Nacionales
El país en víspera de una nueva cédula de identidad personal y electoral.
Santo Domingo, R.D.-Los ciudadanos dominicanos estamos próximos a recibir un nuevo documento de identidad y electoral con novedosas tecnologías. Aunque me entusiasman los avances, no puedo evitar sentir un contraste entre el valor nacional y el regional por la sustitución del icónico Monumento a los Héroes de la Restauración de Santiago por los símbolos patrios y la figura del patricio Juan Pablo Duarte.
Dejando a un lado el chovinismo, la emisión de este nuevo documento ha reavivado un debate que parece no tener fin: la propuesta de permitir el sufragio con un documento de identidad distinto al provisto por la Junta Central Electoral (JCE).
Recordamos los tiempos en que la cédula de librito y el carnet electoral eran separados. La inercia burocrática generaba demoras y la renovación o emisión se extendían hasta las elecciones, centrando el debate en permitir o no “la cédula vieja” para poder votar.
La cédula no es solo una identificación civil; su naturaleza de “Identidad y Electoral” la convierte en la herramienta administrativa esencial. Es la clave para verificar el derecho al voto, pues contiene el registro biométrico y de empadronamiento del ciudadano. Por ello, la JCE, como órgano rector, ha sido enfática: se opone radicalmente al uso de cualquier otro documento, manifestando que la cédula posee el único rango constitucional habilitado para el voto.
Este debate es un pulso político-social recurrente impulsado por la oposición y parte de la sociedad civil organizada, buscando flexibilizar la identificación del votante. Sin embargo, esto choca de frente con los criterios de seguridad electoral. La garantía de integridad del proceso requiere un documento diseñado con altos estándares de seguridad (biometría y elementos de autenticación) que permitan a los miembros de la Mesa Electoral verificar de forma inequívoca al votante.
No es tan lejana la fecha en que el fantasma de la suplantación de identidad estuvo rondando por la Plaza de la Bandera, con casos documentados de extranjeros que, incluso con documentos reales, proveían datos falsos. Esta penosa experiencia recuerda el riesgo de que usar otros documentos (pasaporte o licencias) aumentaría el riesgo de suplantación, lo que disminuía la integridad del proceso electoral.
El Registro Electoral está construido exclusivamente sobre la base de la cédula. Permitir otro documento crearía una fisura administrativa al romper la uniformidad de la identificación en los colegios, y complicaría la logística y la capacitación.
La JCE tiene la posición correcta y sustentada al priorizar la uniformidad y seguridad biométrica. La solución para garantizar el derecho al voto de todos los ciudadanos no está en cambiar la ley, sino en agilizar la emisión. Por ejemplo, en la reciente jornada de votación en Bolivia, se observó un modelo eficiente: documentos emitidos por máquinas que cargaban la data e imprimían la cédula en puntos estratégicos, incluso durante el mismo día de las votaciones.
Mientras esperamos la nueva cédula y escuchamos el retorno de viejas discusiones, pienso en conservar mi ejemplar, la que tiene el Monumento de mi amada Ciudad Corazón, y reflexionar si ejercer o no el sagrado derecho al voto.
Nacionales
Fiscal acusado de sobornar testigo del caso Senasa recibe rechazo de solicitud de variación de prisión preventiva.
Santo Domingo, R.D.-La solicitud del fiscal Aurelio Valdez Alcántara, a quien el Ministerio Público señala de exigir y recibir soborno a un testigo del fraude en el Seguro Nacional de Senasa, de variar la prisión que se le impuso por una medida de coerción menos grave, fue rechazada este miércoles por una jueza de la corte del Distrito Nacional.
La magistrada Nancy Joaquín Guzmán, de la Tercera Sala de la Corte Penal del Distrito Nacional, ratificó los tres meses de cárcel en Najayo Hombres que se le impuso al miembro del Ministerio Público en mayo y que luego le confirmó en junio la Suprema Corte de Justicia.
- El Ministerio Público, representado por el titular de Persecución, Wilson Camacho, junto al procurador de corte Eduardo Velázquez Muñoz y Andrés Mena, logró que el tribunal acogiera su petición de mantener la prisión al imputado.
- Según Velázquez Muñoz, los presupuestos presentados por la defensa del imputado fueron insuficientes en base al peligro de fuga y la gravedad de los hechos que se le atribuyen.
A Valdez Alcántara se le señala por exigir y recibir un soborno de 10,000 dólares por parte de Roberto Canaán Acta, exgerente de Atención al Usuario del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Por el caso de corrupción en el Senasa, este jueves el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de Instrucción, revisará también la prisión preventiva que se le impuso al exdirector de la ARS, Santiago Hazim y los otros cinco imputados que permanecen en la cárcel de Las Parras, en el municipio San Antonio de Guerra.
