Editorial
La Migración Haitiana: Un Problema de Seguridad Nacional.
La inmigración haitiana juega un papel muy importante en la economía dominicana, sobre todo porque su mano de obra ya no sólo es la principal en el corte de la caña, sino también en la industria de la construcción y en el trabajo agrícola en la República Dominicana.
Haití es en realidad nuestra hermano siamés, porque somos dos países que compartimos la misma isla y tenemos en común los mismos sufrimientos y somos víctimas de los mismos verdugos.
Haitianos y dominicanos tenemos que trabajar para construir un futuro mejor, a fin de que nuestros pueblos no sigan sumidos en la miseria como consecuencia del mal manejo del patrimonio público por parte de una clase política indolente y que no le importa el sufrimiento de nuestros niños, ancianos y madres parturientas, así como de las amplias mayorías nacionales.
Incluso Haití es en la actualidad nuestro segundo socio comercial más importante, sólo está por debajo de los Estados Unidos, pero cuya balanza comercial arroja déficit en sus niveles de comercialización con la República Dominicana.
Se podrían enumerar miles de factores que sugieren que la República Dominicana debe mantener una buena relación con la República de Haití.
Sin embargo, cada uno de estos países, es decir Haití y la República Dominicana, deben procurar fortalecer su institucionalidad, a fin de garantizar la seguridad y de propiciar las convivencias nacionales, cuyo propósito no puede ser posible sin un sistema judicial inquebrantable y unas fuerzas armadas incorruptibles e implacables en lo que tiene que ver con la aplicación de la ley.
Esto es válido para ambas naciones.
Es decir, los haitianos deben castigar al dominicano que viola sus leyes y viceversa, a fin de garantizar la convivencia y la seguridad nacionales.
De modo, que no tiene ninguna lógica que la República Dominicana permita la entrada por su frontera de grandes cantidades de haitianos sin estar dotados de su documentación correspondiente, incluyendo su visa de entrada al país.
Ningún haitiano tiene el derecho de reclamar que se le permita la entrada al territorio nacional sin dotarse de su visado correspondiente, lo que no es motivo para alegar discriminación o maltrato en contra de nuestros vecinos.
Se sabe de más que el problema haitiano es prácticamente un tema tabú, en virtud de que cualquier opinión sobre los haitianos que implique el respeto a ley, tanto sustantiva como objetiva, es calificada como anti-haitianismo, lo que constituye una distorsión de lo que debe ser una relación de Estado a Estado y del derecho de cualquier nacion a proteger y regular sus fronteras, asi como castigar severamente las violaciones a su normativa legal.
Este editorial no sólo tiene razón de ser por la tensión que se vive hace varios días en la frontera, sino también porque la debilidad del Estado dominicano ha llagado a niveles de tolerancia que rayan en lo que muy bien podría definirse como caricatura de nación.
Independientemente de la gran cantidad de haitianos que viven en la República Dominicana y que son respetuosos de las leyes, lo cierto es que muchos se dedican a delinquir, lo que no es exclusivo de ellos, sino de todos los conglomerados sociales del mundo, no importa que sean del primer, segundo o tercer mundo.
Pero ningún país que se respete puede permitir que ciudadanos de otros nacionalidades vayan a su territorio a defecar en los ríos, depredar las montañas, destruir en sentido general el medio ambiente, propagar enfermedades epidémicas y cometer todo tipo de actos delincuenciales, muchos con violencia, sin que existen autoridades para aplicar la ley.
Cualquier relación con los haitianos deben ser sobre la base del respeto de la integridad física, moral y legal de ambas naciones.
No puede ser de otra manera, no importa quien quiera establecer una regla del juego diferente.
Esto no es válido sólo para los haitianos, sino para los suecos, rusos, judíos, puertorriqueños, franceses, estadounidenses y todo el ciudadano extranjero que esté de visita o que se quiera establecerse en el territorio nacional.
Sólo así, no de otra manera, se puede establecer una relación con el hermano país de Haití en la que prevalezca el respeto mutuo y el bienestar reciproco.
El reportaje histórico-interpretativo de esta semana parte del legado ético moral de los tres grandes líderes de las últimas décadas, naturalmente guardando las diferencias entre ellos, lo que lleva a este periódico a sostener que su legado parece que ha servido de poco.
Los tres, Balaguer, Pena Gómez y Bosch, representan una época que luce que no volverá, porque la sociedad dominicana ha entrado en un marcado deterioro en los detalles que constituyeron las principales fortalezas de estos prohombres.
Estamos hablando de la visión ética de los tres, uno más que otro, pero que actuaron durante toda su trayectoria no apegados a lo que es el comportamiento de la figura del depredador del patrimonio público, el cual acompaña la historia nacional desde los tiempos de la colonia.
La muerte de los tres líderes ha traído consigo una profundización del problema ético en la política, ya que se ha visto que el asunto es tan serio que nadie entra a esta actividad para servir, sino para servirse, cuyas aspiraciones no es llevarse del Estado 1,50 o cien millones de pesos, sino miles.
Los casos de corrupción que no paran son el mejor ejemplo de la realidad por la que atraviesa la sociedad dominicana, ya que se puede afirmar que con el dinero público sustraído se pueden construir varias republicas dominicanas y más grande que la que tenemos.
El panorama nacional luce bastante feo, dado que los déficits fiscales de la nación están asociados a un gasto público definitivamente poco racional y explicado por los niveles tan altos de corrupción administrativa, cuya deuda externa también impactada por ese deseo de acumulación de bienes materiales de los actores de la vida política nacional.
