Santo Domingo, RD.-El delegado ante la Junta Central Electoral, Tácito Perdomo, sostuvo que «Hay que decir, que la mayoría de los partidos no puede lanzar la primera piedra, porque hay que decir, que casi todos los partidos, de una forma u otra, están incurriendo en eso que podría catalogarse de campaña a destiempo«.Nacionales
«La mayoría de partidos no puede lanzar la primera piedra», dice delegado ante JCE.
Santo Domingo, RD.-El delegado ante la Junta Central Electoral, Tácito Perdomo, sostuvo que «Hay que decir, que la mayoría de los partidos no puede lanzar la primera piedra, porque hay que decir, que casi todos los partidos, de una forma u otra, están incurriendo en eso que podría catalogarse de campaña a destiempo«.A mediados de la noche del lunes, el pleno de la JCE emitió un comunicado en donde expresa tener una «profunda preocupación» por el «desbordamiento del proselitismo electoral» que están llevando a cabo los partidos políticos y que esas acciones «amenazan gravemente con quebrantar la integridad electoral» y que pudieran afectar todo el sistema electoral.
Tras ello, a pesar de lo expresado por el delegado del PRSC, los representantes y delegados de diferentes partidos políticos señalaron cómo «incitadores» de esa declaración del órgano electoral al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Partido Revolucionario Moderno (PRM); esto después de que el PLD realizara el proceso de «consulta popular» en donde decidieron preparar su «propuesta presidencial» con Abel Martínez a la cabeza y el denominado movimiento «sector externo» del PRM que realizó una actividad en Santiago, en presencia de la secretaria general de ese partido, Carolina Mejía, promoviendo la reelección del presidente Luis Abinader.
«Nosotros entendemos que esas actividades reeleccionistas que se han desarrollado en Santiago y que se están desarrollando en diferentes puntos del país, es una violación flagrante a la normativa legal vigente, además de ser y representar un desafío a la autoridad competente, que es la Junta Central Electoral», manifestó Manuel Crespo, delegado de la Fuerza del Pueblo ante el órgano electoral.
Crespo por igual llamó a la JCE a que asuma su rol de «garante» de las normas y que aplique los correctivos y sanciones que están previamente establecidos, por lo que estaban de acuerdo en la convocatoria de la reunión.
Javier Ubiera, suplente de delegado de la Fuerza del Pueblo, informó que ese partido ha realizado actividades bajo el «marco de las leyes», como son las reuniones de sus organismos, juramentaciones, ruedas de prensas, elecciones internas, jornadas y campañas de afiliación y que las mismas son «comunicadas a la JCE».
«Particularmente yo diría que la JCE llega tarde; el problema es ahora cómo parar a los demás cuando se le permitió al PLD hacer unas primarias disfrazadas de consulta, nosotros hemos respetado los tiempos electorales, sin embargo, qué se hará para equilibrar la carga de ahora en adelante», expresó Sergio Holguín, delegado de Alianza País.
Se defienden
Ante esos señalamientos, dirigentes del PRM y el PLD justificaron sus acciones e indicaron que no fue por «ellos» que la JCE hizo el llamado de atención.
«Tomando en cuenta que el gobierno en pleno está en campaña reelecionista, y la última muestra de ello es que el domingo hicieron un acto proselitista en Santiago pidiendo la repaostulación del presidente Abinader. Hay que ponerle un freno a ese desborde extemporáneo de actividad política financiada no con recursos particulares de los que estaban ahí; a diferencia de ellos, el PLD, realizó una consulta ciudadana el 16 de octubre, programada con mucho tiempo de antelación y para la cual la propia JCE nos facilitó los equipos electrónicos y los materiales electorales, por lo que nuestro Partido no se da por aludido a lo que menciona el comunicado ni fue por el PLD que se emitió el mismo», exclamó José Dantes Díaz, dirigente del PLD.
El miembro del comité político del partido morado informó que el PLD estará en la cita convocada por la JCE el jueves a las 10 de la mañana para tratar ese tema.
De su lado, Geanilda Vázquez, dirigente del PRM, indicó que fue el PLD que realizó un proceso de escogencia de candidatura y que ellos solo se han limitado a la escogencia de sus direcciones internas.
«Y por supuesto hay un deseo de expresar de que nosotros y de que el país entiende de que el Presidente lo está haciendo bien y que se merece la oportunidad de una repostulación y que es algo de no es conductual, si no que algunos compañeros han empezado ya a trabajar por la continuidad del presidente Abinader», expresó Vázquez.
