Reportaje A Fondo
La odisea de salvar a un familiar de la covid-19 en Perú
Las redes sociales y la búsqueda de contactos se han convertido en el último salvavidas para quienes intentan ganarle la batalla al coronavirus, que cada cinco minutos mata a alguien en el país sudamericano
“Cueste lo que cueste” no es una metáfora a la hora de buscar cama UCI en Perú. En el país que ya superó su récord de muertes diarias por covid-19, intentar salvar a un familiar puede costar lo mismo que un auto, una casa o incluso un riñón. Y cuando aun así el sistema de salud colapsa, sin cuidados intensivos, el último salvavidas para las familias es acudir a un contacto de poder, sea por medio de conocidos o redes sociales. Un privilegio al que, desde luego, no todos acceden.Velarde llamó a todos sus amigos en busca de un contacto dentro del sistema sanitario. Recorrió cada clínica de la ciudad, habló con la prensa y lanzó una campaña en redes sociales que pronto se viralizó. “Habíamos buscado tanto que sabíamos que no había cama en ningún sitio”, recuerda. “Realmente estábamos esperando a que alguien falleciera o le dieran el alta, para que ella pueda tener una cama”.
A las 48 horas de haber internado en el hospital, entró a cuidados intensivos. “En ese momento celebré como si hubiera resucitado”, admite Velarde, quien estuvo a punto de pagar unos 90.000 soles (19.000 euros) de garantía por una cama que se liberó ese día en una clínica. “¿Quién celebra cuando su familiar entra a UCI?”, se cuestiona ahora.
Pero esa celebración es un síntoma de lo que padecen los peruanos con un familiar grave por el nuevo coronavirus. Esta segunda ola, en la cual predomina la variante brasileña, ha dejado sin cuidados intensivos a cientos de personas en el país. Por ejemplo, el pasado viernes 21 de mayo, cuando la curva de contagios estaba dando cierta tregua, tan solo quedaban libres 135 de las 2.796 camas UCI en la zona covid-19. De estas, 23 se encuentran en Lima Metropolitana y ninguna en las regiones de Ucayali y Áncash.
De ahí que en las publicaciones de los familiares por redes sociales sigan más o menos un mismo patrón: “Necesito urgente cama UCI, por favor un contacto o información”. Algunos etiquetan a cuentas oficiales de autoridades, medios de comunicación o personalidades influyentes. Otros solo piden que esa se comparta para llegar a más personas. Inclusive hay quienes han creado grupos en Facebook para intercambiar información de camas y comprar oxígeno. En uno de esos grupos, el 28 de abril un hijo ofreció su riñón a cambio de cuidados intensivos para su madre. Pocos días después, otros dos jóvenes hicieron lo mismo.
“Estos mensajes dan cuenta de cómo está estructurado nuestro sistema sanitario”, asegura Camila Gianella, psicóloga y experta en salud pública. Por un lado, “se sabe que aquí no tienes derecho a la salud, pero que siempre hay la posibilidad de saltarte la fila si tienes un contacto”. Por otro, se ha “normalizado que la sociedad tenga que abastecerse a sí misma”.
Para el epidemiólogo Antonio Quispe, esto ha instaurado “un sistema de salud alterno”, en el cual quienes tienen más recursos contratan “una rotación de médicos y enfermeras en casa y no tienen que hacer fila por oxígeno”. En tanto los más pobres, “van a un hospital que les cierra la puerta en la cara si no llegan con su tanque de oxígeno”.
Ante la crudeza de esta ola, al país le han faltado por lo menos 110 toneladas de oxígeno al día, de acuerdo con datos oficiales. Un déficit que literalmente asfixia a los más pobres, ya que en tiempos de escasez la recarga de oxígeno de un cilindro de 10 metros cúbicos ha superado los 1.500 soles (340 euros), poco más que un salario mínimo. Y se calcula que un paciente de gravedad leve consume hasta dos tanques diarios, según el Seguro Social de Salud.
Estas inequidades hacen que el coronavirus sea más mortal para unos que otros. “Todo se ha vuelto un negocio, los doctores solo te atienden previamente haciendo un pago. Si tu familiar se agrava, desaparecen”, comenta Cynthia Bahamonde, cuyo padre falleció a los 52 años a la espera de una cama UCI en marzo. Aunque la familia pudo costear medicamentos y oxígeno a domicilio, la saturación de su padre no dejó de caer. Fue entonces cuando lo llevó a un hospital, al cual no le dejaban ingresar si no traía sus propios balones de oxígeno. Lo que siguió es la misma historia que ha destrozado a muchas familias peruanas. “Si no conoces alguien que trabaje en la zona covid, te dejan al abandono y mueres”, afirma.
