Reportaje A Fondo
La odisea de salvar a un familiar de la covid-19 en Perú
Las redes sociales y la búsqueda de contactos se han convertido en el último salvavidas para quienes intentan ganarle la batalla al coronavirus, que cada cinco minutos mata a alguien en el país sudamericano
“Cueste lo que cueste” no es una metáfora a la hora de buscar cama UCI en Perú. En el país que ya superó su récord de muertes diarias por covid-19, intentar salvar a un familiar puede costar lo mismo que un auto, una casa o incluso un riñón. Y cuando aun así el sistema de salud colapsa, sin cuidados intensivos, el último salvavidas para las familias es acudir a un contacto de poder, sea por medio de conocidos o redes sociales. Un privilegio al que, desde luego, no todos acceden.Velarde llamó a todos sus amigos en busca de un contacto dentro del sistema sanitario. Recorrió cada clínica de la ciudad, habló con la prensa y lanzó una campaña en redes sociales que pronto se viralizó. “Habíamos buscado tanto que sabíamos que no había cama en ningún sitio”, recuerda. “Realmente estábamos esperando a que alguien falleciera o le dieran el alta, para que ella pueda tener una cama”.
A las 48 horas de haber internado en el hospital, entró a cuidados intensivos. “En ese momento celebré como si hubiera resucitado”, admite Velarde, quien estuvo a punto de pagar unos 90.000 soles (19.000 euros) de garantía por una cama que se liberó ese día en una clínica. “¿Quién celebra cuando su familiar entra a UCI?”, se cuestiona ahora.
Pero esa celebración es un síntoma de lo que padecen los peruanos con un familiar grave por el nuevo coronavirus. Esta segunda ola, en la cual predomina la variante brasileña, ha dejado sin cuidados intensivos a cientos de personas en el país. Por ejemplo, el pasado viernes 21 de mayo, cuando la curva de contagios estaba dando cierta tregua, tan solo quedaban libres 135 de las 2.796 camas UCI en la zona covid-19. De estas, 23 se encuentran en Lima Metropolitana y ninguna en las regiones de Ucayali y Áncash.
De ahí que en las publicaciones de los familiares por redes sociales sigan más o menos un mismo patrón: “Necesito urgente cama UCI, por favor un contacto o información”. Algunos etiquetan a cuentas oficiales de autoridades, medios de comunicación o personalidades influyentes. Otros solo piden que esa se comparta para llegar a más personas. Inclusive hay quienes han creado grupos en Facebook para intercambiar información de camas y comprar oxígeno. En uno de esos grupos, el 28 de abril un hijo ofreció su riñón a cambio de cuidados intensivos para su madre. Pocos días después, otros dos jóvenes hicieron lo mismo.
“Estos mensajes dan cuenta de cómo está estructurado nuestro sistema sanitario”, asegura Camila Gianella, psicóloga y experta en salud pública. Por un lado, “se sabe que aquí no tienes derecho a la salud, pero que siempre hay la posibilidad de saltarte la fila si tienes un contacto”. Por otro, se ha “normalizado que la sociedad tenga que abastecerse a sí misma”.
Para el epidemiólogo Antonio Quispe, esto ha instaurado “un sistema de salud alterno”, en el cual quienes tienen más recursos contratan “una rotación de médicos y enfermeras en casa y no tienen que hacer fila por oxígeno”. En tanto los más pobres, “van a un hospital que les cierra la puerta en la cara si no llegan con su tanque de oxígeno”.
Ante la crudeza de esta ola, al país le han faltado por lo menos 110 toneladas de oxígeno al día, de acuerdo con datos oficiales. Un déficit que literalmente asfixia a los más pobres, ya que en tiempos de escasez la recarga de oxígeno de un cilindro de 10 metros cúbicos ha superado los 1.500 soles (340 euros), poco más que un salario mínimo. Y se calcula que un paciente de gravedad leve consume hasta dos tanques diarios, según el Seguro Social de Salud.
