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La mujer que demandó a Texas para abortar abandona el Estado para interrumpir su embarazo

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Kate Cox, de 31 años, obtuvo la semana pasada una medida cautelar para poder someterse al procedimiento, pero la Fiscalía elevó el caso al Supremo estatal

Los Angeles.-Kate Cox, la mujer de 31 años que demandó a Texas para poder abortar, ha abandonado el Estado para interrumpir su embarazo. La noticia, confirmada por sus abogadas, llega tres días después de que el Supremo local frenara temporalmente una medida cautelar otorgada por un tribunal inferior que le permitía realizar el procedimiento. Cox, con 20 semanas y seis días de embarazo, se encuentra en el centro de una disputa legal que la enfrenta con el veto casi total que las autoridades texanas han impuesto al aborto tras la derogación de Roe contra Wade. Muchos consideran que este es el primer caso en el que una mujer acude ante un tribunal para pedir permiso para interrumpir su embarazo.

“El limbo legal de la semana pasada ha sido un infierno para Kate”, ha asegurado este lunes Nancy Northup, presidenta del Centro de Derechos Reproductivos, la organización que se ha encargado de la defensa de Cox en los tribunales. La activista considera que la salud de su clienta no podía esperar a que los jueces se pronunciaran por el caso. “Ha estado entrando y saliendo de salas de emergencia (…) Es por esto que los jueces y políticos no deberían tomar las decisiones de la gente que se embaraza”, ha añadido.

La jueza Maya Guerra Gamble dio la razón a la pareja. La togada, de ideología progresista, otorgó el jueves una medida cautelar para que Cox pudiera someterse al procedimiento. El Estado, gobernado por autoridades ultraconservadoras, peleó arduamente por medio de la Fiscalía para que no se llevara a cabo el aborto. El argumento de la oficina del fiscal Ken Paxton es que Cox no califica para una de las excepciones del casi veto total: que la vida de la madre corra peligro.

La Fiscalía interpuso un recurso la noche del jueves contra la decisión de la jueza Guerra Gamble. “Cada hora en que la medida cautelar está en pie es una hora en la que los demandantes se creen libres para realizar un aborto”, aseguró Paxton en la moción, que pedía rapidez al Supremo local. El Tribunal frenó el viernes, de manera temporal, la medida cautelar. “Tememos que en este caso la justicia demorada sea justicia negada”, dijo Molly Duane, una de las abogadas de Cox.

Mientras Paxton interponía los recursos judiciales, también amenazaba con acciones legales a los hospitales. El fiscal envió cartas a tres centros del Estado amenazando con iniciar demandas contra los médicos e instituciones si se atrevían a intervenir en el caso. “El fallo no los protege a ustedes, ni a nadie más, de enfrentar responsabilidades por las vías civiles y penales”, afirmó el fiscal en el documento. El veto al aborto aprobado localmente en 2022 contempla multas de hasta 100.000 dólares a quien auxilie a la realización de un aborto.

“Este es el resultado de la derogación de Roe contra Wade: las mujeres se han visto forzadas a rogar por atención médica urgente en los tribunales. El caso de Kate ha mostrado al mundo que los vetos al aborto son peligrosos y que las supuestas excepciones simplemente no funcionan”, aseguró Northup.

Dos organizaciones de doctores consideran que este caso puede dejar en Texas precedentes preocupantes. “El clima de miedo de la comunidad médica local ciertamente irá a más por las acciones del Estado, que se ha opuesto al aborto que la señora Cox necesita”, aseguraron el Colegio Estadounidense de obstetras y ginecólogos y la Sociedad de Medicina Maternal. Ambos grupos habían solicitado a la Corte dar a la razón a Cox, quien ya es madre de dos hijos, pero no quiere ver frustrada su posibilidad de embarazarse nuevamente en el futuro.