A Perú le han faltado por lo menos 110 toneladas de oxígeno al día, de acuerdo con datos oficiales
Para la investigadora Gianella, estas muertes dejan la sensación de que si se hubiera tenido los contactos, se podrían haber salvado. “También dejan desesperanza porque, pese a que haces todo lo posible, alguien que quieres mueres”, advierte.
A inicios de abril, el mandatario de transición, Francisco Sagasti, pidió disculpas a quienes han perdido “un ser querido o un conocido en esta pandemia”, a la vez que reconoció que el Estado peruano falló. “El crecimiento económico que tuvimos durante varios años no se aprovechó para invertir adecuadamente en el sistema de salud pública, el cual se encuentra muy débil y fragmentado con una escasez de recursos humanos que nos está pasando factura”, dijo.
Ese mismo mes, Perú superó su cifra de defunciones diarias en lo que va de la pandemia. Según el Ministerio de Salud, el pasado abril murieron 9.627 personas por covid-19, es decir, cada cinco minutos el virus mató a una persona en el país.
“Ahora todos conocen a un familiar o un amigo que ha fallecido por covid-19, cuando antes eso era la noticia más terrible del mundo”, precisa Quispe, quien además subraya el subregistro de defunciones. “Hemos llegado a tener 1.200 fallecidos por día y esa parece ser nuestra nueva normalidad”.
Esta alta mortalidad cala “en cómo se entiende y se mira la sociedad”, señala la experta Gianella. “Hemos perdido demasiada gente que pudo haberse salvado. Y lo que más asusta es que quedará impregnada esa desconfianza de que el Estado no sirve para nada. Entonces, ¿para qué voy a seguir las reglas si al final este me dejará morir solo”.
Lo que publican en redes sociales quienes han perdido a un familiar sin cuidados intensivos son una muestra de ese recelo. “Mi hermano se está muriendo ahogado ante la indiferencia de las autoridades”. “Este es el sistema de salud que en vez de protegernos, nos castiga”. “No olvidaré que pudimos salvarlo, pero la burocracia nos imposibilitó todo”.
A juicio de Gianella, esta fractura requiere que Perú reflexione sobre cómo escribirá su propia historia de la pandemia. “¿Cómo vamos a explicar a las próximas generaciones lo que pasó aquí? ¿Por qué un virus afectó a unos más que a otros?”. Por tanto, esa historia no puede ceñirse solo “a la narrativa de una minoría privilegiada”.
Se trata entonces de repensar esa desigualdad que el epidemiólogo Quispe resume, desde su experiencia dando teleconsultas gratuitas, así: “Mientras unos me preguntan qué vacuna ponerse en Estados Unidos; del otro lado tengo a alguien de menos recursos que me pide ayuda para salvar su vida”.
En esa narrativa de la inequidad, Gianella indica que también hay espacio para hablar de la solidaridad y “ese cuidarse entre todos cuando el sistema no lo hace”. Precisamente, Mabel Valverde ha sido testigo de “esa genuina preocupación por el bienestar del otro que no es nadie para ti”. Y aunque reconoce que “la corrupción y los atajos dañan todo”, es esa solidaridad la que le ha devuelto “la fe que había perdido” en su país. Su hermana finalmente ingresó en una UCI y se salvó.
elpais.com
Periodismo Interpretativo
Somalia vuelve a mirar de frente al hambre: miles de niños luchan por sobrevivir
El cierre de centros de salud, la caída de la ayuda internacional, la sequía y el aumento del costo de los suministros agravan una crisis que golpea con especial dureza a la población infantil
Mogadiscio, Somalia.– Somalia vuelve a aproximarse peligrosamente a un escenario de hambre extrema. Hospitales saturados, niños con desnutrición severa, familias desplazadas y comunidades que han perdido prácticamente todo forman parte de una crisis humanitaria que se profundiza mientras disminuyen los recursos internacionales destinados a contenerla.
Uno de los rostros de esta emergencia es Shukri Mahad Mohamed, un niño de cuatro años que pesa apenas 4.5 kilos y recibe tratamiento por desnutrición aguda grave en el Hospital Daynile de Mogadiscio. Su madre, Madina Osman Hassan, de 22 años, permanece junto a él mientras el menor es alimentado mediante una sonda nasogástrica.
