Opinión
La ONU contra Haití y el desbarre de Guterres
Por Narciso Isa Conde
Atentos, pues, a sus próximas decisiones e iniciativas intervencionistas “inminentes” de la ONU, listos para enfrentarlas y desplegar la solidaridad necesaria.
Las enormes movilizaciones y contundentes protestas sociales que estremecen el territorio haitiano fueron caracterizadas por el Secretario General de la ONU, Antonio Antonio Guterres, como “cuestión de pandillas que han invadido el país” y agregó que a nivel de la ONU se estudia “un plan para fortalecer la Policía Nacional de Haití (PNH) y enviar una fuerza militar robusta o brutal para combatir las pandillas”.
CAUSAS DE LA REBELDÍA POLÍTICO-SOCIA
Hay realidades que hacen estallar a los pueblos:
-El CORE GROUP -formado por los embajadores de EE.UU., Francia, España, Brasil, Alemania, Canadá, UE, y representantes de ONU y OEA- es el poder real en Haití; responsable de las recientes intervenciones militares, incluida la ocupación militar durante 13 años a cargo de la MINUSTAH (2004-2017).
-La ONU ha tenido una injerencia destacada en Haití desde 1993 y tuvo que ver con la fundación de la Policía Nacional en 1995.
-La MINUSTAH fue bendecida por la ONU para reformar una Policía Nacional y ponerla al servicio de los gobiernos mafiosos de Martelly y Jovenel Moises, continuados por el Ariel Henry; los tres acompañados del denominado Partido de las Cabezas Rapadas, fuerza política aupada por el CORE GROUP.
-Esas potencias capitalistas y esos organismos multilaterales han sido gestores y/o cómplices de gobiernos corruptos instalados mediante fraudes en el marco de la ocupación militar de EEUU y aliados.
-La MINUSTAH remodeló a su imagen y semejanza la Policía Nacional de Haití (PNH), que devino en un cuerpo militar represivo y corrupto; con altísimas responsabilidades en la formación de las pandillas o BANDAS PARAPOLICIALES.
-Las modernas armas de las pandillas haitianas proceden de Miami y son producto de un contrabando tolerado, que la ONU nunca objetó.
– Incluso la representante de la ONU en Haití, Helen Lalime, fue capaz de valorar como factor positivo, reductor de la criminalidad, la formación camuflada de una gran federación de pandillas.
-La mayoría de los mercenarios que entrenaron militarmente las pandillas proceden del paramilitarismo colombiano controlado por los servicios de inteligencia de EEUU e ISRAEL y la alta oficialidad del ejército de Colombia.
Vale anotar, que siendo Embajador en República Dominicana, el general Montoya, responsable principal de la matanza en la Colonia 13 de Medellín, comenzó a organizar esos entrenamientos en territorio haitiano, lo que fue oportunamente denunciado por nosotros.
· INFLACIÓN EXPLOSIVA Y BURLA IMPERIAL.
La inflación en Haití se tornó insoportable y el reciente y abusivo aumento de los combustibles en un 128% actuó como detonante de una genuina indignación popular, agregada al enorme repudio que genera un régimen podrido por la corrupción y servil al coloniaje.
Pero cada vez que el pueblo haitiano se ha lanzado a las calles a reclamar derechos y vida digna, autodeterminación, destitución de gobiernos gansterizados e ilegítimos, y procesos constituyente, la ONU y quienes la controlan se han opuesto a sus justas demandas; negándose además a que sea investigado el rol de sus diversas misiones en Haití a lo largo de los últimos años.
Recordemos que cuando Jovenel Moises fue repudiado en calles y plazas, y creció el clamor por su destitución, la ONU y EE.UU respaldaron la continuidad ilegal de su mandato… hasta que fue víctima de un pleito gansteril.
Algo parecido acontece ahora con Ariel Henry, cuando multitudes piden el reemplazo de su gobierno por un equipo que garantice una transición soberana y asuma un programa transformador de una realidad con características de tragedia social e ilegitimidad política.
· OLEADA DE UN PUEBLO INDIGNADO, NO DE PANDILLAS.
La oleada popular en marcha demanda detener el desastre y revertir el caos provocado desde el poder; exige cambios sustanciales para superar la entronización de la cultura de la muerte.
Tal rebeldía masiva no es propia de pandillas, menos aun de bandas paramilitares tuteladas por el régimen repudiado.