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El voto de castigo disminuirá en las elecciones presidenciales de América Latina de 2024

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Redacción América, (EFE).- Las seis elecciones presidenciales que habrá en América Latina durante este año mostrarán una desaceleración del voto de castigo que han experimentado gobernantes y partidos oficialistas de la región en los últimos cuatro años, según proyectan los sondeos demoscópicos y opinan de los expertos.

En los próximos doce meses se celebrarán comicios presidenciales en El Salvador (febrero), Panamá (mayo), República Dominicana (primera vuelta en mayo y segunda vuelta en junio), México (junio), Uruguay (primera vuelta en octubre y segunda vuelta en noviembre) y finalmente Venezuela (previstas tentativamente para diciembre), el único de los seis países donde las presidenciales no estarán acompañadas de legislativas.

Este súper ciclo electoral comenzó en 2021 y abarca a los diecisiete países de América Latina -todos, excepto Bolivia- donde han tenido o tendrá lugar elecciones presidenciales, legislativas, regionales y locales para renovar las autoridades políticas.

Las elecciones celebradas a lo largo del pasado año han puesto de manifiesto que cuando son convocados a las urnas, los ciudadanos se decantan por opciones que representan una alternativa a la opción política que ostenta el poder, como ha sucedido en Guatemala con el inesperado triunfo del candidato del Movimiento Semilla, el socialdemócrata Bernardo Arévalo.

De hecho, «de las últimas diecinueve elecciones, en diecisiete perdió el partido que estaba en el Gobierno, salvo el caso de Paraguay -con el triunfo de Santiago Peña, del oficialista Partido Colorado- y salvo la farsa electoral en Nicaragua», opina en declaraciones a EFE Daniel Zovatto, hasta hace dos días director regional de Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA).

“La reacción pendular del electorado latinoamericano no tiene que ver necesariamente con giros ideológicos, sino más bien con el voto de castigo al Gobierno de turno», le asegura a EFE José Miguel Vivanco, del Council on Foreign Relations de Estados Unidos.

Lo que está sucediendo “es que todos los que están en el poder son castigados, porque la gente está descontenta», como ha ocurrido en Argentina, «donde perdió el oficialismo y ganó la oposición”, señala a EFE Patricio Navia, profesor titular de Estudios Liberales de la Universidad de Nueva York.

Menos voto de castigo 

Pero para 2024 se prevé una disminución de este voto de castigo.

«Vamos a ver una región más multicolor, más heterogénea, más diversa, sin una ola rosa ni una ola conservadora o de centroderecha, sino con una mayor diversidad de Gobiernos», considera Zovatto.

«Habrá reelección en El Salvador, voto de castigo en Panamá (contra la socialdemocracia, actualmente en el poder) y posiblemente (Luis) Abinader pueda quedarse con la presidencia en República Dominicana, si es que no se le complica», apunta este politólogo y jurista argentino.

Respecto a los comicios en México, donde no existe la reelección presidencial, «podría repetir Morena», la fuerza política que lidera el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador. «No tiene garantizada la victoria, pero (Claudia) Sheinbaum -ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México- de momento sigue encabezando las encuestas», agrega Zovatto.

En el segundo semestre del año, las elecciones de Uruguay son «una moneda que está en el aire, mientras que en Venezuela no está claro qué tipo de elección va a haber, si con garantías (democraticas) o sin ellas», apostilla.

Según los expertos, la desaceleración de la alternancia en el poder y el castigo a los oficialismos tiene más que ver con las condiciones particulares de los procesos electorales de 2024 que porque esta tendencia vaya a desaparecer del panorama político de América Latina.

