Análisis Noticiosos
La montaña boliviana que enriqueció a Europa se hunde y no hay plata para salvarla
El Cerro Rico de Potosí, que desde Bolivia alimentó al mundo de plata, se ha convertido en una montaña hueca. Después de casi cinco siglos de explotación minera, su interior, en particular la parte alta, está vacía. El cerro, de 4.768 metros de altura y cuya estructura formaba un pico triangular casi perfecto, ahora está ligeramente derrumbada sobre el este y repleta de hundimientos, algunos de los cuales alcanzan decenas de metros de ancho y profundidad. “El colapso del Cerro Rico es casi inminente”, advierte Hernán Ríos Montero, geólogo en la Universidad Tomás Frías de esa ciudad boliviana.
Cierre lento
Desde hace unos 15 años, la situación del Cerro Rico se ha degradado rápidamente. Entre 2009 y 2011, aparecieron los primeros hundimientos en la cúspide de la montaña. En 2014, Potosí, inscrito como sitio Unesco desde 1987, ingresó a la lista del patrimonio mundial en peligro. La respuesta, durante esos años, fue rellenar los hundimientos tanto con material seco como con hormigón aligerado, una técnica que no impidió la aparición de nuevos derrumbes. Pero a inicios de 2022 llegó la principal medida de protección: un fallo judicial que obligó a Comibol, la empresa minera pública y administradora del Cerro Rico, a cerrar todas las bocaminas arriba de la cota de 4.400 metros de altura, y a relocalizar las cooperativas mineras afectadas en otra parte de la montaña.
El proceso ha avanzado poco a poco: de las 56 bocaminas que operaban arriba de esta línea, 36 fueron cerradas a finales de 2024, diez más se clausurarán este año y las ocho últimas, en 2026. “Socialmente, es un tema muy complejo”, explica Santiago Cárdenas, ingeniero de la Comibol encargado de la migración de los mineros. “No podemos parar todo de golpe o los mineros van a quedar desempleados. Entonces esperamos que las cooperativas encuentren otro lugar que explotar para cerrar las bocaminas”.
El impacto social de la minería es evidente en Potosí. Hoy, entre 10.000 y 12.000 mineros siguen trabajando en las entrañas de la montaña, aunque la gran mayoría debajo de los 4.400 metros de altura. Su número varía en función de los precios internacionales de los metales que explotan. Pailaviri, un campamento minero situado en la base del Cerro Rico, es una verdadera colmena con un flujo constante de trabajadores subiendo o volviendo a la ciudad. Desde allí, se pueden observar mineros saliendo de las bocaminas más bajas, empujando carritos llenos de minerales, y volquetas bajando desde más arriba por la ruta principal.
Para comprender la lentitud del cierre de las bocaminas es necesario entender las dinámicas de poder del Cerro Rico. La Comibol administra la montaña, pero las cooperativas mineras que extraen el mineral tienen un peso político importante. La alianza del sector cooperativista con los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) –Evo Morales, entre 2006 y 2019, y Luis Arce, entre 2020 y 2025- ha permitido a los trabajadores acceder a altos cargos, principalmente en el Ministerio de Minería y Metalurgia. El actual líder de este ministerio, Alejandro Santos Laura, fue máximo dirigente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras. “Lo único que les interesa [a las cooperativas], es continuar enriqueciéndose con el cerro”, crítica Llanos. “Como tienen mucho poder, frenan cualquier proceso de preservación”.
A pesar de que un derrumbe generalizado en la parte alta del cerro cambiaría el rostro de la montaña para siempre, no es el único lugar con hundimientos. La zona cercana a Pailaviri también sufre. “Vivo en esta casita desde hace más de 27 años, pero ahora está por caerse porque hay mineros trabajando abajo”, cuenta una de las 200 guardas del Cerro Rico. Son mujeres que cuidan las bocaminas y las herramientas de los mineros de potenciales robos. Con salarios muy bajos —de entre 70 y 150 dólares mensuales — y condiciones de vida muy precarias —no tienen agua corriente o a veces electricidad —, son también las primeras en verse impactadas por estos hundimientos.