El caso de Shukri forma parte de una realidad que afecta a cientos de miles de menores. Según datos citados por Naciones Unidas, más de 493,000 niños han recibido atención por desnutrición aguda grave en Somalia, una condición que los coloca en riesgo de muerte.
Durante el primer semestre de 2026, los ingresos de niños en centros de estabilización por desnutrición aguda grave aumentaron 32 % respecto al mismo período del año anterior. Al mismo tiempo, más de 200 centros de salud y nutrición han cerrado debido a los recortes de financiación internacional.
Familias que entierran a sus hijos
En los campamentos de desplazados, la crisis se mide también en tumbas improvisadas.
Amina Abukar Tifu, de 26 años, llegó junto a su familia al asentamiento de Balow, en Burhakaba, después de abandonar su lugar de origen. Hace dos meses dio a luz estando anémicamente debilitada. Su bebé nació en condiciones precarias y murió poco después.
La familia lo enterró cerca de las chozas del campamento.
Amina relata que el hambre forma parte de la vida cotidiana y que tampoco cuentan con una vivienda adecuada para protegerse de las lluvias y el frío.
No es el único caso.
Otra residente del mismo campamento, Urtero Abdellahi, de 45 años, ha perdido a dos hijos a causa de la malnutrición. Uno tenía un año y el otro dos. Ahora intenta sacar adelante a otros siete menores, entre ellos un niño de cinco años que también presenta desnutrición grave.
El responsable del asentamiento, Abdi Adan, también perdió recientemente a un hijo de tres años.
“Nuestros hijos comen una vez al día”, relató al describir las condiciones en las que sobreviven las familias.
Seis millones padecen hambre aguda
Somalia tiene una población cercana a los 20 millones de habitantes y alrededor de seis millones, aproximadamente un tercio del país, padecen hambre aguda.
La capacidad de respuesta internacional resulta insuficiente: el Programa Mundial de Alimentos apenas puede asistir a una de cada diez personas que necesitan ayuda, debido principalmente a la falta de recursos.
Unicef advierte además que alrededor de 1.9 millones de niños se encuentran en riesgo de padecer desnutrición aguda.
En algunas zonas, solo el 5 % de los menores entre seis y 23 meses recibe la alimentación necesaria para desarrollarse adecuadamente.
La ayuda internacional se desploma
Uno de los factores que agrava la emergencia es la reducción drástica de los fondos destinados a Somalia.
Para 2026, Naciones Unidas había solicitado recursos equivalentes a unos US$852 millones, pero solo se había logrado financiar alrededor del 30.5 % de esa cantidad.
La diferencia resulta aún más dramática cuando se compara con 2022, año en que la cobertura del plan humanitario superó el 92 %.
La disminución de recursos ha obligado a cerrar establecimientos sanitarios y centros de nutrición, haciendo más difícil detectar tempranamente los casos de malnutrición.
Cuando algunos niños finalmente consiguen llegar a un hospital, lo hacen en condiciones mucho más graves.
Sequía, guerra y alimentos más caros
El hambre en Somalia no responde a una única causa.
A la reducción de la cooperación internacional se suman años de sequía, malas cosechas, desplazamientos internos, violencia armada e inestabilidad política.
El conflicto también encarece el traslado de alimentos y suministros médicos.
En Burhakaba, donde grupos vinculados a Al Shabab mantienen presencia en determinadas rutas, buena parte de la asistencia debe llegar por vía aérea.
Funcionarios de Unicef explican que transportar un kilo de ayuda desde Mogadiscio cuesta actualmente unos dos dólares y que los servicios aéreos se han encarecido alrededor de 40 % desde el año pasado.
En algunas comunidades rurales, el precio del agua se ha multiplicado por cuatro.
Un depósito de 200 litros que anteriormente costaba dos dólares puede alcanzar ahora los ocho.
Cientos de miles abandonan sus hogares
Las condiciones climáticas y la violencia han provocado también un enorme desplazamiento interno.
Solo durante 2026, unas 700,000 personas abandonaron sus lugares de residencia dentro de Somalia. De ellas, aproximadamente 500,000 lo hicieron directamente por la sequía, según datos del Consejo Noruego para los Refugiados.