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La otra resistencia de Nicaragua: proteger la selva en el país más deforestado de Centroamérica

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El documental ‘Patrullaje’ muestra la lucha para frenar el avance de la ganadería ilegal. Uno de sus directores denuncia la “complicidad del Estado” con los invasores

México.-“Nosotros amamos la reserva, amamos la naturaleza… No queremos perder lo que tenemos”. Armando John es uno de la docena de guardabosques que patrulla la Reserva Biológica Indio Maíz en Nicaragua para documentar la invasión de sus territorios y el avance de la ganadería ilegal. Su historia la cuenta en el documental Patrullaje, una producción de los cineastas Camilo de Castro Belli y Brad Allgood.

Indio Maíz es uno de los bosques tropicales húmedos más importantes de Centroamérica con una extensión de 2.639 kilómetros cuadrados (263.980 hectáreas), donde viven los pueblos indígenas Rama y afrodescendientes Kriol y donde habitan más de 500 especies de animales.

La carne bovina es el tercer producto de exportación en Nicaragua, después del oro y el café y su principal mercado es Estados Unidos. Esa carne, denuncia el documental, proviene de áreas protegidas como Indio Maíz que están siendo deforestadas. “Hay una complicidad del Estado de Nicaragua con estos grupos que están invadiendo el territorio. Las autoridades han sido bien explícitas en decirle a los comunitarios que ellos no van a sacar a nadie del territorio”, dice el codirector Camilo de Castro, periodista y cineasta exiliado a quien el régimen de Daniel Ortega despojó de su ciudadanía en febrero de este año. “Prevalece la impunidad, la ilegalidad y mientras tanto el bosque se sigue despalando, las fuentes de agua se siguen contaminando y se sigue degradando el medioambiente”, añadió.

Sobre el Río Indio, en canoas y en medio de la vegetación navegan los guardabosques. “Hace cuatro, cinco años, cuando navegábamos en el río no había gente, pero hace dos años comenzamos a ver gente y después de este año, está lleno de gente”, dice uno de ellos. El objetivo de los guardabosques es salvar sus tierras, intentar frenar la llegada de los invasores, pero no cuentan con recursos, ponen en riesgo sus propias vidas y no tienen apoyo de las autoridades. “Ellos invitan al Marena (Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales) y Ejército a acompañarlos en los patrullajes y nunca hay un acompañamiento”, asegura De Castro.

Los pueblos rama y kriol resisten. “Hoy en día en Nicaragua hay muy poco que se pueda hacer. Las comunidades están amenazadas por el Ejército, la Policía y por personas afines al Gobierno que están armadas dentro de los territorios. Lo que queda es hacer presión desde afuera y sobre todo trabajar para lograr que las empresas que están haciendo negocios, que están comprando la carne en Nicaragua paguen un costo por el daño que están provocando”, afirma De Castro.

La grabación del largometraje, que fue promovido en redes sociales por el actor estadounidense Leonardo DiCaprio, finalizó en marzo de 2018. Un mes después, un incendio en la reserva dio origen a las protestas en contra del régimen de Daniel Ortega y que marcaron el inicio de la crisis sociopolítica en Nicaragua. Un grupo de jóvenes salió a las calles a protestar ante la negligencia de las autoridades para controlar el incendio que se originó el 3 de abril. El incendio duró 10 días y consumió 6.000 hectáreas de bosque, según un estudio realizado por el Centro Humboldt y la Fundación del Río.

De Castro cuenta que, después de finalizar la grabación, no pudieron volver a Indio Maíz, pero los comunitarios les han dicho que la situación está peor. “Hay más colonos dentro de los territorios. Los comunitarios ahora están rodeados de mestizos que están despalando el bosque todo a la vista de la autoridades”, asegura.

En las últimas dos décadas, según Global Forest Watch, Nicaragua ha perdido el 22% de sus bosques y, de acuerdo a Naciones Unidas, tiene la tasa de deforestación más alta de Centroamérica.