Un “reloj de arena”
Por otra parte, no hay certeza de que los cierres de bocaminas acabarán con las actividades en la parte alta del Cerro Rico. “Puedes entrar en una bocamina situada a 4.300 metros de altura, y subir por dentro del cerro, porque todas las minas están interconectadas”, detalla Llanos. Es algo probable, ya que la zona prohibida es también una de las más ricas en minerales de toda la montaña. Además, si bien esta medida podría, en el mejor de los casos, frenar el deterioro de la estructura del Cerro Rico, tampoco resuelve el hecho de que la montaña está vacía.
En los tres últimos años, la Comibol ha rellenado 55 de los 146 hundimientos mediante 400.000 toneladas de desechos metalúrgicos. “Acá había un desplome de 60 metros de profundidad, indica Gregorio Socaño, ingeniero responsable del sostenimiento geológico del Cerro Rico por parte de la empresa. ”Ahora está parcialmente relleno y estamos esperando a ver si el hundimiento ha sido detenido. Si no es el caso, seguiremos rellenando”. Sin embargo, Ríos considera esta estrategia una pérdida de tiempo y recursos. “Hay que imaginar un reloj de arena: lo que vas poniendo arriba termina cayendo en la parte hueca de la montaña. Es una ilusión pensar que se puede rellenar una montaña que fue vaciada durante casi cinco siglos mediante volquetas”.
Pese a esto, decenas de camiones siguen subiendo diariamente hasta las alturas del Cerro Rico para colmar la montaña. Hasta finales del año 2024, el costo de los rellenos había alcanzado unos 3 millones de dólares. “Es una medida de emergencia, pero, por el momento, es la única que podemos financiar, reconoce Socaño. ”Es bastante difícil realizar estudios para soluciones más ambiciosas porque el cerro se está moviendo todo el tiempo y estos estudios caducan muy rápidamente».
La Facultad de Ingeniería Minera de la Universidad Tomás Frías tiene una alternativa, explica Llanos. Consiste en construir una estructura de metal y hormigón al interior de la montaña. “Esto permitiría sostener la estructura del cerro e impedir que los mineros ingresen a la parte más alta”. Es un proyecto ambicioso y costoso. “Estimamos que serían unos 3,5 millones de dólares que no tenemos, pero, por el momento, nadie propone otra alternativa”, insiste.
La cúspide de Cerro Rico ofrece una vista muy sorprendente. Dos enormes cráteres, de varias decenas de metros, ocupan la mayoría del espacio. De la pequeña caseta que hace un año seguía de pie, solo queda una pared. El resto se lo comió uno de los dos hundimientos. Es un paisaje que entristece a Llanos: “La preservación del cerro no avanza, y creo que las próximas generaciones de potosinos y de bolivianos nos juzgarán con mucha dureza cuando vean cómo hemos fallado en proteger este símbolo nacional.“
elpais.com
Por José Cabral.
Nadie puede negar que la República Dominicana está en medio de la gran posibilidad de que pueda surgir un “outsider” en la política nacional, aunque el problema descansa en que no se ha articulado una propuesta que responda al nicho que se ha creado en esta dirección.
Prácticamente todas las encuestas colocan en un 54 ó 55 por ciento, aunque se piensa que es mucho mayor, las personas que no sienten ningún respeto ni vinculación con los partidos políticos, los cuales han llegado a un nivel de descrédito que nadie podía imaginarse.
Es tan grave el problema que esa realidad amenaza la democracia representativa, ya que en las últimas elecciones el país ha terminado con autoridades que no cuentan con la legitimidad necesaria para garantizar una buena gobernabilidad.
Pero frente a esa realidad la pregunta que todo el mundo se hace es si valdría la pena que en el país se produzca el fenómeno del “outsider” como que ya ha pasado en muchas naciones latinoamericanos e incluso en los Estados Unidos de América.
El último caso de este tipo se ha producido en Colombia, donde un abogado penalista, un depravado, defensor de narcotraficantes, de evasores de impuestos y de los paramilitares ha quedado en primer lugar en las elecciones presidenciales.
A Abelardo de la Espriella, un ultraderechista, sin ningún mérito, pero sin venir de las estructuras tradicionales del partidarismo político, se ha colocado en la puerta de la presidencia de Colombia, con un discurso agresivo y con una visión de cuestionamiento del derecho internacional que lo acerca al actual jefe de Estado de los Estados Unidos, Donald Trump, quien incluso ya lo ha apoyado.
