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Editorial

La Medicina es Peor que la Enfermedad.

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La tolerancia con los crímenes de carácter sexual en la sociedad dominicana tiene que llamar poderosamente a la atención, sobre todo porque las principales víctimas son niños y niñas de edades que los definen como verdaderos seres infantiles.

El Estado es el primero que en vez de diseñar políticas públicas para enfrentar el mal, lo que hace es estimularlo   y hasta  encubrirlo  con medidas que nadie, absolutamente nadie, entiende.

La Junta Central Electoral acaba de crear el peligroso precedente   mediante  la resolución 77-2020 de dotar de la cédula de identidad personal y electoral a aquellas niñas de doce años que hayan sido víctimas de una violación o de un incesto.

Este documento para lo único que puede servir es para que esa niña declare a su hijo en las instancias correspondientes, pero a partir de ese paso que más puede hacer una bebé de 12 años con un documento que de acuerdo a ley emancipa al que la tiene.

Es en el fondo   una forma de legalizar la venida al mundo de un niña o niña a través de una persona con una edad que todavía no se puede valer por   sí misma y que ha sido violada con la secuela de traumas que ello implica, pese a que lo correcto fuera darle otro tipo de tratamiento al problema.

Porque se   habla de una niña que no está en capacidad ni de amamantar a su bebé, mucho menos de asumir la responsabilidad frente a la presencia de una enfermedad o de cualquiera otra eventualidad peligrosa para  su vástago.

Entonces el Estado aborda  este fenómeno de una forma incorrecta, máxime que la mayoría de los niños envueltos en este tipo de problema son de la más baja escala de la pirámide social.

La primera acción del Estado debía ser localizar al adulto que cometió la violación y aplicarle todo el peso de la ley y lo segundo es diseñar políticas públicas para que esa niña violada recibe toda la asistencia psicológica y económica para disminuir los traumas que le acompañarán durante  toda su existencia.

El trasfondo de la JCE con dotar de cédulas a  niñas de 12 años que han sido victimas de violaciones por parte, la mayoría de veces, de un adulto es emanciparlas y lanzarlas a la dureza del mundo a pasar todo tipo de trabajo conjuntamente con su criatura.

Generalmente, ni se sale a buscar al violador para que pague por el crimen cometido, porque el hecho de entregarle una cédula de identidad personal y electoral libera al culpable del crimen cometido y en tal virtud el caso podría manejarse no como una violación, sino como una relación consentida entre un adulto y un menor emancipado.

Seria bueno que se explique con mayor claridad las razones de la medida, que a todas luces parece odiosa y reprochable por parte de un órgano del Estado que le da categoría institucional a una aberración sexual y social en la República Dominicana y en cualquier otro conglomerado social donde ocurra.

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Editorial

La cultura de la Azar en la República Dominicana.

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En ocasiones anteriores este periódico ha señalado lo dañino que resulta para los intereses nacionales la cultura de la improvisación que arrastra el país no sólo desde el nacimiento de la República en el 1844, sino incluso desde los mismos tiempos de la colonia.

La improvisación es una herencia histórico-cultural que constituye el lastre más pesado para el Estado y la sociedad dominicana, porque este fenómeno está presente en la implementación de políticas públicas no sólo en el ámbito nacional, sino también en el internacional.

La improvisación, que también impacta de manera individual a cada uno de los dominicanos, representa hoy día la principal amenaza para que el país no logre un estadio de progreso y bienestar.

Es muy poco lo que se sopesa profundamente sobre la base de los pros y los contras de cualquier proceso, lo cual se expresa con mucha claridad en la firma del Tratado de Libre Comercial entre Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana (DR-CAFTA).

La improvisación genera el mal gasto de  recursos vitales para renglones tan importantes para la vida nacional como la salud, la educación y la preservación del medio ambiente, entre otras cuestiones de primer orden.

Todo ello viene al caso con lo que podría ocurrir en el año 2025 de que los productores nacionales de arroz prácticamente sean erradicados del aparato productivo nacional y que a partir de ese momento el país quede a merced de la importación del producto, lo cual representa un alto riesgo social, económico y político, sobre todo si se toma en cuenta la vocación especulativa de los importadores nacionales.

La verdad es que de no renegociarse el DR-CAFTA el país podría tener acontecimientos sociales y políticos que impactarían de forma directa la gobernabilidad, ya que se trata de un producto de primer orden de la dieta diaria de los dominicanos.

Pero la cultura de la improvisación pesa tanto que esos factores no han servido para que las autoridades nacionales no se pongan un cuchillo sobre su propia garganta al firmar un tratado que para el país se trata de un contrato de adhesión, ya que no se  discutieron una serie de aspectos que ponen la nación en una situación bastante delicada.

Sin embargo, la República Dominicana todavía tiene tiempo para evitar que el aparato productivo nacional quede como aquel hombre o mujer que sufre la ruptura de la columna vertebral y que su movilidad depende de unas muletas o del soporte de algunas personas que lo transporten al sujetarlo por la parte más fuerte de su cuerpo para que pueda cominar.