Patrullaje, dice su director, hace un intento por crear conciencia de este problema y trata de ejercer presión sobre los actores claves que están involucrados en la industria de la carne. “Hay un gran desconocimiento acerca de la crisis ambiental que estamos viviendo en Nicaragua, hay un desconocimiento acerca de la situación en Nicaragua en general”, reconoce De Castro, pero tampoco le sorprende tanto. Con este proyecto lo que más le impacto fue darse cuenta como nicaragüense “qué tan poco” se sabe “acerca de la realidad de los pueblos indígenas y afrodescendientes en Nicaragua y de su lucha por proteger los bosques” en el país.

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Las ‘mulas’ desaparecidas de la droga

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La mayoría de presas bolivianas en Brasil están acusadas de transportar cocaína. Son el eslabón más débil de un negocio en el que estas mujeres encuentran una salida económica

São Paulo.-Al igual que sus 34 compatriotas bolivianas privadas de libertad en la Penitenciaría Femenina de Sant’Anna, en São Paulo, la vida de Gabriela A. dio un giro luego de aceptar llevar una maleta: un equipaje ajeno que, en medio de la ropa, escondía dos paquetes con casi dos kilos de cocaína. Para la policía brasileña, el hallazgo fue parte de un procedimiento de rutina en la ruta que une Corumbá, en la frontera con Bolivia, y la capital paulista. Para Gabriela, entregar el encargo significaba la posibilidad de cobrar 500 dólares para empezar una nueva vida junto a sus hijos de 20 y 15 años.

“No me gustaría que vengan otras personas. No se lo deseo a nadie porque es muy triste y muy difícil estar aquí”, dice. Su llanto se pausa cuando se traslada a los platos que cocinaba y que en los tres meses que lleva privada de libertad se han convertido en un anhelo constante: charque, lambreado de conejo, pique macho. Su relato zigzaguea entre recuerdos como esos y mensajes de arrepentimiento.

Lo que más le preocupa en la cárcel es que nadie nunca más supo de ella. Ni su madre, ni su hijo menor, con quienes vivía en Cochabamba, en el centro de Bolivia, ni su hijo mayor, que vive en Santa Cruz, en el oriente del país. Gabriela cruzó la puerta de su casa y se despidió de los suyos avisando que estaría afuera apenas unos días, pero nunca más volvió.

Cuando la detuvieron, la policía retuvo todas sus pertenencias incluyendo su celular, donde tenía los contactos de sus familiares, de sus jefes, de sus amigos… “Ahorita es como si estuviera desaparecida para ellos”, dice angustiada.

De acuerdo a la Constitución brasileña, el protocolo de encarcelamiento incluye una notificación a los familiares directos de las presas, pero no todos los agentes lo ofrecen. En el caso de Gabriela y otras mujeres bolivianas en prisión, es el consulado de Bolivia quien tiene la misión de hacer llegar esta información a su círculo cercano, pero en este caso eso nunca sucedió.

Gabriela no entiende bien el portugués. Pasa sus días trabajando en el taller de manualidades de la cárcel esperando que ocurra algún milagro: que sus hijos tengan noticias sobre ella o que el tiempo pase rápido. Gabriela está desaparecida para su familia.

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De acuerdo a la Secretaría Nacional de Políticas Penales del Brasil (Senappen), en diciembre de 2022 se contabilizaron 27.547 mujeres en presidios femeninos del país y 91 son bolivianas. “La droga no es de ellas, sino de alguien que las contrata para pasarla. En el puesto fronterizo Esdras, entre Brasil y Bolivia, durante el primer semestre de 2023, fueron realizadas 12 aprehensiones de droga. Podría asegurar que la mitad fueron mujeres bolivianas usadas como mulas”, dice Erivelto Alencar, el jefe de la Secretaría de Ingresos Federales de Brasil en la ciudad de Corumbá.

Según estudios citados por un informe del Instituto Transnacional y la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), alrededor del 70% de las mujeres privadas de libertad “se encuentran en prisión por estar involucradas en actividades de microtráfico no violento”. Muchas de ellas son cabeza de familia. En el caso de las migrantes bolivianas en Brasil, muchas son también víctimas de tráfico de personas, amenazas, engaños, violencia y hasta retención de documentos.

