En las actuales perspectivas nacionales e internacionales, la mejor opción que aparece a la vista es una transacción política que implique un reconocimiento del mandato presidencial hasta comienzos del 2019, la restauración de los poderes de la Asamblea Nacional y un calendario electoral con un claro compromiso de respeto a la voluntad democráticamente expresada por el pueblo de Venezuela.
Es evidente que el nivel de confrontación interna dificulta los acuerdos, con un gobierno que persiste en el camino de la imposición dictatorial y sectores de oposición que sólo contemplan el final del régimen. Pero es a las autoridades a quienes corresponde la iniciativa de transacción, lo que hasta ahora no ha ocurrido.
Maduro y sus partidarios podrán extender la crisis y con suerte llegar hasta el final del actual período constitucional, pero no podrán prolongarse más allá sin hacer pagar a Venezuela un costo incalculable, no sólo en inestabilidad, represión política y ruptura institucional, sino también con un agravamiento de la crisis económica y social que hace tiempo alcanza proporciones insostenibles.
El aislamiento internacional del gobierno venezolano rebasa con mucho los exabruptos de un Donald Trump que acaba de tirarle un balón de oxígeno con su amenaza de invasión militar. Se trata de una fanfarronada absolutamente insostenible en el actual concierto internacional, independientemente de las repercusiones que podría tener en un territorio tan grande y diverso como el venezolano. La América Latina de hoy dista muchísimo de la de 1965, cuando Estados Unidos logró un precario apoyo para convertir su invasión a la República Dominicana en una “Fuerza Interamericana de Paz”.
Pero es obvio que Maduro tiene un cerco político internacional que abarca a casi las dos terceras partes de las naciones del continente, especialmente de las de mayor peso económico, político y poblacional. Al que se suma la Unión Europea, convencidas de que el autoritarismo del chavismo ha derivado en un régimen dictatorial.
De nada sirve no reconocer la realidad venezolana. Maduro carece del liderazgo y el carisma de Chávez, pero sobre todo de los petrodólares que durante más de una década permitieron políticas sociales que se traducían en el amplio respaldo popular que se manifestó repetidas veces en las urnas. En lo externo permitieron al régimen extender su influencia a múltiples países de la región. Pero ahora ya no hay Chávez ni petrodólares.
El resultado es que Nicolás Maduro apenas consiguió la mitad de los votos para ser electo presidente en el 2014, y que la oposición obtuvo dos tercios en los comicios para elegir la Asamblea Nacional al final del 2015.
Como todo parece indicar el deterioro del apoyo popular de Maduro está en ascenso en gran medida estrangulado por la crisis económica, y que el régimen parece empeñado en alejarse de los procedimientos democráticos, tratando de mantenerse a toda costa en el poder. El pueblo que eligió a Maduro fue también el que eligió, en mucho mayor proporción, la Asamblea Legislativa que el ejecutivo ha desconocido.
El mundo democrático tiene que seguir presionando una solución en Venezuela, un pacto de respeto a los procedimientos democráticos, con plenas garantías para todos, por parte del gobierno, que debe aceptar la mediación internacional, Decisiones como la unilateral convocatoria de una asamblea constituyente que sustituye a la Asamblea Legislativa, sólo conducirá a la tragedia. Los dominicanos estamos en el deber de ayudar a restaurar la convivencia democrática en Venezuela, con una posición más activa que la que ha sustentado el gobierno nacional.
Desde 1950, tres años a posteriori de su creación -1947- la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos comenzó a instrumentalizar a periodistas para manipular y moldear a la opinión pública mundial, en una abominable labor de zapa, en el cenit geopolítico de la Guerra Fría entre dos superpotencias imperiales. Su proyecto primigenio, y el más escalofriante, ha sido la encubierta Operación Mockingbird, mediante la cual se ocultaron y tergiversaron informaciones para influir a favor de los designios norteamericanos, y desde 2019 ejecuta a gran escala una campaña de reclutamiento para difundir noticias y entretenimiento en redes sociales y plataformas streaming.
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
A diferencia de la Corte Penal Internacional, cuyo estatuto es el resultado de varios años de debates y de la Conferencia de Plenipotenciarios, los tribunales Ad –Hoc para la Ex Yugoslavia y Ruanda son la expresión de una respuesta a dos situaciones específicas caracterizadas por la comisión de atrocidades en el territorio de estos países.