Muchas terminan instalándose en campamentos improvisados construidos con ramas, telas y plásticos, donde el acceso a alimentos, agua potable y atención sanitaria sigue siendo limitado.
Ahora también preocupa el exceso de lluvia
Después de años marcados por la falta de agua, Somalia enfrenta una nueva amenaza: posibles inundaciones asociadas al fenómeno de El Niño.
Las previsiones citadas por Naciones Unidas estiman que las lluvias podrían afectar hasta a tres millones de personas y provocar el desplazamiento de alrededor de dos millones.
La paradoja resulta especialmente dura para quienes abandonaron sus comunidades huyendo precisamente de la sequía y ahora podrían verse obligados a desplazarse nuevamente, esta vez por inundaciones.
Una crisis que puede volver a convertirse en hambruna
Somalia ya sufrió en 2011 la primera hambruna oficialmente declarada del siglo XXI.
Quince años después, organismos humanitarios vuelven a advertir que el peligro no ha desaparecido.
La combinación de desnutrición infantil, reducción de la financiación, cierre de centros sanitarios, desplazamientos, conflictos armados y fenómenos climáticos extremos mantiene al país en una situación de enorme fragilidad.
En los hospitales y campamentos, sin embargo, las grandes cifras terminan adquiriendo nombres concretos: niños como Shukri, madres como Amina y familias que se enfrentan cada día a una pregunta elemental: si habrá suficiente comida para llegar al día siguiente.
Informaciones tomada de Elpais.com
El recorte de financiación para abogados que representen a menores no acompañados obligará a miles de ellos, desde bebés a adolescentes, a enfrentarse solos ante jueces y procesos legales complejos
Una joven de 12 años logró llegar a Estados Unidos luego de sufrir tráfico laboral y abusos desde que tenía cinco años; abogados buscan un beneficio migratorio para ella. Un niño sordo y autista fue secuestrado de camino a Estados Unidos; casi un año después, su madre logró rescatarlo y activistas le ayudaron a obtener documentos para quedarse en el país. En ambos casos, narrados por organizaciones, sin la ayuda de abogados de inmigración, los menores hubieran terminado deportados o, por desconocimiento, sin acceso a permisos de permanencia legal.
A partir de este viernes, miles de menores migrantes en EE UU, desde bebés hasta adolescentes, corren el riesgo de perder la asistencia de abogados que les han apoyado por años en sus casos. Ese día expiran los contratos que habían sido financiados desde 2003 por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) para apoyar a una red nacional de 100 organizaciones que brindan servicios legales a niños no acompañados (que llegaron sin sus padres o representantes legales) o que están en custodia migratoria. Se agudiza una crisis ya existente: en noviembre de 2025, el HHS retuvo más de 65 millones de dólares en fondos aprobados previamente por congresistas de ambos partidos. Sin ese dinero, las organizaciones se han visto obligadas a rechazar a nuevos clientes o simplemente a reducir ―y cerrar― sus operaciones.
“No sabemos qué va a pasar el primero de agosto porque el gobierno no nos ha informado el plan de transición para los 20.000 niños que tienen representación bajo este contrato”, explica Shaina Aber, directora ejecutiva de Acacia Center for Justice, una organización sin fines de lucro que recibía los fondos gubernamentales y los asignaba a más instituciones que ―como ellos― están dedicadas a la defensa de los menores. “Va a depender realmente de si los abogados tienen un financiamiento alternativo que les permita continuar”.
Aber cuenta que unas 30 organizaciones de la red están operando bajo una realidad financiera “complicada”. La situación, narra, obliga a muchos abogados a tener conversaciones “difíciles” con los niños sobre la posibilidad de que no puedan seguir representándolos. Son menores con solicitudes de asilo, peticiones de estatus de protección juvenil (porque fueron abandonados por uno o ambos padres) o víctimas de tráfico, todos beneficios complejos de pelear sin representación legal y que Donald Trump ha endurecido desde que asumió su segundo mandato en enero de 2025.
Ante la situación que está por venir para las organizaciones, a inicios de julio se conoció que el Departamento de Justicia pidió a la Comisión de Defensa de Indigentes de Texas ―una agencia estatal para la defensa de casos criminales de residentes de bajos recursos― que le apoyara en la representación de menores migrantes en proceso de deportación. La Comisión confirmó a EL PAÍS que había recibido la propuesta, pero no precisó si la aceptaría. Según un reporte del diario The Texas Tribune, el director ejecutivo de esta comisión respondió al Departamento de Justicia que la defensa de menores no acompañados está fuera de la experiencia y alcance de su organización.