Esas organizaciones criminales solo procuran y logran infiltrarse para degradar con sus acciones aberrantes protestas absolutamente justas y legítimas; pero el pueblo haitiano, advertido del daño que hacen, está logrando contener y aislar sus fechorías.
Estamos realmente frente a una justa indignación popular provocada por el FMI, el Core Group, el gobierno títere de Henry, la voraz oligarquía haitiana; una indignación generada por la miseria, el abuso, la opresión y la burla de un régimen oprobioso.
Las multitudes indignadas no son pandillas, son pueblo en rebeldía.
En las barriadas de nuestras sociedades pueden existir poderosas pandillas organizadas; y ese es el caso de Haití, por las razones señaladas.
Ese es un dato de la actual realidad haitiana, pero las sociedades y los pueblos no son pandillas; y en ese caso una gran parte de las pandillas son instrumentos del poder constituido y de la estrategia imperial a favor del caos bajo su control.
· DIPLOMACIA MENTIROSA Y SIMULADORA.
Antonio Guterres lo sabe y sabe perfectamente además que el contingente militar, robusto y brutal, que la ONU y sus tutores piensan a enviar a Haití, no cambiará la dominación perversa que allí impera, ni detendrá el bandolerismo que es la esencia de ese poder y de ese lumpen imperialismo decadente que lo apadrina.
Experiencias sobran: delincuencia perfumada no erradica delincuente bastarda.
Ambas son cáscaras del mismo palo podrido, que solo la insumisión global de los pueblos y sus nuevas vanguardias podrán barrer a partir del desplazamiento de los regímenes establecidos.
Las palabras de Guterres no han resistido una valoración serena de los hechos, pero si permiten colegir que se trata de otra expresión del esfuerzo por criminalizar el derecho a la rebelión de un pueblo brutalmente empobrecido, hambreado, maltratado y vilipendiado.
Alienta conocer la digna y contundente CARTA enviada en esta ocasión por una amplia representación organizaciones políticas, sociales y culturales de Haití, a ese conspicuo símbolo de la diplomacia mentirosa, hipócrita y simuladora del orden mundial dominante, contentiva de argumentaciones y datos que vuelven trizas sus ofensivas declaraciones al Canal FRANCE 24.
En ella queda claro que la ONU, tutelada por EEUU y las potencias capitalistas occidentales, es una pieza clave del plan de criminalización de la justa y heroica rebelión del pueblo haitiano, sometido a una cruel represalia imperialista, a una opresión atroz y un descrédito perverso.
Atentos, pues, a sus próximas decisiones e iniciativas intervencionistas “inminentes” de la ONU, listos para enfrentarlas y desplegar la solidaridad necesaria.
Por José Cabral
Por doquier se escucha la misma queja de que la sociedad dominicana ha desarrollado una cultura del engaño y el fraude.
Este problema tiene necesariamente que generar mucha preocupación y angustia, porque lo que ocurre nadie se atreve a negar que es una amenaza latente en contra de todos y cada uno de los dominicanos.
El país está atrapado por los cuatro puntos cardinales, cuyas consecuencias impactan a los de abajo, los del medio y los de arriba social y económicamente hablando.
Y esto hay que traerlo a colación porque si vamos a los tribunales en busca de justicia es el mismo escenario de la negación de derechos y justificación y estimulación de lo mal hecho.
No importa el circulo en que uno se mueva, el lenguaje es el mismo, la justificación de lo injustificable.
Es una cultura que no es fácil de erradicar, ya que los principales promotores del robo, el fraude e incluso de los asesinatos porque estimulan la vía de hecho, son los tribunales penales.
Son escenarios con un nivel de solemnidad que engañan al más inteligente y bonito, como el debate presidencial, cuyos participantes y aspirantes a dirigir el país, quienes debían estar presos en vez de aparecer por televisión para justificar sus aspiraciones, son los mejores exponentes de la «decencia nacional».
Es “cogío# que estamos, no parece haber escapatorias porque esas conductas los primeros en legitimarlas y justificarlas son los propios ciudadanos, los votantes, los perjudicados con unas acciones que dañan toda la nación.
La verdad que no se ve clara la salida a esta situación que genera una gran incertidumbre, ya que es muy poco lo que sirve.