Estas inequidades hacen que el coronavirus sea más mortal para unos que otros. “Todo se ha vuelto un negocio, los doctores solo te atienden previamente haciendo un pago. Si tu familiar se agrava, desaparecen”, comenta Cynthia Bahamonde, cuyo padre falleció a los 52 años a la espera de una cama UCI en marzo. Aunque la familia pudo costear medicamentos y oxígeno a domicilio, la saturación de su padre no dejó de caer. Fue entonces cuando lo llevó a un hospital, al cual no le dejaban ingresar si no traía sus propios balones de oxígeno. Lo que siguió es la misma historia que ha destrozado a muchas familias peruanas. “Si no conoces alguien que trabaje en la zona covid, te dejan al abandono y mueres”, afirma.
A Perú le han faltado por lo menos 110 toneladas de oxígeno al día, de acuerdo con datos oficiales
Para la investigadora Gianella, estas muertes dejan la sensación de que si se hubiera tenido los contactos, se podrían haber salvado. “También dejan desesperanza porque, pese a que haces todo lo posible, alguien que quieres mueres”, advierte.
A inicios de abril, el mandatario de transición, Francisco Sagasti, pidió disculpas a quienes han perdido “un ser querido o un conocido en esta pandemia”, a la vez que reconoció que el Estado peruano falló. “El crecimiento económico que tuvimos durante varios años no se aprovechó para invertir adecuadamente en el sistema de salud pública, el cual se encuentra muy débil y fragmentado con una escasez de recursos humanos que nos está pasando factura”, dijo.
Ese mismo mes, Perú superó su cifra de defunciones diarias en lo que va de la pandemia. Según el Ministerio de Salud, el pasado abril murieron 9.627 personas por covid-19, es decir, cada cinco minutos el virus mató a una persona en el país.
“Ahora todos conocen a un familiar o un amigo que ha fallecido por covid-19, cuando antes eso era la noticia más terrible del mundo”, precisa Quispe, quien además subraya el subregistro de defunciones. “Hemos llegado a tener 1.200 fallecidos por día y esa parece ser nuestra nueva normalidad”.
Esta alta mortalidad cala “en cómo se entiende y se mira la sociedad”, señala la experta Gianella. “Hemos perdido demasiada gente que pudo haberse salvado. Y lo que más asusta es que quedará impregnada esa desconfianza de que el Estado no sirve para nada. Entonces, ¿para qué voy a seguir las reglas si al final este me dejará morir solo”.
Lo que publican en redes sociales quienes han perdido a un familiar sin cuidados intensivos son una muestra de ese recelo. “Mi hermano se está muriendo ahogado ante la indiferencia de las autoridades”. “Este es el sistema de salud que en vez de protegernos, nos castiga”. “No olvidaré que pudimos salvarlo, pero la burocracia nos imposibilitó todo”.
A juicio de Gianella, esta fractura requiere que Perú reflexione sobre cómo escribirá su propia historia de la pandemia. “¿Cómo vamos a explicar a las próximas generaciones lo que pasó aquí? ¿Por qué un virus afectó a unos más que a otros?”. Por tanto, esa historia no puede ceñirse solo “a la narrativa de una minoría privilegiada”.
Se trata entonces de repensar esa desigualdad que el epidemiólogo Quispe resume, desde su experiencia dando teleconsultas gratuitas, así: “Mientras unos me preguntan qué vacuna ponerse en Estados Unidos; del otro lado tengo a alguien de menos recursos que me pide ayuda para salvar su vida”.
En esa narrativa de la inequidad, Gianella indica que también hay espacio para hablar de la solidaridad y “ese cuidarse entre todos cuando el sistema no lo hace”. Precisamente, Mabel Valverde ha sido testigo de “esa genuina preocupación por el bienestar del otro que no es nadie para ti”. Y aunque reconoce que “la corrupción y los atajos dañan todo”, es esa solidaridad la que le ha devuelto “la fe que había perdido” en su país. Su hermana finalmente ingresó en una UCI y se salvó.
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La embajada estadounidense afirma: “No vamos a tolerar que haya contaminación de narcotraficantes y crimen organizado” en la designación de nuevos funcionarios de la Corte
En lo que parece ser una razón más de indignacion de los paises latinoamericanos, según una publicaciñn del periódico El Pais de España, la cual es reproducida inextensa por este diario, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, informó este martes de que su Gobierno consultó con el Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre una supuesta injerencia en la elección de dos magistrados, entre ellos la Fiscal General del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, quien, según la información del mandatario, sería nombrada para ocupar una silla en la Corte de Constitucionalidad (CC), el máximo tribunal del país.
