Opinión
La ONU contra Haití y el desbarre de Guterres
Por Narciso Isa Conde
Atentos, pues, a sus próximas decisiones e iniciativas intervencionistas “inminentes” de la ONU, listos para enfrentarlas y desplegar la solidaridad necesaria.
Las enormes movilizaciones y contundentes protestas sociales que estremecen el territorio haitiano fueron caracterizadas por el Secretario General de la ONU, Antonio Antonio Guterres, como “cuestión de pandillas que han invadido el país” y agregó que a nivel de la ONU se estudia “un plan para fortalecer la Policía Nacional de Haití (PNH) y enviar una fuerza militar robusta o brutal para combatir las pandillas”.
CAUSAS DE LA REBELDÍA POLÍTICO-SOCIA
Hay realidades que hacen estallar a los pueblos:
-El CORE GROUP -formado por los embajadores de EE.UU., Francia, España, Brasil, Alemania, Canadá, UE, y representantes de ONU y OEA- es el poder real en Haití; responsable de las recientes intervenciones militares, incluida la ocupación militar durante 13 años a cargo de la MINUSTAH (2004-2017).
-La ONU ha tenido una injerencia destacada en Haití desde 1993 y tuvo que ver con la fundación de la Policía Nacional en 1995.
-La MINUSTAH fue bendecida por la ONU para reformar una Policía Nacional y ponerla al servicio de los gobiernos mafiosos de Martelly y Jovenel Moises, continuados por el Ariel Henry; los tres acompañados del denominado Partido de las Cabezas Rapadas, fuerza política aupada por el CORE GROUP.
-Esas potencias capitalistas y esos organismos multilaterales han sido gestores y/o cómplices de gobiernos corruptos instalados mediante fraudes en el marco de la ocupación militar de EEUU y aliados.
-La MINUSTAH remodeló a su imagen y semejanza la Policía Nacional de Haití (PNH), que devino en un cuerpo militar represivo y corrupto; con altísimas responsabilidades en la formación de las pandillas o BANDAS PARAPOLICIALES.
-Las modernas armas de las pandillas haitianas proceden de Miami y son producto de un contrabando tolerado, que la ONU nunca objetó.
– Incluso la representante de la ONU en Haití, Helen Lalime, fue capaz de valorar como factor positivo, reductor de la criminalidad, la formación camuflada de una gran federación de pandillas.
-La mayoría de los mercenarios que entrenaron militarmente las pandillas proceden del paramilitarismo colombiano controlado por los servicios de inteligencia de EEUU e ISRAEL y la alta oficialidad del ejército de Colombia.
Vale anotar, que siendo Embajador en República Dominicana, el general Montoya, responsable principal de la matanza en la Colonia 13 de Medellín, comenzó a organizar esos entrenamientos en territorio haitiano, lo que fue oportunamente denunciado por nosotros.
· INFLACIÓN EXPLOSIVA Y BURLA IMPERIAL.
La inflación en Haití se tornó insoportable y el reciente y abusivo aumento de los combustibles en un 128% actuó como detonante de una genuina indignación popular, agregada al enorme repudio que genera un régimen podrido por la corrupción y servil al coloniaje.
Pero cada vez que el pueblo haitiano se ha lanzado a las calles a reclamar derechos y vida digna, autodeterminación, destitución de gobiernos gansterizados e ilegítimos, y procesos constituyente, la ONU y quienes la controlan se han opuesto a sus justas demandas; negándose además a que sea investigado el rol de sus diversas misiones en Haití a lo largo de los últimos años.
Recordemos que cuando Jovenel Moises fue repudiado en calles y plazas, y creció el clamor por su destitución, la ONU y EE.UU respaldaron la continuidad ilegal de su mandato… hasta que fue víctima de un pleito gansteril.
Algo parecido acontece ahora con Ariel Henry, cuando multitudes piden el reemplazo de su gobierno por un equipo que garantice una transición soberana y asuma un programa transformador de una realidad con características de tragedia social e ilegitimidad política.
· OLEADA DE UN PUEBLO INDIGNADO, NO DE PANDILLAS.
La oleada popular en marcha demanda detener el desastre y revertir el caos provocado desde el poder; exige cambios sustanciales para superar la entronización de la cultura de la muerte.
Tal rebeldía masiva no es propia de pandillas, menos aun de bandas paramilitares tuteladas por el régimen repudiado.
Esas organizaciones criminales solo procuran y logran infiltrarse para degradar con sus acciones aberrantes protestas absolutamente justas y legítimas; pero el pueblo haitiano, advertido del daño que hacen, está logrando contener y aislar sus fechorías.
Estamos realmente frente a una justa indignación popular provocada por el FMI, el Core Group, el gobierno títere de Henry, la voraz oligarquía haitiana; una indignación generada por la miseria, el abuso, la opresión y la burla de un régimen oprobioso.
Las multitudes indignadas no son pandillas, son pueblo en rebeldía.
En las barriadas de nuestras sociedades pueden existir poderosas pandillas organizadas; y ese es el caso de Haití, por las razones señaladas.
Ese es un dato de la actual realidad haitiana, pero las sociedades y los pueblos no son pandillas; y en ese caso una gran parte de las pandillas son instrumentos del poder constituido y de la estrategia imperial a favor del caos bajo su control.
· DIPLOMACIA MENTIROSA Y SIMULADORA.
Antonio Guterres lo sabe y sabe perfectamente además que el contingente militar, robusto y brutal, que la ONU y sus tutores piensan a enviar a Haití, no cambiará la dominación perversa que allí impera, ni detendrá el bandolerismo que es la esencia de ese poder y de ese lumpen imperialismo decadente que lo apadrina.
Experiencias sobran: delincuencia perfumada no erradica delincuente bastarda.
Ambas son cáscaras del mismo palo podrido, que solo la insumisión global de los pueblos y sus nuevas vanguardias podrán barrer a partir del desplazamiento de los regímenes establecidos.
Las palabras de Guterres no han resistido una valoración serena de los hechos, pero si permiten colegir que se trata de otra expresión del esfuerzo por criminalizar el derecho a la rebelión de un pueblo brutalmente empobrecido, hambreado, maltratado y vilipendiado.
Alienta conocer la digna y contundente CARTA enviada en esta ocasión por una amplia representación organizaciones políticas, sociales y culturales de Haití, a ese conspicuo símbolo de la diplomacia mentirosa, hipócrita y simuladora del orden mundial dominante, contentiva de argumentaciones y datos que vuelven trizas sus ofensivas declaraciones al Canal FRANCE 24.
En ella queda claro que la ONU, tutelada por EEUU y las potencias capitalistas occidentales, es una pieza clave del plan de criminalización de la justa y heroica rebelión del pueblo haitiano, sometido a una cruel represalia imperialista, a una opresión atroz y un descrédito perverso.
Atentos, pues, a sus próximas decisiones e iniciativas intervencionistas “inminentes” de la ONU, listos para enfrentarlas y desplegar la solidaridad necesaria.
Por José Cabral
Siempre he dicho y he reiterado, pero que no se trata de ningún descubrimiento, que el sistema está concebido para responder a los intereses de los partidos políticos.
Los diputados y senadores provienen de ese entorno, el presidente de la República y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en el que se escogen los jueces, explica el desempeño de cada uno de estos poderes públicos
La conformación del CNM implica que todo el sistema, incluido el de justicia, obedece a los intereses que se expresan en este órgano.
De manera, que, frente a la confrontación del derecho con la política, el primero siempre tiene todas las de ganar cualquier batalla, máxime cuando se trata de aquella que se desarrolla en el campo legal.
Todo este cuadro permite establecer que resulta prácticamente difícil, por no decir imposible, que el derecho pueda salir triunfante frente a la política.
Sin ninguna duda, que ahí descansa la gran debilidad del proceso de constitucionalización del derecho que se produce en el país a partir de la entrada en vigencia de la Constitución del 2010.
Es hermoso en los textos el proceso de constitucionalización, pero el mismo resulta decepcionante en la práctica y cuando se choca con la realidad.
Nadie, absolutamente nadie, puede negar que una herramienta vital para cualquier democracia es una buena administración de justicia, pero en una nación donde la partidocracia es la dueña del sistema esto se vuelve prácticamente difícil, por no decir imposible.
El problema descansa en un Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), cuyo órgano tiene la sagrada misión de escoger los jueces del sistema de justicia nacional, lo que quiere decir que cuando se presenta un conflicto entre el derecho y la política éstos se inclinen por emitir sentencias en favor de la partidocracia.
Los hechos hablan por sí solos y el que no lo crea que revise la mayoría de las decisiones que conllevan sentencias que impactan los intereses de los partidos para que se puedan valorar los resultados.
Sin no se cambia la conformación del CNM es muy difícil que el proceso de constitucionalización del derecho y que tiene como base el respeto de los derechos fundamentales pueda cristalizarse en una sociedad como la dominicana, donde la política está presente predominantemente en todos los escenarios.
