Análisis Noticiosos
La montaña boliviana que enriqueció a Europa se hunde y no hay plata para salvarla
El Cerro Rico de Potosí, que desde Bolivia alimentó al mundo de plata, se ha convertido en una montaña hueca. Después de casi cinco siglos de explotación minera, su interior, en particular la parte alta, está vacía. El cerro, de 4.768 metros de altura y cuya estructura formaba un pico triangular casi perfecto, ahora está ligeramente derrumbada sobre el este y repleta de hundimientos, algunos de los cuales alcanzan decenas de metros de ancho y profundidad. “El colapso del Cerro Rico es casi inminente”, advierte Hernán Ríos Montero, geólogo en la Universidad Tomás Frías de esa ciudad boliviana.
Cierre lento
Desde hace unos 15 años, la situación del Cerro Rico se ha degradado rápidamente. Entre 2009 y 2011, aparecieron los primeros hundimientos en la cúspide de la montaña. En 2014, Potosí, inscrito como sitio Unesco desde 1987, ingresó a la lista del patrimonio mundial en peligro. La respuesta, durante esos años, fue rellenar los hundimientos tanto con material seco como con hormigón aligerado, una técnica que no impidió la aparición de nuevos derrumbes. Pero a inicios de 2022 llegó la principal medida de protección: un fallo judicial que obligó a Comibol, la empresa minera pública y administradora del Cerro Rico, a cerrar todas las bocaminas arriba de la cota de 4.400 metros de altura, y a relocalizar las cooperativas mineras afectadas en otra parte de la montaña.
El proceso ha avanzado poco a poco: de las 56 bocaminas que operaban arriba de esta línea, 36 fueron cerradas a finales de 2024, diez más se clausurarán este año y las ocho últimas, en 2026. “Socialmente, es un tema muy complejo”, explica Santiago Cárdenas, ingeniero de la Comibol encargado de la migración de los mineros. “No podemos parar todo de golpe o los mineros van a quedar desempleados. Entonces esperamos que las cooperativas encuentren otro lugar que explotar para cerrar las bocaminas”.
El impacto social de la minería es evidente en Potosí. Hoy, entre 10.000 y 12.000 mineros siguen trabajando en las entrañas de la montaña, aunque la gran mayoría debajo de los 4.400 metros de altura. Su número varía en función de los precios internacionales de los metales que explotan. Pailaviri, un campamento minero situado en la base del Cerro Rico, es una verdadera colmena con un flujo constante de trabajadores subiendo o volviendo a la ciudad. Desde allí, se pueden observar mineros saliendo de las bocaminas más bajas, empujando carritos llenos de minerales, y volquetas bajando desde más arriba por la ruta principal.
Para comprender la lentitud del cierre de las bocaminas es necesario entender las dinámicas de poder del Cerro Rico. La Comibol administra la montaña, pero las cooperativas mineras que extraen el mineral tienen un peso político importante. La alianza del sector cooperativista con los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) –Evo Morales, entre 2006 y 2019, y Luis Arce, entre 2020 y 2025- ha permitido a los trabajadores acceder a altos cargos, principalmente en el Ministerio de Minería y Metalurgia. El actual líder de este ministerio, Alejandro Santos Laura, fue máximo dirigente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras. “Lo único que les interesa [a las cooperativas], es continuar enriqueciéndose con el cerro”, crítica Llanos. “Como tienen mucho poder, frenan cualquier proceso de preservación”.
A pesar de que un derrumbe generalizado en la parte alta del cerro cambiaría el rostro de la montaña para siempre, no es el único lugar con hundimientos. La zona cercana a Pailaviri también sufre. “Vivo en esta casita desde hace más de 27 años, pero ahora está por caerse porque hay mineros trabajando abajo”, cuenta una de las 200 guardas del Cerro Rico. Son mujeres que cuidan las bocaminas y las herramientas de los mineros de potenciales robos. Con salarios muy bajos —de entre 70 y 150 dólares mensuales — y condiciones de vida muy precarias —no tienen agua corriente o a veces electricidad —, son también las primeras en verse impactadas por estos hundimientos.
Un “reloj de arena”
Por otra parte, no hay certeza de que los cierres de bocaminas acabarán con las actividades en la parte alta del Cerro Rico. “Puedes entrar en una bocamina situada a 4.300 metros de altura, y subir por dentro del cerro, porque todas las minas están interconectadas”, detalla Llanos. Es algo probable, ya que la zona prohibida es también una de las más ricas en minerales de toda la montaña. Además, si bien esta medida podría, en el mejor de los casos, frenar el deterioro de la estructura del Cerro Rico, tampoco resuelve el hecho de que la montaña está vacía.
En los tres últimos años, la Comibol ha rellenado 55 de los 146 hundimientos mediante 400.000 toneladas de desechos metalúrgicos. “Acá había un desplome de 60 metros de profundidad, indica Gregorio Socaño, ingeniero responsable del sostenimiento geológico del Cerro Rico por parte de la empresa. ”Ahora está parcialmente relleno y estamos esperando a ver si el hundimiento ha sido detenido. Si no es el caso, seguiremos rellenando”. Sin embargo, Ríos considera esta estrategia una pérdida de tiempo y recursos. “Hay que imaginar un reloj de arena: lo que vas poniendo arriba termina cayendo en la parte hueca de la montaña. Es una ilusión pensar que se puede rellenar una montaña que fue vaciada durante casi cinco siglos mediante volquetas”.
Pese a esto, decenas de camiones siguen subiendo diariamente hasta las alturas del Cerro Rico para colmar la montaña. Hasta finales del año 2024, el costo de los rellenos había alcanzado unos 3 millones de dólares. “Es una medida de emergencia, pero, por el momento, es la única que podemos financiar, reconoce Socaño. ”Es bastante difícil realizar estudios para soluciones más ambiciosas porque el cerro se está moviendo todo el tiempo y estos estudios caducan muy rápidamente».
La Facultad de Ingeniería Minera de la Universidad Tomás Frías tiene una alternativa, explica Llanos. Consiste en construir una estructura de metal y hormigón al interior de la montaña. “Esto permitiría sostener la estructura del cerro e impedir que los mineros ingresen a la parte más alta”. Es un proyecto ambicioso y costoso. “Estimamos que serían unos 3,5 millones de dólares que no tenemos, pero, por el momento, nadie propone otra alternativa”, insiste.
La cúspide de Cerro Rico ofrece una vista muy sorprendente. Dos enormes cráteres, de varias decenas de metros, ocupan la mayoría del espacio. De la pequeña caseta que hace un año seguía de pie, solo queda una pared. El resto se lo comió uno de los dos hundimientos. Es un paisaje que entristece a Llanos: “La preservación del cerro no avanza, y creo que las próximas generaciones de potosinos y de bolivianos nos juzgarán con mucha dureza cuando vean cómo hemos fallado en proteger este símbolo nacional.“
elpais.com
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.