“Nos hemos enterado de que se está intentando aparentar que la Embajada de los Estados Unidos está pidiendo el voto a favor de candidatos que no son íntegros, como Roberto Molina Barreto y Consuelo Porras”, dijo Arévalo en una conferencia de prensa y en un comunicado emitido más tarde por el Gobierno. “Esta situación es altamente irregular y preocupante. Acciones como estas son incongruentes con el excelente estado de las relaciones entre nuestro Gobierno y el de Estados Unidos. Por ello, hemos comenzado las consultas con el Departamento de Estado para aclarar esta situación”, informó el mandatario.
Consuelo Porras en Guatemala, en septiembre de 2025.Congreso de Guatemala
Guatemala deberá designar este año a los nuevos magistrados de la Corte para el periodo 2026-2031. Para integrar ese ente, el Congreso, el Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados y Notarios y la Universidad de San Carlos, la principal del país, votan a lo interno para nombrar a un magistrado titular y un suplente eligiendo así cinco magistrados titulares y cinco suplentes que dirigirán esa Corte.
Las declaraciones del presidente surgieron luego de que uno de los candidatos que apoyaba el Ejecutivo a través de su bancada oficial y de diputados aliados, Rony López, actual magistrado suplente de la CC, quien ha denunciado al MP por seguimiento y amenazas, perdió los votos y en su lugar comenzó a correr el rumor de que el actual magistrado de la CC, Roberto Molina Barreto, sería reelecto.
Molina Barreto fue candidato a la vicepresidencia en 2018 con Zury Ríos, la hija del fallecido dictador Efraín Ríos Montt, acusado de haber cometido un genocidio contra las poblaciones indígenas de Guatemala. Además, ha sido criticado por sus fallos judiciales en los que anuló la condena por genocidio contra Ríos Montt, por fallar a favor del expresidente condenado por corrupción Otto Pérez Molina y por beneficiar al líder del Barrio 18, Aldo Ochoa.
Medios locales, que han documentado dos lobbys pagados por políticos de oposición y algunos empresarios de la élite guatemalteca, atribuyen el apoyo de la mayoría de diputados y de la embajada de Estados Unidos a favor de Barreto debido a ese cabildeo. La embajada estadounidense en Guatemala no respondió a las consultas sobre la denuncia del presidente. John Barrett, encargado de negocios de la embajada, dijo en la red social X que “como ya hemos declarado, las elecciones de segundo grado son procesos guatemaltecos que tienen sus normas y reglas, y vamos a respetar estos procesos, pero no vamos a tolerar que haya contaminación de narcotraficantes y crimen organizado”.
Reportaje A Fondo
Una segunda vida para los disfraces de Carnaval: la idea de Río para que los residuos de la fiesta no acaben en el vertedero
El proyecto ‘Sustenta Carnaval’ ha recuperado casi 70 toneladas de los vestuarios que se usan en el Sambódromo, reduciendo emisiones e integrando a población en riesgo de exclusión social
Río de Janeiro.-En la bella canción del sambista carioca Martinho da Vila llamada ‘Para tudo se acabar na quarta feira (Para que todo se acabe el miércoles)’ el compositor exalta, con cierta melancolía, a los artesanos del carnaval, esas personas anónimas que trabajan todo el año “empeñadas en construir la ilusión” para que después, todo se termine el Miércoles de Ceniza. El carnaval es, por definición, la fiesta de la alegría efímera, pero en el caso del Sambódromo de Río de Janeiro, con sus monumentales desfiles, esa fugacidad tiene un coste ambiental considerable. En las noches en que reinan las escuelas de samba, desfilan decenas de miles de personas vestidas con aparatosos disfraces, unos 100.000 cada año. Su vida útil es lo que se tarda en cruzar el gran estadio del carnaval durante el desfile, menos de 90 minutos. Hasta hace pocos años, después de brillar bajo los focos y los aplausos muchos de ellos acababan en el vertedero. Para luchar contra ese problema ambiental y convertir el residuo en oportunidad, hace unos años surgió el proyecto ‘Sustenta Carnaval’.
La sede de la organización está en la zona portuaria de Río, a pocos pasos de la Cidade do Samba, el gigante recinto donde se construyen las carrozas y se confeccionan los disfraces del carnaval. Aquí el almacén es menos opulento, pero igualmente colorido: montañas de disfraces se acumulan en el suelo y suben varios metros hasta casi tocar el techo en algunos puntos. Son los restos de los carnavales de otros años, que tras pasar por aquí tendrán una segunda oportunidad: los clientes de a pie más creativos pueden llevarse piezas tras un módico precio en función del peso, pero además hay convenios con agrupaciones carnavalescas con menos recursos o incluso con ayuntamientos de otras ciudades que buscan organizar un carnaval más económico. También se donan a escuelas públicas, o se alquilan a compañías teatrales y rodajes de cine. La idea es reciclar de todas las maneras posibles. De momento, en los últimos cinco años, los impulsores de la idea ya han salvado de la basura 66 toneladas.
Pululando entre esta marea de sombreros, faldas, plumas y todo tipo de tejidos aparece, siempre sonriente, Jean Santos, el coordinador técnico del proyecto. Recuerda divertido la aventura del primer año: “Fue un test, alquilamos un camión y recolectamos tres toneladas. Las colocamos provisionalmente en mi casa y en casa de una amiga, fue una locura”. En realidad, las propias escuelas de samba recopilan sus propios disfraces para reutilizar lo que se pueda al año siguiente (tras un minucioso trabajo de descarte, reconversión, pintura, tinte, etc).
No obstante, muchas no tienen los recursos ni la logística necesaria para movilizar camiones, personal y almacenes y acaban desechando parte de sus disfraces. Durante años, muchos quedaban acumulados al final del Sambódromo durante horas, pero generaban problemas incluso de seguridad, porque se generaban auténticas montañas que dificultaban la salida del recinto de los componentes de las escuelas, un flujo continuo que dura toda la madrugada durante cinco noches consecutivas.
El proyecto ha sido premiado incluso en el Reino Unido y ha logrado la certificación ISO20121, por su minucioso trabajo para mitigar la huella de carbono de estas piezas. Se sabe que la industria textil es de las más contaminantes del mundo, y según estudios de ‘Sustenta Carnaval’ un kilo de un estos disfraces generalmente sintéticos y procedentes de China o India ha supuesto, a lo largo toda su trayectoria, la emisión de 47,2 kilos de CO2 equivalente. Por eso estiman que con todo lo que se ha reusado hasta ahora se ha evitado la emisión de más de 3.115 toneladas de CO2 en a la atmósfera.
Pero la preocupación no es sólo ambiental, sino también social. En el almacén de Río trabajan personas en riesgo de exclusión social y parte de los disfraces son transformados en carteras por mujeres inmigrantes y vecinas de una favela de la ciudad de Niterói. En el propio almacén de la organización estos días se imparten talleres de reciclaje de disfraces y accesorios.
‘Sustenta Carnaval’ cuenta con el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente del ayuntamiento de Río y de la Liga Independiente de las Escuelas de Samba, pero faltan recursos. Santos explica que el sueño que acarician ahora es poder construir un entresuelo para ganar espacio y clasificarlo todo. Además, así también podrían impartir clases continuamente. “Nuestro sueño es que las personas que trabajan todos los años en el carnaval puedan hacer un curso y certificarlas como profesionales. Hoy en día ya hay cursos de posgrado en temas de carnaval, pero sobre todo en el mundo académico. La gente que está en la base no está certificada, nuestra idea es revertir eso”, dice optimista. Mientras tanto, una vez termine el carnaval, la rueda volverá a ponerse en marcha: será hora de hacer espacio para otra veintena de toneladas y de ir pensando en cómo aprovechar esa infinidad de posibilidades.
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En este momento, Centroamérica experimenta el descalabro de las frágiles democracias electorales que se habían logrado
Históricamente, Centroamérica ha sido dominada por cuatro grandes tendencias: la violencia política, el intervencionismo extranjero, la desigualdad económica y social, y la ausencia de regímenes democráticos. Es decir, de regímenes estructurados en torno a un Estado de derecho más o menos viable, instituciones legítimas y, sobre todo, una administración capaz de gestionar lo público con eficacia y eficiencia.
