez, dirigente del PRM, indicó que fue el PLD que realizó un proceso de escogencia de candidatura y que ellos solo se han limitado a la escogencia de sus direcciones internas.
«Y por supuesto hay un deseo de expresar de que nosotros y de que el país entiende de que el Presidente lo está haciendo bien y que se merece la oportunidad de una repostulación y que es algo de no es conductual, si no que algunos compañeros han empezado ya a trabajar por la continuidad del presidente Abinader», expresó Vázquez.
Con relación a la actividad del sábado, la dirigente del PRM manifestó que la misma fue una «respuesta a la acción de un partido que tomó una decisión de liderazgo nacional».
Que se proclame el inicio de la campaña
Aunque la JCE estableció el año pasado que el inicio formal de la precampaña electoral será a inicios de julio del año 2023, y hasta esa fecha los aspirantes presidenciales de los partidos políticos no podrán ser declarados de manera oficial como precandidatos, Perdomo señaló que lo más «posible» es que se declare el inicio de la campaña.
«Es conveniente que se vea esto (el proselitismo político), nos sincerisemos, porque a lo mejor lo conveniente o lo posible, porque hay que partir de lo posible, es que se declare el inicio de la campaña, aunque se viole la ley», indicó el representante del PRSC.
Sanciones
El numeral 8 del artículo 78 de la Ley 33-18 sobre Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas reza que los «partidos, agrupaciones y movimientos políticos o cualquier otra persona física o jurídica, pública o privada, sin perjuicio de las demás leyes que les sean aplicables, que incurran en las violaciones indicadas a la presente ley, serán susceptibles de las sanciones siguientes: 8) Los aspirantes que inicien su campaña antes del tiempo oficial de campaña o precampaña serán sancionados con la inadmisibilidad de la candidatura. La Junta Central Electoral será responsable de hacer cumplir esta disposición».
En ese sentido, el artículo 280 de la ley 15-19 sobre Régimen Electoral dice que será aplicada una sanción administrativa de uno a 200 salarios mínimos a aquellos que organizaren manifestaciones, mítines o reuniones públicas antes del inicio formal de la campaña electoral proclamada por la entidad y después del cierre de ésta y a los partidos y agrupaciones políticas que desarrollaren manifestaciones, mítines o reuniones públicas antes del inicio formal de la campaña electoral proclamada por la JCE y después del cierre de ésta.
Debido a ello está prohibida la celebración de eventos multitudinarios como mítines, marchas, caravanas y la divulgación de propaganda electoral como la colocación de vallas, afiches, pancartas, en espacios y lugares públicos; así como también la promoción de los aspirantes a través de medios de comunicación como la radio, televisión, redes sociales y cualquier otro medio o vía a través de los cuales pueda transmitirse información sobre actividades proselitistas a la población; sin menoscabo del derecho que tienen las organizaciones políticas de realizar las actividades internas habituales que les son propias, según sus estatutos y el principio de autorregulación partidaria.
Nacionales
Reunion bilateral se produce entre Abinader y la mandataria electa de Costa Rica, Laura Fernández
Santo Domingo, R.D.-El presidente Luis Abinader sostuvo una reunión bilateral en el Museo de Arte Costarricense con la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, en la que abordaron diversos temas de interés común orientados a continuar fortaleciendo los lazos fraternales, comerciales y diplomáticos entre ambas naciones.
Durante la reunión, ambos líderes intercambiaron muestras de afecto y reafirmaron la cercanía histórica entre la República Dominicana y Costa Rica; además, abordaron la importancia de mantener un diálogo permanente y de continuar trabajando de manera conjunta en iniciativas que contribuyan al desarrollo, la integración regional y el fortalecimiento de las relaciones entre ambos pueblos.
La presidenta electa expresó su interés en continuar consolidando los lazos fraternales entre ambos países, promoviendo mayores oportunidades de intercambio comercial y fortaleciendo la cooperación en áreas estratégicas para el desarrollo de ambas naciones.
Asimismo, manifestó que dará continuidad a las excelentes relaciones bilaterales con la República Dominicana y al fortalecimiento de los vínculos en el ámbito multilateral.
De igual forma, reafirmó el compromiso de Costa Rica con la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), destacando que su gobierno continuará formando parte activa de este mecanismo regional de cooperación.
De su lado, el presidente Abinader reiteró la disposición del Gobierno dominicano de continuar afianzando las relaciones de amistad, cooperación y entendimiento mutuo con Costa Rica. Asimismo, destacó la importancia de mantener una agenda conjunta orientada al crecimiento económico, la defensa de la democracia y el fortalecimiento de los vínculos regionales entre ambas naciones.
Por la República Dominicana estuvieron presentes el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, y la embajadora María Amelia Marranzini Grullón, mientras que por Costa Rica participaron los designados futuros integrantes del gobierno, el próximo ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Manuel Tovar Rivera; la próxima ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos Gallo, y el próximo jefe de Despacho Presidencial, Alexander Estevez Astorga.
Santo Domingo, R.D.-Un cargamento de 1,295 paquetes de presunta cocaina y marihuana fueron confiscados por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) durante dos operaciones simultáneas ejecutadas en las costas de Pedernales.
En la intervención fueron arrestados tres dominicanos y un venezolano.