A diferencia de las cortes criminales, las de inmigración no tienen el deber de garantizar la representación de un abogado, ni siquiera a los menores de edad. Sin embargo, las organizaciones denuncian que no puede hablarse del debido proceso si los niños y adolescentes no entienden el sistema que enfrentan, las penalidades, los términos usados y sus consecuencias.
“Es coercitivo y traumatizante”
Las organizaciones hacen hincapié en los riesgos que corren los menores cuando son presentados en las cortes o son interrogados por funcionarios sin la presencia de abogados.
Un niño en custodia federal fue interrogado durante horas por funcionarios del gobierno. “Le decían que iba a quedar atrapado en detención, que sus familiares iban a ser detenidos y que no tenía derecho a acceder a un asilo”, cuenta Alexa Sendukas, una de las abogadas al frente del Programa de Niños y Jóvenes Migrantes del Proyecto de Representación al Inmigrante Galveston-Houston (GHIRP), al revivir la historia de uno de los menores que representan.
“Para un niño que llega de un viaje desde otro país, a menudo un viaje muy difícil y muchas veces bajo situaciones traumáticas, esto va a hacer que se rindan y regresen porque piensan que esa es su única opción, pero no lo es. La ley dice que tienen derechos, pero esos derechos no se están respetando”, dice Sendukas al catalogar el proceder de los funcionarios como “coercitivo y traumatizante”.
En un caso similar, la abogada principal del Centro Nacional de Justicia para el Inmigrante, Marie Silver, reveló en una declaración jurada ante una corte en noviembre de 2025 que, al revisar los documentos de un menor no acompañado en custodia, halló una carta que nunca había visto. En ella, las autoridades explicaban al niño que quien aceptara regresar voluntariamente a su país en las siguientes 72 horas, “todavía tendrá la oportunidad de solicitar una visa… en el futuro”. Pero que quien eligiera tener una audiencia ante un juez de inmigración, o quien indicara que tenía miedo de regresar a su país, quedaría bajo custodia federal “por un período prolongado” o expondría a la detención y deportación a sus guardianes o padres. En una decisión de abril de 2026, un juez federal prohibió expresamente a los agentes volver a presentar esta carta.
GHIRP también representa a menores no acompañados que habían sido liberados de la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, la agencia que acoge a los niños que cruzan la frontera sin padres o representantes legales). Algunos de estos niños han sido detenidos nuevamente y reenviados a estos albergues; en esos casos, sus familiares o guardianes han sido obligados a demostrar otra vez a las autoridades la relación con el niño. “Les dicen que esa misma persona tiene que proporcionar pruebas y pasar por un montón de trámites para recuperarlos, aunque ya habían sido aprobados como patrocinadores”, explica Sendukas.
Entre sus representados, GHIRP también ha encontrado a menores multados por entrar al país por puntos no autorizados de la frontera o por no tener estatus legal. Les dicen que tienen 30 días para apelar el castigo. Es parte de una sección de la mega ley tributaria firmada por Trump en julio de 2025 y que establece el pago de 5.000 dólares para cualquier extranjero que sea detenido en la frontera. Esta multa ―impuesta por la Patrulla Fronteriza― ha sido reportada por abogados de niños en custodia federal en Michigan, Nueva York y en Texas al menos desde septiembre de 2025.
“No tienen dinero. No tienen manera de pagar una multa al Gobierno de Estados Unidos. La mayoría ni siquiera sabe lo que es. No tienen idea de que este papeleo está en su expediente. Somos nosotros o los trabajadores sociales del albergue los que decimos: ‘Encontramos esto en el expediente del niño”, señala Sendukas. La abogada asegura que en la mayoría de los casos las apelaciones por estas multas han sido negadas.
Ella cuenta además que hay un grupo de menores que está siendo detenidos con más frecuencia por agentes de inmigración: adolescentes que ya vivían en Estados Unidos pero que fueron separados de sus familias y, por tanto, no entran en la categoría de menores no acompañados.
“Los sacan de sus escuelas, de sus comunidades y los envían a estas instalaciones de ORR. Muchas veces sus familias no saben qué pasó con ellos, les toma días encontrarlos de nuevo y, una vez que saben dónde están, les toca proveer cantidades de papeles, evidencias, pasar por chequeos de antecedentes, poner huellas, pruebas de ADN para demostrar que son sus cuidadores, cuando ya vivían con ellos y estaban bajo su cuidado porque son sus padres biológicos”, explica Sendukas. Uno de los casos que representan es el de una niña que repartía volantes con su padrastro. Ambos fueron detenidos y la madre tiene más de 200 días intentando recuperar la custodia de la menor.
EL PAÍS consultó al Departamento de Salud y Servicios Humanos y a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados sobre las condiciones de los menores en su custodia y cómo proveerán asistencia legal una vez que terminen estos contratos. No respondieron.
Para el año fiscal 2025, ORR muestra en su página que recibió a 22.833 menores no acompañados referidos desde el Departamento de Seguridad Nacional. Durante ese año, el tiempo promedio de permanencia en custodia federal era de 117 días, más del triple que el año anterior. Sendukas dice que han tenido que hacer peticiones de habeas corpus para liberar a niños que han estado en custodia de ORR por más de 300 días. Shaina Aber habla de hasta 500 días y asegura que en el pasado ―incluso en el primer Gobierno de Trump― no superaba los 70 días.
La abogada de GHIRP cuenta que han visto casos de niños que se sienten optimistas, pero que con los días desarrollan una ansiedad, depresión y pérdida de la esperanza tan profunda que los lleva a pensar en abandonar sus casos.
Shaina coincide con Sendukas: “La salud mental de estos niños se está deteriorando. Bajo un ambiente coercitivo, les están pidiendo tomar decisiones que pueden tener consecuencias para sus vidas”.
El peor escenario
La deuda del gobierno con las organizaciones que defienden pro bono a menores no acompañados es de 65 millones de dólares, una cifra difícil de recaudar de forma independiente. El pago de estos fondos federales está siendo peleado en cortes, pero no habrá una decisión antes de este viernes, así que las organizaciones involucradas en el litigio llevan meses buscando alternativas para continuar operando.
La ONG Estrella del Paso, basada en la fronteriza ciudad de El Paso, en Texas, es una de las afectadas. Su directora ejecutiva, Melissa López, cuenta que desde el 17 de julio decidieron no aceptar nuevos casos; representan a 250 menores no acompañados. Por ahora, han estado trabajando semana a semana, y para cubrir los sueldos y gastos corrientes han usado fondos que tenían guardados. Están en busca de financiamiento para mantener los servicios al menos por unos meses. La deuda del Gobierno federal con ellos es de casi un millón de dólares.
“Nos ha tomado 20 años aprender cómo hablar con los niños para que se sientan a gusto aunque hayan pasado por un trauma”, apunta. “La pérdida de los fondos viene con la pérdida de atención a los niños y también la pérdida de un talento muy grande y específico en esta área de la ley”.
GHIRP está en una situación similar: el Gobierno federal les debe más de un millón de dólares. Sendukas asegura que, aunque buscan fondos independientes, es casi imposible conseguir un donante que pueda cubrir ese déficit tan elevado: “Haremos lo que podamos para mantenernos en la lucha y al lado de nuestros clientes”.
La abogada lamenta que la capacidad operativa haya sido mermada en momentos en que las autoridades migratorias están acelerando procesos migratorios como el asilo. Para el mes que viene, justo cuando ya no tendrán recursos federales, las autoridades fijaron 35 entrevistas de asilo con los menores a los que representan: son aproximadamente tres años de solicitudes de varios abogados reactivadas y comprimidas en un período de dos semanas. Ellos los acompañarán.
Sendukas nunca había visto una arremetida similar: “Es un esfuerzo muy coordinado, involucrando a múltiples agencias, para privar a estos niños del acceso a un abogado pro bono, para quitarles su derecho al debido proceso que la ley les otorga y para meterlos en la maquinaria de deportación”, sostiene. “Es un proceso que casi garantiza que el resultado para estos niños será una orden de deportación”.