Es muy común escuchar que si se quiere acumular riquezas hay que incursionar en la actividad política partidista o vender drogas o ascender al control del patrimonio público y cuando esto no ocurra perseguir una contrata del Estado para de entrada llevarse a sus bolsillos no menos de un 80 por ciento del presupuesto de la misma, la cual tiene la opción de aumentar el monto originalmente aprobado mediante adendas que cuadruplican el valor de la obra.
Todo ello deja claro que el problema del país es ético-moral, pero que este discurso no encaja con ninguno de los partidos que tienen reales posibilidades de ascender al poder, porque ya han sido probados y los mismos continuarán pregonando lo que no practican.
Es decir, que el legado de los líderes políticos ya fallecidos, no le sirve de mucho al país, ya que la formación de los actores de la vida política nacional consiste más en llenar sus bolsillos que apegarse al legado de prohombres que pregonaron durante toda su vida política la ética y la moral en el manejo de la administración pública.
No hay un solo escenario en el que la administración estadounidense no busque sustituir la fuerza por la razón.
El primer lugar escogido fue Venezuela, donde fue apresado dentro de su territorio el presidente de ese país, quien independientemente de su legitimidad o no, debe ser enjuiciado por los tribunales de su país, no de los Estados Unidos.
La ofensiva a través del uso o de la amenaza de la fuerza fue seguido en contra de Groenlandia, isla autónoma de Dinamarca, e igual amenaza sufre el pueblo haitiano con buques de guerra en sus costas.
Pero la imposición de la fuerza, aunque en una versión política, no militar, también ha sido vista en Honduras, Costa Rica, Chile, Argentina, entre otras naciones del continente, por parte de la nueva versión de gobernar del presidente Donald Trump.
Aunque todo luce como una locura que no cabe en pleno siglo 21, cuando el derecho internacional está lo suficientemente empoderado, es como una versión del régimen nazi, cuyo principal protagonista actúa sin miramientos y sin importarle las consecuencias de su conducta.
La realidad es que se sienta un precedente de tensión y violencia que cambia una serie de patrones culturales que se han impuesto en las sociedades civilizadas y modernas de estos tiempos.
Este periódico lo había advertido de que Donald Trump era un peligro para la paz mundial, quien, incluso, ha logrado doblegar la institucionalidad que ha exhibido históricamente los Estados Unidos, ejemplo de aplicación de un buen derecho y cuyo sistema de justicia es admirado en todo el planeta.
Sin embargo, inexplicablemente Trump se ha puesto por encima del orden y la ley, lo que distorsiona el espíritu que tradicionalmente ha caracterizado a la nación más poderosa del mundo, fruto de que allí prevaleció un Estado netamente capitalista sin influencias federales, como resultado de un alto desarrollo de las fuerzas productivas y de la conciencia social.
En el contexto de los embates de una visión autoritaria y vulneradora de derechos, Trump ahora mete sus manos en Haití mediante la amenaza de la fuerza a través de las armas e impone a un gobernante que no garantiza el logro del objetivo perseguido por la comunidad internacional de construir un Estado que haga duradera una democracia que promueva el estado de derecho y la paz anhelada por el pueblo más débil y pobre de todo el hemisferio.
El desgraciado precedente que persigue hacer sucumbir el derecho internacional, el respeto a los derechos humanos y a la auto determinación de los pueblos toma cuerpo ante la mirada complaciente de gente que antepone el miedo frente la vergüenza y la dignidad humana.
La educación superior es cuestionada permanentemente por aquellos que conocen del asunto, porque en el país las universidades se han convertido en un negocio vulgar.
Formar a troche y moche es la filosofía que prevalece en la mayoría de las universidades nacionales, donde un buen nivel académico y mucho más preocuparse por la investigación científica es un asunto del pasado y que parece que nunca volverá.
Lo peligroso de este concepto de comercializar con la educación es que genera la salida hacia las calles, que entran al mercado laboral, profesionales como médicos, abogados e ingenieros que poco les importa los resultados de su trabajo.
Porque su poca formación no es solo académico, sino tambien ético, ya que son educados en un entorno en el que no tiene ningún valor una buena conducta, sólo el componente dinero.
Hace algún tiempo que luego de la celebración de una feria de la salud se vio a un joven profesional de la Medicina muy preocupado mientras estaba en la oficina de la empresa organizadora de la misma y cuando se le preguntó por qué lucia así, dijo que tenía una paciente que había venido de los Estados Unidos para hacerse una cirugía plástica, pero que mostraba las plaquetas muy bajas y que si se concreta la operación podía morir.
Agregó que su dilema era si hacía o no la cirugía porque entendía que frente a la situación ella podía morir, pero que el dueño de la clínica le decía que le pusiera sangre y la interviniera, lo que dejó evidente su poco amor por la vida de sus pacientes y que sólo le interesaba el dinero.
Ese cuadro es el pan nuestro de cada día, a lo que se agrega el hecho de que en muchos casos no sólo se produce un problema ético, sino también de poca preparación o formación profesional y cuando ambos se juntan los resultados jamás pueden ser buenos.
La cuestión es que el aspecto ético generalmente es imperceptible y el Estado no cuenta con mecanismos para detectarlo o vigilarlo, ya que incluso los colegios profesionales que deben jugar ese papel están también desnaturalizados como parte del problema integral que padece la sociedad.
Se impone que las universidades dominicanas sean vigiladas para que mejoren académicamente y que fortalezcan la ética en la enseñanza para que el país esté en manos de médicos más preparados, pero lo propio hay que decir de los abogados e ingenieros, así como de los demás profesionales académicos que también son parte del festival de graduaciones universitarias sobre la base del dinero, de las ganancias económicas, sin importar suplir la necesidad nacional de formar los científicos y técnicos que contribuyan con el desarrollo nacional.