El vocero del organismo antinarcóticos, Carlos Devers, identificó a los detenidos como Walkin Marino Montás Tapia, Luis Alberto Figueroa Ariza, Manolo Resello Amador y Luis Alberto Acosta Santana.
Sostuvo que el Ministerio Público y la DNCD han iniciado una investigación profunda para determinar si ambos casos guardan relación con una misma estructura criminal internacional e identificar a otros posibles implicados para su posterior captura y sometimiento a la justicia.
Señaló que los 1,295 paquetes fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), bajo estrictos protocolos de cadena de custodia, para determinar el tipo y peso exacto de la sustancia.
Devers explicó que las operaciones fueron realizadas por efectivos de la Armada de República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea (FARD) y organismos de inteligencia del Estado, con el apoyo de la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (JIATFS) y la DEA de los Estados Unidos.
La intervención, considerada una de las más relevantes de las últimas semanas, se desplegó a varias millas náuticas al sur de Pedernales. El protocolo de vigilancia por aire, mar y tierra se activó tras detectar dos embarcaciones sospechosas dirigiéndose a aguas territoriales dominicanas.
Indicó que la primera lancha era una embarcación de 24 pies con motores de 100 HP. Allí se arrestó a Resello Amador y Acosta Santana, incautando 16 pacas que contenían 314 paquetes de cocaína y 89 de marihuana (403 en total).
Mientras que, en la segunda lancha, fue neutralizada tras una intensa persecución en coordenadas cercanas. En esta se ocuparon 836 paquetes de marihuana y 56 de cocaína (892 en total). Fueron arrestados Montas Tapias y Figueroa Ariza.
“La neutralización simultánea de ambas narcolanchas constituye otra demostración del elevado nivel de coordinación y compromiso de las fuerzas de seguridad dominicanas”, acotó Devers.
El vocero reafirmó que se continuarán fortaleciendo las operaciones de interdicción como parte de la política de seguridad del Gobierno dominicano para garantizar la soberanía y la paz nacional.
Santo Domingo, R.D.-Por sospecha legitima el Pleno de la Suprema Corte de Justicia desestimó la demanda en declinatoria por causa interpuesta por Donni Mayobanex Santana Cuevas, exembajador del Consejo Nacional de Frontera.
Este hombre, que cumple una condena de 20 años de prisión por la violación sexual de su hijastra menor de edad, buscaba que su proceso judicial fuera transferido fuera de la jurisdicción de San Cristóbal.
Santana Cuevas, quien se encuentra en libertad tras un permiso laboral, presentó el recurso contra la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal.
El tribunal se encuentra apoderado de un recurso de apelación que busca revocar el permiso laboral que le había sido otorgado por el juez de ejecución de la pena de esa jurisdicción.
El Pleno de la Suprema Corte, encabezado por su presidente Luis Henry Molina Peña, determinó que la defensa de Santana no logró probar hechos graves o concordantes que permitieran inferir una falta de imparcialidad u objetividad por parte de los magistrados de San Cristóbal.
En su resolución, la Suprema fue enfática al aclarar que “la simple discrepancia con decisiones judiciales desfavorables no constituye un fundamento válido para alegar sospecha de parcialidad”.
El tribunal señaló que cualquier inconformidad con los fallos debe ser canalizada a través de los recursos ordinarios que establece la ley.
Asimismo, la Suprema ratificó como correcta la actuación de la Corte de Apelación al fallar sobre recusaciones previas con sus propios integrantes, siempre que se cumpla con el cuórum legal requerido.
La solicitud de declinatoria, depositada el pasado 9 de diciembre de 2025, argumentaba que existía un «ambiente hostil» debido a la presión mediática y un supuesto comportamiento prejuiciado de los jueces.
También cuestionaban el traslado del juez de ejecución de la pena que originalmente había favorecido al condenado con el permiso de trabajo.
Pese a la decisión mayoritaria, el fallo contó con el voto disidente de los magistrados Fran Soto, María Garabito Ramírez, Rafael Vásquez Goico y Yorlin Vásquez Castro.
Los jueces disidentes argumentaron que la figura de la «declinatoria por sospecha legítima» no está contemplada de forma expresa en la normativa procesal penal vigente, lo cual ha provocado decisiones contradictorias dentro del mismo órgano judicial en ocasiones anteriores.
Considerando que el rechazo de una demanda en declinatoria por seguridad pública o por sospecha legítima bajo el argumento de que no cumple con requisitos de forma y de fondo, es decir, en lo que respecta a la calidad para interponerla, o la insuficiencia de pruebas respecto al objeto invocado, constituye una apreciación errónea, carente de marco jurídico.
Sostienen que el ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción; por tanto, el examen de la cuestión planteada por ante esta Alzada lesiona el principio de legalidad, como se ha indicado precedentemente.
En ese orden, alegan que su posición radica en establecer que en todos los casos de solicitud de declinatoria por seguridad pública o sospecha legítima, lo que procede es declarar la inadmisibilidad de la misma, por carecer de base legal, como ocurre en otras materias y se ha expuesto en el cuerpo del presente voto.
Con esta resolución, el expediente de Donni Santana permanecerá en San Cristóbal, donde se decidirá finalmente la validez de los beneficios carcelarios que reclama el condenado.