El asunto es que este tipo de “outsider” no es saludable para que ningún país del mundo, porque representa un antivalor, un enemigo del derecho internacional y además un depravado que no respeta absolutamente nada ni a nadie.
Entonces, si la República Dominicana se viera en ese espejo estaría en un escenario que significa un evidente retroceso al bienestar que se supone debe garantizar todo aquel que se opone a la partidocracia, que nadie puede negar que en todas estas naciones ha implicado una gran desgracia para los pueblos.
Por esta razón es que creo que, si en la República Dominicana se crean las condiciones, como ya parece que ocurre, para desplazar del poder a los partidos políticos, tiene que ser para bien, no para mal, ya que debe ser un “outsider” que cuente con un plan programático y estratégico a corte, mediano y largo plazo para poder lograr las transformaciones que demanda la sociedad.
Naturalmente, la preocupación de que el problema del país no sólo descansa en el funcionario público, el cual procede de los partidos políticos, instancias totalmente corrompidas y enemigas del progreso nacional, sino también en la visión y actitud distorsionada del ciudadano como resultado del neoliberalismo salvaje introducido en el país por Leonel Fernández.
Tal vez ahí esté la explicación de que una opción con una visión colectiva, no individual, no haya podido consolidarse en el país, ya que articular este tipo de propuesta implica, según lo que se ve, romper con lo que luce ser una utopía por la forma en que el neoliberalismo se ha apropiado de la mente y el sentir de la gente.
Pero si Dios quiere y en razón de que las condiciones están dadas para que en el país surja un “outsider”, ojalá sea para bien y no para mal, contrario a como se observa que se produce en Colombia y en otros países latinoamericanos.
El “outsider” dominicano tiene que ser para romper con la vieja política, a los fines de acabar con la corrupción y los principales males que aquejan a la sociedad en asuntos tan fundamentales para tener crecimiento y desarrollo nacionales como el empleo, la institucionalidad, la seguridad pública y ciudadana y en otros aspectos que durante décadas han representado una retranca para la nación.
Por José Cabral.
Los jueces y juezas son considerados emperadores que tienen el privilegio de juzgar la conducta de los demás, pero nunca la de ellos, convirtiéndose muchas veces en los funcionarios públicos que violan más que cualquier otro agente del Estado los derechos de las personas.
La explicación del abuso de poder desde la condición de juez, jueza o fiscal consiste en que somos una nación donde la democracia existe más de apariencia que de realidad y que ello obedece a la herencia patriarcal, machista, caudillista y de amiguismo que genera mucha tolerancia con el que infringe la ley desde la sombrilla del Estado, cuya visión descansa en la herencia histórico-cultural anti-democrática.
La República Dominicana ha pretendido desarrollar una democracia en la que prevalezca el principio de legalidad, juridicidad y de igualdad, pero este propósito ha resultado ser una utopía porque los tiempos de dictaduras tienen un fuerte peso en la vida nacional.
En el Estado democrático los derechos no están por encima de los deberes, ambos van de la mano, pero en los países con escaso nivel de desarrollo la gente piensa que no tiene que cumplir con sus obligaciones y que los derechos son absolutos.
Hace muy pocos días que los actores del sistema de justicia se lanzaron a un paro de labores en demandas de mejores condiciones salariales y de trabajo en sentido general, lo que nadie le regatea porque la realidad es que las mismas son deprimentes, aunque ello no justifica la forma en que muchos tribunales se manejan en los casos que les llegan.
Todo el mundo sabe o por lo menos constitucionalmente está establecido que los jueces son garantes fundamentales de la justicia y la paz social, ya que su principal papel es administrar justicia mediante la solución de conflictos de manera imparcial, aunque este concepto luce ser una utopía.
Los jueces se supone que actúan como puente mediador entre las leyes y los ciudadanos, asegurando la equidad, el respeto a las garantías constitucionales y la estabilidad del Estado de Derecho, ya que en la sociedad contemporánea el ejercicio de la judicatura abarca funciones esenciales que van más allá de simplemente aplicar la ley escrita, sobre todo en una época en que el derecho ha entrado en un profundo proceso de constitucionalización.