Haga una reflexión y escoja el escenario que le parezca y comprobará que cualquiera se llena de pesimismo si es que usted ama el aspecto humano de la vida, de lo contrario tal vez no se alarme.
Por Isaías Ramos
El 14 de enero de este año, nuestra nación fue víctima de una de las peores ignominias que puede sufrir nuestra frágil democracia: la ruptura de nuestra Carta Magna. Con la promulgación de la Ley 1-24, que pretende instaurar la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), se busca intimidar a la población y consolidar una tiranía que creíamos superada hace más de seis décadas.
Esta ley desafía abiertamente la Constitución que nos rige. Según el artículo 261, el sistema de inteligencia debe estar subordinado a instituciones independientes, como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, asegurando así su supervisión y alineación con el interés nacional. No obstante, el artículo 8 de la Ley 1-24 coloca la DNI directamente bajo el presidente, otorgándole un poder ilimitado que es tanto peligroso como inestable.
La historia nos ofrece lecciones claras sobre los peligros de un poder sin restricciones. Tácito, el historiador romano, advirtió: «El poder nunca es estable cuando es ilimitado». Este poder concentrado en una sola figura no solo va en contra de nuestras leyes fundamentales, sino que es una receta para el abuso y la corrupción.
Esta ley se levanta como un monstruo de múltiples cabezas que, de no ser detenido, destruirá los cimientos de esta débil democracia, llevándose consigo nuestra libertad y nuestros derechos más preciados: nuestra dignidad.
La implementación de esta ley podría llevarnos por un camino oscuro, similar al sufrido por ciudadanos en países como Nicaragua, Venezuela y Cuba, donde los servicios de inteligencia se han utilizado como herramientas para reprimir la disidencia y mantener a los líderes autoritarios en el poder.
La historia reciente de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel, detenida arbitrariamente, y de algunos dirigentes de la líder opositora María Corina Machado en un país bajo un régimen con leyes similares, nos sirve como un presagio sombrío de lo que podría suceder aquí. Sus experiencias de miedo, represión y violencia son un claro recordatorio de lo que está en juego.
Es imperativo que reconsideremos esta legislación y evaluemos sus impactos potenciales no solo en nuestra seguridad, sino en nuestra libertad.
El Frente Cívico y Social (FCS) comprende profundamente estas consecuencias y, por eso, instamos a la población a tomar una postura firme. Si esta ley no es derogada o modificada para alinearse con nuestros principios constitucionales antes de las elecciones del 19 de mayo, llamamos a la ciudadanía a abstenerse de votar o emitir un voto nulo. Esta acción de desobediencia civil no es solo un derecho, sino un deber cívico.
El sistema actual nos desmoraliza, nos lleva a vivir en un estado de desestabilización y crisis, causando miedo y terror que nos quitan el poder de razonar y pensar en lo verdaderamente importante.
De continuar indiferentes ante este enorme desafío, visualizamos un futuro donde el miedo y la represión se convertirán en la norma, y donde las libertades que tanto costaron conquistar serán solo un recuerdo lejano. Frente a este escenario, debemos recordar que aún tenemos la oportunidad de redirigir el rumbo de nuestra nación.
Defender nuestra libertad es ahora. No podemos permitir que las sombras de un pasado autoritario oscurezcan nuestro presente y nuestro futuro. Alcémonos con valor y compromiso, preparados para actuar y proteger lo que más valoramos. Solo así podremos superar las adversidades y fortalecer los pilares de nuestra democracia.
En el FCS estamos muy claros de que el futuro está en nuestras manos, y el momento de actuar es ahora. No esperemos más para defender nuestro sistema democrático y asegurar un mañana más prometedor y justo para todos. ¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
El artículo 77 del Estatuto de Roma faculta a la CPI para imponer la condena de cadena perpetua, pero solo en aquellos casos en que se justifique debido a la extrema gravedad del crimen y las circunstancias individuales del condenado.
De otra manera, la pena máxima para los delitos del Estatuto de Roma es de 30 años de prisión. Algunas constituciones prohíben la cadena perpetua o el término de 30 años de prisión por considerar que estas penas no prevén una oportunidad para la rehabilitación, o que no son proporcionales con la naturaleza del crimen.
Sería difícil argumentar que los largos periodos de prisión son desproporcionados respecto a la mayoría de los crímenes de la competencia de la CPI, particularmente cuando la cadena perpetua debe ser justificada por la ̈extrema gravedad del crimen ̈. Tal condena solo se impondrá a aquellos que tengan el más alto nivel de responsabilidad en la comisión de los mas graves crímenes, tales como el genocidio.