Una vez detenidas, son descartadas por el sistema de pandillas que las contrataron o forzaron a entrar a esa situación, pero sobre todo se convierten en desaparecidas para sus familias. Ante esa situación de indefensión, las asistentes sociales y redes de apoyo conformadas en gran parte por Iglesias y grupos de mujeres cargan al hombro la responsabilidad de ayudarlas en la cárcel.

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A unos 1.400 kilómetros de São Paulo, en Corumbá, en el límite fronterizo con Bolivia, otra boliviana figura como desaparecida para su familia. Wara Pérez Zapana, una mujer de 23 años, mirada quieta y que habla a susurros, salió un día a principios de mayo de su casa en Irupana, una localidad de la provincia de Sud Yungas, en el departamento de La Paz. Se despidió de sus hijos de 7, 4 y 2 años y no volvieron a saber de ella.

Wara necesitaba dinero para pagar un préstamo que adquirió junto a su marido en el banco. Los 60 bolivianos (unos 8 dólares) diarios que recibía por un trabajo de ocho horas en el campo no eran suficientes. Los gastos asociados a una enfermedad de su padre y las ganas de invertir en un terreno que su suegra les había entregado la motivaron a endeudarse. Luego, la presión por pagar se transformó en un infierno que la hizo entrar en otro: tomó una maleta, subió a un taxi, fue detenida por la policía brasileña y su familia no volvió a verla.

Wara dice que no quiere preocupar a su familia, pero aunque quisiera enviar señales de vida, no tiene cómo hacerlo. No ha visto al cónsul, no tiene abogado propio y depende del defensor público. Tampoco habla portugués y toda la ayuda que ha recibido ha venido de parte de la pastoral carcelaria.

La ausencia de noticias de familiares se convierte en un pasaje progresivo hacia la violencia emocional. En el caso de las mujeres bolivianas, existe un limitante aún mayor. La norma permite realizar llamadas sólo dentro del territorio brasileño. “Son abandonadas. Y cuando intentamos llamar a las familias y uno de los números está incorrecto es muy frustrante”, dice Marciene Amorim, psicóloga en el Patronato Penitenciario de Corumbá.

“La mayoría de las bolivianas hacemos esto por necesidad, por nuestros hijos”, se lamenta Wara. Aceptó llevar 6 kilos de cocaína por unos 600 dólares, aunque nunca llegó a recibir más dinero que el necesario para pagar el transporte hasta su destino final en São Paulo.

En Brasil, la criminalización de drogas se aplica mediante la llamada Ley de Drogas. El hecho de que no exista regla que especifique la pena en función a dicha cantidad, y de las circunstancias de transporte, hace que cada caso sea analizado de manera individual. Rige la interpretación de la ley de cada juez. “La guerra contra las drogas encarcela a personas negras, pobres, mujeres vulnerables”, explica Cátia Kim, coordinadora del Instituto Tierra Trabajo y Ciudadanía (ITTC).

En términos generales, la pena base es de cinco años pudiendo llegar a 15 en función de las causas que agraven la condena. “Cualquier práctica relacionada a la droga es crimen. Sobre esa base, se construyó el sistema punitivo de la legislación del Brasil”, concluye Kim.

El hecho de que no exista regla que especifique la pena en función a la cantidad de droga y circunstancias de transporte en la legislación brasileña hace que cada caso sea analizado de manera individual. Rige la interpretación de la ley de cada juez. “Sabido es que muchas mujeres bolivianas trabajan como mulas. A veces son liberadas, en el caso de tener hijos, cuidados de familia, pero si tienen grandes cantidades de droga, se debe constatar con otras informaciones”, explica el juez Idail de Toni Filho de la primera sala penal de Corumbá.

