Editorial
La Migración Haitiana: Un Problema de Seguridad Nacional.
La inmigración haitiana juega un papel muy importante en la economía dominicana, sobre todo porque su mano de obra ya no sólo es la principal en el corte de la caña, sino también en la industria de la construcción y en el trabajo agrícola en la República Dominicana.
Haití es en realidad nuestra hermano siamés, porque somos dos países que compartimos la misma isla y tenemos en común los mismos sufrimientos y somos víctimas de los mismos verdugos.
Haitianos y dominicanos tenemos que trabajar para construir un futuro mejor, a fin de que nuestros pueblos no sigan sumidos en la miseria como consecuencia del mal manejo del patrimonio público por parte de una clase política indolente y que no le importa el sufrimiento de nuestros niños, ancianos y madres parturientas, así como de las amplias mayorías nacionales.
Incluso Haití es en la actualidad nuestro segundo socio comercial más importante, sólo está por debajo de los Estados Unidos, pero cuya balanza comercial arroja déficit en sus niveles de comercialización con la República Dominicana.
Se podrían enumerar miles de factores que sugieren que la República Dominicana debe mantener una buena relación con la República de Haití.
Sin embargo, cada uno de estos países, es decir Haití y la República Dominicana, deben procurar fortalecer su institucionalidad, a fin de garantizar la seguridad y de propiciar las convivencias nacionales, cuyo propósito no puede ser posible sin un sistema judicial inquebrantable y unas fuerzas armadas incorruptibles e implacables en lo que tiene que ver con la aplicación de la ley.
Esto es válido para ambas naciones.
Es decir, los haitianos deben castigar al dominicano que viola sus leyes y viceversa, a fin de garantizar la convivencia y la seguridad nacionales.
De modo, que no tiene ninguna lógica que la República Dominicana permita la entrada por su frontera de grandes cantidades de haitianos sin estar dotados de su documentación correspondiente, incluyendo su visa de entrada al país.
Ningún haitiano tiene el derecho de reclamar que se le permita la entrada al territorio nacional sin dotarse de su visado correspondiente, lo que no es motivo para alegar discriminación o maltrato en contra de nuestros vecinos.
Se sabe de más que el problema haitiano es prácticamente un tema tabú, en virtud de que cualquier opinión sobre los haitianos que implique el respeto a ley, tanto sustantiva como objetiva, es calificada como anti-haitianismo, lo que constituye una distorsión de lo que debe ser una relación de Estado a Estado y del derecho de cualquier nacion a proteger y regular sus fronteras, asi como castigar severamente las violaciones a su normativa legal.
Este editorial no sólo tiene razón de ser por la tensión que se vive hace varios días en la frontera, sino también porque la debilidad del Estado dominicano ha llagado a niveles de tolerancia que rayan en lo que muy bien podría definirse como caricatura de nación.
Independientemente de la gran cantidad de haitianos que viven en la República Dominicana y que son respetuosos de las leyes, lo cierto es que muchos se dedican a delinquir, lo que no es exclusivo de ellos, sino de todos los conglomerados sociales del mundo, no importa que sean del primer, segundo o tercer mundo.
Pero ningún país que se respete puede permitir que ciudadanos de otros nacionalidades vayan a su territorio a defecar en los ríos, depredar las montañas, destruir en sentido general el medio ambiente, propagar enfermedades epidémicas y cometer todo tipo de actos delincuenciales, muchos con violencia, sin que existen autoridades para aplicar la ley.
Cualquier relación con los haitianos deben ser sobre la base del respeto de la integridad física, moral y legal de ambas naciones.
No puede ser de otra manera, no importa quien quiera establecer una regla del juego diferente.
Esto no es válido sólo para los haitianos, sino para los suecos, rusos, judíos, puertorriqueños, franceses, estadounidenses y todo el ciudadano extranjero que esté de visita o que se quiera establecerse en el territorio nacional.
