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La ONU pide 46,400 millones para las crisis humanitarias en todo el mundo
EFE
Las cifras son ligeramente menores que hace un año, cuando la ONU solicitó 56,700 millones de dólares
Suiza .-Naciones Unidas lanzó hoy su llamamiento anual para financiar las emergencias humanitarias de cara a 2024, cuando aspira a recaudar 46,400 millones de dólares para asistir a 180.5 millones de personas en diversas crisis relacionadas con conflictos, desastres agravados por el cambio climático o economías colapsadas.
Las cifras son ligeramente menores que hace un año, cuando la ONU solicitó 56,700 millones de dólares para asistir a 245.1 millones de personas, aunque se podrían incrementar a lo largo de 2024 con conflictos imprevistos o desastres naturales, como ha ocurrido en este ejercicio y en años anteriores.
Las principales peticiones de fondos humanitarios buscan atender las crisis en Siria (para la que se solicitan 4,400 millones de dólares), Ucrania (3,100 millones), Afganistán (3,000 millones), Etiopía (2,900 millones) y Yemen (2,800 millones), todos ellos países castigados por prolongados conflictos actuales o recientes.
En Latinoamérica, la ONU pide donaciones por valor de 650 millones de dólares para asistir a Venezuela (a los que se sumarían otros 1,600 millones para los países de acogida de refugiados venezolanos), 283 millones para Colombia, 87 millones para El Salvador, 125 millones para Guatemala, 673.8 millones para Haití y 205 millones para Honduras.
Éstos y otros programas de ayuda buscan ayudar en el planeta a 180.5 millones de personas, algo más de la mitad de los 300 millones que la ONU calcula que necesitan asistencia humanitaria en el mundo (74.1 millones en África, 53.8 millones en Oriente Medio y Magreb, 50.8 millones en Asia-Pacífico y 38.9 millones en Latinoamérica).
Para el año actual, la ONU solicitó inicialmente 51,500 millones de dólares a los donantes, pero el estallido de conflictos imprevistos como los de Sudán o Gaza, unidos a desastres naturales como los seísmos de Turquía y Siria o las inundaciones en Libia obligaron a aumentar la petición a 56,700 millones.
Las necesidades en Palestina se quintuplican
Para los Territorios Palestinos, afectados por el conflicto con Israel, la ONU solicita 1,200 millones de dólares, casi cinco veces más que hace un año.
Muchos de estos conflictos tienen ramificaciones internacionales por el éxodo de refugiados, así que la ONU también solicita 5,500 millones de dólares adicionales para asistir al éxodo sirio especialmente presente en países vecinos, 1,500 millones para el sursudanés, 1,300 millones para el sudanés y 1,000 millones para el ucraniano.
Una ayuda internacional cada vez más escasa
Sin embargo, las donaciones este año apenas superan por ahora los 20,000 millones de dólares, lo que, según lamenta la ONU, ha obligado a recortar programas de asistencia incluso en países donde ésta se necesita urgentemente, caso de Afganistán o Birmania (Myanmar), golpeados por conflictos y crisis.
«Agradecemos a los donantes sus contribuciones, pero es solo un tercio de lo que se necesitaba, y si no podemos ofrecer más asistencia en 2024, la gente lo pagará con sus vidas», advirtió el jefe de coordinación humanitaria de la ONU, Martin Griffiths, al publicarse el llamamiento anual de ayuda.
Naciones Unidas destaca que 2023 podría terminar siendo el primer año desde 2010 en el que la ayuda recibida es menor que la del año anterior (24,100 millones de dólares fueron recaudados en 2022).
Algunos de los países latinoamericanos se vieron especialmente afectados este año por la escasa ayuda recibida: Honduras solo recibió un 15 % de los 42.6 millones de dólares solicitados y el programa para asistir a refugiados venezolanos en los países vecinos obtuvo un 19 % de los 328.1 millones de dólares requeridos.