elpais.com
Reportaje A Fondo
“Estamos sobreviviendo”: las redadas asestan un golpe fuerte y persistente a los negocios hispanos en Los Ángeles
En nueve corredores comerciales frecuentados por migrantes en esa ciudad hubo pérdidas de casi 3,2 millones de dólares en 2025 debido a la agresiva ofensiva migratoria de Trump, revela un estudio de UCLA
La irrupción de decenas de agentes migratorios, lanzados a la caza de migrantes indocumentados, vació las calles de Pico Rivera, California. En junio de 2025 los vecinos de este suburbio al este de Los Ángeles comenzaron a acostumbrarse a una escena hasta entonces impensable: caravanas de camionetas blancas con franjas verdes recorriendo sus avenidas una y otra vez. La Patrulla Fronteriza había puesto la mira en una ciudad santuario para migrantes con el propósito de enviar un mensaje de fuerza y anticipar lo que vendría después en otras comunidades del país. En uno de esos operativos, varios agentes se detuvieron frente a una llantera cercana al bulevar Rosemead e intentaron detener a sus trabajadores. Alguien transmitió la redada en Facebook Live y el video se viralizó de inmediato. Fue el acabose para los negocios cercanos.
“De ahí fue bajando, bajando, bajando. No nos hemos podido recuperar”, lamenta Roberto Godínez, propietario de una tienda de autoservicio donde las ventas dependen, sobre todo, del agua purificada, las cervezas y las frituras. “Estamos sobreviviendo, como si estuviéramos en una crisis económica. De vender 3.500 dólares al día ahora apenas llegamos a 1.400 dólares. Apenas sale para cubrir el sueldo de los trabajadores”. Godínez, un inmigrante originario de Jalisco que ha pasado en este lado de la frontera la mayor cantidad de sus 65 años de vida, confiaba que la Copa del Mundo diera un respiro a sus finanzas. El torneo, sin embargo, transcurrió durante 39 días sin alterar el desánimo que se instaló en el vecindario tras las redadas. “La gente no sale ni a comprar cervezas”, dice.
Lo ocurrido con este pequeño negocio durante el arranque de la ofensiva migratoria de la Administración de Donald Trump no es un caso aislado. Su historia resume la de cientos de comercios hispanos en esta zona metropolitana, golpeados por el miedo que sembraron las redadas. Un informe de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) concluye que el incremento de las redadas provocó lo que define como “una perturbación económica inmediata y duradera” en los corredores comerciales latinos del condado. Tan solo en las dos primeras semanas de junio de 2025, estos establecimientos recibieron 46.000 visitas menos, una caída que se tradujo en pérdidas estimadas en casi 3,2 millones de dólares. Incluso un año después, muchos de sus propietarios siguen esperando una recuperación que no termina de llegar.
Golpes al bolsillo y la salud
El estudio se centró en 75 empresarios latinos con negocios repartidos en nueve corredores comerciales frecuentados por inmigrantes hispanos, entre ellos Huntington Park, Whittier, Westlake, Pacoima y el Distrito de la Moda. Los investigadores de UCLA documentaron el impacto incluso en el flujo peatonal, que cayó de forma generalizada en los días posteriores al inicio de las redadas.
El 59% de los entrevistados reportó desplomes de ingresos superiores al 50%, mientras que la mitad aseguró que algunos de sus empleados dejaron de acudir a trabajar por miedo a ser detenidos por agentes migratorios. Como consecuencia, siete de cada diez establecimientos redujeron su horario de atención o cerraron temporalmente. Muchos comerciantes afirmaron que las ventas apenas alcanzaban para cubrir los gastos operativos y, en ocasiones, ni siquiera eso. Este año el panorama apenas ha cambiado: el 95% reconoció que seguía enfrentando dificultades financieras debido a la ausencia de clientes. El impacto también ha sido personal. El 76% de estos empresarios dijo haber sufrido un deterioro emocional que terminó afectando su salud.
“Un año después, muchos dueños de negocios siguen en una situación de vulnerabilidad financiera. El miedo, la incertidumbre y la presión económica continúan deteriorando su salud y bienestar”, señaló en un comunicado Amada Armenta, coautora del informe y directora del Instituto de Políticas y Política Latina (LPPI) de UCLA. “La pérdida de clientes afectó a negocios de distintos sectores y tamaños, independientemente del estatus migratorio de sus propietarios”.
Uno de los corredores analizados fue el bulevar Pacific, en Huntington Park, uno de los municipios con mayor concentración de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. Desde el verano pasado, los letreros de “Se renta” se han multiplicado en los escaparates de los locales vacíos. Solo las victorias de la selección mexicana durante el Mundial devolvieron por unas horas el bullicio a sus calles, como en los tiempos de mayor prosperidad. Fueron, sin embargo, destellos efímeros.