Sólo así, no de otra manera, se puede establecer una relación con el hermano país de Haití en la que prevalezca el respeto mutuo y el bienestar reciproco.
El año que recién se ha iniciado tiene serias implicaciones para el sistema democrático por la vocación dictatorial de Donald Trump.
En la medida de que el mandatario de los Estados Unidos toma impulso mayores son los peligros para las democracias más liberales de Latinoamérica y el mundo.
Estos bríos antidemocráticos han salido más a la superficie a propósito del cerco marítimo y finalmente con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Este acontecimiento ha dejado claro la pretensión con todo el que él considere que no tolera las travesuras de su administración.
Trump ha advertido a los países latinoamericanos que se vean en el espejo de Venezuela, cuyo mensaje lo envió de forma directa al presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Pero igual lo ha hecho contra Brasil y Honduras, donde auspició un candidato presidencial que resultó triunfador en las recién pasadas elecciones.
Es decir que se trata de una política de dominación sin disimulo, sino avasalladora y atropellante.
Tras el apresamiento de Maduro Tromp no ha escondido sus pretensiones de convertir a Venezuela en Colonia como en los pasados siglos.
Dice Trump que quiere controlar la riqueza petrolera de Venezuela, lo que plantea un serio reto para las democracias, no sólo latinoamericanas, sino de todo el mundo.
Resulta preocupante la tolerancia de los países del hemisferio e incluso del continente europeo con la vocación dictatorial de Donal Trump.
La advertencia está hecha y si no se ofrece una respuesta contundente al respecto el mundo podría estar ante otro Adolfo Hitler.
El discurrir nacional constituye una repetición de los problemas que arrastra el país desde antes de su nacimiento como república.
Nos asaltan las mismas deficiencias de hace por lo menos medio siglo, falta de un servicio de agua potable eficiente y lo propio hay que decir de la energía eléctrica, pese a que van y vienen préstamos que comprometen la capacidad crediticia per cápita de los dominicanos.
Este fenómeno tiene el agravante de que hace entrada un año que es la antesala de un proceso electoral que, si bien es para escoger a las autoridades nacionales, es una vía también para medir el desempeño de la democracia, la cual luce muy resquebrajada y débil.
El comportamiento ciudadano deja más preguntas que respuestas frente a un panorama tétrica, porque se observan muchos problemas tanto en el gobernante como en el gobernado.
De lo que si se puede estar seguro es que queda muy poco margen para evitar que la democracia entre en una crisis de proporciones insospechadas, dado que no es mucha la posibilidad para contrarrestarla, la cual se podría profundizar en un sistema sin ninguna credibilidad.
El soporte de la democracia nacional cada día sufre un mayor deterioro como consecuencia de que su herramienta principal, que no es otra que los partidos políticos, se mueve sobre la base de repetir una conducta desde el poder de lo mismo que se han pasado criticando a su contrincante cuando están en el gobierno.
Un buen ejemplo al respecto es PRM que fue un crítico en contra del PLD y ahora tras su llegada al control de la cosa publica repite la misma conducta de los morados.
Ello es así, por ejemplo, en política exterior y endeudamiento público, así como en corrupción, no hay forma de saber cuál es peor, pero lo propio hay que decir de Leonel Fernández y su llamada Fuerza del Pueblo.
Sin embargo, se advierte que a pesar del descredito de todos los partidos políticos, todavía no ha surgido en el escenario nacional ninguna propuesta que garantice una mejora del deterioro de la credibilidad de la llamada democracia representativa.
En lo que respecta al año que prácticamente hace su entrada, hay que decir, que si en los primeros seis meses del 2026 en el país no surge una propuesta innovadora, entraríamos en una curva de un retroceso peligroso para la democracia, porque se trata de un enfermo que podría resultar difícil, sino imposible, su sanación.
La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.
Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.
El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.
Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.
El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,
Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,
En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.
Ahora mismo puede decirse con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.
Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana