Opinión
La ONU contra Haití y el desbarre de Guterres
Por Narciso Isa Conde
Atentos, pues, a sus próximas decisiones e iniciativas intervencionistas “inminentes” de la ONU, listos para enfrentarlas y desplegar la solidaridad necesaria.
Las enormes movilizaciones y contundentes protestas sociales que estremecen el territorio haitiano fueron caracterizadas por el Secretario General de la ONU, Antonio Antonio Guterres, como “cuestión de pandillas que han invadido el país” y agregó que a nivel de la ONU se estudia “un plan para fortalecer la Policía Nacional de Haití (PNH) y enviar una fuerza militar robusta o brutal para combatir las pandillas”.
CAUSAS DE LA REBELDÍA POLÍTICO-SOCIA
Hay realidades que hacen estallar a los pueblos:
-El CORE GROUP -formado por los embajadores de EE.UU., Francia, España, Brasil, Alemania, Canadá, UE, y representantes de ONU y OEA- es el poder real en Haití; responsable de las recientes intervenciones militares, incluida la ocupación militar durante 13 años a cargo de la MINUSTAH (2004-2017).
-La ONU ha tenido una injerencia destacada en Haití desde 1993 y tuvo que ver con la fundación de la Policía Nacional en 1995.
-La MINUSTAH fue bendecida por la ONU para reformar una Policía Nacional y ponerla al servicio de los gobiernos mafiosos de Martelly y Jovenel Moises, continuados por el Ariel Henry; los tres acompañados del denominado Partido de las Cabezas Rapadas, fuerza política aupada por el CORE GROUP.
-Esas potencias capitalistas y esos organismos multilaterales han sido gestores y/o cómplices de gobiernos corruptos instalados mediante fraudes en el marco de la ocupación militar de EEUU y aliados.
-La MINUSTAH remodeló a su imagen y semejanza la Policía Nacional de Haití (PNH), que devino en un cuerpo militar represivo y corrupto; con altísimas responsabilidades en la formación de las pandillas o BANDAS PARAPOLICIALES.
-Las modernas armas de las pandillas haitianas proceden de Miami y son producto de un contrabando tolerado, que la ONU nunca objetó.
– Incluso la representante de la ONU en Haití, Helen Lalime, fue capaz de valorar como factor positivo, reductor de la criminalidad, la formación camuflada de una gran federación de pandillas.
-La mayoría de los mercenarios que entrenaron militarmente las pandillas proceden del paramilitarismo colombiano controlado por los servicios de inteligencia de EEUU e ISRAEL y la alta oficialidad del ejército de Colombia.
Vale anotar, que siendo Embajador en República Dominicana, el general Montoya, responsable principal de la matanza en la Colonia 13 de Medellín, comenzó a organizar esos entrenamientos en territorio haitiano, lo que fue oportunamente denunciado por nosotros.
· INFLACIÓN EXPLOSIVA Y BURLA IMPERIAL.
La inflación en Haití se tornó insoportable y el reciente y abusivo aumento de los combustibles en un 128% actuó como detonante de una genuina indignación popular, agregada al enorme repudio que genera un régimen podrido por la corrupción y servil al coloniaje.
Pero cada vez que el pueblo haitiano se ha lanzado a las calles a reclamar derechos y vida digna, autodeterminación, destitución de gobiernos gansterizados e ilegítimos, y procesos constituyente, la ONU y quienes la controlan se han opuesto a sus justas demandas; negándose además a que sea investigado el rol de sus diversas misiones en Haití a lo largo de los últimos años.
Recordemos que cuando Jovenel Moises fue repudiado en calles y plazas, y creció el clamor por su destitución, la ONU y EE.UU respaldaron la continuidad ilegal de su mandato… hasta que fue víctima de un pleito gansteril.
Algo parecido acontece ahora con Ariel Henry, cuando multitudes piden el reemplazo de su gobierno por un equipo que garantice una transición soberana y asuma un programa transformador de una realidad con características de tragedia social e ilegitimidad política.
· OLEADA DE UN PUEBLO INDIGNADO, NO DE PANDILLAS.
La oleada popular en marcha demanda detener el desastre y revertir el caos provocado desde el poder; exige cambios sustanciales para superar la entronización de la cultura de la muerte.
Tal rebeldía masiva no es propia de pandillas, menos aun de bandas paramilitares tuteladas por el régimen repudiado.
Esas organizaciones criminales solo procuran y logran infiltrarse para degradar con sus acciones aberrantes protestas absolutamente justas y legítimas; pero el pueblo haitiano, advertido del daño que hacen, está logrando contener y aislar sus fechorías.
Estamos realmente frente a una justa indignación popular provocada por el FMI, el Core Group, el gobierno títere de Henry, la voraz oligarquía haitiana; una indignación generada por la miseria, el abuso, la opresión y la burla de un régimen oprobioso.
Las multitudes indignadas no son pandillas, son pueblo en rebeldía.
En las barriadas de nuestras sociedades pueden existir poderosas pandillas organizadas; y ese es el caso de Haití, por las razones señaladas.
Ese es un dato de la actual realidad haitiana, pero las sociedades y los pueblos no son pandillas; y en ese caso una gran parte de las pandillas son instrumentos del poder constituido y de la estrategia imperial a favor del caos bajo su control.
· DIPLOMACIA MENTIROSA Y SIMULADORA.
Antonio Guterres lo sabe y sabe perfectamente además que el contingente militar, robusto y brutal, que la ONU y sus tutores piensan a enviar a Haití, no cambiará la dominación perversa que allí impera, ni detendrá el bandolerismo que es la esencia de ese poder y de ese lumpen imperialismo decadente que lo apadrina.
Experiencias sobran: delincuencia perfumada no erradica delincuente bastarda.
Ambas son cáscaras del mismo palo podrido, que solo la insumisión global de los pueblos y sus nuevas vanguardias podrán barrer a partir del desplazamiento de los regímenes establecidos.
Las palabras de Guterres no han resistido una valoración serena de los hechos, pero si permiten colegir que se trata de otra expresión del esfuerzo por criminalizar el derecho a la rebelión de un pueblo brutalmente empobrecido, hambreado, maltratado y vilipendiado.
Alienta conocer la digna y contundente CARTA enviada en esta ocasión por una amplia representación organizaciones políticas, sociales y culturales de Haití, a ese conspicuo símbolo de la diplomacia mentirosa, hipócrita y simuladora del orden mundial dominante, contentiva de argumentaciones y datos que vuelven trizas sus ofensivas declaraciones al Canal FRANCE 24.
En ella queda claro que la ONU, tutelada por EEUU y las potencias capitalistas occidentales, es una pieza clave del plan de criminalización de la justa y heroica rebelión del pueblo haitiano, sometido a una cruel represalia imperialista, a una opresión atroz y un descrédito perverso.
Atentos, pues, a sus próximas decisiones e iniciativas intervencionistas “inminentes” de la ONU, listos para enfrentarlas y desplegar la solidaridad necesaria.
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
(1 de 3)
El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.