Con relación a la actividad del sábado, la dirigente del PRM manifestó que la misma fue una «respuesta a la acción de un partido que tomó una decisión de liderazgo nacional».
Que se proclame el inicio de la campaña
Aunque la JCE estableció el año pasado que el inicio formal de la precampaña electoral será a inicios de julio del año 2023, y hasta esa fecha los aspirantes presidenciales de los partidos políticos no podrán ser declarados de manera oficial como precandidatos, Perdomo señaló que lo más «posible» es que se declare el inicio de la campaña.
«Es conveniente que se vea esto (el proselitismo político), nos sincerisemos, porque a lo mejor lo conveniente o lo posible, porque hay que partir de lo posible, es que se declare el inicio de la campaña, aunque se viole la ley», indicó el representante del PRSC.
Sanciones
El numeral 8 del artículo 78 de la Ley 33-18 sobre Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas reza que los «partidos, agrupaciones y movimientos políticos o cualquier otra persona física o jurídica, pública o privada, sin perjuicio de las demás leyes que les sean aplicables, que incurran en las violaciones indicadas a la presente ley, serán susceptibles de las sanciones siguientes: 8) Los aspirantes que inicien su campaña antes del tiempo oficial de campaña o precampaña serán sancionados con la inadmisibilidad de la candidatura. La Junta Central Electoral será responsable de hacer cumplir esta disposición».
En ese sentido, el artículo 280 de la ley 15-19 sobre Régimen Electoral dice que será aplicada una sanción administrativa de uno a 200 salarios mínimos a aquellos que organizaren manifestaciones, mítines o reuniones públicas antes del inicio formal de la campaña electoral proclamada por la entidad y después del cierre de ésta y a los partidos y agrupaciones políticas que desarrollaren manifestaciones, mítines o reuniones públicas antes del inicio formal de la campaña electoral proclamada por la JCE y después del cierre de ésta.
Debido a ello está prohibida la celebración de eventos multitudinarios como mítines, marchas, caravanas y la divulgación de propaganda electoral como la colocación de vallas, afiches, pancartas, en espacios y lugares públicos; así como también la promoción de los aspirantes a través de medios de comunicación como la radio, televisión, redes sociales y cualquier otro medio o vía a través de los cuales pueda transmitirse información sobre actividades proselitistas a la población; sin menoscabo del derecho que tienen las organizaciones políticas de realizar las actividades internas habituales que les son propias, según sus estatutos y el principio de autorregulación partidaria.
Nacionales
Dictan apertura a juicio a hijo de exviceministro de Agricultura por estafa a esa institución
Santo Domingo, R.D.-El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó auto de apertura a juicio de fondo a el hijo de un exviceministro de Agricultura y a otro acusado de supuestamente desfalcar esa entidad gubernamental con casi cuatro millones de pesos.
Los que enfrentarán el proceso son Antonio José Paredes Eliozondo y Julio (Julito) Enrique Domínguez Solano, este último vástago del administrativo y financiero de Agricultura, Julio Domínguez Fernández.
El Ministerio Público acusa a Paredes Elizondo de realizarse transferencias fraudulentas, a través del netbanking que estaba asignado al Viceministerio Administrativo y Financiero, para luego entregárselo a Domínguez Solano.
El monto exacto del fraude a Agricultura es de tres millones ochocientos diez mil pesos (3,810,000 pesos).
La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) inició la investigación después de recibir una denuncia del Ministerio de Agricultura, presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que dirige Milagros Ortiz Bosch.
Acusación
Los implicados enfrentan cargos de coalición de funcionarios, desfalco, usurpación de funciones y asociación de malhechores.
También se les señala por violación a los artículos 5, 6 y 14 de la Ley número 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como el 66 de la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Mientras que Paredes Elizondo enfrenta cargos por violación al artículo 146, numeral 1, de la Constitución de República; artículos 123, 124, 171 y 172 del Código Penal. Además, por coautoría en las conductas delictivas tipificadas en los artículos 5, 6 y 14 de la ley contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Nacionales
Dos de los acusados de estafar ancianos en EE.UU. aceptan irse voluntariamente en extradición
Santo Domingo, R.D.-Dos de los cuatro dominicanos arrestados tras ser acusados de operar desde el país una red de estafa contra ancianos de Estados Unidos decidieron irse de manera voluntaria para presentarse ante la justicia estadounidense, acogiéndose al proceso abreviado en la solicitud de extradición.