Adicionalmente, el Estatuto de Roma prevé la posibilidad de la rehabilitación. Según el artículo 110, la Corte deberá revisar todas las condenas de prisión cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua para determinar si esta puede reducirse.
En el punto anterior la CPI considera estos aspectos como si la persona hubiese asistido a la Corte con la localización de cualquier bien objeto de una multa, decomiso u órdenes de reparación que pudiesen beneficiar a la víctima.
La CPI también podrá tomar en consideración ¨otros factores indicados en las Reglas de Procedimientos y Prueba, que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena¨
Por consiguiente una cadena perpetua podría reducirse a 25 años de prisión en algunos casos. Si la CPI decide no reducir la sentencia de la persona después de la primera revisión, volverá a examinar la cuestión con la periodicidad y con arreglo a los criterios indicados en las Reglas de Procedimientos y Prueba.
Durante las negociaciones sobre las penas de la CPI, muchos Estados estuvieron a favor de la aplicación de la pena de muerte en los casos extremos. El numero de Estados con pena de muerte es poco menor que el de aquellos que no tienen pena de muerte.
No existe la oportunidad para rehabilitación alguna cuando se impone la pena de muerte. Por ende la cadena perpetua con la posibilidad de reducirla a 25 años, es un compromiso razonable entre la pena de muerte y la prisión máxima de 30 años.
Los Estados deberán recordar que el artículo 80 del Estatuto de Roma expresamente establece que el Estatuto no afecta la aplicación por parte de los Estados de aquellas penas prescritas por su propio derecho interno , ni afecta la ley de aquellos Estados que no impongan las penas prescritas en el Estatuto de Roma.
Los Estados Partes no deben imponer las mismas penas por los mismos delitos en su jurisdicción, ni deberán aplicar las condenas de prisión a no ser que voluntariamente lo quieran hacer. En este caso, los Estados podrán también especificar las condiciones bajo las cuales aceptarían a las personas condenadas, inclusive la condición de no aplicar la cadena perpetua.
Por consiguiente, los Estados Partes que cuenten con las disposiciones constitucionales que prohíban la imposición de la cadena perpetua solo necesitaran permitir la excepción de entregar a la persona a la CPI, pese a que tal persona pueda ser condenada a cadena perpetua.
Los Estados Partes del Estatuto de Roma deberán entregar a la persona acusada a la CPI cuando ésta así lo solicite, aún si existe la posibilidad de que dicha persona sea condenada a cadena perpetua.
En el caso de muchos Estados, la potestad de la CPI para imponer la cadena perpetua no necesitará la aplicación de medidas legislativas particulares. Sin embargo, en algunos Estados la constitución explícitamente prohíbe la extradición de una persona a un Estado donde se aplica esta pena , o que declara la cadena perpetua como un castigo cruel. Estos Estados cuentan con dos opciones:
- a)Establecer claramente, en la norma que implemente el Estatuto, la distinción entre la extradición de una persona a otro Estado y la entrega de una persona a la Corte Penal Internacional.
Algunos Estados podrán realizar esta distinción en su legislación, lo cual les permitiría entregar personas a la CPI aunque existan una restricción a la ¨extradicion¨de personas a tribunales que impongan la pena de cadena perpetua. Esto les permitiría mantenerla prohibición de extraditar una persona a un tribunal extranjero, sin interferir con la habilidad de cooperar plenamente con la CPI.
- b)La reforma a la Constitución podría ser mínima, dirigida solo a la introducción de una excepción al principio. Podría especificarse que la cadena perpetua impuesta por la CPI de conformidad con el Estatuto de Roma para algunos de los crímenes allí enumerados no viola la Constitución.
Debería también mencionarse que el Estado puede entregar a la persona acusada a la CPI a pesar de que exista la posibilidad de la cadena perpetua. La enmienda constitucional podría también mencionar que la CPI puede reducir la condena después de 25 años, existiendo así la posibilidad de la rehabilitación.
Finalmente, la ventaja de una reforma constitucional que elimina cualquier posibilidad de un conflicto normativo, garantiza que los tribunales nacionales dicten sus fallos de conformidad con sus obligaciones legales establecidas en el Estatuto de Roma.