Con excepciones, tales tendencias suelen acompañarse de algunos factores inexorables: el militarismo, la corrupción y la exclusión de la mayoría de la población, ya sea por razones étnicas, sociales, económicas o políticas. Y aunque fueron brevemente neutralizadas tras la firma del Plan de Paz de Esquipulas II (7 de agosto de 1987), en las últimas dos décadas Centroamérica ha iniciado un proceso de involución que recuerda -pero todavía no sobrepasa- los horrores de la década perdida de los años 1980.
En efecto, Centroamérica logró reencauzar sus esfuerzos de reconstrucción y reconciliación de forma gradual durante el decenio de 1990, mismo que produjo elecciones libres en todos los países, el relanzamiento del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y lo que parecía ser una etapa de estabilidad. Pero, lamentablemente, todo aquello se volvió un espejismo.
Ya para inicios del siglo XXI empezaron a despuntar nuevas, y a reverdecer viejas, disfunciones en toda la zona. Ello fue resultado de una combinación de factores como la reaparición de poderes fácticos, en particular el crimen organizado; el gradual debilitamiento de las democracias electorales; el lento proceso de reactivación económica prometido pero no concretado por el libre comercio; la inconclusa transición hacia modelos de gobierno y de sociedad más inclusivos, y el abandono del desarrollo sostenible como concepto guía del sistema regional. Pronto afloraron nuevas formas de violencia y represión, y se iniciaron masivas olas migratorias hacia Estados Unidos. En pocos años, Nicaragua cayó presa de una dictadura atroz gracias al llamado Pacto Ortega-Alemán (2000), Honduras experimentó un nuevo golpe de Estado (2009), se produjeron un sinnúmero de eventos como el asesinato de periodistas y dirigentes ambientalistas y sociales, y aparecieron poderosas redes de narcotraficantes y renovadas tensiones geopolíticas. Estos elementos configuran hoy una región que en poco tiempo, y pese a la masiva ayuda recibida de la Cooperación Internacional, ha sucumbido ante los avatares de su propia historia.
Acabar con las guerras domésticas -y particularmente con el terrorismo de Estado- fue uno de los logros más notables del Procedimiento de Esquipulas II. Sin embargo, desde entonces Centroamérica ha sido víctima de “otras violencias” no menos graves y dolorosas. Quizá la mayor de ellas sea la resultante de las acciones del crimen organizado y ordinario, cuyas raíces en el área eran de larga data, pero que se aceleraron y profundizaron como resultado de una triple coyuntura: el descalabro institucional de las democracias electorales a partir del año 2008; los rápidos cambios acaecidos en la producción, la comercialización y el control de las redes de del narcotráfico internacional, y el aumento y diversificación de los flujos de cocaína proveniente de Colombia, resultantes de las nuevas condiciones domésticas en ese país (acordadas en el plan de paz de 2016).
Ello vino acompañado de un incremento de otras formas de crimen organizado no menos perniciosas, como la trata de personas, el tráfico de armas, los diversos tipos de contrabando (oro, bienes culturales y naturales, cigarrillos, cosméticos y licores, entre otros) y el fenómeno de las pandillas o “maras”, que impusieron un virtual “estado de sitio” en amplios espacios urbanos del llamado Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras). Las extorsiones, secuestros, estafas cibernéticas y, más recientemente, el aumento de los femicidios y los actos de violencia contra otras poblaciones en condición de vulnerabilidad son también expresiones de una realidad que afecta a todas las sociedades centroamericanas.
El miedo y la zozobra que acompañan siempre a la violencia, y en particular a la violencia criminal cuando esta se entroniza y produce una percepción generalizada de inseguridad e indefensión, han traído como consecuencia el retorno de las propuestas de mano “super dura”, que se han posicionado como “únicas e idóneas” para neutralizar tales fenómenos. Ese fue el caldo de cultivo que permitió el arrollador triunfo en el Salvador del presidente Nayib Bukele, quien fue capaz de someter a las “maras” de su país por medio de políticas represivas ampliamente apoyadas por la población. Si bien el costo de esas políticas en términos de libertades públicas y calidad democrática ha sido devastador, las mismas han catapultado a Bukele como líder internacional de un “modelo” de Estado que repudia a la democracia liberal y propone sustituirla por un régimen autocrático unipersonal.