La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) conocía esta jueves la solicitud de extradición para los cuatro hombres que hasta el momento han sido detenidos por el caso que ha sido denominado «estafa de abuelos»: Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán, Félix Samuel Reynoso Ventura, Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez
En ese sentido, los acusados Rodríguez Guzmán y Reynoso Ventura notificaron hoy su decisión de irse voluntariamente a los Estados Unidos a enfrentar los 19 cargos que el Departamento de Justicia les imputa por el robo de millones de dólares a cientos de estadounidenses de avanzada edad.
Su caso ahora pasa a la Procuraduría General de la República para que la solicitud sea tramitada y ejecutada, de conformidad con los términos de la Constitución y las leyes dominicanas para luego ser firmada por el presidente Luis Abinader y se emita el decreto que autoriza su entrega a las autoridades estadounidenses.
Mientras que la audiencia sobre la extradición de Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez se aplazó para el próximo jueves 9 de mayo, porque sus abogados dijeron no estar preparados.
Los 11 dominicanos acusados de operar desde el país la red de estafas enfrentarían, de ser encontrados culpables, una pena máxima de 20 años por cada uno de los cargos que el Departamento de Justicia presentó contra ellos en una corte de Nueva Jersey.
Contra el grupo de dominicanos pesan 19 cargos de conspiración de fraude postal y electrónico, fraude electrónico, fraude postal, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero.
Además de los años de prisión, el Departamento de Justicia indica que el grupo de acusados podría enfrentar una multa máxima de 250,000 dólares por cada cargo de fraude postal y electrónico y una multa máxima de 500,000 dólares por cada cargo de lavado de dinero.
Los hombres trabajaban en centros de llamada (call centers) registrados en la República Dominicana desde donde se comunicaban con los ancianos en Estados Unidos haciéndose pasar por familiares y pedirles ayuda económica para resolver alguna situación, por lo regular un accidente automovilístico.
Sus víctimas eran «abuelos» residentes en varios estados, incluidos Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts.
Al menos siete de ellos siguen prófugos, según informaron las autoridades estadounidense.
El resto de los 16 acusados, cuatro hombres y una mujer que residían en Nueva York, ya están bajo custodia de las autoridades estadounidenses y fueron acusados por conspiración de fraude electrónico como parte del mismo esquema.
Nacionales
Senado aprueba ley de liberación de impuestos la importación de cámaras para sistemas de seguridad
Santo Domingo, R.D.-Fue aprobada en primera lectura en el Senado un proyecto de ley que libera de impuestos la importación de cámaras digitales utilizadas en los sistemas de seguridad del país para combatir la delincuencia.
La pieza, que contó con 22 votos a favor y uno en contra, busca exonerar durante 10 años, partiendo de su promulgación, los pagos tributarios que deben realizar quienes importen cámaras grabadoras destinadas a contribuir con la seguridad y protección.
De acuerdo a los considerando presentados en el documento, los sistemas de videovigilancia son una de las herramientas «preventivas y disuasorias» que aportan a la lucha contra la inseguridad.
Las residencias, empresas, propiedades campestres, condominios, colmados, supermercados, hoteles, bares, restaurantes, escuelas, colegios, clínicas, hospitales y otros sectores relacionados son quienes serán exentos, a través de la Dirección General de Aduanas (DGA), de los pagos tributarios requeridos en la adquisición de este tipo de videocámaras.
TIPOS DE CÁMARAS
La pieza legislativa delibera las cámaras tipo balas, domos, box y “PTZ”, que se pueden instalar en ambos ambientes, interior y exterior, para grabaciones de video de 720p, 1080p y 4K.
Además, los videograbadores con capacidad de grabación y audio no mayor de 32 canales con entradas tipo analógico, digital y de red (IP).
A esta lista de exenciones tributarias también se agregan las fuentes de alimentación eléctrica para grabadores analógicas y digitales de hasta 32 canales.
Esta ley modificaría el capítulo 85 de la Ley 146-00 sobre Reforma Arancelaria y Compensación Fiscal, que hace referencia a las cámaras digitales de seguridad y sus componentes.
Asimismo, reformará cualquier otra disposición legal que le sea contraria a este proyecto de ley, según lo dicta el quinto artículo denominado “Modificación”.
SEGUNDA EXTENSIÓN
El 16 de julio del año 2012, el Congreso de la República Dominicana creó la Ley 171-12, que tuvo como objeto facilitar la adquisición de cámaras de videovigilancia, a través de la exoneración del pago de todo tipo de impuestos de importación, por un periodo de 10 años.
Este plazo finalizó en 2022 y género en consecuencia que estos equipos tecnológicos no sean beneficiados, en la actualidad, con ningún incentivo fiscal.