El tribunal es cauteloso a la hora de sacar conclusiones: contrapone el relato de las detenidas con las pruebas y las contradicciones de cada caso. “Objetivamente, si la mujer está con maleta y droga en dirección a São Paulo y admite que la estaba cargando, es un hecho. Dicen que fueron engañadas y es posible, pero no hay como constatar. Debe ser demostrado. ¿Recibieron dinero siendo engañadas?”, analiza el juez.

Wara entró a la penitenciaría femenina de Corumbá en régimen de prisión preventiva. “Mi proceso está abierto. El juez me dijo que debía comprobar que tuviera hijos”. El pasado 2 de junio, el juez le otorgó libertad provisional pero con la condición de presentarse mensualmente al juzgado para informar dónde vive y qué actividades hace.

La ausencia diplomática

Es lunes por la mañana y apenas se ve movimiento a las afueras de la Penitenciaría Femenina Carlos Alberto Jonas Giordano de Corumbá. Un guardia se asoma por la rejilla de la puerta principal del penal de mujeres. No hay nadie en el frontis. Apenas pasa una carreta y casi no hay movimiento de carros en este lado de la ciudad. Se escuchan algunas voces a pocos metros, justo donde comienza la cárcel masculina, separada solo por un muro de la femenina: unas cuantas mujeres –novias, esposas, hermanas, madres, amantes– asisten para saber información de sus seres queridos o entregar algo de comida o útiles de higiene personal.

El contraste se manifiesta en cada día de visita: el lado masculino no da abasto. El femenino apenas recibe algunas visitantes, casi siempre hermanas o madres, pocas veces el marido o pareja. En la cárcel, se replican dinámicas que también se dan en libertad: los cuidados y las visitas suelen ser asumidos por mujeres.

“Cuando encarcelamos a las mujeres, castigamos a familias enteras”, dice Jorge López Arenas, ex director nacional del Régimen Penitenciario de Bolivia, en el informe Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento. En los casos de Gabriela y Wara, ambas jefas de hogar, su aprehensión ha significado un terremoto familiar cuyas secuelas no son capaces de dimensionar.

La red externa de apoyo a las reclusas también es de mujeres. Judite Sales y Consuelo Clavijo son voluntarias de la Pastoral Carcelaria, una organización de la Iglesia católica que trabaja en prisiones. Ellas y el padre Khac visitan a las reclusas de la prisión de Corumbá para darles asistencia religiosa. “Estamos para escucharlas y apoyarlas espiritualmente”, dice el sacerdote. Sin embargo, para aliviar la angustia de la mayoría de las mujeres migrantes reclusas, tratan de ayudarles a contactar de nuevo con sus familias. “Intentamos ayudarlas, están aisladas y lo peor es que fueron engañadas”, dice Sales.

Ella y su compañera se sostienen, incansables, con la misma fortaleza de las reclusas. En la mañana del 24 de mayo se reunieron con el juez local de Corumbá para conversar sobre algunos de los casos. Buscan apoyo logístico y trabajan con las asistentes sociales de la penitenciaría, contactan con los defensores públicos y organizan donaciones. “Queremos ligarlas a sus familias. Para las personas migrantes encarceladas es muy difícil”, dice Clavijo, boliviana que vive hace 45 años en Corumbá.

La soledad de las internas tiene varias capas. No solo asumen el aislamiento social por la reclusión, sino que muchas veces se agudiza por la falta de diligencia de la burocracia y los representantes oficiales de su país. “Nunca escuché que el cónsul de Bolivia fuera a la prisión femenina”, dice Marciene Amorim, psicóloga del Patronato Penitenciario de Corumbá.