“Pequeñas empresas y corredores comerciales han quedado vacíos, mientras los propietarios y trabajadores luchan por salir adelante y las familias sufren”, dijo Rudy Espinoza, director ejecutivo de Inclusive Action, que colaboró en el estudio. “Esta investigación pone de relieve el terrible impacto de estas políticas y ofrece a los miembros de nuestra comunidad una plataforma para compartir su verdad”.
16,000 detenidos en Los Ángeles
El mayor despliegue de la Patrulla Fronteriza y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se centró en Los Ángeles el verano de 2025 y continuó hasta enero del año siguiente. Durante meses se hicieron habituales en las redes sociales los videos de agentes federales persiguiendo a jornaleros, albañiles, vendedores ambulantes y jardineros en estacionamientos, gasolineras y calles de barrios latinos. Desde el inicio del segundo mandato de Trump, más de 16.000 inmigrantes han sido detenidos en esta zona metropolitana, más del triple que durante los últimos años de la Administración de Joe Biden, según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Las cifras oficiales muestran que el 52% de los detenidos nació en México y que su edad promedio era de 41 años. La inmensa mayoría (el 87%) eran hombres y el 39% carecía de antecedentes penales.
Muchos fueron trasladados al centro de detención de Adelanto, una prisión migratoria privada situada en el desierto de Mojave, a unos 150 kilómetros de Los Ángeles. El centro acumula desde hace años denuncias por presuntos malos tratos, negligencia médica, alimentación deficiente e incluso por el suministro de agua sucia a los detenidos. Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca han muerto allí cuatro ciudadanos mexicanos. Un informe publicado recientemente por el Departamento de Justicia de California, elaborado a partir de inspecciones en cárceles del ICE en el Estado, muestra además el drástico aumento de la población recluida: de apenas siete personas bajo custodia en noviembre de 2023 a 1.570 en julio de 2025.
La Administración Trump, sin embargo, rechaza que su estrategia de deportaciones masivas haya perjudicado a la economía local. “Seamos claros: si existiera alguna correlación entre la inmigración ilegal desenfrenada y una buena economía, Biden habría tenido una economía en auge”, afirmó el DHS en una respuesta escrita enviada a EL PAÍS. La agencia sostiene que, a su parecer, las detenciones y deportaciones “hacen que las comunidades sean más seguras para los dueños de negocios y sus clientes”.
“Sé que habrá un cambio”
Arturo Aguilar abrió el restaurante El Valle Oaxaqueño, en el oeste de Los Ángeles, en el año 2000. Creía que su negocio ya había sobrevivido a las peores tormentas: la crisis hipotecaria de 2008 y la pandemia del COVID-19. Nunca imaginó que una campaña de deportaciones masivas pondría en jaque su establecimiento durante tantos meses. “Claro que nos pegó duro, tanto en las ventas como con los empleados, que tenían miedo de venir a trabajar. Los clientes dejaron de venir. El restaurante estaba vacío: dos o tres mesas ocupadas, y apenas un poco más los fines de semana”, recuerda.
El empresario atribuye este bache a lo que llama un “paquete” de factores. “Además de las redadas, la inflación subió el precio de los productos, subió el costo de la gasolina y, ya que aumentó el desempleo, también aparecieron más vendedores ambulantes. Eso nos afecta a todos. No estoy en contra de ellos, yo empecé así hace más de treinta años, pero se ponen en las esquinas, a veces frente a los negocios. No pagan renta, empleados, impuestos, nada. Al final se convierten en una competencia”.
Aguilar, un inmigrante oaxaqueño de 64 años que llegó a Estados Unidos en 1990, reconoce que haber diversificado sus inversiones le ha permitido amortiguar el golpe. Además del restaurante, es propietario de un mercado y una panadería. En conjunto, sus negocios generan cerca de 90 empleos. Mientras El Valle Oaxaqueño ha perdido hasta el 70% de su clientela, las otras empresas le han permitido mantenerse a flote. Él resume esa estrategia con una palabra muy mexicana: “campechanear”. Sus hijos ya se hicieron cargo de la operación cotidiana de los negocios y son ellos quienes hoy cargan con buena parte de las preocupaciones.
Aun así, Aguilar no pierde el optimismo. Confía en que las elecciones legislativas de medio mandato, en las que los demócratas buscarán recuperar el control de la Cámara de Representantes, marquen un punto de inflexión. “Tengo mucha esperanza y sé que habrá un cambio”, dice con emoción. “No falta mucho para verlo, tanto en la política migratoria como en la economía”.
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