La ONU recuerda que conflictos, emergencias climáticas y crisis económicas han causado que 258 millones de personas sufran inseguridad alimentaria aguda y que haya más de 100 millones de personas que han huido de su hogar: 36.4 millones de refugiados en otros países y 71.1 millones de desplazados internos.
Algunas buenas noticias
Al repasar la situación de 2023, la ONU también observa algunos datos positivos: países como Kenia, Malaui y Pakistán están recuperándose de crisis humanitarias y este año ya no figuran en los programas de ayuda.
Ésta además se reduce por la disminución de emergencias en Somalia, país que se recupera lentamente de años de sequías, o en Yemen, donde la guerra civil ha remitido y con ello se están incrementando los flujos comerciales y la llegada de combustible.
Internacionales
Fondos obtenidos de ayudas por COVID-19 habrían financiado complot contra Jovenel Moïse
Fiscales estadounidenses investigan el uso fraudulento de recursos de programas creados durante la pandemia para financiar parte de la operación que culminó con el asesinato del presidente haitiano en 2021.
MIAMI, Estados Unidos.– Dinero obtenido fraudulentamente de programas de asistencia económica creados por Estados Unidos durante la pandemia de COVID-19 habría sido utilizado para financiar parte de la conspiración que culminó con el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021.
La investigación de las autoridades estadounidenses sostiene que recursos procedentes de programas como el Paycheck Protection Program (PPP) y los préstamos de emergencia EIDL fueron desviados y utilizados para contribuir a la adquisición de armas, equipos tácticos y otros recursos vinculados con la operación.
Las autoridades también sitúan al sur de Florida como uno de los principales centros desde donde se habrían desarrollado actividades de planificación y financiamiento relacionadas con el complot.
El caso ha cobrado nueva relevancia tras el traslado desde Haití hacia Estados Unidos de 18 hombres acusados en relación con el magnicidio, quienes deberán enfrentar procesos ante la justicia federal estadounidense.
Trasladan 18 acusados a Estados Unidos
Los detenidos llegaron bajo custodia de autoridades estadounidenses y fueron puestos a disposición de la justicia federal en Miami.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó el traslado como parte de una nueva etapa de las investigaciones sobre el asesinato del mandatario haitiano.
El fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason Reding Quiñones, indicó que las autoridades continuarán investigando a las personas que presuntamente financiaron, facilitaron o participaron en la operación.
La investigación estadounidense se ha extendido durante años y ha permitido presentar cargos contra decenas de personas por distintos niveles de participación en la conspiración.
El rastro del dinero
Uno de los elementos que ha adquirido mayor importancia dentro del expediente es determinar de dónde procedieron los recursos utilizados para preparar la operación.
Según la investigación citada, parte del dinero habría sido obtenido fraudulentamente mediante programas federales creados para auxiliar a empresas y trabajadores afectados económicamente durante la pandemia.
Las autoridades estadounidenses atribuyen a Walter Veintemilla un papel importante dentro del esquema financiero. De acuerdo con el Departamento de Justicia, habría acordado aportar US$175,000 mediante un préstamo relacionado con recursos procedentes de los programas PPP y EIDL.
Otro financista vinculado al expediente fue condenado a 20 años de prisión por lavar cientos de miles de dólares provenientes fraudulentamente de esos programas y utilizados para contribuir al financiamiento de la conspiración.
Los investigadores sostienen que los recursos ayudaron a costear elementos necesarios para ejecutar la operación, mientras otros participantes habrían facilitado armas, municiones, chalecos antibalas, radios y equipos tácticos.
Intereses económicos detrás del complot
La investigación estadounidense también apunta a posibles intereses económicos de algunos de los organizadores.
De acuerdo con las autoridades, varias personas relacionadas con el plan buscaban obtener oportunidades comerciales y contratos con el Gobierno haitiano después de provocar un cambio de poder.
El plan habría evolucionado a través de diferentes etapas.
Las autoridades estadounidenses sostienen que inicialmente existió la intención de derrocar a Moïse y establecer un gobierno favorable a determinados intereses. Posteriormente se habría contemplado secuestrar al mandatario, hasta que finalmente la operación derivó en el ataque contra su residencia.
