Santo Domingo, R.D.-Los ciudadanos dominicanos estamos próximos a recibir un nuevo documento de identidad y electoral con novedosas tecnologías. Aunque me entusiasman los avances, no puedo evitar sentir un contraste entre el valor nacional y el regional por la sustitución del icónico Monumento a los Héroes de la Restauración de Santiago por los símbolos patrios y la figura del patricio Juan Pablo Duarte.
Dejando a un lado el chovinismo, la emisión de este nuevo documento ha reavivado un debate que parece no tener fin: la propuesta de permitir el sufragio con un documento de identidad distinto al provisto por la Junta Central Electoral (JCE).
Recordamos los tiempos en que la cédula de librito y el carnet electoral eran separados. La inercia burocrática generaba demoras y la renovación o emisión se extendían hasta las elecciones, centrando el debate en permitir o no “la cédula vieja” para poder votar.
La reforma constitucional de 2010 debió zanjar la actual discusión. Desde la perspectiva legal dominicana, la posición es clara y restrictiva: tanto la Constitución (al establecer la cédula como documento de identidad y electoral) como la Ley Orgánica del Régimen Electoral (Ley 20-23) establecen que este es el único documento válido para el sufragio.
La cédula no es solo una identificación civil; su naturaleza de “Identidad y Electoral” la convierte en la herramienta administrativa esencial. Es la clave para verificar el derecho al voto, pues contiene el registro biométrico y de empadronamiento del ciudadano. Por ello, la JCE, como órgano rector, ha sido enfática: se opone radicalmente al uso de cualquier otro documento, manifestando que la cédula posee el único rango constitucional habilitado para el voto.
Este debate es un pulso político-social recurrente impulsado por la oposición y parte de la sociedad civil organizada, buscando flexibilizar la identificación del votante. Sin embargo, esto choca de frente con los criterios de seguridad electoral. La garantía de integridad del proceso requiere un documento diseñado con altos estándares de seguridad (biometría y elementos de autenticación) que permitan a los miembros de la Mesa Electoral verificar de forma inequívoca al votante.
No es tan lejana la fecha en que el fantasma de la suplantación de identidad estuvo rondando por la Plaza de la Bandera, con casos documentados de extranjeros que, incluso con documentos reales, proveían datos falsos. Esta penosa experiencia recuerda el riesgo de que usar otros documentos (pasaporte o licencias) aumentaría el riesgo de suplantación, lo que disminuía la integridad del proceso electoral.
El Registro Electoral está construido exclusivamente sobre la base de la cédula. Permitir otro documento crearía una fisura administrativa al romper la uniformidad de la identificación en los colegios, y complicaría la logística y la capacitación.
La JCE tiene la posición correcta y sustentada al priorizar la uniformidad y seguridad biométrica. La solución para garantizar el derecho al voto de todos los ciudadanos no está en cambiar la ley, sino en agilizar la emisión. Por ejemplo, en la reciente jornada de votación en Bolivia, se observó un modelo eficiente: documentos emitidos por máquinas que cargaban la data e imprimían la cédula en puntos estratégicos, incluso durante el mismo día de las votaciones.
Mientras esperamos la nueva cédula y escuchamos el retorno de viejas discusiones, pienso en conservar mi ejemplar, la que tiene el Monumento de mi amada Ciudad Corazón, y reflexionar si ejercer o no el sagrado derecho al voto.