Editorial
La Medicina es Peor que la Enfermedad.
La tolerancia con los crímenes de carácter sexual en la sociedad dominicana tiene que llamar poderosamente a la atención, sobre todo porque las principales víctimas son niños y niñas de edades que los definen como verdaderos seres infantiles.
El Estado es el primero que en vez de diseñar políticas públicas para enfrentar el mal, lo que hace es estimularlo y hasta encubrirlo con medidas que nadie, absolutamente nadie, entiende.
La Junta Central Electoral acaba de crear el peligroso precedente mediante la resolución 77-2020 de dotar de la cédula de identidad personal y electoral a aquellas niñas de doce años que hayan sido víctimas de una violación o de un incesto.
Este documento para lo único que puede servir es para que esa niña declare a su hijo en las instancias correspondientes, pero a partir de ese paso que más puede hacer una bebé de 12 años con un documento que de acuerdo a ley emancipa al que la tiene.
Es en el fondo una forma de legalizar la venida al mundo de un niña o niña a través de una persona con una edad que todavía no se puede valer por sí misma y que ha sido violada con la secuela de traumas que ello implica, pese a que lo correcto fuera darle otro tipo de tratamiento al problema.
Porque se habla de una niña que no está en capacidad ni de amamantar a su bebé, mucho menos de asumir la responsabilidad frente a la presencia de una enfermedad o de cualquiera otra eventualidad peligrosa para su vástago.
Entonces el Estado aborda este fenómeno de una forma incorrecta, máxime que la mayoría de los niños envueltos en este tipo de problema son de la más baja escala de la pirámide social.
La primera acción del Estado debía ser localizar al adulto que cometió la violación y aplicarle todo el peso de la ley y lo segundo es diseñar políticas públicas para que esa niña violada recibe toda la asistencia psicológica y económica para disminuir los traumas que le acompañarán durante toda su existencia.
El trasfondo de la JCE con dotar de cédulas a niñas de 12 años que han sido victimas de violaciones por parte, la mayoría de veces, de un adulto es emanciparlas y lanzarlas a la dureza del mundo a pasar todo tipo de trabajo conjuntamente con su criatura.
Generalmente, ni se sale a buscar al violador para que pague por el crimen cometido, porque el hecho de entregarle una cédula de identidad personal y electoral libera al culpable del crimen cometido y en tal virtud el caso podría manejarse no como una violación, sino como una relación consentida entre un adulto y un menor emancipado.
Seria bueno que se explique con mayor claridad las razones de la medida, que a todas luces parece odiosa y reprochable por parte de un órgano del Estado que le da categoría institucional a una aberración sexual y social en la República Dominicana y en cualquier otro conglomerado social donde ocurra.
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.