De tal forma, que hablar de una buena administración de justicia al margen de los intereses de los partidos políticos, resulta una quimera y que sólo una persona muy ingenua lo puede creer.
Por Isaías Ramos
Ninguna democracia muere el día en que se rompe la Constitución. Muere mucho antes: cuando quienes juraron defenderla comienzan a tratarla como un obstáculo y la ciudadanía empieza a acostumbrarse a ese irrespeto.
La Constitución no fue escrita para adornar discursos ni para ser invocada cuando conviene al poder. Fue concebida para limitar a quienes gobiernan, proteger a los ciudadanos y garantizar que ningún funcionario, partido, mayoría congresual o presidente coloque su voluntad por encima de la soberanía popular.
Por eso preocupa el rumbo de diversas actuaciones del Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo.
En los últimos años se han aprobado normas luego anuladas, corregidas o seriamente cuestionadas por su compatibilidad constitucional. La Ley de la Dirección Nacional de Inteligencia motivó la intervención del Tribunal Constitucional por objeciones relacionadas con derechos fundamentales. La Ley de Facturación Electrónica también requirió su actuación para corregir una disposición que afectaba la privacidad.
Más recientemente, el nuevo Código Penal ha dejado de ser únicamente una inquietud jurídica para provocar un rechazo creciente en amplios sectores de la sociedad. Juristas, periodistas, profesionales, organizaciones sociales y ciudadanos hemos advertido que varias disposiciones, por su amplitud, ambigüedad o desproporción, podrían amenazar la libertad de expresión, la denuncia pública, el ejercicio profesional y la protesta pacífica.
Cuando una legislación penal provoca temor entre quienes informan, denuncian o protestan, el problema deja de ser técnico: amenaza la convivencia democrática.
Pero el caso institucionalmente más delicado es la respuesta legislativa posterior a la sentencia TC/0788/24.
Las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas, irrevocables y vinculantes para todos los poderes públicos. Cuando una legislación posterior genera serios cuestionamientos sobre si respeta materialmente el criterio fijado por el máximo intérprete de la Constitución, no estamos ante un simple debate político. Está comprometida la supremacía constitucional, la seguridad jurídica y la confianza ciudadana.
La preocupación no gira solo alrededor de una sentencia ni de las candidaturas independientes. El problema es más profundo: ¿puede el poder político redefinir, limitar o neutralizar derechos protegidos por la Constitución?
La Constitución dominicana no creó una democracia para beneficio de los partidos. Creó un Estado social y democrático de derecho, fundado en la dignidad humana, la soberanía popular, el pluralismo político, la separación de poderes y la protección efectiva de los derechos fundamentales.
El derecho a expresarse no es una concesión del Gobierno.
El derecho a protestar pacíficamente no es un favor del Congreso.
El derecho a elegir y ser elegido no pertenece a los partidos.
Son derechos constitucionales que ningún poder temporal puede apropiarse, reducir ni administrar según su conveniencia.
No sabemos si quienes gobiernan desconocen el espíritu de la Constitución o si, conociéndolo, han decidido apartarse de él. Lo evidente es que demasiadas decisiones han obligado al Tribunal Constitucional y a la sociedad a recordar principios que debieron orientar desde el inicio a los poderes públicos.
No afirmamos que la República Dominicana sea hoy una dictadura. Pero sería irresponsable esperar a que el autoritarismo esté consumado para denunciar las decisiones que pueden abrirle camino.
Las democracias rara vez desaparecen de un día para otro. Se erosionan lentamente cuando se relativiza la supremacía constitucional, se reducen los espacios de participación, aumentan las facultades del poder sin controles suficientes y los derechos fundamentales dejan de orientar la legislación.
Está en juego la República que dejaremos a nuestros hijos: una nación donde la Constitución gobierne al poder o un país donde el poder acomode la Constitución a sus intereses.
Todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo.
El pueblo dominicano ha demostrado paciencia, madurez y vocación democrática. Ha recurrido a los tribunales, promovido el debate público y utilizado los mecanismos institucionales reconocidos por la Constitución.
Pero la paz social no puede sostenerse indefinidamente si los reclamos constitucionales no encuentran respuesta. Cuando las instituciones dejan de escuchar, aumenta la presión social. Esa realidad no debe celebrarse ni provocarse; debe prevenirse mediante el diálogo, la rectificación y el respeto a la Constitución.
Este no es un llamado a la confrontación. Es un llamado a la rectificación.