En la ciudad con la mayor proporción de habitantes bolivianos en Brasil, el rol del consulado es fundamental. “No es una obligación pero lo hacemos para no llegar con las manos vacías”, dice Simons William Durán, cónsul de Bolivia en la ciudad fronteriza, mientras exhibe sobre su escritorio un kit de higiene que, según dice, entrega a sus compatriotas. Su oficina tiene apenas tres funcionarios, pero Durán dice que se las arreglan para darles acompañamiento. “Yo no soy dios para juzgarlas. Les doy un abrazo a todas por igual”, asegura el cónsul. La pastoral carcelaria, el juez local, el defensor público y las propias internas reconocen que sólo han visto al diplomático un par de veces, que no suele estar disponible cuando lo han citado y que las reclusas no tienen asesoría legal o apoyo para comunicarse con sus familiares. Algunas de ellas apenas han recibido un kit de higiene cuyo contenido solo cubre un mes de estancia. El apoyo de organizaciones sociales y religiosas es fundamental para contrarrestar la ausencia diplomática.

Las más castigadas

“En América Latina, es más grave contrabandear cocaína […] que violar a una mujer o matar voluntariamente al vecino”, comienza el prólogo de Adicción Punitiva (2012), un estudio de Rodrigo Yepes, Diana Guzmán y Jorge Parra Norato. “En América Latina existe desde 1950 una tendencia generalizada a incrementar los montos de penas con los que se castigan los delitos de drogas”, concluyen los autores.

Por otro lado, este delito en Brasil es una causa de encarcelamiento más frecuente en mujeres que en hombres. “Brasil es el tercer país en el mundo con más encarceladas. El tráfico de drogas representa el 56,16% de los crímenes por los cuales las mujeres cumplen penas mientras que en los hombres ese porcentaje es del 38,72%”, dice Rosângela Teixeira, socióloga del Grupo de Investigación en Seguridad, Violencia y Justicia de la Universidad Federal del ABC en São Paulo.

“El sistema falla con todas ellas, no sólo con las bolivianas. Se encarcela mucho, y a los ojos de la defensa, de forma innecesaria. La ley procesal penal prevé varios requisitos para que una persona sea presa y muchas veces se los pasa por arriba”, dice Vítor Calasanz, defensor público de la ciudad de Corumbá que atiende a un promedio mensual de 50 internas en la penitenciaría femenina de esa ciudad.

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María Cerrudo Gómez lleva dos meses en la cárcel de Sant’Anna, en São Paulo, pero ya ha aprendido ciertos códigos del encierro. Baja la vista, toma sus manos por detrás de la espalda y espera paciente frente al muro de la sala. Se encuentra en prisión preventiva y dice que su única preocupación son sus tres nietos que quedaron solos a cargo de su madre en silla de ruedas. Aceptó llevar casi dos kilos de cocaína por 500 dólares que nunca recibió. Antes de llegar a destino, en São Paulo, fue interceptada por la policía y no sabe bien si fueron sus nervios, su falta de experiencia o alguien más que la delató.

“Realmente no me explicaron. Pido perdón por el error que cometí. Me arrepiento porque son mis nietos los que están pagando ahorita esto. No sé nada de ellos”, dice. “Me dejé tentar con el diablo, no lo escuché a Dios”. La mujer aceptó llevar la droga porque el dinero que ganaba limpiando casas y lavando ropa no era suficiente para mantener a su madre enferma y a sus nietos, de las que estaba a cargo desde que su hija se fue a Chile. “Supuestamente se fue a trabajar, a darles una vida mejor a mis nietos. Pero hace más de dos años que no sé nada de ella. No sé si estará viva, si estará muerta”, dice Cerrudo.

La mujer está desaparecida para su familia desde el pasado 8 de abril, cuando salió de su casa en Santa Cruz y nunca más supieron de ella. En una visita reciente del cónsul boliviano en São Paulo a la cárcel, le dio un número de teléfono para localizar a una señora que a veces cuida a sus tres nietos. Ellos son su mayor preocupación. Pero no ha recibido noticias. Mientras espera a conocer su condena, sigue atenta a cualquier mensaje que la conecte de nuevo con los suyos.

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