En este momento, Centroamérica experimenta el descalabro de las frágiles democracias electorales que se habían logrado. Este proceso de deterioro ha sido resultado de las disfunciones propias de regímenes políticos que, en distintas proporciones y formas, han tenido como características comunes la ausencia de políticas públicas inclusivas, el consecuente aumento de la desigualdad y la pobreza, una masiva corrupción y el ya mencionado aumento de la violencia criminal. Todos estos fenómenos han producido, más recientemente, el surgimiento de liderazgos populistas que, emulando a otros en América Latina, Estados Unidos y Europa, proponen soluciones “contra la dominación de los de siempre” (a quienes se señala como beneficiarios de la corrupción), y de un entramado presuntamente cómplice de estos, conformado por medios de comunicación, poderes judiciales, partidos políticos, agentes legislativos y algunos sectores económicos privados.
Además del caso salvadoreño ya mencionado, hay dos ejemplos muy claros (aunque también muy distintos) de esta tendencia. El primero, de perfiles decimonónicos, es la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, que desde 2018 domina al país a sangre y fuego a través de mecanismos de represión que recuerdan los peores días del somocismo, e incluso los superan. Estos mecanismos, algunos tipificados como crímenes de lesa humanidad por el Grupo de Expertos sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas, incluyen -además de asesinatos, torturas, desapariciones y persecución de medios y periodistas independientes– el destierro, las expropiaciones arbitrarias y la eliminación de la nacionalidad de quienes el régimen considera enemigos. El segundo caso, sorpresivo y para muchos inaudito, es el de Costa Rica. Allí gobierna, con amplio respaldo popular, Rodrigo Chaves, un exfuncionario del Banco Mundial, quien fue electo en 2022 con una propuesta antisistema. Neoliberal en lo económico y conservador (aunque laico) en lo social, Chaves ha satanizado los entendimientos políticos predominantes en el país desde 1948, promovido la confrontación entre el Ejecutivo y los demás poderes de la República (incluido el Tribunal Supremo de Elecciones), deteriorado la libertad de expresión y de prensa, alimentado deliberadamente la polarización social y, últimamente, deslegitimado la institucionalidad judicial, que es la única que hasta ahora ha impedido el éxito de su proyecto político.
Los tres países restantes también discurren por sendas complicadas. En Guatemala, el gobierno del presidente Bernardo Arévalo, desde antes de su toma de posesión (2024), libra una batalla sin descanso contra el llamado “Pacto de Corruptos”, un conglomerado de poderes fácticos que buscan afanosamente su caída por medio de permanentes conspiraciones que involucran a la Fiscal General y a jueces corruptos del Poder Judicial. En Honduras, la presidenta Xiomara Castro -quien fue electa con altas expectativas tras dos mandatos de un presidente que terminó indultado por Trump luego de haber sido condenado en los tribunales estadounidenses por narcotráfico- hoy propone anular los últimos comicios generales (noviembre de 2025) en medio de un proceso electoral de gran opacidad, persiguiendo fines de muy dudosa naturaleza. Mientras tanto, en Panamá el clima político y social se ha enrarecido en la administración de Raúl Mulino, un presidente que fue electo como sustituto del candidato de su partido, el expresidente Ricardo Martinelli, quien fue encontrado culpable de corrupción e inhabilitado por la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral para ocupar cargos públicos.
Todo lo anterior se produce en un contexto de reconstitución hegemónica de los Estados Unidos, cuyo gobierno ha retomado su dominio histórico, basado en al menos dos ámbitos: el enfrentamiento con China y el apoyo público -e incluso la interferencia abierta en procesos electorales internos- a los gobiernos y líderes dispuestos a cumplir con sus designios en la zona (especialmente en temas migratorios y de inversiones en sectores estratégicos como las telecomunicaciones y la minería, de combate al narcotráfico y de cooperación militar). Además, buena parte de los gobiernos centroamericanos se han sumado a la diplomacia estadounidense en los foros multilaterales, alineándose en temas como el apoyo a Israel, las críticas a la Agenda 2030, el cambio climático, la invasión rusa a Ucrania, etc. Ese sometimiento, sin duda, recuerda al predominante durante la Guerra Fría.
La democracia vive hoy horas oscuras en Centroamérica, horas que, pareciera, no serán más luminosas en el futuro previsible.
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