De manera, que se debe evitar que el país no pueda valerse por si mismo con la desaparición del aparato productivo nacional, lo cual aumenta su colonización hasta en lo que respecta a su seguridad alimentaria.

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Editorial

Un Panorama que Proyecta que el País Camina Disparejo en la Buscada de la Institucionalidad.

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En la República Dominicana son muy pocos los que se avocan a interpretar la problemática nacional desde una perspectiva integral.

Los análisis al margen del fenómeno de la falta de institucionalidad, que impacta toda la vida social, económica y cultural  del país, es una de la causa de que en la nación no haya la certeza de cómo enfrentar el problema de las grandes deficiencias que nos afectan.

Si recurriéramos a un problema ancestral que se observa a leguas, como lo es el caos y desorden jerarquizados en el transito vehicular, observaremos que si el mismo se analiza desde una óptica individual, difícilmente se encuentre respuesta a un fenómeno que tiene implicaciones profundamente culturales y que constituye  una explicación de lo que es una nación con bajos niveles de institucionalidad como resultado de valores histórico-culturales.

La solución a esta problema sólo puede ser posible mediante la modificación de prácticamente todas las leyes sobre la materia, pero que al propio tiempo se creen mecanismos para que la ejecución de las sentencias que se deriven de las mismas no tengan ningún tipo de debilidad que generan su violación.

Un buen ejemplo de lo que decimos a este respecto fue la experiencia que tuvo el país cuando se creó la Policía Metropolitana de Transporte (AMET), la cual jugó un papel muy importante en el proceso de mejoramiento del tránsito, pero el hecho de que lamentablemente se trató de una solución no integral, la misma fue impactada negativamente por los demás órganos y entes del Estado que iban en una dirección diferente.

De manera, que lo mismo se debe decir en lo referente al Tribunal Constitucional y todas sus sentencias que buscan enderezar la vida nacional, ya que son muchas las decisiones de esta alta corte que plantean o disponen soluciones a problemas muy graves de la sociedad, pero que ellas no son ejecutadas y entonces es como si nada se produjera en este sentido.

En consecuencia, si en el país no hay una sintonía entre la obra que desarrolla el Tribunal Constitucional y las instituciones del poder público que deben ejecutar sus sentencias, entonces es muy poco lo que se puede lograr en materia institucional y de derechos humanos.

Se requiere que las demás instituciones, sobre todo públicas, vayan por el mismo sendero del Tribunal Constitucional para que el país pueda arribar a un estado de progresos y bienestar general como resultado de la seguridad jurídica que imperaría en la nación.

Por esta razón, si bien se debe reconocer y estimular la extraordinaria labor del Tribunal Constitucional, también se debe advertir que el camino será mucho más largo y tormentoso si no se implementan los instrumentos que obliguen a la ejecución de las sentencias que emite esta alta corte y para que al  pasar los años cuando se haga una evaluación, el país tendría todas las leyes que necesita y las decisiones que podrían en enderezar la nación, pero que las mismas serían letras muertas que no surten ningún efecto en los propósitos buscados.

Ahora lo que se impone es crear mecanismos de sancion eficiente en contra de los desacatos que se producen en las instituciones del pais, incluidos los tribunales que no acatan los mandatos del Tribunal Constitucional mediante los precedentes vinculantes y entonces podra hablarse de resultados diferentes.

Ahí no debe haber vueltas flojas

 

 

 

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Editorial

En sus Instancias Inferiores el Ministerio Público se Constituye en una Vergüenza Nacional.

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El Ministerio Público a nivel de sus más bajas instancias ha pasado a ser una vergüenza nacional, ya que con su deficiencia no sólo afecta a las víctimas, sino que se coloca en una posición de total irrespeto ciudadano.

No hay una sola denuncia o querella que camine en las fiscalías de los diferentes distritos judiciales del país.

Es como si se tratara de un plan para que ese órgano colapse definitivamente y que se elimine la posibilidad de castigar como manda la norma a los que incurren en acciones antijuridicas.

No hay queja que valga ante una realidad que da miedo, ya que en el Ministerio Público hay mujeres y hombres que no están empeñados en hacer su trabajo para que la sociedad dominicana dé un giro positivo y saludable.

La pregunta del millón es cuál será el escollo para que la Inspectoría del Ministerio Público no tome medidas ante la incapacidad que exhiben los miembros de este órgano de persecución del crimen y el delito.

Es como si su misión fuera estimular a las victimas para que desistan de sus querellas o como si su única función sea defender y proteger al victimario o imputado.

Es urgente que se haga algo, ya que las cosas han llegado a niveles que la gente se resiste a ir y presentar una querella para que el victimario pague por el delito o crimen cometido.

La realidad es que el Ministerio Público es el espejo de que el país cada vez se acerca más a un Estado no viable, colapsado, donde se impone la ley del más fuerte.

Que podría ocurrir con la República Dominicana con la debilidad y falta de eficiencia de un órgano tan vital para detener un fenómeno como la delincuencia que cada día toma fuerza en el país.

Parece que el destino de la República Dominicana es convertirse en tierra de nadie, donde imperaría la ley de la selva, cuyo principal promotor de esa peligrosa situación es precisamente el Ministerio Público.

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