El asesinato de Jovenel Moïse
Durante la madrugada del 7 de julio de 2021, un grupo armado penetró en la residencia privada del presidente haitiano.
Moïse fue asesinado a tiros y su esposa, Martine Moïse, resultó gravemente herida.
Entre los participantes señalados por las investigaciones figuran exmilitares colombianos y otras personas de diferentes nacionalidades.
Otro elemento incorporado al expediente es que algunos de los participantes presuntamente utilizaron indumentaria y distintivos para aparentar que pertenecían a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
Las evidencias presentadas en los procesos judiciales incluyen fotografías de equipos tácticos, radios y distintivos relacionados con esa falsa identificación.
Cerca de 30 personas acusadas
La investigación estadounidense ha derivado en acusaciones contra alrededor de 30 personas por distintos delitos relacionados con la conspiración.
Los cargos varían según la participación atribuida a cada acusado e incluyen, entre otros, conspiración para matar o secuestrar a una persona fuera de Estados Unidos y delitos vinculados al fraude.
Cuatro de los principales acusados fueron declarados culpables en mayo por un jurado federal en Miami y enfrentan posibles condenas de cadena perpetua.
El traslado de los 18 detenidos desde Haití abre ahora una nueva etapa judicial en un caso que, cinco años después del magnicidio, continúa revelando detalles sobre cómo se habría organizado, financiado y ejecutado una de las operaciones criminales de mayor impacto político en la historia reciente del Caribe.
Internacionales
CNN, MS NOW y Politico llevan a Trump ante los tribunales por veto en la Casa Blanca
Los tres medios cuestionan judicialmente la retirada de sus acreditaciones y sostienen que la decisión vulnera la libertad de prensa y el debido proceso protegidos por la Constitución estadounidense.
WASHINGTON, Estados Unidos.– La confrontación entre el presidente Donald Trump y varios de los principales medios de comunicación estadounidenses abrió un nuevo capítulo judicial luego de que CNN, MS NOW y Politico demandaran a su administración por impedir a sus periodistas acceder a la Casa Blanca.
Los medios acudieron al Tribunal Federal del Distrito de Columbia después de que las credenciales de sus periodistas fueran desactivadas y estos no pudieran ingresar al complejo presidencial.
La demanda sostiene que la decisión constituye una represalia basada en el contenido de su cobertura y plantea posibles violaciones de la Primera Enmienda, que protege las libertades de expresión y de prensa, así como de las garantías de debido proceso de la Quinta Enmienda.
Los demandantes solicitaron además una orden judicial temporal que permita restablecer su acceso mientras los tribunales deciden el fondo del conflicto. La acción fue presentada el lunes 21 de septiembre.
Trump defiende su decisión
El presidente había anunciado previamente la exclusión de los tres medios argumentando que difundían lo que él considera informaciones falsas.
Tras conocerse la demanda, Trump negó que su actuación constituya un ataque contra la libertad de prensa y sostuvo que sus cuestionamientos están dirigidos a lo que denomina “fake news”.
La Casa Blanca, por su parte, ha defendido que el acceso a sus instalaciones es un privilegio y no un derecho irrestricto.
Una controversia constitucional
El caso coloca nuevamente en discusión los límites que tiene un presidente estadounidense para controlar el acceso de periodistas a la sede del Poder Ejecutivo.
La Constitución no concede a los profesionales de la comunicación un derecho ilimitado a participar en todos los actos presidenciales ni a entrar en espacios restringidos. Sin embargo, precedentes judiciales han establecido límites a la capacidad del Gobierno para retirar acreditaciones arbitrariamente o discriminar a periodistas por el contenido o punto de vista de sus publicaciones.
Uno de los antecedentes relevantes es Sherrill v. Knight, de 1977, en el que una corte federal estableció garantías procesales relacionadas con las acreditaciones de prensa de la Casa Blanca.