El Congreso debe legislar dentro de los límites constitucionales. El Poder Ejecutivo debe ejercer sus facultades constitucionales con el mismo compromiso que juró al asumir el cargo. Y todos los poderes públicos deben recordar que las decisiones del Tribunal Constitucional no son recomendaciones: forman parte del orden que están obligados a respetar.
Cumplir la Constitución no debilita al Estado. Lo fortalece.
Respetar los derechos fundamentales no genera desorden. Construye paz.
Abrir la democracia no amenaza la República. La hace más legítima y fuerte.
Desde el Foro Cívico y Social lo afirmamos con claridad: la Constitución no pertenece al Congreso, al Poder Ejecutivo ni a los partidos políticos.
La Constitución pertenece al pueblo dominicano.
Defenderla por las vías pacíficas, democráticas y constitucionales no es un acto de oposición. Es el deber moral, cívico y patriótico de toda generación que aspire a entregar a sus hijos una República más libre, justa y fiel al Estado social y democrático de derecho.
Una nación puede sobrevivir a una mala ley y corregir una mala decisión. Lo que no puede permitirse es acostumbrarse a que el poder deje de obedecer la Constitución.
Por Oscar López Reyes
(A la 18:00 hora local del miércoles 24 de junio de 2026, Venezuela fue sacudida por dos terremotos: el primero en la escala 7.2 (duró un minuto) y 39 segundos después otro de magnitud 7.5 (se extendió por tres minutos), concentrados especialmente en la Guaira y Caracas, con un salto -hasta el 12 de julio de 2026- de más de 50 mil desaparecidos, según la ONU; cerca de 5 mil fallecidos, 20 mil heridos y 20 mil damnificados).
(I)
¡Oh, Venezuela!
Patria inmensa.
¡Caramba!,
Hermanos en Bolívar,
¡qué dolor soberbio!
que oprime las fibras de mi alma,
En tristeza de gritos que escapan
de escombros retorcidos
por furia de un suelo rebelde.
El telúrico conmueve en miradas
de arquitecturas sin piedras ni ventanas,
y melancolías de niños vagando en penumbras,
Sin padres ni estancias.
Y pone a temblar en rememoración de amor
su épica solidaridad y sacrificio de dignidad infinita
en épocas pretéritas, que configura
una vastedad de grandeza histórica
y el patriotismo compartido.
¡Oh, Venezuela, SOS!
(II)
Cuando no haya más lágrimas que derramar,
rebosantes las porcelanas de mortandad,
esa “Tierra de Venecia” y esa “Tierra de Gracia”
dejará de llorar y se levantará en cumbre de cerros,
contemplando
marchas fúnebres y entierros colectivos,
echando la vista a la resurrección de Cristo.
(III)
Heridos que sollozan en ruinas y hospitales,
sobrevivirán en sonidos de esperanza y el susurro
que late desde los vientos que soplan
de mares y montañas, para otro comienzo
de sonrisas en barcas de adversidad.
(IV)
Los fallecidos descansarán en púrpura palmera
y ecosistemas naturales con flores coloreadas
con toques de bellezas íntimas
que evocan la fragancia
en la eternidad de jardines
con pétalos de atardeceres versátiles.
(V)
Y los muchos desaparecidos fertilizarán
los predios erosionados,
para floración de hojas, frutos y plantas aromáticas,
que germinarán emergentes criaturas en vientres
de primaveras de Luna menguante
y otoños de Luna creciente.
(VI)
En su inocencia, niños huérfanos seguirán jugando
en noches tranquilas, abrazados de madres sustitutas
y nutrientes saludables,
que brotarán renovadas energías
en llanuras, bosques y lagos estrellados,
acariciados por paisajes de jazmines
y saltos que gimen en la nostalgia de edificios desplomados.
(VII)
Sumergidos en cenizas de techos agrietados
por terrestres sacudidas bruscas,
pequeños, adultos y veteranos
alzarán vuelos con recuperados bríos,
como aquel ave mítica y pájaro de fuego.
Tendrán casas alfombradas con claveles
y rosadas cestas colgantes,
en calles sin pedruscos y con Sol,
parques con glorietas y toboganes,
escuelas y parroquias para el cambio.
(y VIII)
En brisas de trompetas, hembras y varones
abatidos en estado emocional resurgirán
de pedazos de paredes rotas,
para reconstruir territorios asolados,
en el renacer de paz y progreso,
y entonces entonar, a viva voz: ¡felicidad, felicidad!
………………………….
El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y gremialista.