Asimismo, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo.
Ada Ledesma Ubiera, está última quien estaba recluida en Najayo Mujeres, fue favorecida recientemente con una garantía económica y arresto domiciliario.
Los otros tres procesados por el presunto fraude son el empresario Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidy Mariela Medina, quienes tienen arresto domiciliario desde el pasado mes de diciembre.
Nacionales
Fiscales piden a tribunal rechazar solicitud de extinción de la acción penal a Jean Alain
Santo Domingo, R.D.-Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional recibió el pedido del Ministerio Público solicitó a las juezas del Segundo Tribunal para que rechace la petición de extinción de la acción penal presentada por la defensa del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, principal acusado en un expediente por presunta corrupción administrativa.
Durante la audiencia, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, sostuvo que la extinción procesal constituye una sanción ante la inactividad o la conducta defectuosa de las partes. En ese sentido, argumentó que la dilatación en el tiempo del presente caso no es atribuible a faltas del órgano acusador, sino a la propia naturaleza y complejidad del expediente.
Ortiz afirmó que el artículo 146 del Código Procesal Penal, reformado por la Ley 97-25, establece los parámetros objetivos para determinar la razonabilidad de los plazos procesales, y destacó que el proceso maneja una cantidad de elementos probatorios sustancialmente superior a los 4,000 analizados en otros expedientes de corrupción.
«La extinción es una sanción procesal. ¿A quién se castiga? A la parte que ha actuado de manera contraria a las normas. El Ministerio Público no ha incurrido en negligencia ni en inactividad defectuosa que amerite la ‘muerte procesal’ de esta causa», aseveró la magistrada.
Para sustentar la postura del órgano persecutor, Ortiz citó la resolución jurisprudencial dictada por el mismo tribunal el 17 de marzo de 2025 en el expediente seguido contra Juan Alexis Medina Sánchez, a quien también se le rechazó una solicitud de extinción de la acción penal.
Por su parte, el fiscal Emmanuel Ramírez, de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, sostuvo que el alegado retardo del juicio responde a una deliberada estrategia dilatoria implementada por las defensas de los procesados a lo largo de la investigación y del proceso judicial.
Para fundamentar su postura, Ramírez detalló que solo una de las defensas presentó cinco recusaciones consecutivas contra los fiscales del caso con el objetivo de paralizar las investigaciones. El representante del Ministerio Público señaló que todas y cada una de esas recusaciones fueron rechazadas por los tribunales por carecer de fundamento jurídico, demostrando que su único propósito fue ralentizar el curso normal de la justicia.
El magistrado también abordó la magnitud del expediente para contextualizar la administración de los tiempos procesales, recordando que se trata de uno de los casos de corrupción administrativa más voluminosos en la historia judicial dominicana:
El Ministerio Público depositó en estrados las pruebas físicas relativas a las recusaciones rechazadas para que consten en el récord del tribunal al momento de decidir sobre la petición de la defensa.
Santo Domingo, R.D.-Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República, afirmó que crear o publicar una caricatura, un meme, una parodia, una sátira, un video o una imagen con fines periodísticos, artísticos, humorísticos o como vehículo de crítica social no constituye un delito, debido a que ni el Código Penal aprobado ni su reforma lo tipifican o sancionan con penas de prisión o multa.
La procuradora sostuvo que el artículo 169 de la Constitución dominicana establece que el Ministerio Público es el órgano encargado de formular e implementar la política de persecución penal contra la criminalidad, dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en representación de la sociedad.
En ese sentido, la procuradora consideró pertinente esclarecer el tema que, según señaló, ha recibido una interpretación errónea por parte de algunos sectores que inciden en la opinión pública.
Asimismo, recordó que el derecho penal solo sanciona acciones u omisiones dolosas o culposas, y que el principio de legalidad penal exige que toda conducta sancionable esté descrita de manera expresa, precisa e inequívoca en la ley.
La titular del Ministerio Público advirtió además que es un error realizar interpretaciones extensivas o recurrir a la analogía en contra de una persona, ya que el derecho penal lo prohíbe de forma estricta, salvo que dicha interpretación favorezca al procesado.
Precisó que la alteración de videos o audios con fines ilícitos para perjudicar a un tercero no extiende sus efectos a la elaboración de memes, caricaturas o parodias desarrolladas dentro del ejercicio de la libre expresión y la creación artística, actividades que subrayó se encuentran plenamente protegidas por la Constitución.