La controversia actual plantea precisamente si la exclusión de CNN, MS NOW y Politico respondió a razones legítimas relacionadas con el control de acceso o si, como sostienen los demandantes, se produjo como consecuencia de una cobertura periodística que desagrada al presidente.
Antecedentes de enfrentamientos con la prensa
No es la primera vez que una controversia sobre las acreditaciones de periodistas durante una administración de Trump llega a los tribunales.
En 2018, durante su primer mandato, la Casa Blanca retiró temporalmente la credencial del entonces corresponsal de CNN Jim Acosta después de un enfrentamiento verbal con el mandatario durante una conferencia de prensa. Un juez federal ordenó posteriormente restituir temporalmente la acreditación.
Más recientemente, The Associated Press también sostuvo una disputa judicial con la administración después de que se restringiera su participación en determinados actos presidenciales.
Estos antecedentes son relevantes porque muestran la diferencia jurídica entre el control presidencial de espacios físicos especialmente restringidos y una eventual exclusión motivada por el contenido de la cobertura periodística.
El conflicto afecta la cobertura presidencial
La decisión contra CNN también repercutió en el denominado “pool” de prensa de la Casa Blanca, el sistema mediante el cual un grupo reducido de periodistas y camarógrafos cubre determinadas actividades presidenciales y comparte posteriormente el material con otros medios.
CNN tenía asignadas funciones dentro de ese esquema cuando se produjo la prohibición. La situación llevó a otras cadenas a suspender su participación en determinadas actividades del pool, ampliando el impacto de la controversia.
Los jueces tendrán la palabra
El conflicto deja ahora en manos de los tribunales una cuestión de alcance constitucional: hasta dónde puede llegar la autoridad presidencial para regular el acceso a la Casa Blanca sin convertir esa facultad en un mecanismo de represalia contra determinados medios por su línea de cobertura.
CNN, MS NOW y Politico sostienen que fueron excluidos precisamente por el contenido de sus informaciones. La administración Trump rechaza que se trate de un ataque contra la prensa y defiende su potestad para controlar el acceso a la sede presidencial.
El tribunal deberá determinar si las circunstancias concretas de la exclusión vulneraron las garantías constitucionales invocadas por los demandantes.
Más allá de la disputa entre Trump y tres organizaciones periodísticas, el resultado podría contribuir a precisar nuevamente los límites entre el poder presidencial, la libertad de prensa y el derecho del público a recibir información independiente sobre la actuación del Gobierno.
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Nepal mantiene las búsquedas 11 días después de la riada tras nuevos rescates con vida
Agencia Efe
Katmandú.- Nepal mantuvo este sábado las operaciones de búsqueda once días después de la riada que devastó el norte del país, alentado por los nuevos rescates con vida registrados en las últimas horas, mientras centenares de trabajadores continúan desaparecidos en centrales hidroeléctricas arrasadas por el agua y el barro.
El ministro del Interior, Sudhan Gurung, afirmó tras los rescates que los hallazgos habían dejado “un rayo de esperanza” y aseguró que las operaciones continuarían dentro de los túneles.
La búsqueda sigue activa en varios de los complejos hidroeléctricos más afectados, con apoyo de especialistas de la India, China y Corea del Sur, según las últimas actualizaciones oficiales del Gobierno nepalí.
Upper Trishuli-1 concentra uno de los mayores operativos: más de 1400 personas vinculadas al proyecto se encontraban ahí cuando se produjo la catástrofe; 557 permanecen sin localizar y alrededor de 115 podrían haber quedado atrapadas en la zona de la presa y el túnel principal, según la empresa promotora.
El último balance consolidado por la Policía de Nepal elevaba a 1.344 los cuerpos y restos humanos recuperados y a 4.887 las personas todavía sin localizar, mientras los cuerpos de seguridad participan en un operativo que continúa también en comunidades de Rasuwa y Nuwakot y a lo largo del corredor del Trishuli, donde equipos terrestres y helicópteros buscan desaparecidos, evacúan a afectados y llevan suministros a poblaciones aisladas por la destrucción de carreteras y puentes.