Sin embargo, cuando el sistema de justicia no cumple con su rol, entonces llega la distorsión que tiene que ver con la vía de hecho, dado que éste tiene la misión teórica de darle a cada ciudadano lo que le corresponde, a los fines de evitar hacer justicia con sus propias manos y para garantizar una convivencia ordenada.
La justicia también debe velar porque prevalezca el principio de legalidad y de juridicidad para el control del poder, ya que representa un contrapeso vital al supervisar que los actos de los otros órganos del Estado se ajusten a la Constitución y al bien común, pero todo ello requiere, además, que los jueces, juezas y demás actores de la judicatura nacional también ajusten sus actuaciones a los deberes que les impone la ley sustantiva de la nación y las normas por las que se rige el Poder Judicial.
Análisis Noticiosos
Es imperdonable que Subero Isa haya mal asesorado al presidente de la República.
Por José Cabral
Cuando el Congreso Nacional aprobó en violación de la Constitución la promulgada Ley 13-26 que persigue anular las candidaturas independientes, muchos confiamos en la amplia formación y la vocación democrática del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien ahora se desempeña como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.
Siempre pensé que lo mínimo que podía sugerirle Subero Isa a Luis Abinader era no promulgar esa pretendida ley y en su lugar recomendar observarla por constituir una violación muy grave a la Constitución de la República y a una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que el jefe de Estado prometió cumplir cuando se juramentó en el cargo.
Pero aun después de la promulgación en una conversación con el promotor de la acción directa de inconstitucionalidad en contra de los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23, Alberto Fiallo, éste decía que parece que Subero Isa no había jugado ningún papel en semejante agravio a la democracia y al proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana.
E incluso planteó el amigo Fiallo que Subero Isa no había tenido ninguna participación en semejante disparate jurídico, porque se veía que se trataba de un asunto manejado políticamente desde el Partido Revolucionario Moderno (PRM), lo cual parece lógico en razón de que fue algo manejado por los cuadros más importantes de la organización oficial.
Sin embargo, luego de ver la recomendación al presidente Abinader de Subero Isa en su condición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo de que no se meta en lo referente al conflicto entre los jueces, juezas y demás personal del Consejo del Poder Judicial, todo indica que de igual modo debió haberlo hecho con la promulgación de la Ley 13—26.
No hay ninguna razón de que Subero Isa no haya intervenido en la decisión del presidente en lo que respecta a la promulgación de la Ley 13-26, máxime cuando el consultor jurídico ya había hecho pública su posición en contra de las candidaturas independientes.
De ser así, Subero Isa ha incurrido en su peor error como hombre público y jurista de una larga trayectoria, porque se trata de una acción antijurídica y que de alguna manera desmiente la creencia que nos hemos creado muchos de que este expresidente de la Suprema Corte de Justicia es un profesional del derecho lo suficientemente acabado y formado para el mejor de los consejos.
Si esta hipótesis es cierta entonces estaríamos ante un gran fiasco, porque no sé si Subero Isa sabe que con lo que podría ser esa asesoría a un hombre como el presidente Abinader, quien no tiene la menor idea de asuntos constitucionales, lo ha sumergido en una grave violación al derecho interno y externo, lo cual perdurará para toda la historia del país.
Sería imperdonable que Subero Isa no entienda la importancia que tiene en la democracia nacional el proceso de constitucionalización del derecho que se inicia en el país con la Constitución del 2010 y de la que se deriva la referida figura jurídica y que tampoco digiera el fenómeno que tiene que ver con la defensa y preservación de los derechos fundamentales en la sociedad dominicana, ya que la decisión de Abinader busca arruinar y eliminar el derecho, valores y principios de legalidad, proporcionalidad, pro participación y de dignidad humana.
No es que Subero Isa no tiene el derecho de estar en contra de lo que considere, pero de igual modo se entiende que es totalmente inaceptable que él se ponga en contra de una jurisprudencia que tiene el sustento del mandato de la Constitución.
Considero que la figura de Subero Isa se degrada y queda muy mal parada cuando entra en el juego de la politiquería al recomendar, si fue que así ocurrió, la promulgación de la Ley 13-26, que en buen derecho no es más que un contrasentido jurídico y que no puede tener otro destino que su nulidad.